Auto 2012-01066/50208 de febrero 9 de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN “A”

Rad.: 25000-23-26-000-2012-01066-01 (50208)B

Actor: Jorge Enrique Cortés Rojas

Demandado: Superintendencia de Notariado y Registro y otros

Referencia: Acción de reparación directa

Consejera Ponente:

Dra. María Adriana Marín

Bogotá D.C., nueve de febrero de dos mil dieciocho.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. La suspensión por prejudicialidad.

La figura jurídica de la prejudicialidad implica la suspensión temporal de la competencia del juez en un caso concreto, hasta tanto se decida otro proceso cuya resolución tenga incidencia en el que se suspende, de tal suerte que mediante tal mecanismo se busca que no haya decisiones contradictorias. De ahí que el propósito de esta figura sea la uniformidad en la aplicación concreta del derecho(4).

Así, quien solicite la suspensión del proceso por la causal de prejudicialidad, debe demostrar que existe una intrínseca relación entre las decisiones judiciales, que hacen que una incida sustancialmente en la otra, sea de forma total o parcial(5).

Ante la ausencia de norma expresa que regule lo concerniente a la suspensión por prejudicialidad en sede de lo contencioso administrativo, lo procedente, por vía de integración normativa, es aplicar las disposiciones pertinentes del Código de Procedimiento Civil.

Bajo ese contexto, se tiene que los artículos 170 y 171 del CPC establecen de forma taxativa los requisitos exigidos para decretar la suspensión por prejudicialidad, supuestos que, conviene advertir, no son susceptibles de interpretaciones extensivas o analógicas, como lo ha señalado esta Sección(6). En lo que aquí interesa, dichas normas disponen:

“ART. 170.—Suspensión del proceso. <Artículo modificado por el artículo 1º, numeral 88 del Decreto 2282 de 1989. El nuevo texto es el siguiente:> El juez decretará la suspensión del proceso:

(…)

2. Cuando la sentencia que deba dictarse en un proceso, dependa de lo que deba decidirse en otro proceso civil que verse sobre cuestión que no sea procedente resolver en el primero, o de un acto administrativo de alcance particular cuya nulidad esté pendiente del resultado de un proceso contencioso administrativo, salvo lo dispuesto en los Códigos Civil y de Comercio y en cualquiera otra ley.

(…)

“ART. 171.—Decreto de la suspensión y sus efectos. <Artículo modificado por el artículo 1º, numeral 88 del Decreto 2282 de 1989. El nuevo texto es el siguiente:> Corresponderá al juez que conoce del proceso, resolver sobre la procedencia de la suspensión.

La suspensión a que se refieren los numerales 1 y 2 del artículo precedente, solo se decretará mediante la prueba de la existencia del proceso que la determina y una vez que el proceso que debe suspenderse se encuentre en estado de dictar sentencia.

La suspensión del proceso producirá los mismos efectos de la interrupción a partir del hecho que la genere o de la ejecutoria del auto que la decrete, el cual es apelable en el efecto suspensivo. El que la niegue, en el devolutivo.

La prejudicialidad no se configura solo porque en dos procesos se presenten identidad de partes, identidad de objeto e identidad de causa, ni porque exista una simple relación entre dos procesos. De acuerdo con las normas transcritas, para que proceda la suspensión de un proceso por prejudicialidad en la jurisdicción de lo contencioso administrativo deben cumplirse tres requisitos:

(i) Que la sentencia que haya de proferirse en el proceso contencioso administrativo dependa de lo que deba decidirse en otro proceso, en la medida en que la cuestión debatida en este último resulte determinante y definitiva para lo que se deba resolver en el primero.

(ii) Que se demuestre la existencia del segundo proceso por el cual debe darse la suspensión.

(iii) Que el proceso que se pretende suspender se encuentre en etapa de dictar sentencia.

2. Caso concreto.

De entrada, el despacho advierte que los argumentos expuestos en los recursos de apelación tienen vocación de prosperidad. Por tanto, se revocará el auto apelado y, en su lugar, se suspenderá el proceso por prejudicialidad. Tal conclusión se fundamenta en las razones que pasan a señalarse.

Contrario a lo afirmado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, el despacho considera que la solicitud de suspensión por prejudicialidad presentada por el agente del Ministerio Público sí cumple los requisitos de procedencia exigidos en los artículos 170 y 171 del CPC.

Previo a determinar la etapa en la que se encuentra el presente proceso, conviene señalar que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del CPC, los recursos de apelación interpuestos contra el auto que negó la suspensión por prejudicialidad se concedieron en el efecto devolutivo, razón por la cual el Tribunal continuó tramitando el proceso hasta que, mediante sentencia del 3 de abril de 2014, decidió la controversia. Ese fallo fue apelado y el conocimiento de dicha impugnación también le correspondió a este despacho, asignándosele el radicado número 2012-01066-04 (51848).

De acuerdo con la información registrada en el sistema de consulta de procesos, el expediente con número de radicación 2012-01066-04 entró al despacho para fallo el 18 de octubre de 2017. En otras palabras, el proceso se encuentra en etapa de dictar sentencia y, por ende, se cumple uno de los requisitos de procedencia de la suspensión por prejudicialidad.

El despacho observa que en el expediente obra prueba de la existencia del proceso civil ordinario Nº 2010-00246, promovido por el DADEP contra el señor Jorge Enrique Cortés Rojas. Así lo indica la certificación suscrita por la secretaria del juzgado tercero civil del circuito de Bogotá, en la que consta lo siguiente:

Que en este despacho judicial cursa el proceso ordinario nº 2010-256 (sic) del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público en contra de Álvaro Rojas Barbosa y Jorge Enrique Cortés Rojas, demanda admitida por auto de fecha 9 de junio de 2010.

Que dentro del proceso no se presentó demanda de reconvención.

Que el proceso se encuentra en etapa probatoria(7).

Finalmente, el despacho encuentra cumplido el requisito de incidencia definitiva, necesaria y directa entre el proceso que se adelanta ante la jurisdicción ordinaria, relacionado con la nulidad de las escrituras públicas de compraventa y de aclaración de linderos de la finca La Providencia, y la presente acción de reparación directa. Lo pretendido en uno y otro caso permite establecer esa relación de dependencia. En efecto:

En el expediente obra copia de la demanda instaurada por el DADEP contra el señor Jorge Enrique Cortés Rojas, cuyas pretensiones son:

PRIMERA: Que se declare la NULIDAD ABSOLUTA DE LA ESCRITURA PÚBLICA Nº 12908 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 1996 DE LA NOTARÍA 29 DEL CÍRCULO NOTARIAL DE BOGOTÁ por medio de la cual el señor Álvaro Rojas Barbosa efectuó la aclaración de los linderos del predio adquirido por él mediante la Escritura Pública Nº 7007 del 28 de diciembre de 1979 al haber omitido el cumplimiento de los requisitos o formalidades que las leyes prescriben para el valor de ciertos actos o contratos en consideración a la naturaleza de ellos.

SEGUNDA: Que por consiguiente y en consecuencia de la anterior declaración se ordene la anulación y la nota correspondiente en el protocolo de la Notaría 29 del Círculo de Bogotá, respecto de la Escritura Pública 12908 del 30 de diciembre de 1996, otorgada en la Notaría 29 del Círculo de Bogotá.

TERCERA: Que se ordene a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, zona centro se cancele la anotación Nº 3 del folio de matrícula inmobiliaria número 50C-1561366 donde se registra la aclaración de los linderos del predio denominado LA PROVIDENCIA y lo ubica sobre el HUMEDAL JABOQUE.

CUARTA: Sírvase señor juez decretar la NULIDAD ABSOLUTA POR OBJETO ILÍCITO DE LA ESCRITURA PÚBLICA Nº 1082 OTORGADA EN LA NOTARÍA 29 DEL CÍRCULO DE SANTA FE DE BOGOTÁ por medio de la cual el señor Álvaro Rojas Barbosa, vende el Humedal Jaboque al señor Jorge Enrique Cortés Rojas.

QUINTA: Que por consiguiente y en consecuencia de la anterior declaración se ordene la anulación y la nota correspondiente en el protocolo de la Notaría 29 del Círculo de Bogotá, respecto de la escritura pública 1082 del 21 de febrero de 2001, otorgada en la Notaría 29 del Círculo de Bogotá.

SEXTA: Que se ordene a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, zona centro se cancele la anotación Nº 7 del folio de matrícula inmobiliaria número 50C-1561366 donde se registra la compraventa del predio denominado LA PROVIDENCIA, ubicado sobre el HUMEDAL JABOQUE (fls. 575 y 576, c. segunda instancia).

Por su parte, las pretensiones de la demanda de reparación directa están dirigidas a obtener la indemnización de los perjuicios irrogados al señor Cortés Rojas por la imposibilidad de ejercer el derecho de dominio sobre el referido predio, así como por la renuencia de la administración distrital a cumplir la orden de adquisición de dicho inmueble, impartida por el Consejo de Estado dentro de un proceso de acción popular.

A partir de las pretensiones mencionadas, se concluye que una eventual declaratoria de nulidad de la escritura pública de compraventa Nº 1082 del 21 de febrero de 2001 traería aparejada la pérdida de la titularidad del señor Jorge Enrique Cortés Rojas sobre el predio La Providencia y ello, a su vez, afectaría la legitimación en la causa por activa en el proceso de reparación directa.

El hecho de que la naturaleza privada del predio en cuestión no se altere con la decisión que eventualmente ponga fin al proceso civil ordinario, resulta irrelevante para determinar la procedencia de la suspensión por prejudicialidad.

A juicio del despacho, lo realmente importante era determinar si la decisión de la jurisdicción ordinaria tenía la virtualidad de incidir en las resultas del presente proceso. Y eso surge claramente con la posibilidad de que en el proceso civil ordinario prosperen las pretensiones encaminadas, por un lado, a invalidar la compraventa del predio La Providencia y, por otro, a cancelar la anotación por medio de la cual se registró ese negocio jurídico en el respectivo folio de matrícula inmobiliaria.

En ese escenario, el señor Cortés Rojas perdería el interés que lo habilita para ejercer la acción de reparación directa, por no ser titular del derecho de dominio cuya protección reclama, circunstancia que incidirá notoriamente en el sentido de la sentencia que aquí se dicte.

En contraste, si en el proceso civil ordinario se desestiman las pretensiones del DADEP, la legitimación en la causa por activa no se vería afectada y, por ende, tendrían que estudiarse de fondo los argumentos de la demanda de reparación directa interpuesta por el señor Cortés Rojas, para finalmente decidir, de conformidad con lo que aparezca probado, si hay o no lugar a conceder la indemnización por él pretendida.

Queda claro, entonces, que el fallo que ponga fin a este proceso de reparación directa puede variar según la decisión que se adopte en la jurisdicción ordinaria respecto de la demanda instaurada por el DADEP, lo que indica que sí existe una directa y necesaria incidencia entre los procesos.

Lo expuesto hasta aquí es suficiente para concluir que se cumplen los requisitos legales de procedencia de la suspensión por prejudicialidad. Por tanto, el despacho se relevará de examinar los argumentos de la apelación relacionados con la incidencia que, en el presente caso, tendría la eventual declaratoria de nulidad de la escritura pública de aclaración de los linderos del predio La Providencia.

En ese contexto, se impone revocar el auto apelado y, en su lugar, suspender el presente proceso hasta tanto quede ejecutoriada la sentencia que ponga fin al proceso civil ordinario con número de radicación 2010-00246-00, que se tramita a instancias del juzgado Tercero Civil del Circuito de Bogotá.

Como consecuencia, se

RESUELVE:

1. REVOCAR el auto del 21 de noviembre de 2013, proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, que negó la suspensión por prejudicialidad. En su lugar, se dispone:

2. SUSPENDER el proceso de la referencia hasta tanto quede ejecutoriada la sentencia que ponga fin al proceso civil ordinario con radicación número 2010-00246-00, que se tramita en el juzgado tercero civil del circuito de Bogotá, sin superar el término de tres (3) años previsto en el artículo 172 del Código de Procedimiento Civil.

3. EXHORTAR al juzgado tercero civil del circuito de Bogotá para que, cada seis (6) meses, informe a este despacho sobre el estado del proceso civil ordinario con número de radicación 2010-00246-00.

4. Por secretaría, remítase copia de esta providencia al juzgado tercero civil del circuito de Bogotá, para su conocimiento.

5. Ejecutoriada esta providencia, por secretaría, remítanse las presentes diligencias al expediente con número de radicación 25000-23-26-000-2012-01066-04 (51848), a fin de unificar su trámite.

Notifíquese y cúmplase».

4 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, auto del 29 de agosto de 2017. M.P. Marta Nubia Velásquez Rico, Rad. 25000-23-26-000-2012-01066-04 (51848). En igual sentido, ver el auto del 1º de marzo de 2013, proferido por la Sección Cuarta de esta Corporación. M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, Rad. 25000-23-27-000-2011-00229-01 (19657).

5 Consejo de Estado, Sección Cuarta, auto del 1º de noviembre de 2016. M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, Rad. 08001-23-33-004-2014-00370-01 (22314).

6 “Las causales de suspensión del proceso son de creación legal y obedecen a enumeración taxativa, por lo que en dicha materia no es procedente interpretaciones extensivas ni analógicas”. Auto del 26 de marzo de 1992. M.P. Daniel Suárez Hernández, Radicado interno 6.026. Demandante: Ofelia Adarve y Otros.

7 Folio 531 del cuaderno de segunda instancia.