AUTO 2012-00389/54295 DE FEBRERO 13 DE 2017

 

Auto 2012-00389/54295 de febrero 13 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION TERCERA - SUBSECCION C

Rad.: 68001-23-31-000-2012-00389-01(54295)

Consejero Ponente:

Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa

Actor: Bernardo de Jesús Barbosa Rey

Demandado: Sociedad de autopistas de Santander S.A., Instituto Nacional de Concesiones INCO, municipio de San Juan de Girón, rama judicial

Referencia: Acción de reparación directa (auto)

Asunto: Recurso de reposición – Concepto, alcance y excepción – Procedencia; Prueba Documental – Concepto y alcance.

Bogotá, D.C., trece de febrero de dos mil diecisiete.

Procede el Despacho a decidir el recurso de reposición interpuesto por la Agencia Nacional de Infraestructuras (fls. 520-522, cdno. ppal) contra el auto de 9 de diciembre de 2016, proferido por esta corporación.

Antecedentes

1. En escrito de 27 de abril de 2012, el señor Bernardo de Jesús Barbosa Rey, mediante apoderado judicial, instauró acción de reparación directa en contra de la Sociedad Autopistas de Santander S.A., el Instituto Nacional de Concesiones INCO, Municipio de Girón- Santander y Nación – rama judicial, por la omisión y operaciones administrativas realizadas y dejadas de realizar, en relación con el traslado del puente peatonal antiguo que tenía más de 23 años de costumbre y servidumbre de transito contemplado en la ley.

2. En sentencia de 15 de diciembre de 2014, el Tribunal Administrativo de Santander, se declaró inhibido para resolver de fondo el asunto. Dicha decisión se notificó por edicto el 30 de enero de 2015 y de desfijó el 3 de enero del mismo año.

3. La anterior decisión fue objeto de apelación por apoderado de la parte demandante, el día 2 de febrero de 2015. Impugnación que fue concedida en auto de 25 de febrero de 2015.

4. Posteriormente, en providencia de 2 de julio de 2015, se admitió el recurso; y en proveído del 18 de agosto de 2015, se concedió traslado a las partes para que presentaran sus alegatos de conclusión y al Ministerio Publico para que rindiera el concepto de rigor.

5. Mediante oficio 09-2015, la Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado, presenta incidente de nulidad para que se invalide lo actuado desde el auto del 18 de agosto de 2015, el cual, corrió traslado para alegar sobre las pruebas aportadas por la parte demandante en la apelación.

6. En auto de 10 de mayo de 2016, ésta Corporación admitió la solicitud de Nulidad elevada por el señor agente del Ministerio Publico, y, en consecuencia, declaró la nulidad de todo lo actuado a partir del auto del 18 de agosto de 2015, mediante el cual, se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión. Además, se resolvió considerar como pruebas los documentos allegados por la parte actora junto con el escrito de apelación, los cuales obran a folios 406 a 410 del cdno. ppal.

7. En memorial allegado el 10 de junio de 2016, la parte demandante, solicita otorgar valor probatorio a los documentos allegados (visibles Fls. 423-468 C.Ppal) a lo cual, mediante providencia del 22 de agosto de 2016 se decreta tener como prueba los documentos allegados por la parte demandante, los cuales obran en los folios 423 a 468 del cuaderno principal.

8. Mediante escrito del 30 de noviembre de 2016, la parte demandante nuevamente solicita otorgar valor probatorio a los documentos allegados del folio 483 a 514 del Cuaderno Principal, a lo cual, el Despacho en auto del 9 de diciembre de 2016, resolvió valorar como pruebas los documentos allegados por la parte demandante.

9. Finalmente, y como resultado de lo anterior, la parte demandada interpuso escrito de reposición, contra el auto de 9 de diciembre de 2016, argumentando que “el despacho al resolver tener como prueba los documentos aportados por la parte demandante, no realizó consideración alguna relativa a la causal de procedencia de los elementos probatorios aportados en sede de segunda instancia. Y tampoco se realizó pronunciamiento alguno respecto del ejercicio del derecho de postulación en esa actuación”.

Consideraciones

1. Del recurso de reposición.

El recurso de reposición propuesto por el apoderado de la parte demandada se concreta en revocar el auto que estima como pruebas los documentos adjuntados por el demandante en escrito de apelación presentado el día 2 de febrero de 2015, pues, considera que en materia de decreto de pruebas y su valoración, éstas deben ser pertinentes, conducentes y útiles; y el recorte de prensa allegado por la parte demandante, valorado como prueba en auto del 9 de diciembre de 2016, no tiene relación alguna con las pretensiones de la demanda ni con los fundamentos facticos de la misma.

Al respecto, es menester tener en cuenta que el recurso de reposición tiene como finalidad que el mismo funcionario que tomó la decisión inicial, motivo de impugnación, la reconsidere. De igual modo teniendo en cuenta el artículo 180 del Código Contencioso Administrativo, donde se manifiesta que el recurso de reposición procede contra los autos de trámite que dicte el ponente; es procedente el escrito de impugnación presentado en este caso por la Agencia Nacional de Infraestructuras.

Ahora bien, el artículo 318 del Código General del Proceso señala que “El recurso deberá interponerse con expresión de las razones que lo sustenten, en forma verbal inmediatamente se pronuncie el auto. Cuando el auto se pronuncie fuera de audiencia el recurso deberá interponerse por escrito dentro de los tres (3) días siguientes al de la notificación del auto” (Resaltado propio).

De lo anterior, se infiere que en el presente caso, el recurso de reposición se presentó de forma oportuna, conforme a la providencia proferida el 9 de diciembre de 2016 y notificada por estado el 11 de enero de 2017, frente a lo cual el apoderado de la parte actora interpuso el recurso de reposición el 13 de noviembre de 2016, es decir dentro de los 3 días reglamentarios.

2. Oportunidad para aportar o solicitar la práctica de pruebas

La regla general del régimen probatorio se encuentra establecida en el Capítulo I de la Sección Tercera del Código General del Proceso. Dentro de las disposiciones generales que establece el Código, se encuentra el artículo 168, el cual establece los requisitos generales que debe satisfacer toda prueba, a saber:

“ART. 168.—Rechazo de plano. El juez rechazará, mediante providencia motivada, las pruebas ilícitas, las notoriamente impertinentes, las inconducentes y las manifiestamente superfluas o inútiles”.

Así las cosas, se entiende que toda prueba debe ser pertinente, conducente y útil, es decir, que sea idónea para demostrar los hechos, que aquellos hechos tengan relación con el proceso y, además, que sea eficaz para lograr producir certeza en el juez. La aplicación de este artículo se entiende remitida por el artículo 168 del Código Contencioso Administrativo, el cual dispone:

“ART. 168.—En los procesos ante la jurisdicción en lo contencioso administrativo se aplicarán en cuanto resulten compatibles con las normas de este Código, las del Procedimiento Civil en lo relacionado con la admisibilidad de los medios de prueba, forma de practicarlas y criterios de valoración”.

En este orden de ideas, la normatividad establecida debe aplicarse, en primer lugar, según la norma especial del Código Contencioso Administrativo y, en segundo lugar, de conformidad con las normas generales dispuestas en el Código General del Proceso.

Del mismo modo, se entiende que el alcance probatorio debe analizarse en conjunto, pues el rol funcional que se le impone al juez es tanto a nivel convencional, como constitucional y legal, toda vez que se compromete a la búsqueda de una decisión judicial que se ajuste al criterio de acceso material a la administración de justicia.

Es por eso que, en repetida jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado, se ha procurado garantizar y velar por la verdad absoluta por parte del juez, teniendo en cuenta que su posición y decisión, puede llegar a afectar el proceso. De ahí que se haya asumido la posición de la Corte Constitucional que señala la prevalencia del derecho sustancial y que le atribuye al juez un poder en torno al proceso sobre las decisiones que ha de tomar al respecto, el cual se refiere a una potestad que supera la mera legalidad, como lo expresa en la Sentencia SU-768 de 2014:

“(...) los procesos que se adelanten ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tienen por objeto la efectividad de los derechos reconocidos en la Constitución Política y la ley y la preservación del orden jurídico”. Desde esta perspectiva, que supera la mera legalidad(1), el Código autoriza el decreto de pruebas (…) en cualquiera de las instancias cuando se “considere necesarias para el esclarecimiento de la verdad”.

3. Derecho de postulación.

El derecho de postulación, en cuanto a la capacidad de comparecer al proceso, es señalado por la Corte Constitucional, en Auto 025/94, como el derecho que la persona tiene para comparecer por sí misma o por intermedio de abogado. Quiere ello decir, que no siempre se puede concurrir al proceso de manera personal, directa e independientemente, por cuanto a veces se requiere de otras personas, como los representantes o apoderados. A ello hace expresa alusión, al señalar que tienen capacidad para comparecer por sí al proceso, las personas que pueden disponer de sus derechos. Igualmente, que las demás personas deberán comparecer por intermedio de sus representantes, o debidamente autorizadas por éstos con sujeción a las normas sustanciales.

Por su parte, el artículo 229 de la Constitución, garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia y deja en manos del legislador la facultad de señalar en qué casos podrá hacerlo sin la representación de abogado, sin embargo no se hace expresa la limitación del aporte de pruebas para las partes, sino por el contrario el artículo 167 del C.G.P. consagra que “(…) la parte se considerará en mejor posición para probar en virtud de su cercanía con el material probatorio, por tener en su poder el objeto de prueba, por circunstancias técnicas especiales, por haber intervenido directamente en los hechos que dieron lugar al litigio, o por estado de indefensión o de incapacidad en la cual se encuentre la contraparte, entre otras circunstancias similares”.

Y pese a que, en los antecedentes del auto recurrido se indicó que “el memorial fue allegado por el apoderado de la parte demandante, el 30 de noviembre de 2016, en el cual, solicitaba otorgar valor probatorio a los documentos anexados” (…), y en efecto, quien realmente los allegó fue el señor Bernardo Barbosa Rey, demandante del referido proceso, el Despacho encuentra que la omisión presentada en la providencia del 9 de diciembre de 2016, no cambia el sentido de la misma, por lo que se mantendrá incólume el auto recurrido.

4. Excepcionalidad para corregir una providencia.

De conformidad con el artículo 286 del Código General del Proceso, aplicable por remisión expresa del artículo 267 del Código Contencioso Administrativo, la corrección de providencias judiciales procede en “cualquier tiempo” de oficio o a petición de parte, frente a “errores de tipo aritmético” en que haya incurrido el respectivo funcionario judicial, o también cuando en la providencia se incurra en yerro por “omisión o cambio de palabras o alteración de estas” y siempre y cuando las mismas estén contenidas en la parte resolutiva o influyan en ella.

El mecanismo procesal de la corrección de providencias judiciales procede frente todo tipo de providencias judiciales, es decir tanto respecto de autos como de sentencias, su decisión debe estar contenida en un auto susceptible de los mismos recursos que procederían contra la providencia corregida, y este deberá ser notificado por aviso en caso de que el proceso haya terminado.

De acuerdo con el principio de seguridad jurídica, la providencia es inmodificable por el mismo juez que dictó, quien una vez profiere la decisión judicial pierde la competencia respecto del asunto por él resuelto, careciendo de la facultad de revocarla, reformarla, quedando revestido sólo, de manera excepcional, de la facultad de aclararla, corregirla y adicionarla en los precisos términos de lo consagrado en los artículos 285, 286 y 287 del CGP.

La corporación, encuentra procedente corregir la providencia proferida el 9 de diciembre de 2016, toda vez que, se encuentra en efecto un error en los antecedentes y la parte motiva del auto que resolvió estimar como prueba los documentos allegados por la parte demandante, al determinar que quien solicitó otorgar valor probatorio a los documentos allegados fue el apoderado de la parte demandante, siendo en realidad el mismo demandante quien lo requirió.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

1. CONFIRMAR la providencia proferida por este Despacho el 9 de diciembre de 2016, la cual, decretó tener como prueba documentos allegados por la parte actora, por las razones expuestas en este proveído.

2. PRECISAR la providencia proferida por este despacho el 9 de diciembre de 2016, en el numeral séptimo de los antecedentes, el cual quedará así:

“7. En memorial allegado el 30 de noviembre de 2016, por el demandante, el señor Bernardo Barbosa Rey, solicita otorgar valor probatorio a los documentos allegados (visibles de folio 483 a 514 del C. Pal).

Notifíquese y cúmplase.

Consejero: Jaime Orlando Santofimio Gamboa

1 “En forma simultánea a la modificación de la concepción de los fines y principios de la Función Administrativa y de la Administración Pública, la Constitución de 1991 creó instituciones que también afectaron a la jurisdicción contencioso-administrativa. El doble carácter, axiológico y normativo de la Constitución varió la tradicional función del juez administrativo en la que este se limitaba a verificar que no se vulnerara la legalidad. Ahora, adicionalmente, el juez contencioso-administrativo debe procurar el cumplimiento de la nueva finalidad: garantizar los derechos constitucionales de los asociados” Exposición de motivos. Proyecto de Ley 198/2009. Gaceta del Congreso 1173 de 2009.