Auto 2012-00786 de agosto 8 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

Rad. 11001-03-25-000-2012-00786-00(2557-12)

Consejero Ponente:

Dr. Alfonso Vargas Rincón

Actor: Ever Enrique Rivero Tovio

Demandado: Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional

Bogotá, D.C., ocho de agosto de dos mil trece

Encontrándose el eqxpediente para admitir la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho incoada por el señor Ever Enrique Rivero Tovio, contra la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional el Despacho observa lo siguiente:

Las pretensiones de la demanda están encaminadas a obtener la nulidad de primera instancia de 6 de marzo de 2012, expedida por el inspector general de la Policía Nacional, por medio de la cual impuso sanción al actor de suspensión e inhabilidad por el término de 12 meses, y la de segunda instancia de 15 de marzo del mismo año, expedida por el director general de la Policía Nacional que confirmó parcialmente la de primera instancia.

A título de restablecimiento del derecho, pretende el pago de los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir hasta cuando se haga efectivo el reintegro y de los perjuicios materiales causados, debidamente indexados

Consideraciones

En el presente asunto se demandan actos administrativos expedidos por autoridades del orden nacional en ejercicio del control disciplinario, que implican el retiro temporal del servicio, en la que se pretende como restablecimiento del derecho el reintegro al cargo y el pago de los salarios dejados de percibir.

Se advierte que el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, señaló nuevas reglas de competencia, así:

En esta materia, el Consejo de Estado conoce en única instancia, de los siguientes procesos:

“ART. 149.—Competencia del Consejo de Estado en única instancia.

(...).

2. De los de nulidad y restablecimiento del derecho que carezcan de cuantía, en los cuales se controviertan actos administrativos proferidos por autoridades del orden nacional.

También conocerá de las demandas que en ejercicio de la indicada acción, y sin atención a la cuantía se promuevan en contra de los actos proferidos por el Procurador General de la Nación en ejercicio del poder disciplinario y las demás decisiones que profiera como supremo Director del Ministerio Público.

(...)”.

De los actos administrativos de esta naturaleza expedidos por autoridad diferente al Procurador General de la Nación, previó lo siguiente:

“ART. 151.—Competencia de los tribunales administrativos en única instancia.

(...).

2. de los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho que carezcan de cuantía, en que se controviertan sanciones disciplinarias administrativas distintas a las que originen retiro temporal o definitivo del servicio, impuestas por autoridades departamentales.

(...).

ART. 152.—Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia. Los Tribunales Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos:

(...).

3. De los de nulidad y restablecimiento del derecho en que se controviertan actos administrativos de cualquier autoridad, cuando la cuantía exceda de trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes, y, sin atención a la cuantía, de los actos que se expidan en ejercicio del poder disciplinario asignado a los funcionarios de la Procuraduría General de la Nación, diferentes al Procurador General de la Nación. (Destaca la Sala).

(...)”.

Por su parte, el artículo 154 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, establece la competencia de los Jueces Administrativos en asuntos en los que se demanden actos administrativos relacionados con el ejercicio del control disciplinario que impongan sanciones distintas al retiro temporal o definitivo, de la siguiente manera:

“ART. 154.—Competencia de los jueces administrativos en única instancia. Los jueces administrativos conocerán en única instancia:

(...).

2. De la nulidad y restablecimiento del derecho que carezca de cuantía, en que se controviertan sanciones disciplinarias administrativas distintas a las que originen retiro temporal o definitivo del servicio, impuestas por las autoridades municipales.

(...)”.

Las normas referidas establecieron reglas específicas de competencia tratándose de asuntos en los que se controvierten actos administrativos expedidos en ejercicio del poder disciplinario. En consecuencia, los actos administrativos expedidos por el Procurador General, en ejercicio de dicha potestad, serán de conocimiento en única instancia del Consejo de Estado y, los expedidos por funcionarios diferentes, serán conocidos por el tribunal administrativo en 1ª instancia, y los juzgados de aquellos que expresamente les señalan las disposiciones transcritas, es decir, de los que imponen sanciones diferentes al retiro temporal o definitivo del servicio.

Ahora bien, por disposición del artículo 2º de la Ley 734 de 2002(1), el control disciplinario también puede ser ejercido por las oficinas de control disciplinario interno y por los funcionarios con potestad para ello en las ramas, órganos y entidades del Estado, en contra de los servidores públicos de sus dependencias.

En tal virtud, los artículos 151 numeral 2º y 154 numeral 2º, establecen que los tribunales y juzgados administrativos serán competentes, en única instancia, atendiendo a la autoridad que lo expide, es decir, funcionarios de la Procuraduría diferentes al Procurador General o a autoridades municipales, para conocer de los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho en los que se controviertan actos administrativos que impongan sanciones disciplinarias “distintas a las que originen retiro temporal o definitivo del servicio”.

De las reglas específicas de competencia que establece el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo respecto de los actos administrativos expedidos en ejercicio del control disciplinario, se puede concluir lo siguiente:

Los procesos incoados contra actos administrativos expedidos por oficinas de control disciplinario interno o funcionarios con potestad para ello en las ramas, órganos y entidades del Estado, que impliquen el retiro temporal o definitivo del servicio, son competencia de los tribunales administrativos en primera instancia.

Lo anterior en razón a que el ejercicio del control disciplinario que ejercen las oficinas de control interno o funcionarios con potestad para ello en las ramas, órganos y entidades del Estado, en los casos en que la sanción implica retiro temporal o definitivo del servicio es equiparable al que ejercen “los funcionarios de la Procuraduría General de la Nación, diferentes al Procurador General de la Nación”, que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 152 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, son competencia del tribunal administrativo en primera instancia.

Adviértase que la analogía solo se refiere a los actos administrativos que imponen sanciones disciplinarias que implican retiro temporal o definitivo del servicio dado que los que aplican sanciones “distintas”, como la amonestación, tienen regla específica de competencia en los numerales 2º de los artículos 151 y 154 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Adicionalmente, es del caso resaltar que en asuntos como el presente no es viable la aplicación del numeral 14 del artículo 149 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo según el cual el Consejo de Estado es competente para conocer de todos los asuntos “para los cuales no exista regla especial de competencia” porque ello generaría que los actos administrativos que imponen sanciones disciplinarias relacionadas con el retiro temporal o definitivo del servicio serían competencia de dos autoridades diferentes, así:

— Los actos expedidos por funcionarios de la Procuraduría General de la Nación distintos al Procurador General, en ejercicio del control disciplinario de los tribunales administrativos en primera instancia por disposición expresa del numeral 3º del artículo 152 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

— Los actos expedidos por las oficinas de control interno o funcionarios con potestad para ello en las ramas, órganos y entidades del Estado, del Consejo de Estado en única instancia, a pesar de que la naturaleza del asunto es la misma.

Lo anterior configuraría una desigualdad y desconocería las reglas de competencia establecidas por el Legislador en asuntos de naturaleza disciplinaria.

Como en el presente asunto los actos demandados fueron expedidos por funcionarios de la oficina de control disciplinario interno de la Policía Nacional e implican el retiro definitivo del servicio dado que la sanción que imponen es la de destitución e inhabilidad, la competencia para conocer del asunto es del Tribunal Administrativo de Sucre en primera instancia.

En mérito de lo expuesto, se

RESUELVE:

REMÍTASE por competencia al Tribunal Administrativo de Sucre para que conozca en primera instancia, de conformidad con lo expuesta en la parte considerativa.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) Titularidad de la acción disciplinaria. Sin perjuicio del poder disciplinario preferente de la Procuraduría General de la Nación y de las personerías distritales y municipales, corresponde a las oficinas de control interno disciplinario y a los funcionarios con potestad disciplinaria de las ramas, órganos y entidades del Estado, conocer de los asuntos disciplinarios contra los servidores públicos de sus dependencias.