Auto 2012-00865 de octubre 9 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Radicado: 050012331000201200865 01 (50393)

Consejero Ponente:

Dr. Ramiro Pazos Guerrero

Demandantes: Marco Aurelio Meza y otros

Demandados: Nación - Consejo Superior de la Judicatura

Asunto: Acción de reparación directa

Bogotá, D.C., nueve de octubre de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «7. CONSIDERACIONES

Estima la Sala que en el presente caso debe revocarse el auto proferido el 24 de septiembre de 2012, mediante el cual el Tribunal Administrativo de Antioquia rechazó la demanda de la referencia por encontrar demostrado el fenómeno de la caducidad de la acción de reparación directa, por los motivos que se exponen a continuación:

7.1. Sobre la caducidad de la acción de reparación directa y su contabilización cuando se invocan los títulos de error judicial y defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.

El fenómeno de la caducidad de la acción es un presupuesto procesal de carácter negativo que opera en algunas acciones contenciosas por el transcurso de un término establecido expresamente en la ley, término que una vez cumplido restringe la posibilidad de acceder a la administración de justicia a través del ejercicio de la acción sobre la cual operó el fenómeno de caducidad. De acuerdo con lo anterior, se puede concluir que el propósito esencial de la caducidad es evitar que las diversas situaciones generadoras de responsabilidad se extiendan de manera indefinida en el tiempo, brindando así seguridad jurídica al transformarlas en situaciones jurídicas consolidadas.

Frente a la caducidad de la acción de reparación directa, el numeral 8º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo señala que esta caducará, por regla general, al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquier otra causa.

En efecto el numeral 8º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo indica lo siguiente:

8. La de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquier otra causa.

Inc. 2º. Adicionado. Ley 589 de 2000, art. 7º. Sin embargo, el término de caducidad de la acción de reparación directa derivada del delito de desaparición forzada, se contará a partir de la fecha en que aparezca la víctima o en su defecto desde la ejecutoria del fallo definitivo adoptado en el proceso penal, sin perjuicio de que tal acción pueda intentarse desde el momento en que ocurrieron los hechos que dieron lugar a la desaparición.

Ahora, frente a la contabilización del término de caducidad de la acción de reparación directa cuando se invocan los títulos de imputación de error judicial y defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, esta Corporación ha señalado con respecto al primero que el término de caducidad debe contabilizarse a partir del momento en el que la decisión acusada se encuentra en firme; mientras que en el segundo caso, se ha dicho que la contabilización del término de caducidad debe efectuarse a partir del momento en el cual se tuvo conocimiento del daño causado con las actuaciones judiciales necesarias para adelantar el proceso o la ejecución de las providencias judiciales(3).

7.2. Análisis del caso concreto.

Luego de analizar los hechos descritos en la demanda, encuentra la Sala que el daño antijurídico que aseguran los demandantes haber padecido surgió como consecuencia del presunto error judicial o defectuoso funcionamiento en la administración de justicia, en que incurrió el Juzgado 27 Civil Municipal de Medellín al proferir la sentencia del 3 de mayo de 2010, a través de la cual se negaron las pretensiones formuladas dentro del proceso ordinario de única instancia adelantado por el señor Marco Aurelio Meza Moreno en contra del establecimiento comercial ABA CENTER, providencia que se notificó por estrados en la misma fecha de su expedición y posteriormente mediante anotación en estado del 5 de mayo de 2010.

Así las cosas, comoquiera que es evidente que en el presente caso el daño alegado provino de una providencia judicial —Sent. mayo 3/2010—, y que la jurisprudencia de esta Corporación ha establecido que en aquellos casos en los que se pretenda atribuir responsabilidad por error judicial, el término de caducidad de la acción de reparación directa debe ser contabilizado tomando como base el momento en el que la decisión acusada se encuentra en firme, pues es en ese momento en el que se concreta el daño causado, se procederá a determinar en qué fecha exacta quedó en firme la sentencia proferida por el Juzgado 27 Civil Municipal de Medellín.

Debido a que la providencia presuntamente contentiva del error judicial fue proferida dentro de un proceso verbal sumario de única instancia que se adelantó bajo las disposiciones del Código de Procedimiento Civil, para poder establecer la fecha exacta en que quedó en firme la sentencia proferida el 3 de mayo de 2010, se hace necesario acudir a las normas que sobre el tema existen en dicho compendio normativo. Así las cosas, se tiene que el artículo 331 del Código de Procedimiento Civil reguló la firmeza y ejecutoria de las providencias judiciales dictadas en los procesos ordinarios en los siguientes términos:

ART. 331.—Ejecutoria. Artículo modificado por el artículo de la Ley 794 de 2003. Las providencias quedan ejecutoriadas y son firmes tres días después de notificadas, cuando carecen de recursos o han vencido los términos sin haberse interpuesto los recursos que fueren procedentes, o cuando queda ejecutoriada la providencia que resuelva los interpuestos. No obstante, en caso de que se pida aclaración o complementación de una providencia, su firmeza sólo se producirá una vez ejecutoriada la que la resuelva. // Las sentencias sujetas a consulta no quedarán firmes sino luego de surtida esta.

A pesar de que la norma antes citada prevé varias situaciones en las cuales pueden quedar ejecutoriadas y cobrar firmeza las providencias judiciales, de su contenido se puede inferir que, por regla general, aquellas providencias contra las cuales no proceden recursos quedan ejecutoriadas y cobran firmeza tres (3) días después de efectuada su notificación. No obstante, debe aclararse que esta regla no es absoluta, ya que puede suceder que por ejemplo se solicite la aclaración o complementación de la providencia, evento en el cual solamente cobrará firmeza una vez quede ejecutoriado el auto que resuelva la solicitud de aclaración o complementación.

Ahora, toda vez que en el sub judice la sentencia proferida por el Juzgado 27 Civil Municipal de Medellín el 3 de mayo de 2010 se enmarca dentro de la regla antes explicada —se trata de una providencia dictada en un proceso de única instancia en el que no se formularon solicitudes de aclaración o complementación—, y que esa providencia fue notificada en dos ocasiones, a saber: i) por estrados en la misma fecha de su expedición —mayo 3/2010— y ii) por anotación en estado el 5 de mayo de 2010, corresponde a la Sala determinar cuál de estas dos notificaciones debe tomarse como válida para efectos de contabilizar los tres (3) días establecidos en el artículo 331 del Código de Procedimiento Civil, término del que depende la firmeza de la providencia objeto de controversia.

Para que una providencia judicial pueda surtir sus efectos, por regla general, la legislación procesal exige que sea dada a conocer previamente a las partes e intervinientes en el proceso judicial por medio de las notificaciones(4), que no son otra cosa sino los trámites o procedimientos que establece la ley para comunicar o dar a conocer las decisiones dictadas por las autoridades investidas de jurisdicción.

En desarrollo de esa obligación legal de publicitar las providencias, el Código de Procedimiento Civil consagró diversos medios de notificación entre los que se destacan la notificación personal (CPC, art. 315), el emplazamiento (CPC, art. 318), la notificación por aviso (CPC, art. 230), la notificación por anotación en estado (CPC, art. 321) y la notificación en audiencia o diligencia comúnmente conocida como notificación por “estrados” (CPC, art. 325).

Aunque es evidente la diversidad de medios de notificación, su consagración no fue caprichosa ni tuvo como finalidad brindar varias opciones de libre escogencia para comunicar o dar a conocer las decisiones judiciales, por el contrario, si se analiza la regulación específica de cada medio de notificación, se tiene que su aplicación está definida y se circunscribe a situaciones particulares que en la mayoría de eventos dependen de la naturaleza o tipo de providencia a notificar —la admisión de la demanda o la primera providencia respecto de terceros—, o de la forma o circunstancia en la que se profiere la providencia —en forma oral o escrita—. De tal manera que para poder establecer el medio de notificación aplicable, es necesario analizar las particularidades del caso.

En el asunto que ocupa a la Sala, se observa que la sentencia presuntamente contentiva del error judicial fue proferida oralmente en el marco de un proceso verbal sumario de única instancia (CPC, art. 435), en el que además de predominar las actuaciones orales —el trámite surte en audiencia— se imponía dictar fallo verbalmente en audiencia, así no asistieran las partes(5).

Así las cosas, comoquiera que el artículo 325(6) del Código de Procedimiento Civil establece que las providencias que se dicten en el curso de las audiencias y diligencias se considerarán notificadas en el día en que éstas se celebren, aunque no hayan concurrido las partes, en el asunto bajo examen se determinará la ejecutoria y firmeza de la sentencia proferida el 3 de mayo de 2010, teniendo en consideración únicamente la notificación por estrados efectuada en la misma fecha de expedición, pues ese fue el medio de notificación que contempló la ley para dar a conocer las providencias dictadas en audiencia o diligencia.

Debido a que la sentencia proferida por el Juzgado 27 Civil Municipal de Medellín el 3 de mayo de 2010 fue notificada en la misma fecha de su expedición, esta quedó ejecutoriada y adquirió firmeza tres (3) días después el 6 de mayo de 2010, por tal motivo, y atendiendo lo dispuesto en el numeral 8º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, el término de caducidad de dos (2) años será contabilizado a partir del día siguiente a esa fecha, esto es, a partir del 7 de mayo del año 2010.

Bajo el parámetro antes descrito, se tiene que, en principio, la demanda de reparación directa podía ser presentada hasta el 7 de mayo de 2012. Sin embargo, como el término de caducidad fue suspendido por presentación de solicitud de conciliación extrajudicial ante la Procuraduría General de la Nación desde el 4 de mayo de 2012 hasta el 13 de junio de 2012(7), y la demanda fue presentada ante el Tribunal Administrativo de Antioquia el mismo 13 de junio de 2012 (fl. 39, c. ppal. 1), es decir, antes de que transcurrieran los cuatro (4) días faltantes de caducidad, concluye la Sala que en el presente caso no operó el fenómeno de caducidad de la acción de reparación directa.

Por lo anterior, la Sala revocará la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de Antioquia el 24 de septiembre de 2012, mediante la cual rechazó la demanda por caducidad de la acción de reparación directa y, en consecuencia, se le ordenará al a quo continuar con el trámite correspondiente.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B,

RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR la providencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia el 24 de septiembre de 2012, mediante el cual se rechazó la demanda de la referencia por caducidad de la acción.

SEGUNDO: Una vez ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen para que continúe con el trámite correspondiente.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE».

3 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 27 de enero de 2012, Expediente 76001-23-31-000-1997-05296-01(22205), C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.

4 Sobre el particular, el artículo 313 del Código de Procedimiento Civil establece lo siguiente: “Notificación de las providencias. Las providencias judiciales se harán saber a las partes y demás interesados por medio de notificaciones, con las formalidades prescritas en este Código. // Salvo los casos expresamente exceptuados, ninguna providencia producirá efectos antes de haberse notificado.”

5 En cuanto a la forma de proferir sentencia en los procesos verbales sumarios, el parágrafo 5º del artículo 439 del Código de Procedimiento Civil hace una remisión expresa a las disposiciones contenidas en los parágrafos 5º y 6º del artículo 432 del ibídem para los procesos verbales de mayor y menor cuantía, las cuales indican que la sentencia que ponga fin al proceso debe dictarse en audiencia, aun cuando no asistan las partes o sus apoderados.

6 “ART. 325.—Notificación en audiencias y diligencias. Las providencias que se dicten en el curso de las audiencias y diligencias, se considerarán notificadas el día en que éstas se celebren, aunque no hayan concurrido las partes”.

7 Según constancia obrante en folio 227 del cuaderno principal 1.