Auto 2012-01169 de septiembre 17 de 2014

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Radicación: 08001110200020120116901/3225 A

Magistrado Ponente:

Dr. José Ovidio Claros Polanco

Discutido y aprobado en Sala Nº 74 de la misma fecha.

Bogotá, D.C., diecisiete de septiembre de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

1. Competencia.

De acuerdo con las atribuciones conferidas por los artículos 256.3 de la Constitución Política y 112.4 de la Ley 270 de 1996, en armonía con lo dispuesto en el artículo 66, parágrafo y 81 de la Ley 1123 de 2007 (Código Disciplinario del Abogado), esta Sala es competente para conocer el recurso de apelación interpuesto por el abogado del quejoso doctor Daniel Hernando Hernández Gimeno, contra la decisión del 26 de marzo de 2014, adoptada en audiencia de pruebas y calificación provisional por el magistrado sustanciador de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico, mediante la cual ordenó la terminación del procedimiento a favor del abogado Próspero Antonio Carbonelll Tangerife, con fundamento en el artículo 105 de la Ley 1123 de 2007.

En virtud de la competencia antes mencionada y sin observar causal alguna que pueda invalidar la actuación hasta ahora adelantada, procede la Sala a emitir su pronunciamiento con apoyo en el material probatorio obrante en el informativo y a la luz de las disposiciones legales que atañen el tema a debatir.

2. Del recurso de apelación interpuesto por el quejoso.

Véase que conforme con el parágrafo del artículo 66 de la Ley 1123 de 2007, el quejoso está facultado para impugnar las decisiones que pongan fin a la actuación, diferentes a la sentencia, como se lee:

“ART. 66.—Facultades. Los intervinientes se encuentran facultados para:

(…).

PAR.—El quejoso solamente podrá concurrir al disciplinario para la formulación y ampliación de la queja bajo la gravedad del juramento, aporte de pruebas e impugnación de las decisiones que pongan fin a la actuación, distintas a la sentencia. Para este efecto podrá conocerlas en la Secretaría de la Sala respectiva” (lo resaltado es nuestro).

Igualmente, el recurso fue instaurado por el quejoso a través de su apoderado, en la audiencia de pruebas y calificación del día 26 de marzo de 2014, conforme lo faculta el inciso final del artículo 105 de la citada ley, así:

“ART. 105.—Audiencia de pruebas y calificación provisional:

(…).

Si la calificación fuere mediante decisión de terminación del procedimiento, los intervinientes serán notificados en estrados. Esta determinación es susceptible del recurso de apelación que deberá interponerse y sustentarse en el mismo acto, caso en el cual de inmediato se decidirá sobre su concesión. Si el quejoso no estuvo presente en la audiencia, podrá interponerlo y sustentarlo dentro de los tres (3) días siguientes a la terminación de la audiencia” (lo resaltado es nuestro).

3. De la terminación de procedimiento.

Señala el artículo 103 de la Ley 1123 de 2007, que “[e]n cualquier etapa de la actuación disciplinaria en que aparezca plenamente demostrado que el hecho atribuido no existió, que la conducta no está prevista en la ley como falta disciplinaria, que el disciplinable no la cometió, que existe una causal de exclusión de responsabilidad, o que la actuación no podía iniciarse o proseguirse, el funcionario de conocimiento, mediante decisión motivada, así lo declarará y ordenará la terminación del procedimiento”.

4. Del caso concreto.

El señor Miguel Ángel Figueroa Correa, interpuso queja contra el abogado Próspero Antonio Carbonell Tangarife, por presuntas irregularidades en el ejercicio de la profesión, actuando en varios procesos que cursan en los Juzgados Segundo Civil del Circuito, dentro de un proceso abreviado de pertenencia, en el Cuarto Civil Municipal de Soledad, en un ejecutivo singular de menor cuantía y en la Fiscalía Primera de Soledad, de una manera temeraria y de mala fe y que con su actuar ha incurrido en varias faltas disciplinarias contempladas en la Ley 1123 de 2007, por promover y fomentar litigios innecesarios y entorpecimiento de la solución alternativa de conflictos.

Sin embargo, una vez analizadas las pruebas allegadas y en cuanto atañe a la conducta que sanciona como falta contra el deber de prevenir litigios y facilitar los mecanismos de solución alternativa de conflictos, o contra la dignidad de la profesión, al intervenir en actuación judicial que impida o perturbe o interfiera el normal desarrollo de las mismas u obrar con mala fe en sus actividades profesionales, considera esta Sala que, conforme lo concluyó el a quo en la decisión impugnada, no puede decirse que el litigante querellado con su actuar haya perturbado las diligencias judiciales en el asunto que nos ocupa, y menos que se considere de mala fe su actuar, pues el abogado quien para el caso actuó en representación de los intereses de su cliente en los procesos que refirió el quejoso, de manera diligente como lo haría un buen profesional en cumplimiento del mandato conferido, estableciéndose la carencia de elemento subjetivo en la presunta vulneración de los deberes profesionales y menos que su conducta sea considerada falta disciplinaria alguna, pues no se observó mala fe, ni interés dañino por parte del jurista en su actuar profesional, amén que de las copias del proceso penal adelantado por la Fiscalía Primera Seccional de Soledad, se evidenció que el quejoso al parecer obtuvo la escritura del bien inmueble de propiedad de la señora Edith Candelaria Silva Castro, cliente del togado, mediante documentos espúreos, siendo así que el despacho judicial al evidenciar la presunta falsedad de los mismos y que utilizó para obtener el documento público, consideró que estas personas habían hecho incurrir en error a los funcionarios tanto de la Notaría Única de Santo Tomás, Atlántico, como los de la Oficina de Instrumentos Públicos de Barranquilla, por tal motivo dispuso la cancelación de la escritura y del registro.

Igualmente deviene probado que como apoderado de la demandante, cumplía con los deberes que el mandato le confería, promoviendo una causa totalmente legítima en defensa de los derechos de su cliente, entre ellos solicitar a la Fiscalía Primera Seccional de Soledad, se ordenara la cancelación de la escritura pública 0472, de mayo 6 de 2003 de la Notaría de Santo Tomás, Atlántico y el registro de la anotación 12 de la matrícula inmobiliaria 040-0130326 que nació con dicha escritura, por falsedad de la misma, toda vez que ese bien inmueble, era el objeto de litigio tanto del proceso de pertenencia como del ejecutivo singular, que se adelantaban en los juzgados Primero Civil del Circuito y Cuarto Civil Municipal de Soledad, Atlántico, los cuales guardaban íntima relación fáctica y jurídica, actuación que requería la debida celeridad que el caso ameritaba, por cuanto, estaba de por medio los intereses económicos de su poderdante, como lo señaló el litigante, amén que dentro el proceso ejecutivo pluriscitado, ya se había ordenado el remate del bien y su venta en pública subasta, ya que dentro de ese asunto no se conocía de la presunta falsedad del título que acreditaba como propietario al deudor, esto es al señor Miguel Ángel Figueroa Correa, aquí quejoso, como quedó probado con las documentales allegadas a la investigación.

Ahora bien frente a los argumentos del recurrente, quien señaló como acto de mala fe por parte del togado, el no haber mencionado el parentesco civil que lo unía con su cliente, advierte la Sala que ello no constituye vulneración a los deberes profesionales del abogado, toda vez que la Ley 1123 de 2007, no restringe la actuación del profesional frente a la representación judicial que desarrolle en defensa de los intereses de sus parientes, inclusive en causa propia, siendo así que las faltas disciplinarias están taxativamente señaladas en la norma y es por la violación de las mismas y solo por ello, que se investiga y juzga disciplinariamente a los profesionales del derecho, por tanto los mismos no logran resquebrajar la decisión, adoptada por el a quo, la cual, se encuentra ajustada a derecho con las pruebas legal y oportunamente acopiadas en la investigación.

En consecuencia, la Sala procederá a confirmar la decisión de terminar el procedimiento en favor del doctor Próspero Antonio Carbonell Tangarife, proferida por el magistrado ponente de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional den la Judicatura del Atlántico, el 26 de marzo de 2014, al no encontrar fundamento alguno en los argumentos del recurrente.

En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR integralmente la decisión del 26 de marzo de 2014, adoptada en audiencia de pruebas y calificación provisional por el magistrado sustanciador de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico, mediante la cual ordenó la terminación del procedimiento en favor del abogado Próspero Antonio Carbonell Tangarife, con fundamento en el artículo 105 de la Ley 1123 de 2007, por las razones expuestas en la parte motiva.

2. Devolver el expediente al seccional de origen para que notifique a todas las partes dentro del proceso y cumpla lo dispuesto por la Sala.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.»