Auto 2012-00631 de abril 30 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Consejera Ponente:

Dra. Susana Buitrago Valencia

Radicación: 25000-23-27-000-2012-00631-01

Actor: Departamento de Cundinamarca

Demandado: Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones

Bogotá, D.C., treinta de abril de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Se considera

Para determinar la autoridad judicial competente para conocer de esta acción, es preciso traer a colación el artículo 835 del estatuto tributario, norma aplicable a los cobros en jurisdicción coactiva(1), que establece:

Intervención del contencioso administrativo. Dentro del proceso de cobro administrativo coactivo, sólo serán demandables ante la jurisdicción contencioso - administrativa las resoluciones que fallan las excepciones y ordenan llevar adelante la ejecución; la admisión de la demanda no suspende el proceso de cobro, pero el remate no se realizará hasta que exista pronunciamiento definitivo de dicha jurisdicción”.

De acuerdo con la norma transcrita, se tiene que solo serán objeto de control jurisdiccional las decisiones que resuelven las excepciones y ordenan seguir adelante con la ejecución, y la acción idónea para su control es la de nulidad y restablecimiento del derecho(2).

Como la presente demanda fue presentada el 10 de mayo de 2012, antes de entrada en vigencia de la Ley 1437 de 2011, se deberán atender a las reglas de competencias del Código Contencioso Administrativo y el reglamento de esta corporación.

Según el artículo 13 del Acuerdo 58 de 1999(3) la distribución de los asuntos entre las diferentes Secciones del Consejo de Estado, y para los efectos concretos de la Sección Quinta, dispone:

“Para efectos de repartimiento, los negocios de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así:

(…).

Sección Quinta

1. Los procesos de simple nulidad contra actos de contenido electoral.

(…).

5. Los recursos incidentes y demás aspectos relacionados con los procesos ejecutivos por jurisdicción coactiva.

(…)” (resaltado fuera del texto original).

Según la anterior norma, en principio, esta Sección sería competente para conocer de los recursos, incidentes y demás aspectos relacionados proferidos en los procesos de jurisdicción coactiva que adelanta la administración; sin embargo, en este caso debe precisarse que la controversia que plantea la demanda no se da al interior del proceso de jurisdicción coactiva sino que se realiza en ejercicio de la acción de nulidad que el Código Contencioso Administrativo, estableció para controvertir la legalidad de los actos administrativos.

A pesar de lo anterior, de conformidad con el artículo 37 de la Ley 446 de 1998 el Consejo de Estado carece de competencia en materia de jurisdicción coactiva porque el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo, se modificó en el sentido de establecer que la Sala de lo Contencioso Administrativo únicamente conocería en segunda instancia de las apelaciones de sentencias y autos, y el recurso de queja, así como del grado jurisdiccional de consulta, en asuntos diferentes a los juicios por jurisdicción coactiva.

Dicha función fue asignada a los tribunales administrativos, según el numeral 2º del artículo 133 del Código Contencioso Administrativo(4), que en segunda instancia le atribuyó la competencia para conocer de las apelaciones contra el mandamiento de pago, la sentencia de excepciones, el auto aprobatorio de liquidación de crédito y el auto que decrete nulidades procesales, en los procesos por jurisdicción coactiva en cuantía superior a 500 salarios mínimos legales mensuales.

Por su parte, según el numeral 1º del artículo 134C ibídem(5), los juzgados administrativos conocerán en segunda instancia de los asuntos cuya cuantía no supere los 500 salarios mínimos legales mensuales”(6).

Así las cosas, es necesario determinar si esta corporación tiene competencia, en segunda instancia, para conocer del recurso de apelación presentado por el demandante, en la presente acción y para ello se debe considerar que según el artículo 132, numeral 3º del Código Contencioso Administrativo:

Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia. Los tribunales administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos:

(…).

3. De los de nulidad y restablecimiento del derecho en que se controviertan actos administrativos de cualquier autoridad, cuando la cuantía exceda de trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales”.

El mandamiento de pago dictado en el proceso de jurisdicción coactiva adelantado por el Foncep contra el departamento de Cundinamarca, que se cuestiona, se libró por la suma de $ 14.860.669 más los intereses moratorios causados, valor que fue confirmado en la Resolución CC 2121 de 17 de noviembre de 2011 “Por medio de la cual se resuelve el recurso de apelación en contra de la Resolución 4 del 25 de mayo de 2011”.

La suma mencionada equivale a 26.22 salarios mínimos del año 2012(7), fecha en la que se presentó la demanda, lo que implica que si fuere una acción de nulidad y restablecimiento del derecho, como lo entendió el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sería de competencia, en primera instancia, de los jueces administrativos de Bogotá, que según el artículo 134 B, numeral 3º del Código Contencioso Administrativo conocen de los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho en que se controviertan actos administrativos de cualquier autoridad, cuando la cuantía no exceda de trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales.

Por las anteriores razones, por auto de ponente(8), se declarará la nulidad de lo actuado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “B”, en virtud de la falta de competencia funcional, por factor cuantía, que se da en el presente asunto, y disponer la remisión del expediente a los juzgados administrativos del Circuito de Bogotá (reparto).

En mérito de lo expuesto, se

RESUELVE:

1. Declarar la nulidad de todo lo actuado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca desde el auto del 6 de septiembre de 2012, inclusive, por carecer de competencia funcional.

2. Remitir el proceso de la referencia a los juzgados administrativos del Circuito de Bogotá (reparto), para que se pronuncien sobre la demanda presentada por el departamento de Cundinamarca.

Notifíquese y cúmplase.»

(1) Ley 1066 de 2006. Artículo 5º. Facultad de cobro coactivo y procedimiento para las entidades públicas. Las entidades públicas que de manera permanente tengan a su cargo el ejercicio de las actividades y funciones administrativas o la prestación de servicios del Estado colombiano y que en virtud de estas tengan que recaudar rentas o caudales públicos, del nivel nacional, territorial, incluidos los órganos autónomos y entidades con régimen especial otorgado por la Constitución Política, tienen jurisdicción coactiva para hacer efectivas las obligaciones exigibles a su favor y, para estos efectos, deberán seguir el procedimiento descrito en el estatuto tributario.

(…).

(2) Auto del 5 de julio de 2007. Radicación 11001-00-00-000-2002-02162- 01(16464). C.P. doctor: Juan Ángel Palacio Hincapié. Actor: Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil. Demandado: Municipio de Palmira.

(3) Modificado por el artículo 1º del Acuerdo 55 de 2003.

(4) Modificado por el artículo 41 de la Ley 446 de 1998.

(5) Adicionado por el artículo 42 de la Ley 446 de 1998.

(6) Sobre el tema ver auto del 29 de mayo de 2013, C.P. doctor: Alberto Yepes Barreiro. Expediente 110010324000201300138-00. Demandante: Efraín Peñuela Pulido. Demandado: Ministerio de Salud y Protección Social.

(7) Según el Decreto 4919 del 26 de diciembre de 2011. Salario mínimo del año 2012 $ 566.700 mensuales.

(8) Ley 1395 de 2010. Artículo 61. El Código Contencioso Administrativo tendrá un nuevo artículo, cuyo texto será el siguiente:

ART. 146A.—Las decisiones interlocutorias del proceso, en única, primera o segunda instancia, proferidas por los tribunales administrativos y el Consejo de Estado, serán adoptadas por el magistrado ponente.

Sin embargo, las decisiones a que se refieren los numerales 1º, 2º, 3º del artículo 181 serán de Sala excepto en los procesos de única instancia.