Sentencia 2012-00608 de octubre 10 de 2016

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN "A"

Radicación: 25000-23-26-000-2012-00608-01(50.249)

Consejero Ponente:

Dr. Carlos Alberto Zambrano Barrera

Actor: Jaime Ulloa Niño y Teresa Abella Palacios

Demandado: Nación Rama Judicial - Dirección ejecutiva de administración judicial

Referencia: Acción de reparación directa.

Bogotá., D.C., diez de octubre de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «Consideraciones

El artículo 183 del Código Contencioso Administrativo, determina la procedencia del recurso ordinario de súplica en los siguientes términos:

"ART. 183.—Modificado. L. 446/98 art. 57. Súplica. El recurso ordinario de súplica procederá en todas las instancias contra los autos interlocutorios proferidos por el ponente.

"Este recurso deberá interponerse dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación del auto, en escrito dirigido a la Sala de que forma parte el ponente, con expresión de las razones en que se funda.

"El escrito se agregará al expediente y se mantendrá en la secretaría por dos (2) días a disposición de la parte contraria; vencido el traslado, el secretario pasará el expediente al despacho del magistrado que sigue en turno al que dictó la providencia, quien será el ponente para resolverlo. Contra lo decidido no procederá recurso alguno".

El auto del 29 de abril de 2015, a través del cual se negó el decreto de pruebas en segunda instancia, es de naturaleza interlocutoria y fue proferido por el consejero ponente, de modo que, de conformidad con la norma transcrita, contra el mismo resulta procedente el recurso de súplica.

Ahora, una vez verificadas las actuaciones procesales surtidas dentro del presente asunto se observa que el recurso ordinario de súplica fue interpuesto de manera oportuna, ya que el auto que negó las pruebas fue notificado por estado el 12 de mayo de 2015 y el término de ejecutoria transcurrió desde el 13 hasta el 15 de los mismos mes y año(5) y el recurso se presentó el 14 de mayo de 2015 (fls. 754 a 772 del cuaderno principal).

De conformidad con el artículo 212 (inciso cuarto) del C.C.A, las partes están facultadas para solicitar el decreto y práctica de pruebas en segunda instancia, dentro del término de ejecutoria del auto que admite el recurso, siempre y cuando se satisfagan los requisitos previstos en el artículo 214 del C.C.A.

Los requisitos exigidos por el artículo 214 del C.C.A. para el decreto de pruebas son los siguientes: (i) que, decretadas en primera instancia, no hubiere sido posible su práctica, sin culpa de la parte que las pidió, pero únicamente para practicarlas o cumplir requisitos de su perfeccionamiento (ii) que versen sobre hechos ocurridos luego de transcurrida la oportunidad para solicitarlas en primera instancia, pero sólo para demostrar o desvirtuar dichos hechos (iii) que se trate de documentos que no hubiere sido posible aportar en primera instancia por fuerza mayor o caso fortuito o por culpa de la contraparte y (iv) que con ellas se pretenda desvirtuar los documentos mencionados anteriormente.

Para el caso que nos ocupa, los actores, con los escritos del 16 de julio y del 12 de diciembre de 2014, del 27 de enero y del 10 de marzo de 2015, respectivamente, allegaron como pruebas las peticiones E-2014-047966 del 9 de junio 2014(6), 2015002115 del 14 de enero(7) y E-2015-004773 del 23 de enero(8) de 2015, en las que consta que le han solicitado a la EAAB la designación de un perito para que realice una visita al predio de ellos y declare que está siendo ocupado por una obra pública de drenaje del alcantarillado de aguas lluvias de Bogotá, así como para que rinda concepto sobre los planos de dicha obra y se actualicen todos los perjuicios, que se les han ocasionado con la ocupación, peticiones a las que dicha empresa no ha dado respuesta, motivo por el que la parte actora instó al despacho para que declarara el silencio administrativo positivo sobre éstas.

Al respectó, debe tenerse presente por el recurrente que no es competencia del juez declarar la ocurrencia del silencio administrativo positivo, como quiera que para hacerlo valer se debe acudir a una notaría, con la constancia o copia de la presentación de la petición que dejó de responderse, para que la eleve a escritura Pública y, una vez protocolizada, pueda producir efectos el silencio administrativo, según lo establece el artículo 42 del C.C.A.

Frente al dictamen pericial solicitado en el escrito del 11 de noviembre de 2014, con el que se busca actualizar los perjuicios causados con ocasión de la obra pública que ocupa el predio de los actores desde 1983 hasta la fecha, no se decretará como prueba en esta instancia, dado que, de llegar a existir perjuicios a favor de la parte actora, éstos serán actualizados en la sentencia, de conformidad con las reglas establecidas para ello por la jurisprudencia de la corporación.

Por otra parte, tampoco se pueden decretar como pruebas en esta instancia los interrogatorios de los señores Sandra Rodríguez, Yaneth Prieto Perilla y Gemma Bordamalo Echeverry, empleados de la EAAB, las 12 fotografías, la petición E2015-015201 que se hizo a la EAAB —construcción de muros de contención de derrumbes— y su respectiva respuesta, con las cuales se pretende demostrar la ocupación del bien inmueble de los demandantes, por cuanto no son pruebas que hayan sido solicitadas en primera instancia dentro de la oportunidad correspondiente; además, la ocupación del predio ocurrió desde antes de presentarse la demanda que originó este proceso y, por tanto, con ellas no busca demostrar hechos acaecidos con posterioridad a la oportunidad que tuvieron las partes para pedir pruebas ante el a quo y tampoco está demostrado que se trate de pruebas que no hayan podido ser aportadas por fuerza mayor o caso fortuito o que estén orientadas a desvirtuar las decretadas con ocasión de los dos supuestos que anteceden.

Así las cosas, queda claro que las pruebas solicitadas en segunda instancia no se ajustan a los parámetros que establece el artículo 214 del Código Contencioso Administrativo; por tanto, no se pueden decretar como tales.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,

RESUELVE:

Primero: CONFÍRMASE el auto suplicado del 29 de abril de 2015.

Segundo: En firme este proveído, DEVUÉLVASE el proceso al despacho del consejero ponente, para que continúe el trámite correspondiente

Notifíquese y cúmplase».

 

5 Folio 818 del cuaderno principal.

6 Folios 632 a 653 del c.pal.

7 Folios 665 a 675 del c.pal.

8 Folios 687 a 702 del c.pal.