Auto 2012-00599/45817

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Radicación: 05001-23-31-000-2012-00599-01(45817)

Actor: Nación - Ministerio de Defensa - Ejercito Nacional

Demandado: Juan Carlos del Rio Crespo y Otros

Referencia: Acción de repetición (auto)

Bogotá D.C., 15 de abril de 2015.

Consejero ponente:

Dr. Hernán Andrade Rincón

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. Procedencia del Recurso de Apelación.

La Sala es competente funcionalmente para conocer del presente asunto, como quiera que se trata de un auto interlocutorio proferido en primera instancia por un Tribunal de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, mediante el cual se rechazó la demanda. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 146A y 181.1 del Decreto 01 de 1984, normatividad aplicable al presente asunto por expresa disposición del artículo 308 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo que, en su tenor literal, dispone:

“ART. 308.—Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012.

Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia.

Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior”.

2. De la acción de repetición.

La constitución Política de Colombia en el inciso segundo del artículo 90, establece la acción de repetición en los siguientes términos:

“El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas.

“En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste”.

En el mismo sentido, los artículos 77 y 78 del Código Contencioso Administrativo consagran la posibilidad de que la entidad pública condenada en un proceso de responsabilidad tanto contractual como extracontractual (actos, hechos o contratos), pueda repetir contra el funcionario que con su conducta dolosa o gravemente culposa hubiera ocasionado la condena.

Ahora bien, en desarrollo de lo ordenado por el inciso segundo del artículo 90 de la Constitución Política, se expidió la Ley 678 de 2001, “por medio de la cual se reguló la determinación de responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado a través del ejercicio de la acción de repetición o el llamamiento en garantía con fines de repetición”.

El artículo 2º de la citada ley, la define como una “acción civil de carácter patrimonial que deberá ejercerse en contra del servidor o ex servidor público que como consecuencia de su conducta dolosa o gravemente culposa haya dado reconocimiento indemnizatorio por parte del Estado, proveniente de una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto. La misma acción se ejercitará contra el particular que investido de una función pública haya ocasionado, en forma dolosa o gravemente culposa, la reparación patrimonial”.

De la lectura de dicho precepto legal se desprende que, para efectos de que la acción de repetición tenga vocación de prosperidad, debe existir una condena judicial u otra forma de terminación de un conflicto que atribuya una carga indemnizatoria en cabeza de la administración pública; la comprobación de la calidad del demandado como funcionario, ex funcionario o particular en ejercicio de funciones públicas; la culpa grave o el dolo en la conducta del demandado; y que esa conducta dolosa o gravemente culposa hubiere sido la causante del daño antijurídico.

Ahora bien, respecto del pago realizado por la entidad que haya resultado condenada esta corporación(8) en su jurisprudencia ha señalado que constituye un presupuesto para el ejercicio de la acción de repetición, toda vez que éste otorga legitimación en la causa a la entidad para iniciar el recobro de lo cancelado. Así, en efecto, ha discurrido esta Sección:

“(…) El pago constituye un requisito sine qua non para la prosperidad de la acción de repetición como lo ha sostenido reiteradamente la jurisprudencia de esta Corporación, por cuanto es este elemento el que legitima a la entidad estatal para instaurar la acción que tiene como finalidad salvaguardar el erario ante el detrimento que sufre por los perjuicios que debe resarcir como consecuencia del actuar de los servidores o ex servidores del Estado(9); sería un contrasentido repetir por una suma de dinero que no se ha pagado, o lo que es lo mismo, que se pretenda obtener el resarcimiento de un perjuicio que no se ha concretado”.

Este razonamiento resulta acertado puesto que permitir lo contrario, es decir, el inicio de la acción sin que se haya comprobado el pago efectivo de las sumas de dinero que se pretenden recobrar, podría acarrear la configuración de un enriquecimiento sin causa a favor de la administración y, en el mismo sentido, un detrimento injustificado en el patrimonio del agente, ex agente o particular demandado en ejercicio de la acción de repetición.

Así las cosas, debe señalarse que el pago se erige como un presupuesto fundamental de la acción de repetición dado que otorga a las entidades legitimación en la causa para demandar en ejercicio de la acción de repetición.

Con relación al pago, esta Sección del Consejo de Estado, mediante providencia de 8 de febrero de 2012(10), sostuvo que éste podía ser parcial siempre que la pretensión de repetición recayera sobre el monto pagado, por lo que no resultaba necesario para su ejercicio el pago total de la suma determinada en la sentencia condenatoria o en la conciliación, pues dicho requisito no se encuentra establecido en el inciso segundo del artículo 90 de la Constitución Política ni en la Ley 678 de 2001.

En esa oportunidad, se razonó de la manera que sigue:

“Así las cosas, se tiene que el pago se constituye como un presupuesto para que la acción de repetición tenga vocación de prosperar, toda vez que otorga legitimación en la causa para demandar, pero no representa un presupuesto para la admisión de la demanda. En ese orden de ideas, la Sala no acogerá la tesis según la cual el pago total se corresponde con uno de los presupuestos para ejercer la acción de repetición y, en ese sentido, considera que resulta procedente el ejercicio de la acción de repetición cuando se hayan realizado pagos parciales por parte de la entidad que haya sido obligada a cancelar una suma determinada de dinero”.

Ahora bien, en relación con la prueba del pago de la obligación para efectos de accionar por vía de la repetición, esta Sección ha señalado que la entidad pública tiene el deber de acreditar el pago efectivo que hubiere realizado, bien sea respecto de la suma de dinero impuesta mediante condena judicial o de la acordada en audiencia de conciliación o en cualquier otra forma de terminación del proceso, a través de prueba que provenga del beneficiario, que generalmente es documental y se constituye por el acto mediante el cual se reconoce y ordena el pago a favor del beneficiario y/o su apoderado, y por el recibo de pago, consignación y/o paz y salvo suscrito por el beneficiario.

En providencia de 9 de junio de 2010(11), la Sala de la Sección Tercera de esta corporación expuso:

“3.3.1. La entidad pública tiene que acreditar el pago efectivo que hubiere realizado respecto de la suma dineraria que le hubiere sido impuesta por condena judicial o que hubiere asumido en virtud de una conciliación, a través de prueba que, en caso de ser documental, generalmente(12) suele constituirse por el acto mediante el cual se reconoce y ordena el pago a favor del beneficiario y/o su apoderado y por el recibo de pago o consignación y/o paz y salvo que deben provenir del beneficiario.

El pago, en los términos del artículo 1.626 del Código Civil, es la prestación de lo que se debe y debe probarlo quien lo alega, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1.757 ibídem. De conformidad con lo anterior, no basta con que la entidad pública aporte documentos emanados de sus propias dependencias si en ellos no consta la manifestación expresa del acreedor o beneficiario del pago sobre su recibo a entera satisfacción, requisito indispensable que brinda certeza acerca de la extinción de la obligación.

En efecto, en los juicios ejecutivos, según la ley procesal civil, las obligaciones de pago requieren de demostración documental que provenga del acreedor, circunstancia que en esos casos permite la terminación del proceso por pago. Tal exigencia resulta procedente en los juicios de repetición puesto que si su fundamento lo constituye el propósito de obtener el reembolso de la suma de dinero pagada a un tercero, se parte de la base de la existencia previa de una deuda cierta ya satisfecha.

Se advierte igualmente que con fundamento en el pago de la obligación se puede verificar si la demanda ha sido presentada en tiempo, en consideración a que, para determinar el término de caducidad, tratándose de la responsabilidad personal de los agentes o ex servidores del Estado, la Sala(13) ha explicado que dicho plazo se cuenta a partir del día siguiente de la fecha del pago, toda vez que a través de la repetición la entidad pública que se ha visto obligada a cancelar una suma de dinero con ocasión de una condena judicial o conciliación, por la culpa grave o el dolo de uno de sus agentes, puede reclamar de éste la correspondiente suma de dinero. Por consiguiente, es razonable que la fecha del pago constituya el punto de partida para contabilizar el término de caducidad”.

Por último, al interponerse una demanda contentiva de la acción de repetición ésta deberá cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 137 del Código Contencioso Administrativo y demás normas aplicables, de acuerdo con la materia de cada asunto.

3. Caso concreto.

En el presente asunto se tiene que el Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante auto de 8 de mayo de 2012, inadmitió la demanda por contener, a su juicio, algunos defectos formales y ordenó subsanarla dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de ese proveído, término que transcurrió entre el 16 y el 26 de mayo siguientes.

Dispuso el referido auto que la demanda se subsanara en los siguientes aspectos:

“1. Anexar constancia de ejecutoria del auto interlocutorio S3 05 AP. de fecha nueve (09) de febrero de 2012 mediante el cual la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia aprobó la conciliación judicial.

2. Anexar constancia proveniente del acreedor, del pago que se afirma realizado por la entidad accionante, de la suma cancelada, a los señores Bernardo Agudelo Pérez y otros.

3. (…) el profesional del derecho que suscribe la demanda deberá aportar poder debidamente conferido por el representante legal de la entidad demandante, en el que lo faculte para tales efectos.

4. (…) el profesional del derecho que suscribe la demanda deberá realizar la presentación personal de la misma”.

En obedecimiento a lo anterior, la parte actora presentó sendos memoriales el 17 y 22 de mayo de 2012; sin embargo, el Tribunal a-quo en auto de 21 de junio de 2012 rechazó la demanda aduciendo que no se había cumplido con lo ordenado en los numerales 1,2 y 4 antes anotados, por lo que la Sala procederá a estudiar cada uno de los puntos por los cuales la autoridad judicial profirió dicha decisión.

3.1. Constancia de ejecutoria.

Revisado el expediente se tiene que, con el fin de dar cumplimiento a lo requerido en auto de 8 de mayo de 2012, la parte demandante el 22 de mayo de 2012 solicitó al Juzgado 12 Administrativo de Medellín y al Tribunal Administrativo de Antioquia para que le fuera expedida la constancia de ejecutoria requerida por el despacho judicial, como consta a folios 85 y 86 del cuaderno 1. Dicha constancia fue expedida el 28 de mayo de 2012 por el Juzgado 12 Administrativo del Circuito de Medellín(14) y allegada al proceso el 30 de mayo siguiente(15).

Ahora bien se tiene que el auto de 8 de mayo de 2012, inadmitió la demanda por contener, a su juicio, algunos defectos formales y ordenó subsanarla dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de ese proveído, la cual fue realizada el 15 de los mismos mes y año, por lo cual se concluye que la parte actora tenía hasta el 23 de mayo de 2012 para allegar la certificación de ejecutoria requerida; sin embargo, ésta fue allegada el 30 de mayo siguiente, razón por la cual el Tribunal Administrativo de Antioquia en auto de 21 de junio de 2012 rechazó la demanda.

Así las cosas, se tiene que la parte actora presentó la solicitud, ante la autoridad competente, dentro del término otorgado para allegar la constancia de ejecutoria del auto interlocutorio S3 05 AP de fecha 9 de febrero de 2012, mediante el cual la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia aprobó la conciliación judicial, más la expedición de ésta no dependía del solicitante, sino de la autoridad judicial competente.

De los hechos anteriores y mirando las particularidades del caso concreto, en aras de garantizar el acceso a la administración de justicia, es preciso resaltar que la parte actora allegó la certificación cuando la tuvo en su poder, lo cual fue con anterioridad a la providencia que rechazó la demanda, de igual manera es preciso advertir que ésta fue solicitada dentro del término otorgado por el Tribunal a quo, por lo cual es dable concluir que no puede el juez rechazar el libelo demandatorio con el argumento de que no fue allegada a tiempo, comoquiera que los trámites internos de la autoridad judicial para expedir una certificación no los determina la parte y sería transmitirle una carga que no tiene la obligación de soportar, por lo cual la Sala tendrá por satisfecho este concreto requisito.

3.2. Pago de la obligación.

En consideración a lo expuesto, se advierte que la parte actora tiene el deber de probar el pago sobre el cual pretende repetir, a través de:

— El acto mediante el cual se reconoce y ordena el pago a favor del beneficiario y/o su apoderado, y

— El recibo de pago, consignación y/o paz y salvo suscrito por el beneficiario.

En tal sentido, una vez revisada la demanda y sus anexos, se advierte que la parte actora para demostrar el pago, aportó los siguientes documentos:

• Copia de la Resolución 1602 de 24 de marzo de 2010(16), “por la cual se da cumplimiento a un acuerdo conciliatorio a favor de Bernardo Agudelo Perez y Otros”, en los siguientes términos:

“ART. 1º.—Disponer el pago de la suma de un mil quinientos noventa y siete millones novecientos nueve mil ciento cincuenta y cinco pesos con 79/100 m/cte. ($1.597.909.155,79), en la forma como quedó expuesta en la parte motiva a Bernardo Agudelo Perez y Otros, de la siguiente manera:

1. Consignar la suma de un mil trescientos cuarenta y seis millones cuatro mil quinientos once pesos con 25/100 m/cte. ($1.346.004.511,25) a favor de corredores asociados s.a. comisionista de bolsa, Nit Nº 8600791743.

2. Consignar la suma de doscientos cincuenta y un millones novecientos cuatro mil seiscientos cuarenta y cuatro pesos con 54/100 m/cte. ($ 251.904.644,54), a favor del doctor Javier Villegas Posada, con cédula de ciudadanía número 70.053.417 del Medellín y Tarjeta Profesional número 20944 del Consejo Superior de la Judicatura.

“ART. 2º.—La Tesorería principal de la Dirección Administrativa del Ministerio de Defensa Nacional - Gabinete, pagará la suma liquidada previo los descuentos de ley con cargo al rubro presupuestal de sentencias mediante consignación así:

1. A favor de Corredores Asociados S.A. comisionista de bolsa, Nit 8600791743, en la cuenta de ahorros número 178-490163-93 de Bancolombia y/o cuenta que figure en el SIIF, cuyo comprobante reemplazará en sus efectos a la paz y salvo que expide la Tesorería Principal del Ministerio de Defensa Nacional.

2. A favor del doctor Javier Leónidas Villegas Posada, identificado con la C.C. 70.053.417, en la cuenta corriente número 072-053417-03 de Bancolombia y/o cuenta que figure en el SIIF cuyo comprobante reemplazará en sus efectos al paz y salvo que expide la Tesorería Principal del Ministerio de Defensa Nacional.

“ART. 3º.—Compensar la suma de quinientos veinticinco mil pesos m/cte ($ 525.000,00), a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales “D.I.A.N.”- División de Recaudación, NIT 800197268-4, por concepto de ventas año gravable 2006 y 2008, según Resolución de Compensación Nº 9859 del 27 de mayo de 2009, a nombre de Rigoberto De Jesús Agudelo Perez, con C.C. 98.457.749”.

• Copia de la Resolución 1834 de 8 de abril de 2010(17), “por la cual se modifica la Resolución 1602 del 24 de marzo de 2009 a favor de Bernardo Agudelo Perez y Otros”, así:

“ART. 1º.—Disponer el pago de la suma de un mil quinientos noventa y siete millones novecientos nueve mil ciento cincuenta y cinco pesos con 79/100 m/te. ($1.597.909.155,79), en la forma como quedó expuesta en la parte motiva a Bernardo Agudelo Perez y Otros, de la siguiente manera:

1. Consignar la suma de un mil trescientos trece millones cuatrocientos cincuenta y cinco mil quinientos noventa y cuatro pesos con 06/100 m/cte. ($1.313.455.594,06) a favor de Corredores Asociados S.A. comisionista de bolsa, Nit Nº 8600791743.

2. Consignar la suma de doscientos ochenta y cuatro millones cuatrocientos cincuenta y tres mil quinientos sesenta y un pesos con 73/100 m/cte. ($ 284.453.561,73), a favor del doctor Javier Leónidas Villegas Posada, con cédula de ciudadanía número 70.053.417 de Medellín y Tarjeta Profesional número 20944 del Consejo Superior de la Judicatura.

“ART. 2º.—La Resolución 1602 del 24 de marzo de 2010, continua vigente en todos los demás aspectos”.

• Certificación número OFI12-33722 de 16 de abril de 2012, mediante la cual la Secretaría Técnica del Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Ministerio de Defensa Nacional informa sobre la autorización para repetir contra “Ct. Juan Carlos Del Rio Crespo, Slp. Jader Alexander Montoya Mira, y el Slp. Sergio Andres Perez Cárdenas” por la condena interpuesta a la entidad accionante por el Juzgado Doce Administrativo de Medellínen proveído de 19 de junio de 2008(18).

• Sentencia de 19 de junio de 2008 proferida por el Juzgado Doce Administrativo de Medellín, mediante la cual se condenó al Ministerio de Defensa Nacional a indemnizar al señor Bernardo Agudelo y otros, diferentes sumas de dinero por concepto de perjuicios morales y materiales(19).

• Auto de 9 de febrero de 2009 proferido por el Tribunal Administrativo de Antioquia, a través del cual se aprobó el acuerdo conciliatorio logrado entre las partes en la audiencia celebrada el 27 de noviembre de 2008(20).

• Copia del certificado expedido el 18 de mayo de 2012 por la Tesorera Principal del Ministerio de Defensa(21), con el siguiente tenor literal:

“Que la Resolución 1602 del 24 de marzo de 2010 por valor de $1.597.909.155.79 se canceló a través de la dirección del tesoro nacional mediante transferencia electrónica, así:

$ 1.313.455.594,06 de bolsa, con Nit. 860.079.174-3, con el comprobante de egreso número 150003953 del 23 de abril de 2010, a la cuenta número 17849016393 de Bancolombia el 23 de abril de 2010.

$ 284.453.561,73 al señor Javier Leónidas Villegas Posada con cedula de ciudadanía número 70.053.417, con el comprobante de egreso número 1500003954 del 23 de abril de 2010, a la cuenta nnúmero 07205341703 de Bancolombia el 23 de abril de 2010”.

Revisado el material documental enunciado, se advierte que las resoluciones mediante las cuales se ordenó cumplir con el pago de las sumas acordadas en la conciliación aprobada el 9 de febrero de 2009 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, así como la copia del certificado expedido por la Tesorería de la entidad accionante, dan cuenta de que se efectuó, mediante transferencia electrónica el día 23 de abril de 2010, la cancelación de un mil quinientos noventa y siete millones novecientos nueve mil ciento cincuenta y cinco pesos ($ 1.597’909.155) a las cuentas bancarias referidas en los actos enunciados, suma que corresponde a la pretensión de repetición de la demanda.

El artículo 2º de la Resolución 1602 de 24 de marzo de 2010 claramente establece que el pago será realizado mediante consignación y, a su vez, se allegó certificación de la Tesorera Principal del Ministerio de Defensa, en el cual se anota que las sumas fueron consignadas a las cuentas bancarias que indicaba la mencionada Resolución.

Así las cosas, en el presente asunto se tiene que para efectos de la admisión de la demanda, resultan suficientes los documentos provenientes de sus propias dependencias que certifican que las sumas de dinero reclamadas en esta acción se cancelaron; sin embargo, al momento de proferirse fallo y como requisito para la prosperidad de las pretensiones, es necesario que ese pago se encuentre plenamente probado con documento que provenga del beneficiario, como lo señala la jurisprudencia citada en el presente proveído.

Ahora bien, respecto de la oportunidad para interponer la acción de repetición, se encuentra que el Ministerio de Defensa el 23 de abril de 2010 cumplió con el pago total de la obligación impuesta en auto interlocutorio S3 05 AP de 9 de febrero de 2009 proferido por el Tribunal Administrativo de Antioquia, por lo que el término que señala al artículo 11 de la Ley 678 de 2001, transcurrió del 24 de abril de 2010 al 24 de abril de 2012 y, dado que la demanda fue interpuesta el 23 de abril de 2012, ha de concluirse que no ha caducado la acción.

3.3. Presentación personal del libelo introductorio.

El a-quo, en el proveído mediante el cual rechazó la demanda, expuso que el apoderado de la parte demandante no realizó la presentación personal del libelo introductorio conforme lo establecen los artículos 142 del Código Contencioso Administrativo y 22 del Decreto 196 de 1971.

Contrario sensu, la parte actora en el escrito contentivo de su recurso de alzada manifestó principalmente que tal requisito se puede entender cumplido si se observa la nota de presentación personal que yace en los memoriales de poder en los que se le designó como apoderado de la entidad demandante. Adujo, además, haber solicitado en la secretaría del Despacho la correspondiente anotación de presentación personal, sin que se haya realizado la inscripción por razones que desconoce.

Ahora bien, revisado el expediente se encuentra que el escrito de demanda contiene un sello de presentación personal con fecha 17 de mayo de 2012 impuesto por el Tribunal Administrativo de Antioquia, en el cual se dejó anotación del número de la tarjeta profesional del abogado que concurrió al despacho(22), el cual coincide con el del apoderado a quien la parte actora otorgó poder y que signó la demanda.

Así las cosas, es preciso advertir que la Secretaría del Tribunal tenía la obligación de realizar de manera debida la correspondiente anotación de presentación personal y las consecuencias de dicha omisión no pueden afectar al demandante(23), por otra parte se observa que con la demanda obra un sello de presentación personal en el cual únicamente se consignó el número de tarjeta profesional del apoderado de la entidad demandante, por lo cual es dable concluir que quien presentó la demanda personalmente es el apoderado de la parte actora.

De lo anterior concluye la Sala que el requisito de presentación personal se encuentra satisfecho en el presente asunto, pues no se puede aplicar un excesivo formalismo al proceso que lleve a desconocer el derecho de acceso a la administración de justicia.

De conformidad con los argumentos planteados por la Sala se procederá a revocar la decisión apelada, comoquiera que la demanda de la referencia se presentó oportunamente y con las formalidades exigidas por la ley para su admisión.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,

RESUELVE:

1. REVOCAR el auto de 21 de junio de 2012, proferido por el Tribunal Administrativo de Antioquia, el cual quedará así:

Primero. ADMITIR la demanda de repetición presentada por la Nación- Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional en contra de los señores Juan Carlos del Río Crespo, Jader Alexander Montoya Mira y Sergio Andrés Pérez Cárdenas.

Segundo. NOTIFICAR personalmente este auto a cada uno de los demandados y al Ministerio Público, haciendo entrega de copia de la demanda y sus anexos.

Tercero. Los gastos del proceso serán FIJADOS por el Tribunal Administrativo de Antioquia.

Cuarto. FIJAR el proceso en lista por el término de diez (10) días (numeral 5º del artículo 207 del C.C.A.).

Quinto. RECONOCER personería para actuar como apoderado de la parte actora, al doctor Henry Julián Arenas Ríos portador de la Tarjeta profesional No. 139.380 del Consejo Superior de la Judicatura.

2. Por Secretaría, ejecutoriado este proveído, DEVUELVASE el expediente Tribunal de origen, el cual deberá dar cumplimiento a lo acá dispuesto en los ordinales segundo, tercero, cuarto y quinto.

Notifíquese y cúmplase».

(8) Consejo de Estado. Sentencia de 25 de marzo de 2010. M.P. Myriam Guerrero de Escobar. Exp. 36489.

(9) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera; Sentencia del 11 de febrero de 2009, Consejero Ponente: Ramiro Saavedra Becerra, Radicación número: 15001-23-31-000-1995-04677-01(16458).

(10) Expediente 2010-00239-01(39206).

(11) Consejo de Estado, Sección Tercera, proceso número 2008-00382-01(37722), M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(12) “El artículo 232 del Código de Procedimiento Civil dispone que en los eventos en que se trate de probar el pago, la falta de documento o de un principio de prueba por escrito será apreciado como un indicio grave de la inexistencia del respectivo acto, a menos que por las circunstancias especiales en que tuvo lugar el mismo, haya sido imposible obtenerlo, o que su valor y la calidad de las partes justifiquen tal omisión, situación que no es común debido a la prudencia y diligencia que todas las personas acostumbran observar en sus relaciones jurídicas”.

(13) “Sentencia del 15 de octubre de 2008. Expediente 27.649. Consejero Ponente: Ramiro Saavedra Becerra”.

(14) Fl. 141 c. 1.

(15) Fl. 140 c. 1.

(16) Fls. 12 - 18 c. 1.

(17) Fls. 10 - 11 c. 1.

(18) Fls. 19 - 20 c. 1.

(19) Fls. 21 - 58 c. 1.

(20) Fls. 60 - 73 c. 1.

(21) Fl. 87 c. 1.

(22) El sello en mención se puede apreciar a folio 9 del Cuaderno Nº 1 del expediente; en éste consta que el abogado que presentó la demanda se identifica con el número de tarjeta profesional 139.380 del Consejo Superior de la Judicatura.

(23) Al respecto en sentencia del diez y ocho (18) de septiembre de mil novecientos sesenta y uno (1961), M.P. Carlos Gustavo Arrieta, estableció:
“Es evidente que la demanda fue introducida al tribunal, pero se ignora la fecha exacta en que ello sucedió, o si llegó a la secretaría por conducto de un tercero, por despacho de correo, o por presentación personal. En cualquier forma que se hubiese recibido, la obligación de dejar la constancia respectiva corría a cargo de los funcionarios. Pero estos omitieron el cumplimiento de su deber y la diligencia no aparece. En tales circunstancias es preciso admitir que hubo ostensible negligencia de parte de la secretaría, y que las consecuencias de ese descuido no pueden afectar al demandante”.