Auto 2012-00612 de enero 29 de 2015

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Exp.: 51649

Rad.: 050012333000201200612 01

Actor: Eugenia del Socorro Álvarez Londoño y otro

Demandado: Municipio de Medellín

Referencia: Acción de reparación directa (apelación auto)

Consejero Ponente:

Dr. Ramiro de Jesús Pazos Guerrero

Bogotá D.C., veintinueve de enero de dos mil quince.

«EXTRACTOS: Consideraciones

I. Competencia

9. La Corporación es competente para conocer de esta controversia, dado que la misma supera la cuantía exigida por el artículo 152 de la Ley 1437 de 2011(1). En cuanto a la naturaleza del asunto, al tratarse del recurso de apelación contra el auto del Tribunal Administrativo de Antioquia que rechazó la demanda, este se ajusta a lo dispuesto en el artículo 150 de la misma obra, modificado por el artículo 615 de la Ley 1564 de 2012.

II. Problema jurídico

10. La Sala debe determinar si el medio de control de reparación directa interpuesto por Eugenia del Socorro Álvarez Londoño y Julio César Salazar Echeverri contra el Municipio de Medellín se ejerció dentro del término legal.

III. Análisis de la Sala

11. La figura procesal de la caducidad fue instituida para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, como una sanción jurídica en los eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejerzan en el término establecido. A las partes corresponde asumir la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo establecido por la ley y, de no hacerlo en tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho. Así visto, el fenómeno procesal de la caducidad opera ipso iure o de pleno derecho, no admite renuncia, y el juez debe declararla de oficio cuando verifique la conducta inactiva del sujeto procesal llamado a interponer determinada acción judicial(2).

12. El término de caducidad para las demandas de reparación directa, según el literal i) del numeral 2º del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, es de dos años contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia. Este término, como se sabe, se suspende temporalmente con la solicitud de conciliación extrajudicial, al tenor del artículo 21 de la Ley 640 de 2001.

13. La norma hace referencia a dos momentos para el inicio del cómputo de la caducidad: la ocurrencia de la acción u omisión administrativa que causó el daño, y el conocimiento del daño por parte del afectado, caso en el cual deberá probar la imposibilidad de su conocimiento previo. En efecto, la regla general es que el conteo de la caducidad inicie con la ocurrencia de la acción u omisión de la administración que produjo el daño. Sin embargo, en los casos en que este daño solo se genera o se manifiesta tiempo después de ocurrido el hecho, el término de caducidad deberá contarse a partir de la manifestación objetiva del daño, momento que se denomina nacimiento o consolidación del daño. Y aún más, si el afectado no conoce el daño en el momento de su nacimiento o consolidación, deberá tomarse el momento en que aquel tuvo o debió tener conocimiento del mismo como punto de partida para contabilizar el término de caducidad. Al respecto ha dicho la Sala:

Es posible que, en algunas ocasiones, la concreción o conocimiento del daño sólo se produzca con posterioridad al tiempo de acaecimiento de los hechos dañosos fundamento de la acción, circunstancias en las que se empezará a contar el término de caducidad a partir del momento en que alguna de aquellas tenga ocurrencia, pues, de lo contrario, se estaría cercenando la posibilidad del acceso a la administración de justicia (C.P., art. 228) y, de otra parte, se colocaría a la persona que padece el detrimento en una situación de incertidumbre en relación con la posibilidad de solicitar la reparación del menoscabo padecido(3).

14. Dado que el momento de consolidación del daño puede ser un asunto difícil en atención a las circunstancias fácticas que rodean el caso concreto, el Consejo de Estado ha distinguido entre el daño instantáneo o inmediato y el daño continuado o de tracto sucesivo, y ha precisado que en este último evento el término de caducidad deberá contarse a partir del momento del conocimiento cierto del daño:

La Sección ha destacado la relación existente entre el conteo del término de caducidad, la naturaleza del daño y el momento en que el mismo se configura, a partir de lo cual ha señalado:

“El término de caducidad que se contabiliza a partir de la ocurrencia del daño (“fecha en que se causó el daño”). La identificación de la época en que se configura el daño, ha sido un tema problemático, toda vez que no todos los daños se constatan de la misma forma en relación con el tiempo; en efecto, hay algunos, cuya ocurrencia se verifica en un preciso momento, y otros, que se extienden y se prolongan en el tiempo. En relación con los últimos, vale la pena llamar la atención a la frecuente confusión entre daño y perjuicio que se suele presentar; de ninguna manera, se puede identificar un daño que se proyecta en el tiempo como por ejemplo la fuga constante de una sustancia contaminante en un río, con los perjuicios que, en las más de las veces, se desarrollan e inclusive se amplían en el tiempo, como por ejemplo, los efectos nocivos para la salud que esto puede producir en los pobladores ribereños. En desarrollo de esto, la doctrina ha diferenciado entre (1) daño instantáneo o inmediato; y (2) daño continuado o de tracto sucesivo; por el primero se entiende entonces, aquél que resulta susceptible de identificarse en un momento preciso de tiempo, y que si bien, produce perjuicios que se pueden proyectar hacia el futuro, él como tal, existe únicamente en el momento en que se produce…”.

En consonancia con lo anterior, la Sala ha estimado que el conteo del término de caducidad en la acción de reparación directa debe hacerse en consideración a si el hecho generador del daño produce efectos perjudiciales inmediatos e inmodificables o, por el contrario, dichos efectos son mediatos, prolongados en el tiempo, posición a la que acudió el recurrente como apoyo de su argumentación. Respecto a los hechos que generan efectos perjudiciales inmediatos e inmodificables —aquellos cuyas consecuencias se vislumbran al instante, con rapidez y dejan secuelas permanentes—, la contabilización del término de caducidad de la acción se inicia desde el día siguiente al acaecimiento del hecho, al tenor del numeral 8º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo. Por el contrario, al tratarse de casos relacionados con daños que sólo se conocen de forma certera y concreta con el discurrir del tiempo y con posterioridad al hecho generador, esta circunstancia impone en aras de la justicia que se deba contar el término de caducidad a partir del conocimiento que el afectado tiene del daño(4).

15. Adicionalmente, la Corporación ha considerado necesario diferenciar el daño continuado de los daños sucesivos por causa homogénea, que se producen como efecto de sucesivos hechos u omisiones administrativas, y ha indicado que en estos últimos eventos el término de caducidad corre de manera independiente para cada uno de estos daños:

En el marco de ese mismo universo, ha reconocido la jurisprudencia que ocurren eventos en los cuales los daños pueden provenir de un acontecimiento de agotamiento instantáneo, pero que también puedan —ocasionalmente— provenir de un hecho que se va produciendo de manera paulatina o progresiva y que esas distintas circunstancias se proyectan, también, en el ámbito de la contabilización del término de caducidad de la acción. En el primer caso no cabe duda en cuanto a que el término para interponer la demanda resarcitoria ha de empezar a contabilizarse a partir del día siguiente a aquel en que se produjo el acontecimiento dañoso (y esta constituye la regla general), pero también puede ocurrir que los efectos del daño se agraven con el tiempo, o que fenómenos sucesivos y homogéneos puedan producir daños continuos. En eventos como estos últimos, se ha señalado por la jurisprudencia, que ha de tenerse cuidado de no confundir la producción de daños sucesivos con el agravamiento de los efectos de un mismo daño, pues en este último evento el término para ejercitar la acción debe empezar a contarse desde el acaecimiento del hecho que le dio origen, y no así cuando los daños se producen de manera paulatina como efecto de sucesivos hechos u omisiones, o causas dañosas diversas, en cuyo caso el término para reclamar la indemnización de perjuicios corre de manera independiente para cada uno de los daños derivados de esos sucesivos eventos(5).

16. De acuerdo con lo anterior, no debe confundirse la permanencia de los perjuicios en el tiempo, o la agravación de los mismos, con la existencia de un daño continuado o diversos daños procedentes de distintas causas dañinas, pues ambos supuestos corresponden a fenómenos de caducidad diferentes. Esto es así precisamente porque la caducidad de la acción se contabiliza a partir del momento de la consolidación del daño, que puede darse de forma instantánea, aunque posea perjuicios diferidos o agravados en el tiempo, o de forma paulatina o continua.

17. En síntesis, la caducidad, por regla general, inicia cuando nace o se consolida el daño reclamado, pues antes de la existencia del daño no existe acción indemnizatoria. Si el daño nace de forma instantánea, la caducidad inicia concomitantemente, a pesar que los perjuicios se extiendan o agraven con el tiempo. Si el daño se consolida de forma sucesiva o continua, el inicio del cómputo de la caducidad se postergará hasta el momento en que se tenga o se deba tener conocimiento cierto del daño, sin que se confunda el nacimiento del daño con la permanencia o agravación en el tiempo de los perjuicios generados por un daño ya consolidado y conocido. Y finalmente, si se presentan daños sucesivos por una misma causa nociva, la caducidad deberá correr independiente para cada uno de estos eventos sucesivos.

18. En el presente caso, están acreditados los siguientes hechos:

18.1. El 16 de agosto de 2001, en el marco del proceso hipotecario iniciado por el Banco Colmena, S.A. contra Julio César Salazar Echeverry y María Eugenia Álvarez de Salazar, el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Medellín libró mandamiento de pago a favor de la entidad bancaria y en contra de los demandados, y decretó el embargo del bien inmueble gravado con hipoteca, identificado con el folio de matrícula 001-602293 (fl. 16, cdno. 1).

18.2. El 5 de diciembre de 2005, la Inspección Primera Civil Especializada de Medellín, por orden del Juzgado Quinto Civil del Circuito, llevó a cabo la diligencia de embargo y secuestro del inmueble identificado con el folio de matrícula 001-602293, que comprende los locales comerciales ubicados en la carrera 47 n.° 49ª-16, 18, 22, 24 y 28. A esta diligencia se opuso el señor Alejandro Salazar Álvarez, quien alegó ser poseedor y arrendador de los locales. Se designó como secuestre a la señora Gilma Beltrán Prada y se le asignó la función de administrar los locales (fl. 18, cdno. 1).

18.3. El 10 de noviembre de 2008, el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Medellín ordenó el relevo de la secuestre Gilma Beltrán Prada, debido a que el Consejo Superior de la Judicatura había informado que dicha persona aparecía excluida de la lista de auxiliares de la justicia, y se designó como reemplazo al señor Néstor Giraldo Hincapié (fl. 20, cdno. 1).

18.4. El 20 de noviembre de 2008, la Inspección de Permanencia Uno de la Secretaría de Gobierno de Medellín, por orden del Juzgado Quinto Civil del Circuito, llevó a cabo la diligencia de embargo y secuestro del inmueble identificado con el folio de matrícula 001-602293, que comprende los locales comerciales ubicados en la Carrera 47 n.° 49ª-16, 18, 22, 24 y 28. A la diligencia se opuso el señor Alejandro Salazar Álvarez, quien manifestó ser poseedor y arrendador de los locales. Se posesionó como secuestre al señor Guillermo Bermúdez Muñoz y se le asignó recaudar los cánones de arrendamiento y administración de los locales (fl. 17, cdno. 1).

18.5. El señor Guillermo Bermúdez Muñoz, secuestre del proceso ejecutivo, celebró contratos de arrendamiento de local comercial con Gabriel Ayala Delgado, por un valor de $ 2.100.000 mensuales (fls. 41-52, cdno. 1), y Jaime Darío González Restrepo, por un valor de $ 2.600.000 mensuales (fls. 53-64, cdno. 1). Según los oficios allegados al proceso, el secuestre recaudó los cánones de arrendamiento entre diciembre de 2008 y septiembre de 2010 (fls. 65-102, cdno. 1).

18.6. El 12 de marzo de 2010, el Juzgado Quinto Civil del Circuito dejó constancia de que a la fecha el nombrado secuestre no había presentado cuentas de su gestión y lo requirió para que procediera a ello (fl. 104, cdno. 1).

18.7. El 17 de marzo de 2010, Eugenia del Socorro Álvarez y Julio César Salazar, por intermedio de apoderado, solicitaron del Consejo Superior de la Judicatura información sobre el señor Guillermo Bermúdez Muñoz, en vista de que no había rendido cuentas de su gestión al Juzgado ni había puesto a disposición de este los dineros recaudados por concepto de arrendamiento de los locales objeto de gravamen (fl. 103, cdno. 1).

18.8. El 24 de marzo de 2010, la Dirección Seccional de Administración Judicial del Consejo Superior de la Judicatura informó que el secuestre Bermúdez Muñoz no figura en la lista de auxiliares de la justicia (fl. 105, cdno. 1).

18.9. El 23 de abril de 2010, el Juzgado Quinto Civil del Circuito remitió las copias del incidente de exclusión del supuesto auxiliar de la justicia a la Fiscalía General de la Nación (fl. 106, cdno. 1).

18.10. El 27 de julio de 2010, el Juzgado Quinto Civil del Circuito llevó a cabo la diligencia de remate 3180222 sobre el bien inmueble objeto de litigio, avaluado en $ 3.299.114.158, que fue adjudicado a Iván Darío Palacio Campuzano, único ofertante, por la suma de $ 1.649.600.000 (fls. 23-26, cdno. 1).

18.11. El 21 de noviembre de 2010, la Inspección de Permanencia Tres de la Secretaría de Gobierno de Medellín, por orden del Juzgado Quinto Civil del Circuito, llevó a cabo la diligencia de entrega de inmueble al apoderado del ofertante comprador. No obstante, debido a la oposición de terceros se aplazó la entrega del bien para el 6 de diciembre de 2010 (fls. 108-112, cdno. 1).

19. Ahora bien, la Sala encuentra que el hecho que se reputa dañino en la demanda es el nombramiento, por parte de la Inspección de Permanencia de la Secretaría de Gobierno Municipal, de un secuestre que no figuraba en la lista de auxiliares de la justicia, así como la falta de control y vigilancia sobre la gestión del mencionado secuestre. A su vez, el daño invocado por los demandantes corresponde a las pérdidas económicas que les supuso la apropiación de los cánones de arrendamiento de sus locales comerciales por parte de este supuesto auxiliar de la justicia, dado que el no ingreso de esos dineros al proceso les impidió cubrir sus obligaciones bancarias.

20. La Sala observa en el expediente un oficio suscrito por el supuesto secuestre Guillermo Bermúdez Muñoz, en el cual consta que recaudó de parte de Gabriel Ayala Delgado (Almacén La Moda) la suma de $ 2.100.000 por concepto de canon de arrendamiento correspondiente al periodo del 1º de septiembre al 1º de octubre de 2010 (fl. 102, cdno. 1).

21. Así las cosas, pese a que la diligencia de remate y adjudicación de bienes se realizó el 27 de julio de 2010 y que desde entonces el secuestre debió perder todo control sobre la administración de los locales, la prueba documental allegada al proceso demuestra lo contrario, esto es, que el daño alegado en la demanda (la apropiación indebida de dineros por parte del secuestre) se prolongó por lo menos hasta el 1º de septiembre de 2010, pues así lo registra un documento que lleva su firma y cuya autenticidad no ha sido puesta en duda por la demandada. A diferencia del Tribunal a quo, que entendió que el daño cesó el 27 de julio de 2010 (con lo cual prejuzgó el asunto al presumir consolidado el daño), la Sala considera que si bien no hay certeza sobre la ocurrencia del daño, aquel alegado en la demanda se extendió al menos hasta la fecha antes indicada (1º de septiembre de 2010).

22. En consecuencia, dado que el presunto daño se prolongó hasta el 1º de septiembre de 2010 y la solicitud de conciliación extrajudicial se presentó el 2 de agosto de 2012, la Sala encuentra que la demanda fue interpuesta en el término legal y dispondrá la revocatoria del auto que la rechazó.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B,

RESUELVE:

1. REVOCAR el auto del 17 de junio de 2014, mediante el cual el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Oralidad, rechazó el medio de control de reparación directa por haber operado la caducidad.

2. En firme esta decisión, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

1 En efecto, la mayor pretensión asciende a la suma de $ 394.008.813 (fl. 5, cdno. 1), cifra que resulta superior a los 500 smlmv exigidos para que el medio de control de la reparación directa tenga vocación de doble instancia ante esta corporación.

2 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 7 de julio de 2011, exp. 22462, C.P. Gladys Agudelo Ordoñez.

3 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 22 de marzo de 2007, exp. 32935, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.

4 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 25 de agosto de 2011, exp. 20316, C.P. Hernán Andrade Rincón.

5 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 10 de marzo de 2011, exp. 20109, C.P. Hernán Andrade Rincón.