Auto 20125-00004 de febrero 10 de 2016

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION CUARTA

Rad.: 11001-03-27-000-2015-00004-00(21605)

Consejero ponente:

Dr. Jorge Octavio Ramirez Ramirez

Actor: Consorcio Aseo Capital S.A.

Demandado: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

Bogotá D.C., diez de febrero de dos mil dieciséis

Procede el Despacho a resolver la solicitud de medida cautelar de suspensión provisional solicitada por el apoderado judicial de la sociedad Consorcio Aseo Capital S.A., en su calidad de parte demandante, contra (i) la Liquidación Oficial Nro. 20135340019246 del 6 de agosto de 2013, (ii) la Resolución Nro. SSPD-20135300035055 del 19 de septiembre de 2013 y (iii) la Resolución Nro. SSPD-20135000041425 del 28 de octubre de 2013, actos administrativos mediante los cuales la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) liquidó y confirmó la contribución especial para la vigencia 2013, a cargo de esa sociedad.

I. Fundamentos de la solicitud de medida cautelar

Afirmó la parte demandante que la suspensión provisional de los efectos de los citados actos administrativos procede por violación de los artículos 95-9 y 338 de la Constitución Política y 85 numeral 85.2 y el parágrafo 2 de la Ley 142 de 1994.

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios vulneró el artículo 85 de la Ley 142 de 1994, porque el cálculo de la liquidación de la contribución especial por el año 2013 lo realizó sobre algunas cuentas que no correspondían a gastos de funcionamiento asociados al servicio.

Este proceder, que constituye un exceso en las facultades otorgadas al ente de inspección, vigilancia y control, generó un detrimento a la empresa prestadora del servicio público y un incremento desbordado del patrimonio de la SSPD.

Además de lo anterior, los actos administrativos demandados causan un perjuicio irremediable porque ponen “en riesgo la estabilidad de la prestadora e incluso la ejecución del contrato, al expedir y liquidar dicho acto administrativo de manera desproporcionada en cuanto su valor, desconociendo las leyes y principios que regulan la materia”.

En todo caso, es manifiesta la violación de las disposiciones constitucionales y legales citadas, lo que torna en necesario que se conceda la suspensión provisional de los actos administrativos enjuiciados hasta que se decida el fondo del asunto.

II. Traslado de la medida cautelar

Mediante auto del 28 de mayo de 2015, se ordenó surtir el traslado previsto en el inciso segundo del artículo 233 de la Ley 1437 de 2011.

Dentro del término de ley, el apoderado de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios se opuso a la prosperidad de la medida cautelar solicitada, porque en el caso sub examine es procedente la excepción de inconstitucionalidad ante la evidente contradicción entre el inciso segundo del artículo 85-2 de la Ley 142 de 1994 y el inciso segundo del artículo 338 de la Constitución Política.

El artículo 338 de la Constitución Política al referirse a los principios de legalidad y certeza del tributo, le indicó al legislador que podía permitir que las autoridades fijen la tarifa de las tasas y contribuciones que cobren a los contribuyentes como recuperación de los costos de los servicios que les presten, es decir, que la competencia del legislador quedó definida a que el fin de la disposición que creara fuera el de garantizar la recuperación de los costos de los servicios que se le presten a los contribuyentes.

En este orden de ideas, cuando en el artículo 85-2 de la Ley 142 de 1994, el legislador limitó la facultad de la autoridad de control a los gastos de funcionamiento, vulneró el artículo 338 de la Constitución Política, porque se trata de unos rubros que resultan insuficientes para recuperar los costos en los que incurre la entidad para la prestación de los servicios de inspección, vigilancia y control, lo que a su vez conduce a la violación de los artículos 365 y 370 de la Constitución Política.

Prescindiendo de la interpretación gramatical del artículo 85-2 de la Ley 142 de 1994 y acudiendo a la interpretación constitucional que proviene del artículo 338 constitucional, necesariamente se debe concluir que las cuentas del Grupo 75 hacen parte de la base gravable de la contribución especial, porque lo que se pretende es que la autoridad de vigilancia y control recupere los costos en los que incurre en su actividad.

En este orden de ideas, en esta etapa procesal resulta prematuro verificar si existe violación de los actos administrativos demandados, que surja del análisis de los mismos y su confrontación con las normas superiores.

Por otra parte, la parte demandada puso de presente que al pretenderse la suspensión provisional de actos administrativos de carácter particular, se debía probar, aunque fuese de manera sumaria, la existencia de los perjuicios; sin embargo, la parte actora se limitó a señalar (i) el detrimento para la empresa con un incremento desbordado del patrimonio del ente del control y (ii) el riesgo a la estabilidad de la empresa, sin explicar a qué tipo de estabilidad se refería.

III. Consideraciones

Este Despacho es competente para decidir la solicitud de medida cautelar de suspensión provisional, en virtud de lo previsto en el artículo 125 del CPACA(1), que establece que en los procesos de única instancia(2) le corresponde al magistrado ponente dictar los autos interlocutorios.

1. Cuestión previa

1.1. El apoderado de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios advierte que esa entidad ha venido invocando la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad de que trata el artículo 4 de la Constitución Política, respecto del artículo 85-2 de la Ley 142 de 1994, en cuanto el legislador determinó como límite a la autoridad de control para determinar la contribución especial “los gastos de funcionamiento asociados al servicio sometido a regulación”, que son insuficientes para recuperar los costos en que incurre la SSPD por la prestación de los servicios de vigilancia y control, con lo que se vulnera el artículo 338 de la Constitución Política y, en consecuencia, los artículos 365 y 370 ib.

1.2. La Sala en oportunidad anterior(3) advirtió que no existe contradicción clara y evidente entre las normas constitucionales invocadas y el artículo 85 de la Ley 142 de 1994, que permita inaplicar la citada norma legal por vía de excepción, posición que acá se reitera y que en lo pertinente señaló:

1.2.1. Fue voluntad del legislador que la base gravable de la contribución especial fuera el valor de los gastos de funcionamiento asociados al servicio sometido a regulación de la entidad contribuyente y que la tarifa máxima del 1% se aplicara a la citada base gravable, facultando a las comisiones y a la superintendencia para que, dentro de ese límite, de manera independiente y con base en el estudio correspondiente fijaran la tarifa especial aplicable.

Estas pautas no permiten hacer una interpretación diferente del artículo 85 de la Ley 142 de 1994 con el fin de ampliar la base gravable, porque correspondería a conceptos diferentes, que no consultan la voluntad del legislador.

1.2.2. La determinación de la base gravable en los términos señalados por el legislador consulta lo previsto en el inciso segundo del artículo 338 de la Constitución Política, porque lo que se pretende con la contribución especial, en la forma prevista en la ley creadora del tributo, es recuperar los costos por el control y vigilancia que presta la autoridad administrativa a los administrados.

1.2.3. Tampoco se desconoce el artículo 370 de la Constitución Política, porque los gastos de funcionamiento, asociados al servicio sometido a regulación, resultaren insuficientes para recuperar los costos en que incurre la superintendencia por la prestación del servicio de vigilancia y control. Todo porque el legislador previó la posibilidad de que en el evento que existieran faltantes presupuestales, se observara lo previsto en el parágrafo segundo del artículo 85 de la Ley 142 de 1994, que dispone “[a]l fijar las contribuciones especiales se eliminarán, de los gastos de funcionamiento, los gastos operativos; en las empresas del sector eléctrico, las compras de electricidad, las compras de combustibles y los peajes, cuando hubiere lugar a ello; y en las empresas de otros sectores los gastos de naturaleza similar a éstos. Estos rubros podrán ser adicionados en la misma proporción en que sean indispensables para cubrir faltantes presupuestales de las comisiones y la superintendencia”.

2. Marco normativo de la medida cautelar de suspensión provisional

2.1. Para el caso concreto, interesa la medida cautelar señalada en el numeral 3 del artículo 230 del CPACA, es decir, la suspensión provisional de un acto administrativo.

2.1.1. Acorde con lo dispuesto en el artículo 238 de la Constitución Política, esta jurisdicción podrá suspender provisionalmente los efectos de los actos administrativos que sean susceptibles de impugnación por vía judicial, por los motivos y con los requisitos que establezca la ley.

2.1.2. En el artículo 231 del CPACA, el legislador señaló que cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensión provisional de sus efectos procede cuando la violación de las normas invocadas por la parte actora surja: (i) del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores expresadas como violadas o (ii) del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud.

2.1.3. Sobre el particular, esta Corporación ha precisado que la nueva regulación de la suspensión provisional establecida en el CPACA, prescinde de la “manifiesta infracción” exigida en la antigua legislación, y “presenta una variación significativa en la regulación de esta figura, por cuanto la norma obliga al juez administrativo a realizar el análisis entre el acto y las normas invocadas como transgredidas y a estudiar las pruebas allegadas con la solicitud”(4). Esta es una reforma sustancial, si se tiene en cuenta que ello habilita al juez para realizar un estudio de una manera más amplia que la prevista en la legislación anterior(5).

2.1.4. Entonces, si la suspensión provisional parte del supuesto de que se presenta infracción entre una norma inferior respecto de una norma superior, y comoquiera que a partir de la vigencia del CPACA, para que proceda la suspensión provisional ya no es requisito indispensable que se presente manifiesta infracción entre la norma legal y la reglamentaria, es dable concluir que al juez administrativo le asiste la facultad de analizar el contenido y alcance de la norma, en el evento en el que el asunto planteado lo requiera y, en esas condiciones, es posible que el juez acuda a una opción interpretativa que armonice la norma reglamentaria con la ley, lo que conduce a que en todos los eventos no se deba acudir necesariamente a la suspensión de la norma acusada de ilegalidad. De ser el caso, se debe hacer uso de esa posibilidad hermenéutica que permite mantener la norma en el ordenamiento jurídico en virtud del principio de conservación del derecho.

2.2. Conforme con los artículos 229 y siguientes del CPACA, en especial, con el artículo 231 ibídem, si se trata de la suspensión provisional, los únicos presupuestos materiales para su decreto son la violación de normas superiores y la prueba sumaria del perjuicio, siempre que se busque el restablecimiento del derecho(6).

La prueba sumaria es aquella que “lleva al juez a la certeza del hecho que se quiere establecer, en iguales condiciones de las que genera la plena prueba, pero, a diferencia de ésta, no ha sido sometida al al requisito de contradicción de la parte contra quien se hace valer”(7). La Sala, por su parte, entiende que “la prueba sumaria es un mecanismo demostrativo no sometido a controversia”(8), el cual, además, encuentra su justificación, de una parte, en la efectividad de los derechos subjetivos de las personas y, de la otra, en que lo que persigue es la protección y garantía del objeto del proceso y la efectividad del fallo - art. 228 del CPACA -.

Por esto, frente a la suspensión provisional de actos administrativos, la lectura de las normas que habilitan la prueba del perjuicio a través de prueba sumaria, esto es, el artículo 231 del CPACA, debe hacerse a la luz del principio de tutela judicial efectiva y el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, de tal manera que debe entenderse que los jueces contencioso administrativos se encuentran habilitados para decretar una medida de tal naturaleza cuando las partes logren demostrarle la afectación de sus derechos a través del contenido del acto administrativo, de la decisión misma o de cualquier otro medio de prueba que le permita arribar a la conclusión de que está causándose un perjuicio.

Otros requisitos como el fumus boni iuris o el periculum in mora o la ponderación de intereses públicos, etc., son propios de otros tipos de medidas cautelares, pero no, se repite, de la suspensión provisional(9).

2.3. La suspensión provisional, además, es una medida cautelar que apunta a enervar la eficacia y los efectos del acto administrativo, según se colige, no solo de la doctrina y la jurisprudencia, sino también del numeral 1º del artículo 91 de la Ley 1437 de 2011.

2.4. En síntesis, en cuanto a la medida de suspensión provisional, lo cierto es que varios de sus requisitos de procedencia fueron modificados, en lo que podría denominarse una especie de flexibilización, orientada a proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia, al tenor del artículo 231 del CPACA.

2.5. Pese a las variaciones previstas en el CPACA, lo cierto es que se conservó la exigencia relativa a la acreditación, siquiera sumaria, del perjuicio que causa la ejecución del acto cuestionado en aquellos eventos en los que se pretenda el restablecimiento del derecho, esto es, cuando se ejercite el medio de control previsto en el artículo 138 del CPACA, razón por la que las precisiones efectuadas por la jurisprudencia sobre el particular conservan vigencia, siempre que se ajusten a la finalidad establecida por el legislador frente a la medida cautelar.

3. Suspensión provisional de los actos administrativos que liquidaron de manera oficial la contribución especial prevista en el artículo 85-2 de la Ley 142 de 1994, por el año 2013, a cargo del Consorcio Aseo Capital S.A.

3.1. Lo primero que advierte el Despacho es que la parte demandante no solicitó la suspensión provisional de la Resolución SSPD-20131300029415 del 1º de agosto de 2013, por la cual se fijó la tarifa de la contribución especial a la que se encuentran sujetos los prestadores de servicios públicos domiciliarios para el año 2013, se establece la base de la liquidación, el procedimiento para el recaudo y se dictan otras disposiciones, que fue tenida en cuenta para expedir los actos administrativos de carácter particular enjuiciados en este proceso.

3.2. Por lo tanto, en esta oportunidad, el estudio se centrará en los actos administrativos de carácter particular, a saber: la Liquidación Oficial Nro. 20135340019246 del 6 de agosto de 2013, (ii) la Resolución Nro. SSPD-20135300035055 del 19 de septiembre de 2013 y (iii) la Resolución Nro. SSPD-20135000041425 del 28 de octubre de 2013, mediante las cuales la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios liquidó la contribución especial prevista en el artículo 85 de la Ley 142 de 1994, por el año 2013, a cargo a la parte actora, en los siguientes términos(10):

ConceptoLiquidación SSPD
Gastos de administración 8.619.454.371,00
Impuestos, tasas y contribuciones 2.910.258.632,00
Servicios personales 34.305.423.894,00
Generales 5.368.521.190,00
Arrendamientos 3.594.576.156,00
Órdenes y contratos de mantenimiento y reparaciones 1.630.989.199,00
Honorarios 652.355.029,00
Servicios Públicos 412.930.051,00
Materiales y costos de operación8.714.873.664,00
Seguros 494.559.664,00
Órdenes y contratos por otros servicios 14.349.920.648,00
Licencias de operación del servicio 0,00
Comité de estratificación 30.566.530,00
  
Total Base75.263.911.764,00
Total contribución (Porcentaje 0.8075 %)607.756.000,00
Valor pagado anticipo69.151.000,00
Total a pagar 538.605.000,00

3.3. Los anteriores conceptos, excepto el de impuestos, tasas y contribuciones, están señalados en el artículo segundo de la Resolución SSPD-20131300029415 del 1º de agosto de 2013, que enlista las “erogaciones que constituyen los gastos de funcionamiento asociados a la prestación del servicio sometido a la inspección, control y vigilancia de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, que integran la base de liquidación para la contribución especial de la vigencia 2013, una vez aplicado el test de validación”(11), contenidas en las siguientes cuentas:

CuentaConcepto
51Gastos de administración (menos la 5120)
7505Servicios personales
7510Generales
7517Arrendamientos
753508Licencias de operación del servicio
753513Comité de estratificación
7540Órdenes y contratos de mantenimiento y reparaciones
7542Honorarios
7545Servicios públicos
7550Materiales y otros costos de operación
7560Seguros
7570Órdenes y contratos por otros servicios

3.4. De las citadas cuentas, la parte demandante, en la demanda, afirmó que las relacionadas con (i) servicios personales (7505), (ii) arrendamientos (7517), (iii) órdenes y contratos de mantenimiento (7540), (iv) materiales y costos de operación (7550) y (v) contratos otros servicios (7570), no constituyen gastos de funcionamiento(12); por lo tanto, los actos administrativos demandados infringen las normas en las que deberían fundarse.

3.5. Es decir, la discusión entre la Administración y la parte demandante gira en torno a las citadas cuentas y su vinculación con los gastos de funcionamiento asociados al servicio público domiciliario objeto de vigilancia y control por la SSPD, como requisito necesario para que integren la base gravable de la contribución, sin que se discuta el valor registrado en cada una de ellas.

3.6. De acuerdo con la sentencia del 9 de noviembre de 2001(13), la cual ha sido reiterada de manera uniforme en años posteriores(14), se concluye que no todas las cuentas contenidas en los grupos de la Clase 5 –Gastos, hacen parte del concepto de “gastos de funcionamiento”, especialmente las del Grupo 53 referidas a provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones, y aquellas otras que no tengan una relación necesaria e inescindible con los servicios públicos domiciliarios que prestan las empresas, tales como la Cuenta 5803 –Ajuste por diferencia en Cambio, la Cuenta 5120 –Impuestos, contribuciones y tasas, la Cuenta 5802 - Comisiones, la Cuenta 5810 –Extraordinarios, la Cuenta 5801 –Intereses y la Cuenta 5805 –Financieros.

Mucho menos, pueden formar parte de la base gravable de la contribución especial prevista en la Ley 142 de 1994, los costos de producción de los servicios públicos domiciliarios, registrados en el Grupo 75 –Costos de Producción, ya que, se insiste, la “noción de costos no se puede equiparar a la de gastos de funcionamiento por no haberlo previsto así la Ley 142 de 1994, ya que de haber sido esa la intención del legislador así lo hubiera contemplado legalmente, teniendo en cuenta el fundamento contable que tiene la base gravable comentada”(15).

3.7. Así las cosas, no cabe duda de que las cuentas pertenecientes al grupo 75, señaladas en la demanda, que fueron tenidas en cuenta por la SSPD para liquidar la contribución especial en discusión, no son gastos asociados al servicio sometido a regulación, en los términos del artículo 85 de la Ley 142 de 1994, por cuanto la noción de costos no se puede equiparar a los gastos de funcionamiento, lo que evidencia la violación de la norma de rango superior, al ser tenidos en cuenta para determinar la base gravable de la contribución especial para el año 2013.

3.8. En este orden de ideas, en el caso sub examine se cumple con uno de los requisitos previstos en el artículo 231 del CPACA para que proceda la solicitud de suspensión provisional de los actos administrativos, vale decir, por la violación de la norma indicada en la demanda y en el acápite de solicitud de suspensión presentada con dicho escrito (art. 85 de la Ley 142 de 1994); violación que surge del análisis del acto demandado, que a su vez constituye un medio de prueba de los conceptos que la SSPD tuvo en cuenta para practicar la liquidación oficial de la contribución especial y su confrontación con la citada disposición.

3.9. Ahora bien, como la solicitud de medida cautelar tiene por objeto suspender los atributos de fuerza ejecutoria y ejecutiva del acto de determinación oficial de la contribución especial, y, ante la presunción de legalidad de los actos administrativos, este despacho ha dicho que es necesario que la parte demandante asuma la carga impuesta por el legislador en el artículo 231 del CPACA, en el sentido de demostrar de manera sumaria el perjuicio que causa o podría causar la ejecución del acto administrativo enjuiciado.

3.10. En este caso el despacho encuentra que se acreditó este requisito por las siguientes razones:

3.10.1. El Consorcio demandante afirmó que con la expedición de la liquidación oficial cuestionada se “puso en riesgo la estabilidad de la prestadora e incluso la ejecución del contrato, al expedir y liquidar dicho acto administrativo de manera desproporcionada en cuanto su valor, desconociendo las leyes y principios que regulan la materia” (fls. 39 y 40 del C2),

3.10.2. La Liquidación Oficial 20135340019246 del 6 de agosto de 2013 determinó la contribución especial prevista en el artículo 85 de la Ley 142 de 1994, por el año 2013, a cargo a la parte actora, en la suma de $538.605.000, porque la parte actora acreditó el pago del anticipo por la suma de $70.000.000(16).

La resolución que resuelve el recurso de apelación interpuesto contra la liquidación oficial dispuso “ordenar al consorcio Aseo Capital S.A. empresa de servicios públicos de carácter privado, efectuar el pago correspondiente, por el valor que se encuentra pendiente de pago, dentro del siguiente mes a la fecha en que quede en firme la respectiva liquidación.”

3.10.3. El contenido de los actos demandados permite inferir los perjuicios que se alegan como fundamento de la solicitud de suspensión provisional, en el entendido que a través de dichos actos administrativos se determinaron unas obligaciones concretas a cargo del consorcio demandante y, como tal, la exigibilidad de aquellas obligaciones y, por supuesto, los efectos concretos de la misma, son la fuente de perjuicios para el contribuyente, fundamentalmente por la posibilidad con la que cuenta la administración para cobrar forzadamente la obligación pecuniaria impuesta en el acto de liquidación de la contribución.

También se deriva de la inclusión de las cuentas pertenecientes al grupo 75, en la liquidación de la contribución especial en discusión, que no corresponden a gastos asociados al servicio sometido a regulación y que, por lo mismo, no pueden ser objeto de imposición.

Es del caso aclarar que, tal y como se señaló en la parte considerativa de esta providencia (supra 2.2), la demostración de los perjuicios requeridos para decretar la medida de suspensión provisional, en los términos del artículo 231 del CPACA, puede hacerse, como en este caso, a través del contenido del propio acto administrativo demandado, que bien puede considerarse un medio de prueba.

3.10.4. Si bien es cierto que el acto administrativo objeto de la medida cautelar no se ha materializado de manera plena, porque la parte actora no acreditó el pago del remanente del tributo que asciende a $538.605.000, también lo es que la Administración estableció que dicho remanente debía pagarse dentro del mes siguiente a la fecha de firmeza de la liquidación oficial y, como tal, a partir de dicha fecha, esa suma puede ser objeto de ejecución, como se dijo en líneas anteriores.

3.10.5. Se precisa que la fuerza ejecutoria de los actos administrativos que sirven de fundamento al cobro coactivo, tiene una regla especial en materia tributaria. El artículo 829-4 del E.T. establece que se entienden ejecutoriados los actos administrativos que sirven de fundamento al cobro coactivo, cuando los recursos interpuestos en la vía gubernativa o las acciones de restablecimiento del derecho o de revisión de impuestos se hayan decidido en forma definitiva, según el caso. 

4. Por lo expuesto, esta sala unitaria de la Sección Cuarta del Consejo de Estado considera que hay lugar a la medida cautelar de suspensión provisional de los actos administrativos que liquidaron de manera oficial la contribución especial.

En mérito de lo expuesto,

Resuelve

1. Decrétase la suspensión provisional de los efectos de la Liquidación Oficial Nro. 20135340019246 del 6 de agosto de 2013 y de sus confirmatorias, las Resoluciones Nros. SSPD-20135300035055 del 19 de septiembre de 2013 y SSPD-20135000041425 del 28 de octubre de 2013, expedidas por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, hasta tanto se decida la presente controversia.

2. Comuníquese esta decisión a La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Cópiese y notifíquese

Jorge Octavio Ramírez Ramírez_ Magistrado

1. Art. 125. De la expedición de providencias. “Será competencia del juez o magistrado ponente dictar los autos interlocutorios y de trámite; sin embargo, en el caso de los jueces colegiados, las decisiones a que se refieren los numerales 1º, 2º, 3º y 4º del artículo 243 de este código serán de Sala, excepto en los procesos de única instancia. (…)” (Se resalta).

2. Este proceso es de única instancia porque la demanda se admitió con acumulación de pretensiones de simple nulidad.

3. Sentencia del 12 de noviembre de 2015, expediente 250002327000-2012-00282-01 (21737), C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

4. Cfr. Sección Primera, auto del 3 de diciembre de 2012, C.P. Guillermo Vargas Ayala, expediente Nro. 2012-00290-00.

5. Cfr. Sección Cuarta, providencia del 29 de enero de 2014, radicado Nro. 2012-00057-00 (19798), C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, reiterada el 13 de abril de 2015, radicado Nro. 2014-00051-00 (21206), C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

6. Cfr. Auto del 28 de agosto del 2014. Expediente No. 11001-03-27-000-2014-00003-00(20731). C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Allí, se consideró lo siguiente: “1.4.- Pese a las variaciones referidas en precedencia, lo cierto es que se conservó la exigencia relativa a la acreditación, siquiera sumaria, del perjuicio que causa la ejecución del acto cuestionado en aquellos eventos en los que se pretenda el restablecimiento del derecho, esto es, cuando se ejercite el medio de control previsto en el artículo 138 del C.P.A.C.A., razón por la que las precisiones efectuadas por la jurisprudencia sobre el particular conservan vigencia, siempre que se ajusten a la finalidad establecida por el legislador frente a la medida cautelar.”

7. López Blanco, Hernán Fabio. Procedimiento Civil. Pruebas. Tomo 3. 2ª Edición. Editorial Dupré. Bogotá, 2008. Pág. 83.

8. Ver, entre otras, las providencias del 3 de octubre del 2007, expediente No. 41001-23-31-000-2007-00081-01(16738), C.P. Dra. María Inés Ortiz Barbosa; y la del 20 de agosto del 2009, expediente No. 41001-23-31-000-2009-00113-01(17807), C.P. Dra. Martha Teresa Briceño de Valencia.

9. Cfr. Sala Plena, auto del 17 de marzo de 2015, C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, expediente Nro. 2014-03799-00

10. Cfr. el fl. 49.

11. Fl. 45.

12. Cfr. el fl. 17 de este cuaderno.

13. Radicado Nro. 11790, C.P. María Inés Ortiz Barbosa.

14. Al respecto se pueden consultar, entre otras, las siguientes sentencias: del 13 de diciembre de 2011, radicado Nro. 25000-23-27-000-2008-00023-01(17709), C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez; del 25 de abril de 2013, radicado Nro. 25000-23-27-000-2009-00027-01(18931), C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez; del 13 de junio de 2013, radicado Nro. 18828, C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez (E); del 20 de junio de 2013, radicado Nro. 18930, C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez (E); del 3 de julio de 2013, radicado Nro. 19017, C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez (E); del 26 de febrero de 2014, radicado Nro. 25006-23-27-000-2008-00174-01 (19155), C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez; del 10 de abril de 2014, radicado Nro. 25000-23-27-000-2009-00068-01 (19054), C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez; del 14 de agosto de 2014, radicado Nro. 25000-23-27-000-2011-00207-01 (19853), C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez; del 28 de agosto de 2014, radicado Nro. 25000-23-27-000-2008-00132-01 (19682), C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez; del 28 de agosto de 2014, radicado Nro. 25000-23-27-000-2010-00159-01 (20002), C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez; del 17 de septiembre de 2014, radicado Nro. 250002327000201200362 01 (20253), C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia, del 5 de febrero de 2015, radicado Nro. 25000-23-27-000-2012-00579-01 (20720). C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, del 3 de septiembre de 2015, radicado Nro. 25000-23-27-000-2012-00638-01 (20414), C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez y del 10 de septiembre de 2015, radicado Nro. 25000-23-27-000-2012-00434-01 (21254), C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

15. Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 23 de septiembre de 2010, radicado Nro. 16874, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.

16. En la liquidación oficial demandada la SSPD aparece liquidado como anticipo la suma de $69.151.000 (fl. 49) y la parte actora aportó copia de la consignación realizada en el Banco BBVA de fecha 25 de febrero de 2014, en el que consta el pago de la suma de $70.000.000 a favor de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (fl. 51).