Auto 2012-00395 de julio 16 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Ref. Expediente 11001032500020120039500

Nº Interno 15062012

Acción: nulidad y restablecimiento del derecho

Demando: Nación - Procuraduría General de la Nación y otro

Actor: Andrés Felipe Arias Leiva

Bogotá, D. C., dieciséis de julio de dos mil catorce.

De conformidad con lo previsto en el artículo 209 del Código Contencioso Administrativo(1), se procede a resolver sobre el decreto y práctica de pruebas dentro del presente proceso.

En este orden y dado que al momento de contestar la demanda y su adición, el abogado de la Procuraduría General de la Nación en el acápite que denomina “pruebas” manifiesta que se opone al decreto de las pruebas que solicita el demandante por considerar que algunas son impertinentes, y otras como la trasladada, no cumplen con los requisitos del artículo 185 del Código de Procedimiento Civil, puesto que su práctica se verificó en el proceso penal adelantado contra Andrés Felipe Arias Leyva en el cual la Procuraduría no fue parte.

Sobre estos dos planteamientos del apoderado de la entidad demandada, es necesario que el despacho efectúe la siguiente precisión.

En primer término y respecto a la pertinencia de la prueba entendida como aquella que es adecuada para probar el hecho que es objeto de controversia, el despacho advierte que leído el objeto de los medios probatorios pedidos por la parte demandante (fl. 219), es evidente que lo que busca demostrar es que la conducta del disciplinado se sujetó al ordenamiento jurídico y por tanto no era procedente la sanción a él impuesta, así como la alegada vía de hecho que se le atribuye al ente disciplinario.

Así las cosas, el decreto de la prueba estará precedido de la revisión de la demanda y su contestación, en aras únicamente de recaudar el material probatorio que permita efectuar un adecuado análisis de los cargos que se le atribuyen a los actos demandados y de los argumentos de defensa de las entidades demandadas.

De otra parte y frente al argumento relativo a que la prueba trasladada no debe decretarse por no ser parte la Procuraduría General de la Nación en el proceso penal que se adelanta a Andrés Felipe Arias Leyva, y que se sustenta en el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil, ha de precisar el despacho que el cumplimiento del requisito que echa de menos el memorialista, se debe verificar no para el decreto de la prueba ni para su práctica, sino para efectos de su valoración.

En efecto, el artículo 174(2) señala:

“Las pruebas practicadas válidamente en un proceso podrán trasladarse a otro en copia y serán apreciadas sin más formalidades, siempre que en el proceso de origen se hubieren practicado a petición de la parte contra quien se aducen o con audiencia de ella. En caso contrario, deberá surtirse la contradicción en el proceso al que están destinadas. La misma regla se aplicará a las pruebas extraprocesales.

La valoración de las pruebas trasladas o extraprocesales y la definición de sus consecuencias jurídicas corresponderá al juez ante quien se aduzcan”.

El contenido normativo que se acaba de transcribir establece los requisitos que una prueba trasladada debe cumplir para que pueda ser apreciada y valorada por el juez, lo cual, se insiste, sólo ocurre cuando ha sido válidamente decretada y practicada, pues sólo al recepcionarse se tendrán por el juez suficientes elementos de juicio para establecer si cumple o no con los citados presupuestos, dentro de los que se encuentra el que refiere el memorialista, esto es, el haber sido practicada a petición de la parte contra quien se aducen o con audiencia de ella.

Así las cosas, en este auto se revisará la pertinencia y conducencia de la prueba que se pretende trasladar para, si es el caso, proceder a su decreto. La valoración de la misma y la necesidad o no de que surta el proceso de contradicción al interior de este proceso, se revisara una vez sea practicado este medio probatorio, momento procesal en el que la parte contra quien se aducen, podrá controvertirla.

1. Pruebas solicitadas por la parte actora.

1.1. Documentales aportadas.

Con el valor probatorio que la ley les confiere, téngase como pruebas los documentos aportados con los escritos de demanda y su adición.

1.2. Prueba trasladada.

— Documental

Por medio de oficio solicítese al Presidente de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, remita a costa de la parte demandante y con destino al presente proceso la prueba documental que solicita el demandante en el acápite de pruebas de la adición de la demanda, numeral 2º, del capítulo denominado “pruebas sobrevinientes”, y numerales 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 8º, 9º, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, del acápite “documentales”, folios 218 y 219 a 222 del presente cuaderno.

Así mismo para que remita copia del audio testimonio rendido por los señores Arturo José García Durán y Luis Fernando Restrepo Toro ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia el 18 de febrero de 2013 (sesión de la mañana) numeral 1º del acápite denominado “pruebas sobrevinientes” y numeral 7º de la petición de pruebas del escrito de adición de la demanda, folios 218 y 220.

Las anteriores pruebas, según información del demandante, fueron recaudadas dentro de la actuación penal que se le adelantó al señor Andrés Felipe Arias Leyva por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

1.3. Prueba que no se decreta.

— Documental

La restante prueba documental solicitada por la parte demandante en el escrito de adición de la demanda, no se decreta por cuanto fue recaudada en el trámite probatorio del proceso disciplinario y hace parte de los antecedentes administrativos que la entidad demandada debe remitir para el análisis de legalidad de los fallos demandados.

— Testimonial

No se accede al traslado de las actas contentivas de los testimonios rendidos ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia por los señores Tulia Eugenia Méndez, Oskar Schroeder, Julián Alfredo Gómez, en razón a que estas personas, según se lee en los fallos sancionatorios demandados, rindieron testimonio dentro de la investigación disciplinaria y la inconformidad del demandante se centra en la errada valoración de los mismos por parte del ente disciplinario al momento de proferir los fallos demandados (fl. 225).

Sobre el traslado de las actas o de los audios contentivos de los testimonios rendidos por los señores Luis Fernando Restrepo Toro y Arturo José García, ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, se difiere su decreto hasta tanto el demandante manifieste al despacho sí estas personas también fueron testigos dentro del trámite disciplinario.

2. Pruebas de la parte demandada.

2.1. Nación - Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural contestó la demanda pero no solicito el decreto y práctica de prueba alguna (fls. 243 a 249).

2.2. Nación - Procuraduría General de la Nación.

La entidad demandada descorrió el traslado de la demanda pero no solicitó el decreto y práctica de prueba alguna (fls. 256 a 289).

3. Prueba de oficio.

Por secretaría ofíciese nuevamente a la entidad demandada para que dé cumplimiento a lo que se le ordenó en el auto admisorio de la demanda y remita con destino al proceso los antecedentes administrativos que dieron origen a los fallos sancionatorios demandados (CCA, art. 207).

4. Reconocimiento de Personería.

Se reconoce personería para actuar en el proceso, a la abogada Dra. Ana Marcela Carolina García Carrillo, como apoderada del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en los términos y para los efectos del memorial poder conferido anexo a los folios 238 a 242 del presente cuaderno.

Se reconoce personería para actuar en las presentes diligencias al abogado Dr. Manuel Eduardo Marín Santoyo, como apoderado de la Procuraduría General de la Nación, en los términos y para los efectos del memorial poder conferido anexo a los folios 250 a 255 del presente cuaderno.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrado: Gerardo Arenas Monsalve.

(1) De conformidad con lo previsto por el artículo 308 inciso 3º del CPACA, el presente proceso se ritúa conforme al anterior Código Contencioso Administrativo por haberse interpuesto la demanda con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 1437 de 2011.

(2) En auto del 25 de junio de 2014 proferido dentro del Expediente con Nº Interno 49.299, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, con Ponencia del Dr. Enrique Gil Botero, unificó la jurisprudencia en relación con la entrada en vigencia de la Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso), señalando que: “ (…) su aplicación plena en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, así como en materia arbitral relacionada con temas estatales, es a partir del 1º de enero de 2014, salvo las situaciones que se gobiernen por la norma de transición que se explicará en el acápite a continuación, las cuales se resolverán con la norma vigente al momento en que se inició el respectivo trámite (…)”.