Auto 2012-00469 de octubre 23 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Expediente: 760012333000201200469-01

Consejero Ponente:

Dr. Alberto Yepes Barreiro

Demandante: Andrés Felipe Cárdenas Materón

Demandada: Personera de Tuluá - Beatriz Eugenia Jiménez González

Electoral: Auto

Bogotá, D.C., veintitrés de octubre de dos mil trece.

El suscrito consejero ha decidido asumir el conocimiento sobre su auto de 13 de septiembre de 2013, dictado dentro del proceso de la referencia, tras advertir la existencia de un yerro que debe corregirse inmediatamente, según las siguientes...

Consideraciones

Este despacho, con auto de 13 de septiembre de 2013, se pronunció sobre el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra el auto interlocutorio proferido por el magistrado ponente en la audiencia inicial llevada a cabo el 26 de agosto del mismo año, por medio de la cual se terminó el proceso tras hallarse acreditada la excepción de caducidad de la acción.

Al efecto se declaró por parte de este despacho “la nulidad de la decisión que encontró probada la excepción de caducidad de la acción electoral y que, por tanto, puso fin al proceso”. Se adujo en respaldo de lo resuelto, que el magistrado ponente actuó sin competencia funcional porque haciendo una interpretación armónica entre los artículos 125 y 243 de la Ley 1437 de 2011 o Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, CPACA, la única autoridad competente para proveer sobre la terminación del proceso era la Sala a la cual pertenecía el citado magistrado.

Sin embargo, es claro que en este caso se incurrió en un error de graves implicaciones para la celeridad del proceso contencioso administrativo electoral que es preciso subsanar.

En efecto, el artículo 125 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, dispone que:

“ART. 125.—De la expedición de providencias. Será competencia del juez o magistrado ponente dictar los autos interlocutorios y de trámite; sin embargo, en el caso de los jueces colegiados, las decisiones a que se refieren los numerales 1º, 2 º, 3º y 4º del artículo243de este código serán de la sala, excepto en los procesos de única instancia. Corresponderá a los jueces, las salas, secciones y subsecciones de decisión dictar las sentencias. Los autos que resuelvan los recursos de súplica serán dictados por las salas, secciones y subsecciones de decisión con exclusión del magistrado que hubiere proferido el auto objeto de la súplica”.

Y, el artículo 243 ibídem dispone en lo pertinente:

“ART. 243.—Apelación. Son apelables las sentencias de primera instancia de los tribunales y de los jueces. También serán apelables los siguientes autos proferidos en la misma instancia por los jueces administrativos:

1. El que rechace la demanda.

2. El que decrete una medida cautelar y el que resuelva los incidentes de responsabilidad y desacato en ese mismo trámite.

3. El que ponga fin al proceso.

4. El que apruebe conciliaciones extrajudiciales o judiciales, recurso que solo podrá ser interpuesto por el Ministerio Público. (...)”.

De la interpretación de las anteriores disposiciones surgen las siguientes normas: i) Que por regla general corresponde al juez o magistrado ponente proferir los autos interlocutorios y de trámite; ii) Que en el Consejo de Estado y los tribunales administrativos, es la Sala quien se pronuncia frente a los temas implicados en los cuatro primeros numerales del artículo 243, cuando el asunto se conozca en primera o segunda instancia, según el caso; y iii) Que en dichas corporaciones judiciales es el magistrado o consejero ponente quien tiene la atribución de dictar el auto relativo a los citados numerales cuando el asunto se conozca en única instancia.

Vistas las cosas así no más, el auto de 13 de septiembre de 2013 gozaría de aparente legalidad, en la medida que se dictó al abrigo de la segunda regla, que le atribuye a la Sala de los tribunales administrativos, y no al magistrado ponente, la competencia para decidir sobre la caducidad de la acción en los negocios tramitados en primera instancia.

Sin embargo, el razonamiento no está completo porque no toma en cuenta que tales normas deben ser objeto de una interpretación holística, de modo que se vinculen al proceso de la oralidad como un todo. Es decir, que en el sub lite debe tenerse presente que el medio de control de nulidad electoral está sujeto al principio de la oralidad como así lo evidencia las normas contenidas en el título VIII de la parte segunda del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, por virtud del cual es preciso practicar una audiencia inicial (art. 283), una audiencia de pruebas (art. 285), y una audiencia de alegaciones y juzgamiento (art. 286).

Además, se percata el despacho de que el artículo 283 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que regula la audiencia inicial para el medio de control de nulidad electoral, no contempla normas atinentes a la decisión sobre excepciones propuestas con la contestación de la demanda, vacío que necesariamente debe llenarse acudiendo al principio de integración normativa consagrado en el artículo 296 ejusdem, que permite aplicar las disposiciones del proceso ordinario que sean compatibles con la naturaleza del proceso electoral.

Es decir, que en lo relativo a la decisión sobre excepciones el artículo 283 debe integrarse, en lo pertinente, con el artículo 180 numeral 6º que enseña:

“ART. 180.—Audiencia inicial. Vencido el término de traslado de la demanda o de la de reconvención según el caso, el juez o magistrado ponente, convocará a una audiencia que se sujetará a las siguientes reglas:

(...).

6.Decisión de excepciones previas.El juez o magistrado ponente, de oficio o a petición de parte, resolverá sobre las excepciones previas y las de cosa juzgada, caducidad, transacción, conciliación, falta de legitimación en la causa y prescripción extintiva.

Si excepcionalmente se requiere la práctica de pruebas, se suspenderá la audiencia, hasta por el término de diez (10) días, con el fin de recaudarlas. Al reanudar la audiencia se decidirá sobre tales excepciones.

Si alguna de ellas prospera, el juez o magistrado ponente dará por terminado el proceso, cuando a ello haya lugar. Igualmente, lo dará por terminado cuando en la misma audiencia advierta el incumplimiento de requisitos de procedibilidad.

El auto que decida sobre las excepciones será susceptible del recurso de apelación o del de súplica, según el caso. (...)” (destacado del despacho).

La anterior disposición, que en principio se creyó no aplicaba al proceso electoral, es evidente que necesariamente debe operar e integrarse al mismo, pues se constituye en una regla adicional y especial en punto de la autoridad competente para proveer sobre la excepción de caducidad de la acción, según la cual es el magistrado ponente quien en la audiencia Inicial debe resolver sobre la excepción de caducidad de la acción, y no como por equivocación y en forma aislada, lo sostuvo este despacho en el auto de 13 de septiembre de 2013, en el sentido de que debió ser la Sala compuesta por el mencionado funcionario, la que ha debido decidir esa excepción, que por cierto goza de una naturaleza mixta.

Ahora, aunque el auto de 13 de septiembre de 2013 se notificó y cobró ejecutoria, e incluso el expediente ya se devolvió al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, tales circunstancias no impiden que el error se enmiende por el suscrito consejero sustanciador, puesto que es menester hacer prevalecer la legalidad sobre el error, valiéndose para ello de la teoría de que los autos ilegales no atan ni al juez ni a las partes, expuesta y aceptada en múltiples oportunidades por distintos órganos de la rama judicial(1).

Así, pese a que el mencionado auto cobró ejecutoria, su ilegalidad no puede vincular ni a los operadores jurídicos ni a los sujetos procesales que en él intervienen, frente a quienes es menester administrar justicia por los cauces del debido proceso, conforme al ordenamiento constitucional, que en este evento se materializa en el hecho de que el magistrado ponente sí tenía competencia para proveer sobre la excepción de caducidad de la acción, y por lo mismo no existía ninguna razón válida que sustentara el auto de 13 de septiembre de 2013, que por lo mismo se dejará sin efecto, para que en efecto se surta el recurso de alzada que por equivocación se truncó por la lectura inapropiada que se le dio a las normas examinadas.

En consecuencia, como la ilegalidad no es fuente de derechos, menos para conferir intangibilidad a los autos expedidos contra el ordenamiento jurídico, a la decisión de dejar sin efectos el auto dictado por este despacho el 13 de septiembre de 2013, le seguirá la orden de que el tribunal a quo remita el expediente respectivo lo más pronto posible, con el fin de que la apelación se surta como corresponde.

En mérito de lo expuesto, el despacho...

RESUELVE:

1. DEJAR SIN EFECTOS el auto dictado el 13 de septiembre de 2013 por este despacho.

2. Ordenar al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que inmediatamente devuelva el expediente a esta corporación, a efectos de decidir el recurso de apelación formulado contra el auto dictado en la audiencia inicial realizada el 26 de agosto de 2013, que declaró probada la excepción de caducidad de la acción electoral.

Notifíquese y cúmplase»

Magistrado: —Alberto Yepes Barreiro, Consejero de Estado—.

(1) Al respecto se pueden consultar las siguientes providencias: 1. Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Civil. Auto de 15 de marzo de 1984. Actor: Alfonso Vieira Villa. Demandado: Empresas Públicas de Medellín, M.P. Humberto Murcia Ballén. 2. Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Laboral. Auto de 15 de diciembre de 2008. Exp. 35.987, M.P. Gustavo José Gnecco Mendoza. 3. Consejo de Estado - Sección Cuarta. Auto de 24 de septiembre de 2008. Exp. 200012331000200601379-01 (16.922). Actor: Departamento de Antioquia y Fábrica de Licores de Antioquia. Demandado: Departamento del Cesar, C.P. Héctor J. Romero Díaz. 4. Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Laboral. Auto de 24 de abril de 2013. Exp. 54.564, M.P. Rigoberto Echeverri Bueno.