Auto 2012-00675 de febrero 26 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad. 05001233300020120067501

Número Interno: 20008

Consejero Ponente:

Dra. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez

Actor: Argemiro de Jesús Giraldo Dávila contra la DIAN y el Banco de Colombia

Auto

Bogotá, D.C., veintiséis de febrero de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

En los términos de la apelación decide la Sala si procede o no el rechazo de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho presentada por Argemiro de Jesús Giraldo Dávila, contra la Resolución Sanción 110642006000293 del 17 de mayo de 2007 y el Mandamiento de Pago 20120302900142 del 20 de marzo del 2012, por las cuales la DIAN le impuso sanción por no declarar el impuesto de renta y complementarios y dictó mandamiento de pago, respectivamente.

La Resolución Sanción 110642006000293 del 17 de mayo de 2007 es un acto demandable ante la jurisdicción contencioso administrativa, puesto que le impuso al demandante la sanción por no declarar el impuesto sobre la renta y complementarios correspondiente al año gravable 2003.

Sin embargo, no basta con que el acto administrativo sea pasible de control jurisdiccional, es necesario que el ejercicio de dicho control se haga dentro de los términos que el legislador estableció para ello.

En este caso, el literal d) del numeral 2º del artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo establece que cuando lo que se pretende es la nulidad y restablecimiento del derecho, la demanda deberá presentarse dentro del término de 4 meses contados a partir del día siguiente al de la comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto administrativo.

En cuanto a la notificación de la Resolución Sanción 110642006000293 del 17 de mayo de 2007 se tiene lo siguiente:

El 23 de mayo de 2007 la DIAN procedió a notificar por correo la resolución sanción. El correo fue enviado por la empresa de correos Adpostal S.A. a la Calle 46 Nº 50-27, dirección que según la administración tributaria era la que estaba registrada en el RUT del contribuyente (fl. 25).

Sin embargo, en el escrito de demanda el apoderado de la parte demandante afirma que este actualizó esta información en las oficinas de la DIAN, informando como nueva dirección la carrera 47 A Nº 75-23, barrio el mirador del municipio de Bello en el departamento de Antioquia (fl. 1). Como soporte de esta afirmación no obra prueba alguna en el expediente.

La empresa de correos Adpostal devolvió la comunicación con la anotación “desconocido” y, con fundamento en ello, la DIAN notificó la resolución sanción por medio de aviso publicado en el periódico El Tiempo el 20 de junio de 2007 (fl. 18).

Hasta este punto resulta claro que la DIAN notificó en legal forma la resolución sanción antes citada, pues lo hizo siguiendo el procedimiento establecido en los artículos 565 y 568 del estatuto tributario.

De otra parte, el apoderado de la demandante, afirmó, en el escrito de apelación, que el 29 de mayo de 2012 el contribuyente se notificó de la Resolución 110642006000293 de 2007 al realizar la diligencia de notificación personal del Mandamiento de pago 20120302900142 del 20 de marzo de 2012 (fl. 21).

Así, tal como lo afirmó el a quo, respecto de la pretensión de nulidad y restablecimiento del derecho de la Resolución Sanción 110642006000293 del 17 de mayo de 2007 operó el fenómeno de la caducidad, pues la demanda se interpuso el 12 de octubre de 2012, es decir después de transcurridos los 4 meses que tenía el contribuyente para demandar el mencionado acto. Lo anterior incluso si los cuatro meses se empezaran a contar desde la fecha en la que el contribuyente afirma haber conocido dicho acto administrativo (mayo 29/ 2012).

Es importante aclarar que, la caducidad es un límite que se impone al ejercicio de las acciones contencioso administrativas con el fin de salvaguardar la seguridad jurídica con respecto a los actos proferidos por la administración. Ocurre como consecuencia de la inactividad del administrado, quien deja transcurrir el tiempo fijado por la ley sin ejercer el medio de control correspondiente ante la jurisdicción contencioso administrativa.

De forma tal que la caducidad es uno de los presupuestos de procedibilidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho y a su vez una causal de rechazo de la demanda establecida en el numeral 1º del artículo 169 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

De otra parte, el apelante afirmó que el mandamiento de pago adquirió el carácter de acto administrativo definitivo luego de que la DIAN resolviera desfavorablemente la solicitud de revocatoria directa que este formuló.

En este sentido, es necesario aclarar que, como lo ha reiterado esta Sala, el mandamiento de pago no es un acto administrativo definitivo, por el contrario, es un acto de trámite con el que se da inicio al procedimiento de cobro coactivo con el que la DIAN puede hacer efectivas las deudas a su favor.

Según lo establecido en el artículo 835 del estatuto tributario, dentro del proceso de cobro coactivo, solo son demandables ante la jurisdicción los actos administrativos que resuelven excepciones y ordenan seguir adelante con la ejecución. También son susceptibles de control jurisdiccional los actos de liquidación del crédito o de las costas, tal como lo ha señalado la jurisprudencia de esta corporación.

Así, resulta claro que el mandamiento de pago no es un acto administrativo susceptible de control judicial por lo que es forzoso rechazar la demanda formulada contra este.

En conclusión, se impone confirmar la providencia recurrida, pues el actor pide la nulidad de un acto administrativo respecto del cual operó el fenómeno de la caducidad y de otro que no es demandable ante esta jurisdicción.

En mérito a lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta,

RESUELVE:

CONFÍRMASE el auto de 12 de diciembre de 2012, proferido por el Tribunal Administrativo de Antioquia.

En firme esta providencia, regrese el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».