Auto 2012-00459/52381 de marzo 16 de 2015

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION TERCERA

SUBSECCION C

Consejera ponente:

Dra. Olga Melida Valle de De La Hoz

Rad.: 25000-23-36-000-2012-00459-01(52381)

Actor: Jose Libardo Balaguera y Otros

Demandado: Municipio de Madrid y Otros

Referencia: Apelación Auto Ley 1437 de 2011 - Medio de Control Reparación Directa.

Bogotá, D.C., dieciséis de marzo de dos mil quince.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la Concesión Sabana de Occidente S.A., y de la Previsora S.A., respectivamente, contra la decisión de no declarar probada la excepción de falta de legitimación en la causa por activa, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “A”, en la audiencia inicial.(1)

I. Antecedentes.

1. La Demanda.

Los señores José Libardo Balaguera Daza, Gloria Elizabeth Herrera de Balaguera y la sociedad Inversiones Ligol Ltda., mediante apoderado judicial, en ejercicio del medio de control de reparación directa, el once (11) de octubre de dos mil doce (2012)(2), presentaron demanda contra el Municipio de Madrid, la Concesión Sabana de Occidente S.A. y la Agencia Nacional de Infraestructura, con el objeto de que se declararan las siguientes pretensiones:

1. “Que se declare a la Agencia Nacional de Infraestructura antes (Inco) administrativa y patrimonialmente responsable por Daño Especial, por los perjuicios materiales y morales causados a mis poderdantes, por la afectación impuesta a su predio con la Construcción del Puente Peatonal ubicado en la intersección de Puente Piedra, municipio de Madrid Km 15+340, que impide la utilización del predio para cualquier actividad comercial del mismo y que conllevó una grave desvalorización en su precio comercial.

2. Que se declare igualmente responsable a la Concesión Sabana de Occidente administrativa y patrimonialmente responsable por Daño Especial, por los perjuicios materiales y morales causados a mis poderdantes, por la afectación impuesta a su predio con la Construcción del Puente Peatonal ubicado en la intersección de Puente Piedra, municipio de Madrid Km 15+340, que impide la utilización del predio para cualquier actividad comercial del mismo y que conllevó una grave desvalorización en su precio comercial.

3. Que se declare igualmente responsable a la Alcaldia de Madrid, Cundinamarca administrativa y patrimonialmente responsable por Daño Especial, por los perjuicios materiales y morales causados a mis poderdantes, por la afectación impuesta a su predio con la Construcción del Puente Peatonal ubicado en la intersección de Puente Piedra, municipio de Madrid Km 15+340, que impide la utilización del predio para cualquier actividad comercial del mismo y que conllevó una grave desvalorización en su precio comercial.

4. Como consecuencia de las anteriores declaraciones condénese a las anteriores Entidades a pagar en forma solidaria a título de indemnización de daños y perjuicios patrimoniales (Lucro cesante y daño emergente) a los señores Jose Libardo Balaguera Daza y Gloria Elizabeth Herrera de Balaguera la suma de Mil Ciento Ochenta y Cinco Millones Quinientos Treinta Mil Pesos M/Cte ($1.185.530.000,00) o en cuantía que se demuestre en el proceso.

5. Que se condene en Costas a las partes demandadas.

6. La condena respectiva será actualizada de conformidad con lo previsto en el artículo 187 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, aplicando en la liquidación la variación promedio mensual del índice de precios al consumidor, desde la fecha de ocurrencia de los hechos hasta la de ejecutoria del correspondiente fallo definitivo.

7. La parte demandada dará cumplimiento a la sentencia, en los términos del artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.

El trece (13) de noviembre de dos mil doce (2012)(3), el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “A”, inadmitió la demanda de la referencia, al considerar que el actor debía acreditar la calidad con la que se presentó, es decir, aportar el título, para acreditar su interés en el proceso y estar legitimado por activa.

El veintiuno (21) de enero de dos mil trece (2013)(4), una vez subsanada la demanda, el a quo profirió el correspondiente auto admisorio, y ordenó notificar personalmente a los demandados.

El cuatro (4) de marzo de dos mil trece (2013)(5), el apoderado de la Concesión Sabana de Occidente S.A., allegó escrito de contestación de la demanda, en el que propuso como excepciones la falta de legitimación en la causa por pasiva y por activa de la sociedad Inversiones Ligol Ltda. En el mismo escrito, también llamó en garantía a la Compañía de Seguros la Previsora S.A., para que asumiera la responsabilidad en el evento de accederse a las súplicas del libelo introductorio.

El dos (2) de abril de dos mil trece (2013)(6), el Municipio de Madrid, mediante apoderado judicial contestó la demanda de la referencia, oponiéndose a sus pretensiones, y excepcionando la caducidad de la acción y la falta de relación de causalidad por inexistencia del daño.

El tres (3) del mismo mes y año(7), contestó la demanda el apoderado de la Agencia Nacional de Infraestructura, en la que se opuso a sus súplicas, y presentó como medios exceptivos la falta de legitimación en la causa por pasiva y por activa de Inversiones Ligol Ltda, y la inexistencia del nexo causal respecto del daño causado y la agencia en mención.

El veinticuatro (24) de mayo de dos mil trece (2013)(8), la parte actora descorrió el traslado de las excepciones alegadas por las accionadas, y se opuso a la prosperidad de todas.

El veintisiete (27) de mayo de la misma anualidad(9), el juez colegiado de primera instancia admitió el llamamiento en garantía de la Aseguradora Q.B.E. Seguros S.A., y ordenó que se le notificase personalmente del citado proveído.

El treinta y uno (31) de octubre de dos mil trece (2013)(10), la Previsora S.A. presentó escrito en el que se opuso al llamamiento en garantía y a las pretensiones del libelo introductorio, y propuso como excepciones de fondo la indebida escogencia del medio de control, la falta de legitimación en la causa por activa respecto de Inversiones Ligol Ltda., y la que se encontrare probada.

El veintiocho (28) de enero de dos mil catorce (2014)(11), QBE Seguros S.A., también llamada en garantía en el proceso de la referencia, contestó la demanda de la referencia y el llamamiento en garantía, en donde se opuso a todas las pretensiones, y excepcionó la ausencia de los elementos fundantes de la responsabilidad patrimonial del Estado, la falta de legitimación en la causa por pasiva y por activa de Inversiones Ligol Ltda., la tasación excesiva del eventual perjuicio y la excepción genérica.

El veinticuatro (24) de febrero de dos mil catorce (2014)(12), el Magistrado Ponente ordenó correr el traslado de las excepciones propuestas por QBE Seguros S.A., al advertir que se había omitido dicho trámite.

El diez (10) de marzo de dos mil catorce (2014)(13), se fijó como fecha para llevar a cabo la audiencia inicial el día martes veintinueve (29) de abril de la misma anualidad.

2. El Auto Impugnado.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “A” de Descongestión, en la audiencia inicial llevada a cabo el veintinueve (29) de abril de dos mil catorce (2014), resolvió declarar no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por activa de Inversiones Ligol Ltda.

Sostuvo el a quo que en el certificado de existencia y representación de la sociedad en mención, se encontró que su objeto social es la distribución minorista de combustible para vehículos automotores, y se indicó en el certificado de tradición del inmueble un arrendamiento de los demandantes con Exxonmobil de Colombia S.A.

A su turno, funge una comunicación del dieciséis (16) de agosto de dos mil once (2011), por Exxonmobil de Colombia S.A., dirigida al representante legal de la citada sociedad, en la que afirmó el total interés en afiliarla a su red, para la distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo, y que la estación de servicio se construirá en el inmueble afectado, de lo que se deriva que la sociedad tiene interés directo en el resultado del proceso, en virtud de que con la construcción de la obra pública se evitó la ejecución de una actividad comercial.

Aunado a lo precedente, señaló que esta no es la etapa procesal en la que se establece si alguna de las partes tiene obligación legal, toda vez que este asunto será ventilado por la Sala de Decisión en la sentencia.

3. El Recurso de Apelación.

En la aludida audiencia el apoderado de la Concesión Sabana de Occidente S.A. interpuso recurso de súplica contra la decisión de declarar no probada la falta de legitimación en la causa por activa de la sociedad Inversiones Ligol Ltda, ya que la anotación 4º del folio de matrícula inmobiliaria se refiere a las personas naturales de José Libardo Balaguera Daza y Gloria Elizabeth con Exxonmobil de Colombia S.A., pero no aparece la sociedad mencionada.

El apoderado de la Previsora S.A., también impugnó la anterior decisión mediante el recurso de alzada. Alegó que las manifestaciones realizadas por los actores fueron tramitadas por las personas naturales, pero no por la sociedad, y dentro del folio de matrícula inmobiliaria figuran las personas naturales, más no la sociedad.

El Juez Colegiado corrigió la providencia impugnada al señalar que en la anotación 4º del certificado de tradición del inmueble materia del proceso, no consta que la sociedad haya sido interviniente. Así mismo, rechazó la apelación interpuesta por el apoderado de la Previsora S.A., y concedió el recurso de súplica impetrado por el apoderado de la Concesión Sabana de Occidente, y se consideró que el interpuesto por la Previsora S.A., es este mismo recurso.

La audiencia de la referencia continuó su trámite, y se fijó como fecha para celebrar la audiencia de pruebas el quince (15) de julio de dos mil catorce (2014).

El diez (10) de julio de dos mil catorce (2014),(14) el Tribunal de Primera Instancia ordenó devolver el sub lite a la Secretaría de la Sección para que se verificara el trámite del recurso de súplica.

El veinticuatro (24) del julio de dos mil catorce (2014)(15), la Subsección “A” de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca resolvió no darle trámite al recurso de súplica, toda vez que según providencia proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado el veinticinco (25) de junio de dos mil catorce (2014), la decisión sobre las excepciones previas que es tomada en primera instancia debe impugnarse mediante apelación, y remitió el expediente al Magistrado Sustanciador para lo de su cargo.

El primero (1) de septiembre de dos mil catorce (2014)(16), el a quo concedió en el efecto suspensivo los recursos de apelación interpuestos por los apoderados de la Previsora S.A. y la Concesión Sabana de Occidente S.A., en la audiencia inicial.

II. Consideraciones.

1. Régimen de Transición.

La Sala observa que la demanda fue presentada el día once (11) de octubre de dos mil doce (2012) ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “A” de Descongestión, por lo tanto la norma aplicable al sub lite es el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (L. 1437/2011), normativa que derogó expresamente en su artículo 309, el Decreto 1 de 1984, Código Contencioso Administrativo.

En efecto, el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011(17), establece:

“ART. 308.—Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012.

Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia.

Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior”.

2. Competencia.

La Subsección es competente para decidir el recurso interpuesto, por tratarse del auto que decidió la excepción de falta de legitimación en la causa por activa en un proceso de reparación directa con vocación de doble instancia, según lo dispuesto en el numeral 6º del artículo 180 de la Ley 1437 de 2011(18), y se agrega que la competencia corresponde a la misma, por tratarse de la apelación de un auto que pone fin al proceso, en los términos del artículo 125 ejusdem.(19)

3. Problema Jurídico.

Se tiene que lo pretendido por el apoderado de las demandadas es que revoque la decisión del a quo de declarar imprósperas la excepción de falta de legitimación en la causa por activa.

4. Excepciones previas.

El derecho de defensa es materializado a través de las excepciones que puede alegar el demandado contra las pretensiones de la demanda. Estas se clasifican en de fondo o perentorias, y previas. Las excepciones de fondo, que también son llamadas como de mérito, atacan directamente las súplicas de la demanda. Las excepciones previas, de otro lado, tienen como elemento teleológico edificar y velar por la forma del proceso, es decir, van encaminadas a corregir las irregularidades del mismo.

La doctrina procesal colombiana ha conceptualizado a estas últimas como aquellas especiales y de previo pronunciamiento que buscan sanear el proceso para evitar nulidades o sentencias inhibitorias, y las fallas de forma que se denuncien mediante estos medios exceptivos deben ser resueltas con anterioridad a que se pronuncie sentencia de fondo.(20)

En la legislación procesal, están reguladas en el Código General del Proceso, que derogó el Código de Procedimiento Civil, y consagró en su artículo 100 que serán propuestas dentro del término de traslado de la demanda las siguientes:

“1. Falta de jurisdicción o de competencia.

2. Compromiso o cláusula compromisoria.

3. Inexistencia del demandante o del demandado.

4. Incapacidad o indebida representación del demandante o del demandado.

5. Ineptitud de la demanda por falta de los requisitos formales o por indebida acumulación de pretensiones.

6. No haberse presentado prueba de la calidad de heredero, cónyuge o compañero permanente, curador de bienes, administrador de comunidad, albacea y en general de la calidad en que actúe el demandante o se cite al demandado, cuando a ello hubiere lugar.

7. Habérsele dado a la demanda el trámite de un proceso diferente al que corresponde.

8. Pleito pendiente entre las mismas partes y sobre el mismo asunto.

9. No comprender la demanda a todos los litisconsortes necesarios.

10. No haberse ordenado la citación de otras personas que la ley dispone citar.

11. Haberse notificado el auto admisorio de la demanda a persona distinta de la que fue demandada.”

Visto lo anterior, se encuentra la excepción previa decretada por el a quo cobijada por el numeral 6 del artículo previamente citado.

Se considera menester resaltar que si bien la Ley 1437 de 2011 en el numeral 6º de su artículo 180 reguló la forma de decidir las excepciones previas, también se aplican a los procesos contenciosos administrativos las enumeradas en el Código General del Proceso.

5. Legitimación en la causa.

Estar legitimado en la causa, de otro lado, es un presupuesto anterior a la sentencia favorable, del cual se desprende que aquel que de conformidad con la ley material tiene la prerrogativa para demandar o ser demandado en un proceso, al ser sujeto de la relación sustancial objeto de la litis, es quien está legitimado materialmente en la causa, ya sea por activa o por pasiva.

La carencia de legitimación puede proponerla el demandado cuando estima que el accionante no tiene legitimación ad causam o legitimación ad processum, es decir, si el actor no tiene el derecho sustantivo que sirva de fundamento a su acción o no está representado legítimamente.(21)

Jurisprudencialmente, se ha esbozado que la legitimación en la causa se divide en la legitimación de hecho, basada en haber presentado el actor el escrito de libelo introductorio, y el demandado al notificarse del auto admisorio de la demanda, es decir, consiste en la relación procesal de las partes; y la legitimación material, que se deriva del vínculo directo que sostienen los sujetos procesales con los supuestos fácticos del proceso.

Los doctrinantes han sostenido que la legitimación en la causa no se identifica con la acción, toda vez que en el fallo de fondo o con anterioridad, se puede determinar que esta no existía, lo cual no indica, per se, que la acción tampoco existió, al ser esta un derecho autónomo cuya existencia data previo al proceso mismo.(22)

Tampoco es análoga a la titularidad del derecho, ya que quien sea titular es aquel que obtenga una decisión de fondo de acuerdo a sus pretensiones, mientras que la legitimación es un concepto anterior, que no necesariamente implica una sentencia favorable.

En consecuencia, se puede tener legitimación en la causa, y al mismo tiempo una sentencia desestimatoria. Tal sería el caso en el divorcio, donde solo tendría legitimación en la causa para iniciar este proceso los cónyuges, empero, puede obtener una providencia desestimatoria si es quien dio lugar a los hechos que motivan el divorcio, o si no logra demostrar que su cónyuge fue quien incurrió en las causales que se alegan.

De ahí se deriva que la falta de legitimación en la causa no es considerada en sí como una excepción previa, y tiene una especial importancia, habida cuenta que en virtud del numeral 3º del artículo 278 del Código General del Proceso, es deber del juez proferir sentencia anticipada cuando esta se encuentre acreditada.(23)

A pesar de esta diferencia, por disposición expresa del numeral 6º del artículo 180 de la Ley 1437 de 2011, en la audiencia inicial el juez o Magistrado Ponente resolverá sobre estas excepciones, lo cual fue desarrollado a cabalidad por el Tribunal de primera instancia.

En ese orden de ideas, se itera que la parte actora presentó demanda de reparación directa contra las entidades demandadas por los perjuicios que se generaron en su inmueble con motivo de la construcción de un puente peatonal.

6. Pruebas aportadas al proceso.

Revisado el expediente, y para efectos de establecer la legitimación en la causa por activa de la sociedad demandante, se encuentran los siguientes elementos materiales probatorios:

—Certificado de existencia y representación de la sociedad Inversiones Ligol Ltda, en el que aparece como su objeto social la distribución minorista de combustibles para vehículos automotores; la comercialización de lubricantes accesorios, partes y suministros para vehículos automotores y el lavado, mantenimiento y reparación de toda clase de vehículos automotores.(24)

—Resolución 1756 del siete (7) de octubre de dos mil ocho (2008), expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, en la que se le otorgó a la empresa Concesión Sabana de Occidente S.A., licencia ambiental para la ejecución del proyecto Construcción y Operación de la segunda calzada entre Puente piedra y el Rosal, tramo localizado entre las abscisas k15+300 (Puente Piedra) y K22+200 (El Rosal).(25)

—Certificado de libertad y tradición del inmueble identificado con número de matrícula inmobiliaria 50C-1655047, impreso el diez (10) de octubre de dos mil doce (2012), en el que es visible en la anotación 4 que intervinieron el señor José Libardo Balaguera Daza y la señora Gloria Elizabeth Herrera de Balaguera como arrendatarios del predio a la sociedad Exxonmobil de Colombia S.A.(26)

—Avalúo comercial efectuado por la sociedad Avalúos y Consultorías SAS. en diciembre de dos mil once (2011), sobre el inmueble con matrícula inmobiliaria 50C-1655047, en donde se identifica como sus propietarios a los señores José Libardo Balaguera Daza y a la señora Gloria Elizabeth Herrera de Balaguera.(27)

—Copia del escrito enviado por el tercer suplente del Representante Legal de Exxonmobil de Colombia S.A. al señor José Libardo Balaguera Daza, en calidad de Representante Legal de Inversiones Ligol Ltda, en la que afirma mantener el interés en afiliar a su red, para la distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo, la estación de servicio que se construirá en el inmueble con número de matrícula inmobiliaria 50C - 1355047.(28)

—Acta de conciliación prejudicial expedida por el Procurador Ciento Veintisiete Judicial II Administrativa el diez (10) de mayo de dos mil doce (2012), en la que se determinan como convocantes al señor José Libardo Balaguera Daza y a Gloria Elizabeth Herrera de Balaguera.(29)

7. Resolución del caso.

De la lectura de los anteriores elementos materiales probatorios, se infiere de manera diáfana la legitimación en la causa por activa que tienen los varias veces mencionados señores José Libardo Balaguera Daza y Gloria Elizabeth Herrera de Balaguera en el caso sub judice, pero no ocurre lo mismo con la sociedad Inversiones Ligol Ltda.

En efecto, para estar legitimado en la causa es menester que exista un vínculo sustancial de la parte con el objeto de la litis, en virtud de que es un presupuesto previo para proferir sentencia, y en el caso que atañe, la aludida sociedad no es quien está llamada por la ley material para demandar.

La calidad que se alegó en el escrito del libelo introductorio fue la de propietario, tal como se puede observar en las pretensiones 1ª, 2ª y 3ª, en la que se solicitó textualmente “Que se declare a la… administrativa y patrimonialmente responsable por Daño Especial, por los perjuicios materiales y morales causados a mis poderdantes, por la afectación impuesta a su prediocon la construcción del Puente Peatonal…”, y si bien de las pruebas aportadas en el proceso se desprende que las referidas personas naturales son las propietarias del predio por el que se demanda, no llevan a la misma conclusión respecto de la sociedad Inversiones Ligol Ltda.

En nuestro ordenamiento jurídico, la propiedad, también llamada dominio, es definida en el Código Civil como el derecho real sobre una cosa corporal, para gozar y disponer de ella, sin ir en contra de la ley o de los derechos ajenos.(30)

El derecho de propiedad, se ha entendido como el derecho sobre una cosa, que da la prerrogativa a una persona, en la medida de la naturaleza de esta y de la finalidad del dueño, sustraer de aquella sus ventajas naturales y jurídicas para las cuales es idónea, y tener la disposición parcial o total de su derecho, aún con la constitución de facultades en cabeza de terceros.(31)

En ese sentido, es evidente que la sociedad carece del derecho real para gozar y disponer sobre el inmueble con la matrícula inmobiliaria 50C-1355047, predio por el cual se demanda en el sub lite, toda vez que no se acreditó el título y el modo, indispensables para demostrar la propiedad sobre un bien, al aparecer en el certificado de libertad y tradición en la anotación 4º las personas naturales demandantes, no la sociedad Inversiones Ligol Ltda.

Se resalta, pues, que el propio Tribunal a quo en el trámite de la audiencia inicial corrigió en parte la providencia impugnada, en el sentido de indicar que en la anotación 4 del certificado de libertad y tradición del predio objeto de la litis no hubo intervención alguna de la pluricitada sociedad, y en consecuencia, se enerva el sostén de la decisión impugnada.

Aunado a lo anterior, el Código de Comercio estableció que la sociedad es un contrato en el que dos o más personas se obligan a realizar un aporte en dinero o en especie, y una vez constituida de manera legal, da nacimiento a una persona jurídica disímil de los socios individuales.(32)

Bajo esta óptica, se deriva que al ser Inversiones Ligol Ltda una persona jurídica distinta de sus socios particulares y no haber acreditado el título y el modo que demostraran la propiedad sobre el predio afectado, no tiene un vínculo sustancial con los supuestos fácticos del proceso, y en consecuencia, no tiene legitimación en la causa por activa.

Además, en la pretensión cuarta de la demanda, el apoderado de los actores solicitó que se condenara a las entidades demandadas a pagar en forma solidaria a título de indemnización de daños y perjuicios patrimoniales a los señores José Libardo Balaguera Daza y Gloria Elizabeth Herrera de Balaguera, y no se menciona en los hechos de la demanda a la sociedad Inversiones Ligol Ltda, excluyéndose de esta manera a la sociedad en cita.

En ese orden de ideas, se revocará el auto proferido el veintinueve (29) de abril de dos mil catorce (2014) por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “A” en la audiencia inicial, y se declarará probada la excepción de falta de legitimación en la causa por activa frente a la sociedad Inversiones Ligol Ltda.

De conformidad con lo anterior, se

RESUELVE

1. REVOCAR el auto proferido el veintinueve (29) de abril de dos mil catorce (2014) por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “A”.

2. DECLARAR probada la excepción de falta de legitimación en la causa por activa frente a la sociedad Inversiones Ligol Ltda.

3. Ejecutoriado este auto, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen.

Notifíquese y Cúmplase

Magistrados: Olga Mélida Valle de De La Hoz, Presidenta de la Sala—Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

1 Folios 241 a 248 del cuaderno principal.

2 Folios 2 a 18 del cuaderno 1 del Tribunal.

3 Folios 22 y 23 del cuaderno 1 del Tribunal.

4 Folio 36 del cuaderno 1 del Tribunal.

5 Folios 41 a 60 del cuaderno 1 del Tribunal.

6 Folios 72 a 77 del cuaderno 1 del Tribunal.

7 Folios 82 a 89 del cuaderno 1 del Tribunal.

8 Folios 95 a 98 del cuaderno 1 del Tribunal.

9 Folios 149 y 150 del cuaderno 1 del Tribunal.

10 Folios 157 a 165 del cuaderno 1 del Tribunal.

11 Folios 195 a 209 del cuaderno 1 del Tribunal.

12 Folio 229 del cuaderno 1 del Tribunal.

13 Folio 232 del cuaderno 1 del Tribunal.

14 Folio 301 del cuaderno principal.

15 Folio 304 del cuaderno principal.

16 Folio 360 del cuaderno principal.

17 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

18 “ART. 180.—Audiencia inicial. Vencido el término de traslado de la demanda o de la de reconvención según el caso, el Juez o Magistrado Ponente, convocará a una audiencia que se sujetará a las siguientes reglas:
(…)
6. Decisión de excepciones previas. El Juez o Magistrado Ponente, de oficio o a petición de parte, resolverá sobre las excepciones previas y las de cosa juzgada, caducidad, transacción, conciliación, falta de legitimación en la causa y prescripción extintiva.
Si excepcionalmente se requiere la práctica de pruebas, se suspenderá la audiencia, hasta por el término de diez (10) días, con el fin de recaudarlas. Al reanudar la audiencia se decidirá sobre tales excepciones.
Si alguna de ellas prospera, el Juez o Magistrado Ponente dará por terminado el proceso, cuando a ello haya lugar. Igualmente, lo dará por terminado cuando en la misma audiencia advierta el incumplimiento de requisitos de procedibilidad.
El auto que decida sobre las excepciones será susceptible del recurso de apelación o del de súplica, según el caso.

19 “ART. 125.—De la expedición de providencias. Será competencia del juez o Magistrado Ponente dictar los autos interlocutorios y de trámite; sin embargo, en el caso de los jueces colegiados, las decisiones a que se refieren los numerales 1, 2, 3 y 4 del artículo 243 de este Código serán de la sala, excepto en los procesos de única instancia. Corresponderá a los jueces, las salas, secciones y subsecciones de decisión dictar las sentencias. Los autos que resuelvan los recursos de súplica serán dictados por las salas, secciones y subsecciones de decisión con exclusión del Magistrado que hubiere proferido el auto objeto de la súplica.

20 Manual de Derecho Procesal Civil, parte general, conforme con el Código General del Proceso, de Luis Jaime Osorio Rincón, Leyer, 2014, página 129.

21 Glosario Jurídico Procesal, Colección Glosarios Jurídicos Temáticos 1ª serie, Volumen 3, de Cipriano Gómez Lara, Sonia Pérez Pérez y José de Jesús Maciel Guerra, Universidad Nacional Autónoma de México, Iure editores, página 29.

22 Manual de Derecho Procesal Civil, parte general, conforme con el Código General del Proceso, de Luis Jaime Osorio Rincón, Leyer, 2014, página 54.

23 “ART. 278.—Clases de Providencias. Las providencias del juez pueden ser autos o sentencias.
Son sentencias las que deciden sobre las pretensiones de la demanda, las excepciones de mérito, cualquiera que fuere la instancia en que se pronuncien, las que deciden el incidente de liquidación de perjuicios, y las que resuelven los recursos de casación y revisión. Son autos todas las demás providencias.
En cualquier estado del proceso, el juez deberá dictar sentencia anticipada, total o parcial, en los siguientes eventos:
1. Cuando las partes o sus apoderados de común acuerdo lo soliciten, sea por iniciativa propia o por sugerencia del juez.
2. Cuando no hubiere pruebas por practicar.
3. Cuando se encuentre probada la cosa juzgada, la transacción, la caducidad, la prescripción extintiva y la carencia de legitimación en la causa.

24 Folios 1 y 2 del cuaderno de pruebas.

25 Folios 20 a 37 del cuaderno de pruebas.

26 Folio 3 del cuaderno de pruebas.

27 Folios 63 a 75 del cuaderno de pruebas.

28 Folio 77 del cuaderno de pruebas.

29 Folios 78 a 80 del cuaderno de pruebas.

30 “ART. 669.—Concepto de Dominio. El dominio que se llama también propiedad es el derecho real en una cosa corporal, para gozar y disponer de ella, no siendo contra ley o contra derecho ajeno.
La propiedad separada del goce de la cosa se llama mera o nuda propiedad.

31 Apuntes de Derecho Romano - Bienes -, de Fernando Hinestrosa, Universidad Externado de Colombia, 2005, página 22.

32 “ART. 98.—Contrato de Sociedad - Concepto - Persona Jurídica Distinta. Por el contrato de sociedad dos o más personas se obligan a hacer un aporte en dinero, en trabajo o en otros bienes apreciables en dinero, con el fin de repartirse entre sí las utilidades obtenidas en la empresa o actividad social.
La sociedad, una vez constituida legalmente, forma una persona jurídica distinta de los socios individualmente considerados.