Auto 2012-00665/20467 de noviembre 26 de 2015

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejera ponente:

Dra. Martha Teresa Briceño de Valencia

Rad.: 19001-23-33-000-2012-00665-01 [20467]

Actor: ISAGEN S.A. ESP

Demandado: Municipio de Caloto

Apelación auto que decretó la suspensión provisional.

Bogotá, D.C., veintiséis de noviembre de dos mil quince.

Auto.

Se decide el recurso de apelación interpuesto por la demandada contra la providencia de 19 de junio de 2013 del Tribunal Administrativo del Cauca, que decretó la suspensión provisional de los actos acusados.

Antecedentes.

La Tesorería Municipal de Caloto profirió la Liquidación Oficial de Revisión 15 de 13 de febrero de 2012, por la cual modificó los valores registrados por ISAGEN S.A. ESP en las declaraciones privadas del impuesto de industria y comercio correspondiente al mes de diciembre de 2008 y los años gravables 2009 y 2010.

La contribuyente, en cumplimiento de lo dispuesto en los numerales 4º y 5º del artículo 837-1 del E.T., el 3 de abril de 2012, entregó a la Tesorería Municipal de Caloto póliza 0713352-8 otorgada por Suramericana de Seguros, por un valor de $1.600.000.000, con el objeto de garantizar el pago de los impuestos y todos los recargos que llegaren a surgir en caso de que resulte vencida en el proceso de liquidación del impuesto.

Contra la liquidación oficial de revisión se interpuso recurso de reconsideración, el cual fue resuelto mediante la Resolución 34 de 8 de mayo de 2012, notificada el 8 de junio de 2012.

El municipio de Caloto, en Resolución 36 de 9 de junio de 2012, libró mandamiento de pago en contra de ISAGEN por un valor de $770.357.644 y aprobó la póliza 0713352 constituida por la deudora.

ISAGEN formuló las excepciones de falta de ejecutoria del título ejecutivo, inexistencia de la obligación y otorgamiento de la caución. Sin embargo, la administración municipal, en Resolución 43 de 17 de julio de 2012, las declaró no probadas y ordenó seguir adelante la ejecución y el remate de los bienes embargados, haciendo efectiva la garantía prestada.

Contra esa decisión se interpuso el recurso de reposición. En Resolución 81 de 20 de septiembre de 2012 se resolvió el recurso en el sentido de confirmar.

El 23 de octubre de 2012, la Tesorería Municipal de Caloto solicitó, por escrito, a Seguros Generales Suramericana “expedir cheque de gerencia o realizar transferencia de fondos a la cuenta corriente 04300410-0 del Banco de Occidente y a favor del Municipio de Caloto… por valor de Mil trece millones seiscientos cuarenta y tres mil ocho pesos con 0.10 m/cte ($1.013.643.008,10)”. Además, le advirtió que si no cumplía con lo ordenado, dentro de los tres (3) días siguientes a su recibo, procedería a decretar medida cautelar de embargo a sus cuentas corrientes y de ahorros y el posterior remate(1).

Demanda.

ISAGEN S.A. ESP, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo- Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, mediante apoderado, solicitó la nulidad de las Resoluciones 43 del 17 de julio y 81 del 20 de septiembre, ambas del 2012. A título de restablecimiento del derecho pidió que se dé por terminado el proceso de cobro coactivo adelantado en su contra.

En capítulo separado de la demanda, solicitó la suspensión provisional de las citadas resoluciones.

El 28 de septiembre de 2012, se presentó la demanda y correspondió conocer al Tribunal Administrativo del Cauca. Para tramitar la medida cautelar se abrió cuaderno separado.

En auto de 15 de marzo de 2013 se admitió la demanda y se ordenó practicar las notificaciones respectivas. En esa misma fecha, en providencia separada, se corrió traslado a la parte demandada para que se pronunciara sobre la medida cautelar solicitada.

El ente territorial demandado se opuso a la medida cautelar pedida. El Tribunal, en providencia de 19 de junio de 2013, decretó la suspensión provisional de los actos acusados. El municipio de Caloto interpuso oportunamente recurso de apelación.

La Solicitud de Suspensión Provisional.

La parte demandante, en capítulo separado de la demanda, solicitó la suspensión provisional de los efectos de las resoluciones acusadas, teniendo en cuenta las siguientes razones:

La administración municipal debió aplicar los artículos 829 [4º], 831 [3º, 5º], 833 y 837-1 [adicionado por la L. 1066/06] del Estatuto Tributario, toda vez que los actos administrativos que sirven de título ejecutivo fueron oportunamente demandados ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y el proceso está en curso en el Tribunal Administrativo del Cauca, lo que significa que mientras no se adopte fallo definitivo el título no está ejecutoriado.

Así que demostrada la presentación y admisión de la demanda, lo procedente era aceptar la excepción propuesta y declarar terminado el proceso ejecutivo o por lo menos el levantamiento de las medidas cautelares decretadas. El ente municipal no dio importancia al hecho probado de la admisión de la demanda contra el título ejecutivo ni a la póliza aportada con la que se garantiza el pago de las sumas en discusión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 837-1 del ET.

Adicionalmente, advirtió que el mandamiento de pago se expidió antes de que se agotara la vía gubernativa respecto de los actos que determinaron el tributo, ya que la Resolución 36 de 9 de junio de 2012 [mandamiento de pago] se notificó el 25 de junio siguiente y la Resolución 34 —que agotó la actuación administrativa— se notificó con posterioridad.

Concluyó que, en este caso, procede la suspensión de los efectos de las resoluciones demandadas por violación flagrante de las normas superiores a las cuales debieron someterse.

Oposición.

El municipio de Caloto, mediante apoderado, se opuso a la prosperidad de la medida cautelar. Sostuvo que los actos acusados se expidieron bajo los parámetros jurídicos establecidos en el Estatuto Tributario para el proceso de cobro coactivo y con respeto del debido proceso.

Los actos administrativos que sirven de fundamento para el cobro coactivo están ejecutoriados, por lo que es razonable acudir al procedimiento de cobro.

Aclaró además que Isagen S.A. ESP no aportó las pruebas necesarias para sustentar en debida forma las excepciones propuestas y no podía el funcionario ejecutor declarar probada una excepción de oficio. Así que no existe fundamento jurídico para ordenar la terminación del proceso.

En cuanto a las medidas preventivas, advirtió que ese supuesto de hecho no se cumple porque en el proceso de cobro adelantado no se decretaron debido a que el monto de la obligación se garantizó —antes de que se exigiera su pago— con la póliza 0713352-8 por $1.600.000.000, otorgada por Seguros Generales Suramericana S.A.

Por lo anterior, solicitó al juez de primera instancia que se abstuviera de decretar la suspensión de los actos demandados.

El Auto Apelado.

El Tribunal Administrativo del Cauca, en providencia de 19 de junio de 2013, accedió a la solicitud de suspensión provisional. Como fundamento expuso:

Previo a resolver advirtió que la oposición a la solicitud de medida cautelar presentada por el municipio demandado fue extemporánea, razón por la cual no la tuvo en cuenta.

Después de hacer un recuento de los hechos que dieron origen a la demanda y de las normas y jurisprudencia aplicables al caso, concluyó que “los actos que sirven de fundamento al cobro coactivo, al momento que este inicie, deben estar ejecutoriados, porque de lo contrario, se puede configurar la causal de excepción denominada falta de ejecutoria del título”.

En el caso concreto, encontró que en la fecha en que el municipio de Caloto profirió el mandamiento de pago [9/06/2012] inició el término para demandar los actos de determinación del ICA, así que no era posible alegar la excepción de interposición y admisión de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho porque aún no se había presentado. La demanda se radicó el 26 de septiembre de 2012.

Sin embargo, la contribuyente si alegó la excepción de falta de ejecutoria del título precisamente porque aún estaba en tiempo para ejercer la respectiva acción, razón por la cual el municipio demandado debió declarar probada la referida excepción. Al no hacerlo transgredió lo dispuesto en los artículos 831 [3] y 833 del E.T.

No es acertada la interpretación de la Tesorería del ente territorial en cuanto a que era suficiente que se confirmara la liquidación de revisión para hacer exigible el título, sin tener en cuenta el derecho de la sociedad de demandar la nulidad de los actos de determinación y el resultado del proceso judicial definirá si existe título base del proceso de cobro.

El Recurso.

El municipio de Caloto, por intermedio de apoderado, interpuso recurso de apelación —en tiempo— contra la providencia que accedió a decretar la medida cautelar. Como argumentos para sustentar su inconformidad señaló los siguientes:

No es cierto que la oposición a la medida cautelar fuera extemporánea como lo afirmó el Tribunal, siendo esa la razón por la cual no tuvo en cuenta el escrito.

Frente a la consideración del a quo de que la excepción de falta de ejecutoria del título estaba demostrada porque al proferirse el mandamiento de pago, el título aún no estaba ejecutoriado, precisó que la ejecutoria de los actos administrativos de determinación de impuestos siguen las reglas del Estatuto Tributario, artículo 829 [1], según el cual la ejecutoria se alcanza cuando contra ellos no proceda recurso alguno.

En este asunto es aplicable lo dispuesto en la referida norma, puesto que contra la liquidación oficial se interpuso el respectivo recurso y se decidió en forma definitiva, lo que lleva a la ejecutoria del título. Esa postura está respaldada por la respuesta de 9 de agosto de 2007 dada por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado a una consulta(2), en la que se indicó:

“(…) Bajo este contexto hay que entender que cuando el numeral 5º del artículo 831 del E.T. dispone que la interposición de demandas de restablecimiento de derecho o de revisión de impuestos debe ser considerada como una de las excepciones contra el mandamiento de pago, lo hace, no porque la formulación de la demanda signifique que el acto que se impugna no esté ejecutoriado, sino porque con la acción se suspende la ejecución del mismo”.

Así que debe distinguirse entre causa y efecto, la ejecutoria del título se consigue con el agotamiento de la vía gubernativa y esa condición no depende de que se interponga demanda. Diferente es que con posterioridad a la interposición de la demanda el efecto jurídico es la suspensión de la ejecutoria, pero para lograr tal efecto debe estar probado en el procedimiento de cobro coactivo que se demandó.

La prosperidad de las excepciones interpuestas contra el mandamiento de pago depende de que estén demostradas conforme a los parámetros legales y jurisprudenciales en materia tributaria. De manera que, para el caso concreto el deudor debió presentar copia certificada del auto admisorio de la demanda contra el título ejecutivo y constancia del despacho judicial de que el proceso se encontraba en trámite, pero como no lo hizo ni en la demanda ahora interpuesta obra la referida prueba, el Tribunal no podía conceder la medida cautelar.

Por lo anterior, solicitó que se tenga como presentada en tiempo la oposición a la solicitud de medida cautelar, radicada el 24 de abril de 2013 en el Tribunal Administrativo del Cauca y, en consecuencia, se estudie su contenido.

Asimismo, pidió la revocatoria del auto apelado y que, en su lugar, se niegue la medida provisional, teniendo en cuenta los argumentos de la oposición y del recurso de apelación.

Oposición al Recurso.

El apoderado de la demandante sostiene que le asiste razón al a quo al no tener en cuenta el escrito de oposición de la medida cautelar, puesto que el término de traslado venció el 24 de abril de 2013 y el municipio de Caloto presentó la oposición el día siguiente, el 25 de abril.

En cuanto a la falta de ejecutoria del título, precisó que, de acuerdo con el artículo 829 [4º] del ET, los actos administrativos quedan ejecutoriados “4. Cuando los recursos interpuestos en la vía gubernativa o las acciones de restablecimiento del derecho o de revisión de impuestos se hayan decidido en forma definitiva, según el caso”.

Explicó que la norma transcrita consagra dos opciones para que los actos administrativos que sirven de fundamento al cobro coactivo se entiendan ejecutoriados. La primera, cuando los recursos interpuestos en vía gubernativa se decidan definitivamente y no admitan acción alguna.

La segunda se presenta cuando las acciones de restablecimiento del derecho o de revisión de impuestos se hayan decidido en forma definitiva. En esta opción se encuadra el caso que se discute, dado que el periodo de caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho vencía el 8 de octubre de 2012, y las excepciones se radicaron el 13 de junio de 2012, es decir dentro del plazo para demandar. Así que el título aún no estaba ejecutoriado, así se encontrara en firme.

Por lo anterior, solicitó que se confirme la extemporaneidad del escrito de oposición a la solicitud de medida cautelar y el decreto de la medida cautelar.

Para Resolver se Considera.

Corresponde al Despacho resolver el recurso de apelación interpuesto contra el Auto de 19 de junio de 2013. Concretamente deberá determinarse si procede decretar la medida cautelar de suspensión provisional de los efectos de los actos acusados solicitada por la demandante. Para el efecto se hará una breve referencia a las generalidades de las medidas cautelares en el nuevo código para luego resolver el caso en particular.

1. Generalidades de las Medidas Cautelares en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo- (CPACA) regula las medidas cautelares en los artículos 229 a 241. El artículo 229 le da una amplia facultad al juez para que decrete las medidas cautelares que estime necesarias para proteger y garantizar, temporalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia.

En esa misma disposición se indica que las medidas cautelares proceden: (i) en cualquier momento, (ii) a petición de parte —debidamente sustentada— y (iii) en todos los procesos declarativos promovidos ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Solo se le permite al juez de oficio decretar medidas cautelares en procesos que busquen la defensa de los derechos e intereses colectivos.

El artículo 230 ib. clasifica las medidas cautelares en preventivas [num. 4º], conservativas [num. 1º primera parte] y anticipativas o de suspensión [nums. 1º segunda parte, 2 y 3].

Los artículos 231 a 233 ib. determinan los requisitos, la caución y el procedimiento para decretar las medidas cautelares, normas aplicables cuando se solicita la adopción de alguna de las enunciadas en el artículo 230.

Como requisitos para que proceda una medida cautelar se resaltan, los siguientes [art. 231]:

— Que la demanda esté razonablemente fundada en derecho.

— Que el demandante haya demostrado, aunque sea sumariamente, la titularidad del derecho o de los derechos invocados.

— Que el demandante haya presentado los documentos, informaciones, argumentos y justificaciones que permitan concluir, mediante un juicio de ponderación de intereses, que resultaría más gravoso para el interés público negar la medida cautelar que concederla.

— Que, adicionalmente, se cumpla una de las siguientes condiciones:

a) Que al no otorgarse la medida se cause un perjuicio irremediable, o

b) Que existan serios motivos para considerar que de no otorgarse la medida los efectos de la sentencia serían nugatorios.

La norma en su parte inicial [art. 231] señala que cuando se pide la nulidad de un acto administrativo, la suspensión provisional de sus efectos procede por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se presente en escrito separado. Cuando además se pretende el restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios, deben probarse la existencia de los mismos.

El artículo 232 le impone al solicitante de la medida cautelar que preste una caución para garantizar los perjuicios que se puedan producir con la medida cautelar. No se requiere caución cuando: (i) se solicita suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo; (ii) se trate de procesos que tengan por finalidad la defensa y protección de los derechos e intereses colectivos; (iii) sean procesos de tutela y (iv) la solicitante de la medida cautelar sea una entidad pública.

2. Caso concreto.

La demandante considera que procede la medida cautelar de suspensión provisional de los efectos de los actos acusados dictados en el proceso de cobro coactivo adelantado en su contra por el municipio de Caloto para hacer efectivos los valores determinados oficialmente por impuesto de industria y comercio del mes de diciembre de 2008 y los años gravables 2009 y 2010.

El fundamento de la solicitud es que los actos administrativos que sirven de título ejecutivo fueron demandados ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y que del proceso está conociendo el Tribunal Administrativo del Cauca, de manera que mientras no se adopte fallo definitivo el título no está ejecutoriado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 829 [4], 831 [3, 5], 833 y 837-1 [adicionado por la L. 1066/06] del Estatuto Tributario.

En primera lugar, la Sala considera que no es necesario ahondar en la discusión de si las excepciones de “falta de ejecutoria del título” y de “interposición de demandas de restablecimiento del derecho o de proceso de revisión de impuestos, ante la jurisdicción de los contencioso administrativo”, consagradas en el artículo 831 del ET, fueron probadas oportunamente ante la administración municipal, pues ello corresponde hacerlo al juzgador de primera instancia al momento de fallar.

En esta etapa procesal corresponde verificar simplemente si están dadas las condiciones para acceder a la medida cautelar. Se observa que la solicitud cumple con los requisitos indicados en los numerales 1º a 3º del artículo 231 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, puesto que la demanda está sustentada en derecho, la demandante es la titular de los derechos presuntamente conculcados y aportó soportes documentales para justificar la necesidad de la medida cautelar.

No obstante, los anteriores requisitos no son suficientes puesto que de acuerdo con el numeral 4º del artículo 231 debe advertirse además la existencia de un perjuicio irremediable o que los efectos de la sentencia que se dicte sean nugatorios en caso de no accederse a la medida cautelar. En efecto, la Sala deberá establecer el posible perjuicio que podría sufrir la demandante si el municipio de Caloto continúa con el cobro coactivo.

De la revisión del expediente se encuentra que efectivamente ISAGEN, el 26 de septiembre de 2012(3), radicó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra las Resoluciones 15 de 13 de febrero y 34 de 8 de mayo, ambas de 2012, por las cuales se determinó el ICA [periodos dic/08, 2009 y 2010](4).

Igualmente, de la revisión del Software de Gestión Judicial se observa que el proceso se radicó con el número 19001-23-33-000-2012-00573-00 en el Tribunal Administrativo del Cauca que lo tramitó en primera instancia y mediante Sentencia de 12 de junio de 2014 accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. El expediente se remitió a esta Sección para resolverse el recurso de apelación, es decir que se está tramitando la segunda instancia.

Teniendo en cuenta lo anterior, puede concluirse que está en discusión ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo la legalidad de los actos de determinación del tributo, que constituyen el título ejecutivo para adelantar el cobro coactivo de las sumas establecidas por la administración municipal.

Ahora bien, esta Sala, en un caso similar al ahora debatido, respecto a la ejecutoria del título ejecutivo cuando es demandado en nulidad y restablecimiento del derecho, indicó lo siguiente(5):

“El Estatuto Tributario, en el Título VIII, artículos 823 a 843-2, regula el proceso de cobro coactivo. En el artículo 828 relaciona los documentos que prestan mérito ejecutivo, entre los que están “Las liquidaciones oficiales ejecutoriadas”.

Dado que estos documentos son actos administrativos que sirven de título ejecutivo, el artículo 829 ib, indica cuándo se entienden ejecutoriados, así:

“ART. 829.—Ejecutoria de los actos. Se entienden ejecutoriados los actos administrativos que sirven de fundamento al cobro coactivo:

“1. Cuando contra ellos no proceda recurso alguno.

“2. Cuando vencido el término para interponer los recursos, no se hayan interpuesto o no se presenten en debida forma.

“3. Cuando se renuncie expresamente a los recursos o se desista de ellos, y

“4. Cuando los recursos interpuestos en la vía gubernativa o las acciones de restablecimiento del derecho o de revisión de impuestos se hayan decidido en forma definitiva, según el caso”.

En oportunidad anterior(6), frente al numeral 4º de la norma transcrita, la Sala precisó:

Esta disposición crea una situación especial frente a la regla común sobre la fuerza ejecutoria de los actos administrativos, contenida en el artículo 62 del Código Contencioso Administrativo, según la cual, la ejecutoriedad de los mismos surge de su firmeza en sede administrativa, por cualquiera de los eventos señalados en ese artículo, de suerte que el sólo ejercicio de las acciones contencioso administrativas en su contra no afecta su obligatoriedad y fuerza ejecutoria. Esa situación especial contemplada en la norma tributaria, significa entonces lo contrario, que el uso de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho sí impide la ejecutoriedad del acto administrativo demandado, de tal manera que ella surge una vez se dicte la sentencia que ponga fin a dicha acción en caso de que no prosperen las pretensiones de la demanda, es decir, que no se declare la nulidad del acto(7).

En otras palabras, el numeral 4º del artículo 829 del Estatuto Tributario establece una regla especial para la ejecutoria de los actos administrativos que sirven de título ejecutivo, siempre y cuando hayan sido objeto de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, según la cual, tales actos se entenderán ejecutoriados una vez la jurisdicción de lo contencioso administrativo decida de manera definitiva su legalidad.

Por lo anterior, no son de recibo los argumentos expuestos por el municipio recurrente, en relación con la ejecutoriedad de la liquidación de aforo por la sola interposición del recurso de reconsideración.

Además, debe precisarse que el numeral 4º del artículo 829 del Estatuto Tributario, objeto de análisis, tampoco prevé “opciones excluyentes”, pues la norma no impide al contribuyente acudir a la jurisdicción contencioso administrativa, lo que debe verificar es que los recursos de la vía gubernativa se hayan decidido en forma definitiva y, en caso de haber interpuesto demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos que decidieron los recursos, se haya proferido sentencia, por eso la norma aclara al decir, “según el caso”.

De las consideraciones transcritas se concluye que, según lo dispuesto en el numeral 4º del artículo 829 del E.T., cuando se acude a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en ejercicio de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra las resoluciones que fijan un tributo, la ejecutoriedad de esos actos surge al dictarse la sentencia definitiva, siempre que sea desfavorable a las pretensiones del demandante.

Entonces en el evento de que se nieguen las pretensiones, el título ejecutivo [actos de liquidación oficial] surte plenos efectos y la administración tributaria podrá continuar con el cobro. En caso contrario, esto es de que se acceda a las pretensiones de la demanda, es decir que se declare la nulidad de los actos acusados en sede judicial, el proceso de cobro coactivo no podrá continuar.

Teniendo en cuenta lo anotado, no puede aceptarse lo estimado por el municipio demandado, respecto del momento en que quedan ejecutoriados los actos que sirven de título ejecutivo, menos si el proceso de cobro coactivo se inició antes de que se venciera el plazo que tenía el contribuyente para controvertirlos por vía judicial.

Adicionalmente, en el sub examine está demostrado que las Resoluciones 15 de 13 de febrero y 34 de 8 de mayo de 2012, que determinaron el ICA [periodos dic/08, 2009 y 2010] y sirvieron de título ejecutivo a la Tesorería Municipal de Caloto para librar mandamiento de pago, están siendo cuestionadas ante esta Corporación en segunda instancia.

Del hecho anterior puede concluirse que el título ejecutivo que pretende hacer valer el municipio de Caloto para continuar con el proceso de cobro coactivo no está ejecutoriado, precisamente porque está en discusión su legalidad en sede judicial, a través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Esa ejecutoriedad se alcanzará solo cuando se adopte decisión desfavorable que ponga fin al proceso.

La existencia del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido contra los actos de determinación del tributo, circunstancia, plenamente conocida por el municipio de Caloto, demandado en ese proceso, es suficiente para que el ente territorial suspenda el cobro coactivo, pues seguir adelante con dicho procedimiento transgrede las normas del Estatuto Tributario [art. 831 y 837], según las cuales el cobro de las deudas tributarias puede hacerse efectivo hasta que se decidan definitivamente las demandas ejercidas contra los actos de liquidación oficial de impuestos, condición que no está cumplida en este caso.

Así que es procedente la medida de suspensión provisional por ser inminente el perjuicio que sufrirá la sociedad demandante si continúan surtiendo efectos las Resoluciones 43 del 17 de julio y 81 del 20 de septiembre, ambas del 2012, acusadas en el proceso de la referencia, por las cuales se declararon no probadas las excepciones propuestas y se ordenó seguir adelante con la ejecución.

Ese perjuicio se advierte aún más con el oficio de 23 de octubre de 2012, con el cual la Tesorería Municipal de Caloto pidió a Seguros Generales Suramericana hacer efectiva la caución constituida por ISAGEN y, en consecuencia ponga a disposición del ente territorial la suma $1.013.643.008,10. Advirtiéndole que si no cumple con lo ordenado, dentro de los tres (3) días siguientes a su recibo, embargará y rematará las cuentas corrientes y de ahorros de esa aseguradora(8).

Por último, frente a la solicitud del municipio apelante de que se declare que el escrito de oposición se presentó en tiempo y debe ser tenido en cuenta, la Sala no considera relevante hacer tal declaración en esta instancia, pues los argumentos esbozados en la oposición fueron los mismos del recurso, los cuales de todas formas fueron brevemente expuestos en los antecedentes de esta providencia.

En consecuencia, esta Corporación confirmará el auto apelado que accedió a la medida cautelar solicitada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta,

RESUELVE:

Confírmase el auto de 19 de junio de 2013, proferido por el Tribunal Administrativo del Cauca, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

Cópiese y notifíquese. Devuélvase al Tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia fue considerada y aprobada en la Sesión de la fecha.

Consejeros: Martha Teresa Briceño de Valencia Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, Presidenta de la Sección,—Carmen Teresa Ortiz de RodríguezJorge Octavio Ramírez Ramírez.

1. Fl. 117 y 118 cuaderno de copias.

2. Consulta 1101-03-06-000-2007-00052-00 [NI. 1835], respuesta de M.P. Luis Fernando Alvarez Jaramillo.

3. A folio 76 se observa el sello de recibido de la Oficina Judicial y a folio 114 obra el acta individual de reparto.

4. Fls. 76-113 del cuaderno de copias.

5. Sentencia de 3 de septiembre de 2015, Exp. 19254, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.

6. Sentencia del 12 de mayo del 2010, Exp. 17461, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia

7. Sentencia de 25 de noviembre de 2004, Exp. 14158, C.P. Dra. María Inés Ortiz Barbosa que se pronunció en similar sentido a la providencia del 27 de septiembre de 2001, expediente 6617, C.P. Dr. Manuel Santiago Urueta Ayola.

8. Fl. 117 y 118 cuaderno de copias.