Auto 2012-00608/50249 de abril 29 de 2015

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: expediente T-11001 02 04 000 2012 00608-02

Magistrada ponente:

Dra. Margarita Cabello Blanco

Bogotá, D.C., veintiséis de julio de dos mil doce.

Discutido y aprobado en Sala de 25-07-2012

Bogotá, D.C., veintiséis de julio de dos mil doce.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Estudiados los fundamentos del reclamo constitucional y examinado el material probatorio allegado, observa la Sala:

a) Que dentro de la referida investigación, el Juzgado Tercero Penal con Funciones de Control de Garantías, en audiencia de 4 de marzo de 2010, por petición de la Fiscalía Doce Local, decretó la “suspensión del poder dispositivo” sobre el inmueble objeto del delito y, en consecuencia, ordenó que la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Santa Marta se abstuviera de “registrar cualquier transacción” en el folio de matrícula inmobiliaria No. 080 -17969, comunicación que debía enviársele por conducto de la Oficina de Servicios Judiciales (fls. 122 a 124 cdno. 1).

b) Que, según el certificado de libertad, dicha medida tan sólo fue inscrita el 21 de octubre de 2011, en la anotación 10, reseñándose el oficio 2451 del 5 de marzo de 2010 del “Centro de Servicios Judiciales del S.A.P. de Santa Marta” (fls. 7 y 8).

c) Que la Registradora de Instrumentos Públicos del Círculo de Santa Marta (E), procedió “a darle radicación exenta a dicho oficio e inscrito en el aludido folio” (sic) y, mediante auto de 10 de octubre de 2011, inició “de oficio una actuación administrativa tendiente a clarificar la situación jurídica del inmueble matriculado bajo el número 080-1799”, considerando, entre otros, que el 1º de septiembre de ese mismo año se presentó ante esa Oficina “Derecho de Petición” firmado por el doctor Israel Jesús Suárez Sierra, en el que pidió se informara si el oficio No. 2451 de 5 de marzo de 2010 “del cual adjunta copia informal” fue recibido en esa dependencia y, “en caso positivo explicara las razones por las cuales no se inscribió en la matrícula inmobiliaria” (fls. 117 a 118).

d) Que adelantada la instrucción, el Juzgado acusado profirió sentencia de 12 de octubre de 2011, en la que condenó a Sor Lucía Posada Giraldo a la pena de 61 meses de prisión por el delito de abuso de condiciones de inferioridad y dejó “sin efectos” la compraventa efectuada entre la señora Manuela de la Rosa González y la procesada y, en consecuencia, ordenó a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Santa Marta, que realizara “la anotación pertinente” en aras de restablecer los derechos de propiedad y posesión de la víctima, en virtud de lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 906 de 2004 (fls. 3 a 8 cdno. 2).

e) Que el Tribunal al desatar el recurso de apelación interpuesto por el defensor de la enjuiciada, resolvió “inhibirse de emitir un pronunciamiento” por cuanto el a quo no se refirió a “la concesión de la prisión domiciliaria a la señora Posada Giraldo como madre cabeza de familia por carecer de competencia para ello, así que el recurrente impugnó un aspecto que no hace parte de la sentencia”.

f) Que en cumplimiento del fallo de primera instancia, la Registradora de Instrumentos Públicos de Santa Marta profirió la Resolución 052 de 17 de abril de 2012, por medio de la cual corrigió el folio de matrícula inmobiliaria 080 -1799 (fls. 14 a 16 cdno. 2).

2. Puestas así las cosas, considera oportuno la Corte comenzar por advertir que si bien es cierto que en algunas oportunidades (v. gr., fallos de 21 de noviembre de 2007, 8 de mayo de 2009 y 13 de junio de 2011, entre otros) esta Sala ha concedido el amparo constitucional reclamado por el tercero a quien por orden de una autoridad penal le han cancelado el título por medio del cual ha adquirido el dominio de un inmueble que fue obtenido por el primigenio propietario mediante la utilización de “medios fraudulentos”, ello no significa que de manera generalizada se proceda de ese modo, habida cuenta que se deben analizar las situaciones particulares y determinadas de cada caso a efectos de adoptar la decisión que en derecho corresponda.

3. El artículo 101 del Código de Procedimiento Penal, consagra, en el inciso primero, que “[e]n cualquier momento y antes de presentarse la acusación, a petición de la Fiscalía, el juez de control del garantías dispondrá la suspensión del poder dispositivo de los bienes sujetos a registro cuando existan motivos fundados para inferir que el título de propiedad fue obtenido fraudulentamente” y, en el inciso segundo que “en la sentencia se ordenará la cancelación de los títulos y registros respectivos cuando exista convencimiento más allá de toda duda razonable sobre las circunstancias que originaron la anterior medida”, (disposición que la Corte Constitucional, en sentencia C-060 de 2008, declaró exequible condicionadamente en el entendido que dicha cancelación también se hará en cualquier otra providencia que ponga fin al proceso).

Y el artículo 22 ibídem establece que “[c]uando sea procedente, la Fiscalía General de la Nación y los jueces deberán adoptar las medidas necesarias para hacer cesar los efectos producidos por el delito y las cosas vuelvan al estado anterior, si ello fuere posible, de modo que se restablezcan los derechos quebrantados, independientemente de la responsabilidad penal”.

4. Revisada la actuación acusada, destaca la Sala que, dadas las particulares que revisten el asunto, no es viable conceder el amparo reclamado por las siguientes razones:

i) Los funcionarios accionados soportaron la decisión censurada en las citadas normas que prevén el restablecimiento y la reparación de los derechos de las víctimas (en este caso una persona de la tercera edad).

ii) La “suspensión del poder adquisitivo” del predio, solicitada por la fiscalía, la decretó el Juzgado Tercero de Control de Garantías, en audiencia celebrada el 4 de marzo de 2010, a la que asistió la indiciada, comunicándole a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Santa Marta, mediante oficio de 5 de ese mismo mes y año librado por el Centro de Servicios Judiciales; sin embargo, tan sólo inscribió la cautela en el folio de matrícula inmobiliaria del inmueble el 10 de octubre de 2011.

iii) Está demostrado que la compraventa del inmueble celebrada el 29 de junio de 2010 entre la señora Lucía Posada Giraldo (procesada) y el señor Jairo de Jesús Buitrago López (accionante) fue posterior a la medida cautelar ordenada por el juez y de la que estaba enterada dicha vendedora, quien a la postre resultó condenada por haber obtenido el dominio del bien abusando de las condiciones de inferioridad de la legítima dueña (persona de la tercera edad).

iv) La jurisprudencia constitucional, de vieja data, ha señalado que los derechos fundamentales de una persona no detentan un carácter absoluto en relación con los de otros, por lo cual es preciso realizar una tarea de contraste o ponderación cuando en una situación concreta confluyen los intereses de varios individuos.

En sentencia del 21 de marzo de 2007, esa Corporación precisó que “(…) Así las cosas, la jurisprudencia constitucional ha dicho en reiteradas oportunidades que, en casos en los que se presenta conflicto de derechos o principios constitucionales, procede la aplicación de los métodos de ponderación, como técnicas de interpretación constitucional que buscan ejercer el control de excesos legislativos, de la arbitrariedad o el abuso de los poderes públicos. De hecho, no se trata de jerarquizar normas constitucionales ni de imponer reglas absolutas y generales se trata de establecer criterios objetivos y verificables para evaluar si la limitación de un derecho se justifica constitucionalmente y si la restricción constituye una forma de afectación de su núcleo esencial que se encuentra prohibida en la Carta. Así, en anterior oportunidad, se dijo que con la ponderación se busca establecer ‘un modelo de preferencia relativa condicionada a las circunstancias especificas de cada caso, de manera que le compete al legislador y a los operadores jurídicos, en el ámbito de sus competencias, procurar armonizar los distintos derechos y principios, y cuando ello no sea posible, es decir, cuando surjan conflictos entre ellos, entrar a definir las condiciones de prevalencia temporal del uno sobre el otro’ (Sentencia T-933 de 2005)…”.

v) En el conflicto de intereses que se presenta entre el peticionario, quien se reputa “propietario actual de buena fe” y la víctima, la Sala, sin desconocer que a favor de este “surgen derechos legítimos”, considera que debe prevalecer “el derecho del statu quo” de la última, dadas las especiales circunstancias que revisten el caso, como se dejó reseñado.

iv) Al respecto no debe olvidarse que de conformidad con lo establecido en el artículo 46 de la Constitución Política, el Estado, la sociedad y la familia deben concurrir a la protección y asistencia de las personas de la tercera edad. A su turno, el artículo 13 consagra que la igualdad de las personas será real y efectiva y que el Estado protegerá especialmente “a aquellas personas que por su condición económica, física o mental se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta”.

Sobre esta materia la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sostenido que (…) algunas personas, en particular, quienes pertenecen a la tercera edad, gozan de lo que se ha denominado un derecho de trato o protección especial. El mencionado derecho apareja, entre otras cosas, la facultad de las personas beneficiadas de solicitar la procedencia inmediata de la acción de tutela cuando, pese a la existencia de otros mecanismos de defensa judicial, queda demostrada una lesión a sus derechos fundamentales que compromete las condiciones de posibilidad de una vida digna. A este respecto, la Corte ha indicado:

“Esta Sala reitera la jurisprudencia de la Corte Constitucional que ha señalado que el titular de un derecho fundamental en condiciones de debilidad manifiesta no está obligado a soportar la carga que implica la definición judicial de la controversia, pues "la inminencia y gravedad del perjuicio y la urgencia e impostergabilidad de las medidas para impedir su consumación" hacen que deba concederse la tutela del derecho (…). 

5. Por lo demás, advierte la Sala que, como lo sostuvo el juzgador de primer grado, el accionante cuenta con otras vías judiciales para reclamar frente a las personas o entidades que, según su criterio, hubiesen lesionado sus derechos.

5(sic). De acuerdo con lo discurrido, se ratificará el fallo objeto de la impugnación.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, contenido y procedencia puntualizados en la motivación que antecede.

Comuníquese a los interesados, por el medio más expedito, el contenido de esta providencia, y remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese».