Sentencia 2012-00469 de noviembre 20 de 2013

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Rad.: 76001-23-33-000-2012-00469-01

Consejero Ponente:

Dr. Alberto Yepes Barreiro

Actor: Andrés Felipe Cárdenas Materón

Demandado: Personera del municipio de Tuluá

Bogotá, D.C., veinte de noviembre de dos mil trece.

La Sala decide el recurso de apelación formulado por la parte actora contra el auto proferido por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en la Audiencia Inicial realizada por el magistrado ponente el 26 de agosto de 2013 a las 10:00 a.m., por medio del cual se acogió la excepción de caducidad y se terminó el proceso.

Auto impugnado

El auto en cuestión, como ya se dijo, declaró probada la excepción de caducidad de la acción y dio por terminado el proceso. El tribunal a quo consideró que como quiera que se impugnaba la legalidad de la elección de la señora Beatriz Eugenia Jiménez González como personera del municipio de Tuluá, “el mecanismo adecuado para controvertir dicho acto es la acción pública de nulidad electoral”, que está sujeta al término de caducidad de 30 días. Por tanto, como la demanda se presentó el 15 de noviembre de 2012 y la elección se surtió el 10 de enero del mismo año, la caducidad se había configurado.

Recurso de apelación

En la misma audiencia la parte demandante interpuso recurso de apelación, que sustentó así:

“Manifiesta que presentó demanda basada en el artículo 40 de la Constitución Política, por lo que argumenta que se trata de un derecho fundamental y como tal no son susceptibles de prescripción. Se mantiene en la postura que se trata de una acción de simple nulidad y no como lo dispone esta corporación, medio de control de nulidad electoral”.

Con escrito radicado el mismo de la audiencia, pero posteriormente a su finalización, el accionante reiteró su oposición a lo decidido en torno a la caducidad de la acción.

Consideraciones de la Sala

El señor Andrés Felipe Cárdenas Materón, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 137 numeral 1º del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, presentó “acción pública de nulidad”, con el fin de que se anule la elección de la señora Beatriz Eugenia Jiménez González como personera del municipio de Tuluá, la cual se radicó el 15 de noviembre de 2012.

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, con auto de 19 de diciembre de 2012 la inadmitió para que se expresara adecuadamente el concepto de violación. Superada la anterior anomalía, el tribunal profirió el auto de 5 de marzo de 2013, mediante el cual admitió la demanda como “medio de control de nulidad simple consagrado en el artículo 137 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” y así le imprimió el trámite correspondiente.

La Sala, al igual que lo advirtió el tribunal a quo en la audiencia inicial, observa que con la demanda se pretende la nulidad de un acto electoral, concretamente el acto expedido por el Concejo Municipal de Tuluá para designar como personera a la señora Beatriz Eugenia Jiménez González.

Tanto bajo la vigencia del Código Contencioso Administrativo como actualmente bajo el régimen del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, los actos electorales han sido considerados como actos de naturaleza especial, distintos de los actos de contenido particular y concreto cuyo enjuiciamiento puede surtirse bajo los cauces del contencioso de nulidad y restablecimiento del derecho, e igualmente diferentes de los actos de carácter general que pueden juzgarse por la senda del proceso de nulidad simple.

Por lo mismo, el control de legalidad que puede adelantarse sobre los actos electorales no es viable hacerlo bajo ninguna de esas modalidades del proceso ordinario. Para ello el Código Contencioso Administrativo tenía previsto el proceso electoral, regulado en los artículos 223 y siguientes. Actualmente, desde el 2 de julio de 2012, rige el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que también dedicó un procedimiento especial para enjuiciar los actos de elección o de nombramiento, caracterizado en el artículo 139 y desarrollado en los artículos 275 y siguientes.

Así, fue decisión del legislador que los actos electorales se sometieran a control de legalidad por un procedimiento especial, que hoy en día —y antes como se vio—, excluye la posibilidad de acudir a la acción de simple nulidad para practicar ese juicio. Por tanto, no se acoge la tesis del actor, para quien resulta aplicable el artículo 137.1 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, según el cual excepcionalmente podrá pedirse la nulidad de actos particulares “Cuando con la demanda no se persiga o de la sentencia de nulidad que se produjere no se genere el restablecimiento automático de un derecho subjetivo a favor del demandante o de un tercero”.

Por el contrario, desde que entró en vigencia el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, esto es antes de formularse la demanda en estudio, para el examen de legalidad de los actos electorales únicamente puede acudirse al medio de control de nulidad electoral, con asiento en los artículos 139 y 275 y siguientes, de esa codificación. Ello significa que la acción promovida por el señor Andrés Felipe Cárdenas Materón quedó sujeta al término de caducidad consagrado en el artículo 164 numeral 2º literal a), que establece:

“ART. 164.—La demanda deberá ser presentada:

(...).

a) Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo electoral, el término será de treinta (30) días. Si la elección se declara en audiencia pública el término se contará a partir del día siguiente; en los demás casos de elección y en los nombramientos se cuenta a partir del día siguiente al de su publicación efectuada en la forma prevista en el inciso 1º del artículo 65 de este código.

En las elecciones o nombramientos que requieren confirmación, el término para demandar se contará a partir del día siguiente a la confirmación”.

Según la norma anterior, el medio de control de nulidad electoral actualmente tiene un término de caducidad de 30 días, que para el sub lite se cuenta a partir del día siguiente a la fecha en que se llevó a cabo la sesión en la que tuvo lugar la elección acusada.

Así, como la elección de la señora Beatriz Eugenia Jiménez González, como personera del municipio de Tuluá, se realizó en la sesión ordinaria del concejo municipal surtida el 10 de enero de 2012, la demanda de nulidad en su contra solamente podía impetrarse oportunamente hasta el 21 de febrero del mismo año, Sin embargo, como la demanda se radicó hasta el 15 de noviembre de esa anualidad, no hay duda que para ese día la acción ya había caducado, lo cual lleva a reiterar que el auto apelado está ajustado a derecho.

Por otra parte, la Sala no puede dejar de referirse al hecho de que por haberse admitido la demanda como de simple nulidad, únicamente se vinculó como sujeto pasivo de la relación jurídico-procesal a la entidad que eligió a la personera de Tuluá, esto es el concejo municipal, sin que se citara en calidad de demandada a la propia elegida, señora Beatriz Eugenia Jiménez González, pese a que según el artículo 277 numeral 1º ha debido citársele en calidad de parte y notificársele el auto admisorio de la demanda.

No obstante la equivocación en que incurrió el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca sobre el trámite que ha debido imprimírsele a la demanda, ello no obsta para que se termine el proceso por caducidad de la acción, no solo por tratarse de una decisión conforme al ordenamiento jurídico, sino también porque ninguna garantía fundamental se le vulnera a la señora Beatriz Eugenia Jiménez González, dado que la decisión que ahora se confirma la favorece.

En mérito de lo expuesto, el despacho...

RESUELVE:

1. Confirmar el auto dictado por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en la audiencia inicial realizada el 26 de agosto de 2013, por medio del cual se acogió la excepción de caducidad de la acción y se terminó el proceso de nulidad electoral 760012333000201200469-01, adelantado por el señor Andrés Felipe Cárdenas Materón contra la elección de la señora Beatriz Eugenia Jiménez González como personera del municipio de Tuluá.

2. En firme esta providencia, contra la cual no procede recurso alguno (CPACA, art. 244 in fine), devuélvase el expediente al tribunal de origen dejando las constancias del caso.

Notifíquese y cúmplase.

Consejero: Alberto Yepes Barreiro.