Auto 2013-00003 de junio 6 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN C

Rad. 11001-03-26-000-2013-00003-00(45922)

Consejero Ponente:

Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa

Actor: Concesiones Parqueaderos Calles 85, 90, 97 S.A.

Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano - IDU

Referencia: recurso de anulación de laudo arbitral

Bogotá, D.C., seis de junio de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. La Sala de Sección es competente para decidir sobre la admisibilidad del recurso de anulación formulado por la parte convocante contra el laudo arbitral de 20 de noviembre de 2012 proferido por el tribunal de arbitramento del centro de arbitraje y conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. Lo anterior dado que el artículo 149.7 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo(9) dispuso el conocimiento de esta clase de recursos, de manera privativa, al Consejo de Estado, comoquiera que la cuestión debatida surge en torno a la ejecución de unos contratos celebrados por una entidad pública —el Instituto de Desarrollo Urbano, IDU—.

2. Corresponde a la Sala pronunciarse sobre la admisibilidad del recurso de anulación formulado por la parte convocante, para lo cual, dado el sentido del proyecto del auto derrotado y las razones que en se sustentó, deberá, abordar consideraciones respecto a la jurisdicción arbitral, para luego centrarse en la naturaleza de la impugnación del laudo arbitral, conforme al ordenamiento jurídico colombiano; precisado lo anterior pasará la Sala a determinar cuál es la normativa procedimental que debe regir, para este caso, el trámite del recurso de anulación de laudo arbitral, el Decreto 1818 de 1998 o la Ley 1563 de 2012, y, como consecuencia, se concluirá si el recurso formulado por la parte convocante debe ser avocado por esta Sección para su trámite y resolución.

2.1. La acción de controversias contractuales y la jurisdicción arbitral. El pacto arbitral(10).

En el derecho administrativo colombiano las controversias surgidas de las relaciones contractuales del Estado no constituyen, en cuanto a su conocimiento, un privilegio de la jurisdicción contenciosa administrativa. Precisamente, con el ánimo de garantizar a los asociados, la resolución pronta de los conflictos derivados de las relaciones negóciales del Estado, y con el propósito de obtener, la seguridad jurídica necesaria para mantener la suficiente fluidez en el trafico jurídico y la confiabilidad indispensable en las instituciones, se ha desarrollado de tiempo atrás en nuestra legislación(11), pero sobre todo acentuado, con la entrada en vigencia de la Constitución Política(12) de 1991, un complejo sistema de justicia alternativa, que en materia de litigios contractuales, se caracteriza por la incorporación de la cultura de la prioridad en la utilización de mecanismos de solución directa de las diferencias y discrepancias surgidas entre las partes, con ocasión de la actividad contractual y, de la utilización de ser del caso, de alternativas diferentes a las tradicionalmente judiciales, como las de la conciliación, amigable composición, transacción y cualquiera otra de los previstas en la ley(13), sin que de manera alguna puedan ser estos mecanismos, objeto de restricciones o limitaciones por la administración o por cualquier interesado, prohibiéndose de manera expresa por el ordenamiento actitudes de esta naturaleza(14).

En este contexto, se destaca por su utilidad, necesidad y procedencia la figura del arbitramento(15), la cual, fundada en razones de planeación del contrato y autonomía y voluntariedad de las partes que se concretan en el denominado pacto arbitral(16) permiten dar vida jurídica a la posibilidad de que árbitros habilitados juzguen las diferencias surgidas de la relación negocial del Estado(17).

El consentimiento forjado para la administración sobre bases de planeación del negocio y de razonabilidad, y consolidado en el acuerdo de voluntades de las partes contratantes, puede traducirse materialmente en la existencia de una cláusula compromisoria contenida en el contrato mismo, o en la celebración de un acuerdo, por fuera del texto mismo del contrato estatal, denominado compromiso, en ambos casos, con la fuerza, autonomía y sustancia necesarias para demarcar el ámbito de acción de los particulares que habrán de resolver los conflictos emanados de la relación contractual principal, a la cual se accede por estas vías extraordinarias(18).

Esta orientación se deduce sin mayores dificultades de la redacción de los artículos 68 y 69 de la ley contractual del Estado, disposiciones incorporadas en los artículos 226 y 227 del Decreto 1818 de 1998 y en el artículo 1º de la Ley 1563 de 2012, al disponer precisamente que las entidades estatales y los contratistas buscarán solucionar en forma ágil, rápida y directa las diferencias y discrepancias surgidas de la actividad contractual, acudiendo a cualquiera de los mecanismos anteriormente señalados, o incorporando en los contratos, estipulaciones que privilegien este tipo de soluciones, frente a los conflictos y discrepancias que surjan de la relación contractual.

Esta decisión del legislador, de retomar los senderos de la solución directa y pacífica de las diferencias contractuales, se acentúa en la redacción del artículo 69 del mencionado estatuto, al indicar, que las autoridades, no podrán establecer prohibiciones a la utilización de los mecanismos de solución directa de las controversias nacidas de los contratos estatales, ni establecer prohibiciones en torno a la posibilidad de acudir al arbitramento, para resolver los conflictos que se presenten en todo lo relacionado con los contratos del Estado. Esto es, se abren todas las posibilidades para que las partes, en ejercicio de la autonomía de la voluntad acuerden cuando lo consideren, habilitar árbitros para que diriman las diferencias o litigios emanados de la relación contractual(19).

De conformidad con las normas constitucionales relativas al ejercicio de autoridad judicial por los particulares, en concordancia con los artículos 70 a 72 de la Ley 80 de 1993 incorporados en los artículos 228 a 230 del Decreto 1818 de 1998 o norma compiladora de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, así como en el artículo 1º de la Ley 1563 de 2012, la acción contractual podrá ser ejercida ante los tribunales de arbitramento, conformados por particulares, elevados a la categoría de árbitros, a través de la habilitación(20), que en ejercicio de la autonomía de la voluntad, efectúan las partes contratantes, para resolver los litigios o controversia que surjan del contrato mismo, o los que se adviertan con posterioridad y que sean de carácter transigible(21). Habilitación esta de carácter solemne, contenida en pactos arbítrales que pueden tener la forma de cláusula compromisoria, o si es del caso, de compromiso y a las cuales acude la administración a partir de los razonables análisis y justificaciones sustentadas en la planeación del negocio mismo. Esto es, que la decisión de acudir a esta habilitación tiene adicionalmente sus soportes en el principio de planeación de los contratos públicos.

En este sentido, se puede sostener que esta forma alternativa de conflictos contractuales deriva su existencia de la voluntad de la administración, debidamente soportada en los estudios previos elaborados en virtud del principio de planeación contractual, aceptada por la otra parte negocial, consentimiento este, que es aceptado y reconocido por la Constitución Política en el inciso cuarto de su artículo 116, como un mecanismo valido para investir con autoridad judicial a determinadas personas naturales, constituyéndose en este sentido, la autonomía de la voluntad(22), entonces, es el sustento supremo del mecanismo arbitral; su indiscutible base de carácter material, que determina los alcances, limitaciones y sobre todo conforma el ámbito de sus competencias funcionales(23). Indica la disposición que “Los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de administrar justicia en la condición de jurados en las causas criminales, conciliadores o en la de árbitros habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad, en los términos que determine la ley”.

El principio se retoma, así mismo en la Ley 270 de 1996 “estatutaria de la administración de justicia”, al desarrollar el anterior precepto constitucional, sin embargo, la ley estatutaria lo hace bajo la advertencia, en su artículo 8º de proclamar como una regla fundamental para la administración de justicia el de la alternatividad de mecanismos para la solución de los conflictos entre los asociados, destacándose entonces, la tendencia a abandonar como vía única frente a los de los litigios, la de la solución jurisdiccional tradicional y aceptándose otras alternativas, entre ellas la de la administración de justicia por árbitros habilitados por las partes dentro de los términos de la constitución y la ley. Es así como, en el artículo 13 numeral 3º de esta misma codificación estatutaria al referirse al ejercicio de la función jurisdiccional por otras autoridades y por particulares determina que la justicia en Colombia, puede ser ejercida entre otros por los árbitros habilitados por las partes, en asuntos susceptibles de transacción, de conformidad con los procedimientos señalados en la ley. Tratándose de arbitraje, las leyes especiales de cada materia establecerán las reglas del proceso, sin perjuicio de que los particulares puedan acordarlas. Los árbitros, según lo determine la ley, podrán proferir sus fallos en derecho o en equidad.

Esto es, al elevarse a norma suprema y ser esta desarrollada por la ley estatuaria de la administración de justicia, en el sentido de que las partes de un contrato, pueden habilitar árbitros para conformar tribunales tendientes a resolver conflictos con fuerza vinculante y de carácter judicial, en asuntos que puedan ser susceptibles de transacción, se incorpora al ordenamiento constitucional, un típico principio negocial, fundamentador de la capacidad constructiva de la autonomía de la voluntad, como es el de la habilitación consensuada para instituir autoridades y sobre todo para determinarles el contenido sustancial de sus competencias(24).

La facultad de habilitación propia del derecho privado y de las relaciones negociales entre particulares se incorpora en el derecho constitucional de manera general, irrigando en consecuencia, absolutamente todo el espectro contractual, incluso el del Estado, permitiendo que el arbitraje a través de tribunales de arbitramento, se desarrolle como un instrumento viable, en tratándose de los conflictos susceptibles de transacción que se presenten en las relaciones contractuales de las entidades estatales, de carácter judicial, respetuoso del debido proceso y de los demás derechos fundamentales tal y como acontece en todo proceso judicial(25), siempre y cuando en el proceso de planeación del negocio la administración lo hubiere considerado razonablemente, o las circunstancias lo recomendaron justificadamente en el caso del compromiso propiamente dicho.

Esto con una limitante trascendental, la de que tan solo es procedente en los litigios que pudieren ser objeto de transacción entre las partes, lo cual excluye(26), en consecuencia, materias como la legalidad del ordenamiento jurídico aplicable al contrato, o de los actos administrativos que se presenten en el desarrollo de la actividad contractual(27).

En la perspectiva estrictamente legal, esta es la orientación que las normas reguladoras del arbitramento le otorgan a la institución(28), al aceptarla como una habilitación de árbitros, a particulares, para que actuando a través de tribunales, por ellos conformados, definan con fuerza de decisión judicial un conflicto entre partes interesadas(29). Se trata en términos de la ley de “un mecanismo por medio del cual las partes involucradas en un conflicto de carácter transigible, defieren su solución a un tribunal arbitral, el cual queda transitoriamente investido de la facultad de administrar justicia, profiriendo una decisión denominada laudo arbitral”. (El art. 111 de L. 446/98, que modificó el art. 1º del D. 2279/89, recogido en el art. 115 del D. 1818/98, así como también en el art. 1º de L. 1563/2012).

El consentimiento de las partes contratantes tendiente a la habilitación de árbitros, en consecuencia la renuncia a la jurisdicción contenciosa y la conformación de los tribunales pertinentes se solemniza a través de pactos arbitrales que pueden según las circunstancias adoptar la modalidad de cláusula compromisoria y compromiso, así se deduce de la redacción del artículo 115 de la Ley 446 de 1998 que modifica el artículo 2º del Decreto 2279 de 1989, el 117 del Decreto 1818 de 1998 y los artículos 4º y 6º de la Ley 1563 de 2012.

La cláusula arbitral contiene el consentimiento de las partes de someterse a la justicia arbitral frente a eventuales(30) litigios surgidos del contrato. Esta decisión bilateral puede formalmente aparecer estipulada como una simple cláusula contractual donde se manifieste la decisión de las partes de someter las distintas diferencias que puedan surgir por razón de la celebración del contrato y de su ejecución, desarrollo, terminación o liquidación al conocimiento de árbitros y de ser posible la delimitación material de las materias que se someterían a conocimiento de ellos(31). Esta intención también puede estar contenida en documento anexo al contrato caso en el cual para producir efectos jurídicos deberá expresar el nombre de las partes e indicar en forma precisa el contrato al que se refiere.

La cláusula compromisoria, tiene, pues, su fuente jurídica en el contrato, pero goza de autonomía plena frente a este, en la realidad de las cosas es otro negocio jurídico y su finalidad no es otra que la de procurar la solución ágil de los eventuales conflictos que surjan entre las partes(32). (Art. 70 de L. 80/93, 228 del D. 1818/98 en concordancia con el 118 y 120 de este mismo decreto, art. 4º del D. 2279/89 y arts. 4º y 5º de L. 1563/2012).

El compromiso, que igualmente es un negocio jurídico autónomo, al contrario de lo que ocurre con la cláusula compromisoria, tiene como punto de partida la existencia(33) de un litigio presente y determinado emanado de un contrato estatal, se trata por lo tanto de un pacto en el cual las partes acuerdan someter una diferencia preexistente de naturaleza contractual a la decisión de los árbitros y relativas a la celebración del contrato y su ejecución, desarrollo, terminación o liquidación del mismo(34).

En general el pacto arbitral goza de plena autonomía en cualquiera de sus modalidades, ordenando en virtud del artículo 116 constitucional de manera excepcional y transitoria la jurisdicción que asumirá los litigios acordados por las partes. En este sentido, el pacto debe ser no solo reconocido por las autoridades, sino respetado y acatado con toda la fuerza e intensidad que el ordenamiento constitucional le brinda, en especial cuando se intenten acciones o mecanismos procesales por fuera de sus parámetros materiales. La existencia del pacto enerva cualquier posibilidad de actuación por parte de las autoridades contencioso administrativas en cuanto la configuración de una clara hipótesis de ausencia sustancial de jurisdicción para actuar válidamente en relación con los litigios que le fueren puestos a su consideración.

2.2. Naturaleza de la anulación de laudo arbitral. Dilucidado lo anterior pasa la Sala a considerar la naturaleza jurídica del recurso de anulación contra laudos arbitrales, para lo cual, considera pertinente recordar que la ponencia inicial suscrita por el consejero Enrique Gil Botero se encaminaba a sostener que se trataba verdaderamente de un proceso judicial autónomo al procedimiento arbitral —el cual culmina con la expedición del laudo arbitral—, con sustento, especialmente en consideraciones de la doctrina española sobre la materia.

Sea lo primero advertir que el empleo del recurso doctrinario o dogmático como uno de los argumentos para fundamentar válidamente una decisión jurídica debe estar sujeto a su coherencia sistemática frente a otros argumentos dogmáticos y, sobre todo, respecto de las normas jurídicas válidas, en lo que se suele denominar como un “control de consistencia”(35); esto supone, entonces, que no es posible aducir un argumento de tal naturaleza cuando este va dirigido, explícitamente, en contra de una norma jurídica de derecho positivo que no remite a duda sobre su contenido y alcance, pues, en estos casos quedará puesto de presente la inconsistencia del recurso doctrinario frente al ordenamiento jurídico o lo que es lo mismo su impertinencia para ser aducido como argumento dentro de una decisión que pretende ser adoptará (sic) con sujeción a un determinado sistema jurídico.

La anterior reflexión es valiosa para el sub lite si se tiene en cuenta que en la ponencia inicial que fue presentada se defendió en buena medida la tesis de la autonomía del recurso de anulación como un proceso judicial diferencia al trámite arbitral, con sustento en la doctrina española, lo cual merece las siguientes apreciaciones, en cuanto a su posible uso para ser aducido como argumento jurídicamente válido:

Las referencias doctrinarias del caso español deben ser consideradas dentro del contexto de su ordenamiento jurídico vigente en donde es claro que conforme a la Ley 60 de 2003(36), modificada recientemente por la Ley 11 de 2011, se instituyó la acción de anulación del laudo arbitral, de acuerdo al artículo 40(37), mientras que se advierte que a voces del artículo 43 “El laudo produce efectos de cosa juzgada y frente a él solo cabrá ejercitar la acción de anulación y, en su caso, solicitar la revisión conforme a lo establecido en la Ley 1ª de 2000, de 7 de enero, de enjuiciamiento civil para las sentencias firmes”. En este orden de ideas, se tiene que expresamente el legislador calificó la anulación de laudos como una acción, de donde se deriva, entonces, todas las consideraciones plausibles en torno a su autonomía respecto del procedimiento arbitral.

En el caso colombiano se avizora un panorama notoriamente diverso al español en tanto que la Ley 1563 de 2012, así como la normativa compilatoria anterior del Decreto 1818 de 1998 califican expresamente la anulación de laudos como un recurso judicial, de manera que, no sería posible, atribuirle a este una condición diferente a la otorgada por el legislador. En efecto el artículo 161 del Decreto 1818 de 1998, dentro del capítulo IV denominado “laudo arbitral y recursos” señala:

“ART. 161.—Contra el laudo arbitral procede el recurso de anulación. Este deberá interponerse por escrito presentado ante el presidente del tribunal de arbitramento dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación del laudo o de la providencia que lo corrija, aclare o complemente.

El recurso se surtirá ante el tribunal superior del distrito judicial que corresponda a la sede del tribunal de arbitramento, para lo cual el secretario enviará el escrito junto con el expediente”.

A su turno la Ley 1563 de 2012, en el artículo 40, en la parte de arbitraje nacional, dentro del capítulo IV “laudo arbitral y recursos” establece el recurso de anulación de laudo arbitral en los siguientes términos:

“Ley 1563 de 2012

CAPÍTULO IV

Laudo arbitral y recursos.

(...).

“ART. 40.—Recurso extraordinario de anulación. Contra el laudo arbitral procede el recurso extraordinario de anulación, que deberá interponerse debidamente sustentado, ante el tribunal arbitral, con indicación de las causales invocadas, dentro de los treinta (30) días siguientes a su notificación o la de la providencia que resuelva sobre su aclaración, corrección o adición. Por secretaría del tribunal se correrá traslado a la otra parte por quince (15) días sin necesidad de auto que lo ordene. Vencido aquel, dentro de los cinco (5) días siguientes, el secretario del tribunal enviará los escritos presentados junto con el expediente a la autoridad judicial competente para conocer del recurso”.

Esta prescripción se reitera, en esencia, en la misma normativa al abordar el tema del arbitramento de carácter internacional en donde enfatiza que se trata del “único recurso judicial contra un laudo arbitral”:

“Ley 1563 de 2012

CAPÍTULO VIII

Impugnación del laudo.

“ART. 107.—La anulación como único recurso judicial contra un laudo arbitral. Contra el laudo arbitral solamente procederá el recurso de anulación por las causales taxativamente establecidas en esta sección. En consecuencia, la autoridad judicial no se pronunciará sobre el fondo de la controversia ni calificará los criterios, valoraciones probatorias, motivaciones o interpretaciones expuestas por el tribunal arbitral”.

Las disposiciones citadas, permiten a la Sala afirmar sin hesitación alguna que, en el ordenamiento jurídico colombiano la anulación de laudos arbitrales está instituido como un recurso judicial, de manera que, las características especiales de las cuales está dotado este medio de impugnación no pueden llevar a la conclusión equivocada según la cual se trata de una acción autónoma y por entero independiente del proceso arbitral en donde se profiere el laudo que será materia de la impugnación, pues, en tanto que participa de la naturaleza de recurso judicial, es claro que su interposición y ejercicio solo puede darse dentro del proceso arbitral en donde se ha producido el laudo que mediante él será cuestionado y sin que el hecho de que otro juez conozca y decida la anulación mute su naturaleza de recurso en acción.

Y es que la circunstancia de ser otro el juzgador competente para resolver un recurso no es extraña en algunos medios de impugnación, tal como acontece por ejemplo en la apelación, y a nadie se le ocurriría sostener en esta hipótesis que se trata de una acción autónoma.

Aunado a lo anterior, y para que no se diga que la ley colombiana establece una tesis singular al respecto, basta hacer una breve revisión de lo que sobre este punto consideró la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional - Uncitral - CNUDMI en su ley modelo sobre arbitraje comercial internacional, en el artículo 34, redactado en términos similares a los de la ley colombiana:

“CAPÍTULO VII

Impugnación del laudo

“ART. 34.—La petición de nulidad como único recurso contra un laudo arbitral

1) Contra un laudo arbitral solo podrá recurrirse ante un tribunal mediante una petición de nulidad conforme a los párrafos 2) y 3) del presente artículo.

(...)”(38).

En cuanto a los comentarios de la propia comisión a este artículo fueron del siguiente tenor:

“274. La Comisión estuvo de acuerdo con el principio que inspiraba el párrafo I) de prever un tipo único de recurso contra un laudo arbitral. Quedó entendido que la petición de nulidad era exclusiva en el sentido de constituir el único medio de impugnar el laudo de manera activa. No se impedía a una parte defenderse solicitando que se denegase el reconocimiento o la ejecución en las actuaciones iniciadas por la otra parte”(39).

En consecuencia, no tiene duda la Sala del carácter de recurso judicial de la anulación de laudo arbitral y, por contera, esto supone que este medio de impugnación sui generis es una institución jurídica que hace parte del proceso arbitral y, no como lo sostuvo el proyecto inicial, que se trata de un asunto ajeno e independiente de este.

2.3. El tránsito de legislación procesal y la vigencia en el tiempo de la Ley 1563 de 2012 (sic) (sic)

Una vez que se llega a la anterior conclusión la Sala debe determinar, entonces, la norma procesal que rige para el trámite de los recursos de anulación de laudo arbitral, aspecto en el cual existe norma especial en el artículo 119 de la Ley 1563 de 2012, lo que hace innecesario acudir al artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el artículo 624 del Código General del Proceso(40); esta disposición especial dispone:

“Ley 1563 de 2012. Artículo 119. Vigencia. Esta ley regula íntegramente la materia de arbitraje, y empezará a regir tres (3) meses después de su promulgación. Esta ley solo se aplicará a los procesos arbitrales que se promuevan después de su entrada en vigencia.

Los procesos arbitrales en curso a la entrada en vigencia de esta ley seguirán rigiéndose hasta su culminación por las normas anteriores(41) (resaltado propio).

Esto significa, entonces, que los procesos arbitrales iniciados con antelación a 12 de octubre de 2012 seguirán rigiéndose por las normas procesales que sobre la materia prescribe el Decreto Compilatorio 1818 de 1998, lo que incluye, entonces, el régimen de oportunidad, interposición, trámite y causales del recurso de anulación de laudo arbitral, y, en sentido contrario, solo se aplicará la normativa del estatuto arbitraje nacional e internacional (L. 1563/2012) para las demandas arbitrales interpuestas después del 12 de octubre de 2012.

De hecho este punto es trascendental si se reparan los sustanciales cambios que en el trámite del recurso de anulación se incorporaron en la Ley 1563 de 2012, para lo cual la Sala, en aras de tener claridad sobre este aspecto ilustrará, brevemente, en un cuadro comparativo la forma como está dispuesto el procedimiento del recurso de anulación en el Decreto 1818 de 1998 y en el estatuto de arbitraje nacional e internacional:

 Decreto 1818 de 1998(42)Ley 1563 de 2012(43)
Término para interponer el recursoDentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación del laudo arbitral o de la providencia que lo corrija, aclare o complemente.Dentro de los treinta (30) días siguientes a la notificación del laudo arbitral o la de la providencia que resuelva sobre su aclaración, corrección o adición.
SustentaciónDeberá sustentarse dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación del auto mediante el cual el tribunal superior o el Consejo de Estado, avoque conocimiento.Deberá sustentarse dentro del mismo término que se tiene para su interposición.
Traslados para surtir contradicciónCon el auto en el que el tribunal superior o Consejo de Estado avoque conocimiento se correrá traslado para alegar a la parte contraria por cinco (5) días.Vencido el término para interponer y sustentar el recurso la secretaría del tribunal de arbitramento correrá traslado a la otra parte por quince (15) días.
Causales formales de rechazo del recursoCuando el recurso se interpone de manera extemporánea y cuando las causales no corresponden a ninguna de las señaladas en la ley.Cuando el recurso se interpone de manera extemporánea, este no fue sustentado o las causales no corresponden a ninguna de las señaladas en la ley.
Declaratoria de deserción del recursoSi luego de surtido el traslado de cinco (5) días concedido por el respectivo juez el recurrente no sustenta el recurso.La ley sólo consagró causales de rechazo del recurso.
Actuación del tribunal superior o Consejo de EstadoLuego de avocarse conocimiento del recurso de anulación se correrá traslado para sustentar el recurso, para el actor, y alegar, para la otra parte.
Vencido el traslado y si se sustentó el recurso el expediente pasará al despacho para fallo.
Luego de admitido el recurso el expediente pasará al despacho para proyectar fallo que resuelva el recurso.

De la anterior comparación queda claro que el legislador, con la reciente reforma, pretendió trasladar al tribunal de arbitramento el desarrollo de las etapas de interposición, sustentación y contradicción del recurso de anulación de laudo arbitral, limitando al tribunal superior o Consejo de Estado el control de legalidad del anterior trámite al momento de estudiar la admisibilidad del recurso, como requisito previo y necesario para desatar el recurso de anulación, aspectos todos estos que no dejan lugar a dudas de que se trata de un recurso y no de una acción autónoma e independiente del trámite arbitral.

3. Caso concreto.

Atendiendo las anteriores consideraciones al presente caso la Sala estima que el recurso de anulación formulado por la parte convocante debe regirse por la normativa del Decreto 1818 de 1998, en razón a que la demanda arbitral fue interpuesta el 22 de noviembre de 2010 (fl. 1-24, cdno. 1 del tribunal), de manera que se trataba de un procedimiento arbitral ya iniciado al momento en que entró en vigencia la Ley 1563 de 2012, pues a 12 de octubre de 2012 (día en que entró a regir la ley conforme al art. 119) el proceso arbitral ya se encontraba en marcha.

En este orden de ideas, el recurso debió interponerse dentro del término de cinco (5) días siguientes a la fecha en que quedó notificado el laudo arbitral o la providencia que resolvió la corrección, aclaración o complementación de este.

En el sub judice, dado que la parte convocante solicitó, en escrito de 27 de noviembre de 2012 (fls. 84-135, cdno. 1) aclaración y complementación del laudo, la cual fue resuelta por el tribunal de arbitramento en audiencia de 12 de diciembre de 2012 (fls. 136-145, cdno. 1) es claro que el término transcurrió entre el 13 y el 19 de diciembre de 2012.

Por su parte se observa que en la audiencia de 12 de diciembre de 2012 la parte convocante manifestó que interponía recurso de anulación contra el laudo de 20 de noviembre de 2012, para lo cual adjuntó escrito (fls. 148-150, cdno. 1) en el cual consignó que la impugnación la basaba en las causales 4º, 6º, 7º, 8º y 9º del artículo 163 del Decreto 1818 de 1998, advirtiendo, a renglón seguido que “De conformidad con el artículo 164 del Decreto 1818 de 1998, la sustentación del presente recurso de anulación se realizara (sic) cuando el H. Consejo de Estado avoque conocimiento y ordene el traslado para tal efecto”.

En consecuencia se encuentra que el escrito de interposición del recurso fue interpuesto oportunamente y, además, en el escrito de interposición el actor fundó la impugnación en las causales del artículo 163 de la misma obra legislativa. En consecuencia, se satisfacen los requisitos mínimos que el artículo 164 del Decreto 1818 de 1998 establece para que esta corporación avoque conocimiento del recurso de anulación formulado contra el laudo arbitral de 20 de noviembre de 2012.

Ahora bien, en lo que concierne a la solicitud de suspensión de los efectos del laudo arbitral, peticionada por la parte convocante en escrito de 24 de enero de 2013 (fls. 171-173, cdno. 1), la Sala considera procedente, de acuerdo al artículo 331 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el artículo 34 de la Ley 794 de 2003, fijar una caución equivalente al 10% de la condena en concreto que se adoptó en el laudo arbitral de 20 de noviembre de 2012 como requisito previo para luego decidir sobre si se suspenden los efectos del laudo arbitral.

A la anterior conclusión se arriba si se tiene en cuenta, como lo ha observado previamente esta corporación(44), que ante la ausencia de parámetros del artículo 331 del Código de Procedimiento Civil se aplica lo dispuesto en los artículos 678 y 513 del Código de Procedimiento Civil(45), de manera que para este caso la caución que debe ser constituida por la parte convocante recurrente corresponderá al valor de $ 30.560.652, equivalentes al 10% de la condena líquida que se decretó en el laudo arbitral de 20 de noviembre de 2012.

En mérito de lo expuesto, la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,

RESUELVE:

1. AVOCAR conocimiento del recurso de anulación interpuesto por la convocante Concesiones Parqueaderos Calles 85, 90, 97 S.A. contra el laudo arbitral de 20 de noviembre de 2012 proferido por el tribunal de arbitramento del centro de arbitraje y conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá dentro el proceso arbitral adelantado por la recurrente contra el Instituto de Desarrollo Urbano, IDU.

2. ORDENAR que por secretaría se surtan los traslados sucesivos, por el término de cinco (5) días, para que las partes sustenten el recurso y presenten sus alegatos, respectivamente.

3. FIJAR la suma de $ 30.560.652, equivalente al 10% de la condena impuesta por el tribunal de arbitramento, la cual debe ser constituida dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de esta providencia. Para tal efecto, la sociedad recurrente podrá constituir caución bancaria o póliza de seguros que deberá adjuntar al expediente dentro de los 10 días siguientes a la notificación de este auto.

4. NOTIFICAR personalmente al agente del Ministerio Público, de conformidad con lo previsto en el artículo 127 del Código Contencioso Administrativo.

Notifíquese y cúmplase».

(9) Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Artículo 149. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus secciones, subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos:

(...)

7. Del recurso de anulación contra laudo arbitral proferidos en conflictos originados en contratos celebrados por una entidad pública, por las causales y dentro del término prescrito en las normas que rigen la materia. Contra la sentencia que resuelva este recurso solo procederá el recurso de revisión.

(10) El control de constitucionalidad y legalidad de la actividad de la administración: aproximación a la justicia contencioso administrativa en Colombia. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Universidad Externado de Colombia.

(11) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso administrativo, Sección Tercera, sentencia de febrero 26 de 1998, C.P. Daniel Suarez Hernández, Exp. 11477. Banco de datos en contratación estatal. Universidad Externado de Colombia. “La antigua institución de la jurisdicción arbitral, que Laubadere define como aquella por la cual, y por ministerio de la ley, las controversias jurídicas son resueltas, no por los órganos jurisdiccionales del Estado, sino por árbitros que, para el caso controvertido son designados por las partes, fue acogida por la legislación colombiana en diferentes momentos de nuestra evolución procesal, concretamente por el título XLVII del libro 2º del Código Judicial de 1931 (L. 105 de ese año) y por la Ley 2ª de 1938, y luego, en forma más detallada por los actuales Códigos de Procedimiento Civil (D. 1400 y 2019/70) y de Comercio (D. 410/71). Por referirse esa normatividad no solo a personas privadas sino también, eventualmente, a actos y conflictos en que uno de los intervinientes podía ser una persona pública, la aplicación de las disposiciones sobre arbitramento a los conflictos de una y otras fue unánimemente aceptada por la doctrina y la jurisprudencia y se cumplió corrientemente en la práctica. “Mediante una de estas remisiones expresas (fuera de las analógicas y supletorias) en que el derecho administrativo echa mano de la normatividad civil y comercial, la Ley 4ª de 1964 sobre contratos administrativos, expresamente reguló la materia de la cláusula compromisoria en dichas convenciones, mediante la siguiente norma: “ART. 13.—Las entidades a que se refiere la presente ley quedan facultadas para someter a arbitramento, en los términos de la Ley 2ª de 1938, las diferencias que se presenten con los contratistas. “Despejando toda posible duda sobre el uso de la institución arbitral en los contratos administrativos, el derecho administrativo colombiano por la norma transcrita no solo admite la solución arbitral sino que remite a los términos, vale decir al procedimiento y formas en que debe efectuarse el arbitramento, a la Ley 2ª de 1938, que no es de la órbita de aquel derecho sino de la órbita del derecho comercial. “Esta remisión subsiste hasta hoy, y continúa subsistente mientras no haya un procedimiento arbitral específico para los conflictos surgidos de los contratos administrativos. El reenvío a la legislación comercial y civil sobre el procedimiento arbitral se mantiene tácitamente en el artículo 66 del Decreto 150 de 1976 y en el 76 del Decreto 222 de 1983. Este último, además, prescribe que la designación de los árbitros será “en la forma prevista en el Código de Comercio”, y en ambos se ordena que “el fallo será siempre en derecho”.

(12) Constitución Política de Colombia. Artículo 116. “... Los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de administrar justicia en la condición de conciliadores o de árbitros habilitados por las partes para proferir fallos en derechos o en equidad, en los términos que determine la ley”.

(13) Ley 80 de 1993. Artículo 68º. De la utilización de mecanismos de solución directa de las controversias contractuales. Las entidades a que se refiere el artículo del presente estatuto y los contratistas buscarán solucionar en forma ágil, rápida y directa las diferencias y discrepancias surgidas de la actividad contractual.

Para tal efecto, al surgir las diferencias acudirán al empleo de los mecanismos de solución de controversias contractuales previstos en esta ley y a la conciliación, amigable composición y transacción.

PAR.—Los actos administrativos contractuales podrán ser revocados en cualquier tiempo, siempre que sobre ellos no haya recaído sentencia ejecutoriada.

(14) Ley 80 de 1993. Artículo 69º. De la improcedencia de prohibir la utilización de los mecanismos de solución directa. Las autoridades no podrán establecer prohibiciones a la utilización de los mecanismos de solución directa de las controversias nacidas de los contratos estatales.

Las entidades no prohibirán la estipulación de la cláusula compromisoria o la celebración de compromisos para dirimir las diferencias surgidas del contrato estatal.

(15) Múltiples son las definiciones de lo que se entiende por arbitramento o arbitraje. El artículo 111 de la Ley 446 de 1998, que modificó el artículo 1º del Decreto 2279 de 1989, recogido en el artículo 115 del Decreto 1818 de 1998, define el arbitraje como un “... mecanismo por medio del cual las partes involucradas en un conflicto de carácter transigible, defieren su solución a un tribunal arbitral, el cual queda transitoriamente investido de la facultad de administrar justicia, profiriendo una decisión denominada laudo arbitral...”. Otra definición señala que “... es una figura jurídica que consiste en la resolución de las diferencias surgidas entre dos o más personas por un tercero a cuya decisión se someten las partes libre y voluntariamente...”. Albanes Membrillo, Antonio. El Arbitraje y el Contrato de Seguro. En: Revista Española de Derecho de Seguros, Nº 55, Madrid, julio-septiembre, 1988, pág. 64. Otra definición también cercana al derecho de seguros indica que es “... el escenario procedimental al cual las partes contratantes, en desarrollo de su autonomía privada, alternativamente acuden en procura de resolver, con carácter definitivo, sus controversias —potenciales o puras y simples— confiando su resolución a particulares denominados árbitros que, transitoriamente, por imperio de la ley, son investidos de los mismos poderes inherentes a los jueces y magistrados ordinarios (justicia estática). El arbitraje y la mediación en el derecho de seguros: visión comparada —Arquetipos de mecanismos de solución alternativa de conflictos derivados del contrato de seguro—. Ponencia presentada por el presidente de la Asociación Colombiana de Derecho de Seguros, Acoldese, en el marco del IV Congreso Ibero-Latinoamericano de Derecho de Seguros del Comité Ibero-Latinoamericano de Aida-Cila, celebrado en Santiago de Chile en el mes de noviembre de 1995, pág. 9. Una visión más global acerca de la definición de arbitraje la encontramos en las siguientes citas: “... es un medio jurídico de arreglo de litigios presentes o futuros basado en la voluntad de las partes, que eligen por sí mismas directamente o a través de mecanismos de designación acordados por ellas —por ejemplo, delegando en un tercero imparcial, persona física o jurídica— a simples particulares a los que se confía la adopción de una decisión obligatoria —el laudo arbitral—— que ponga fin a la diferencia entre ellas...”. Fernández de la Gandara, Luis & Calvo Caravaca, Alfonso-Luis. Derecho Mercantil Internacional. Madrid: Editorial Tecnos, S.A., 1995, pág. 709; “... Se entiende por arbitraje la institución de una justicia privada merced a la cual los litigios son sustraídos de la jurisdicción de derecho común, con el objeto de resolverlos por parte de individuos revestidos, por las circunstancias, de la misión de juzgar...”. Rober, Jean. L’Arbitrage, Droit Interne, Droit International Privé. Paris: Dalloz, 1983, pág. 3 y “... el arbitraje consiste en la solución de un conflicto por medio de un tribunal de arbitramento compuesto por particulares, quienes no tienen la investidura de jueces del Estado ni ninguna otra de carácter oficial, aunque adquieren la primera para efectos de adelantar y fallar el proceso que se somete a su jurisdicción, desplazando naturalmente a los jueces normales y ordinarios en el conocimiento de dicha cuestión...”. Benetti Salgar, Julio. El Arbitraje en el Derecho Colombiano. Santafé de Bogotá: Editorial Temis, 1994, pág. 4.

(16) Artículo 115 de la Ley 446 de 1998. Pacto arbitral. El artículo 2º del Decreto 2279 de 1989, quedará así:

“ART. 2º—Por medio del pacto arbitral, que comprende la cláusula compromisoria y el compromiso, las partes se obligan a someter sus diferencias a la decisión de un tribunal arbitral, renunciando a hacer valer sus pretensiones ante los jueces”. Artículo incorporado en el Decreto 1818 de 1998, artículo 117, publicado en el Diario Oficial 43.380, del 7 de septiembre de 1998, “Por medio del cual se expide el estatuto de los mecanismos alternativos de solución de conflictos”.

(17) Ley 80 de 1993. Artículo 70. De la cláusula compromisoria. En los contratos estatales podrá incluirse la cláusula compromisoria a fin de someter a la decisión de árbitros las distintas diferencias que puedan surgir por razón de la celebración del contrato y de su ejecución, desarrollo, determinación o liquidación.

El arbitramento será en derecho. Los árbitros serán tres (3), a menos que las partes decidan acudir a un árbitro único. En las controversias de menor cuantía habrá un solo árbitro.

La designación, requerimiento, constitución y funcionamiento del tribunal de arbitramiento se regirá por las normas vigentes sobre la materia.

Los árbitros podrán ampliar el término de duración del tribunal por la mitad del inicialmente acordado o legalmente establecido, si ello fuere necesario para la producción del laudo respectivo.

(18) Corte Constitucional, sentencia C-1436 del 25 de octubre de 2000, M.P. Alfredo Beltrán Sierra. “La Constitución de 1991, facultó expresamente a los particulares para administrar justicia en forma transitoria en calidad de árbitros o conciliadores, con la capacidad de dictar fallos en derecho o equidad cuando las partes involucradas en el conflicto así lo dispongan y según las prescripciones señaladas por la ley, como una forma no solo de descongestionar los despachos judiciales sino de lograr que en forma pacífica las partes pongan fin a sus controversias. En términos generales, el constituyente dejó en cabeza del legislador, la facultad de desarrollar los institutos de la conciliación y el arbitramento, como mecanismos alternos de solución de conflictos, teniendo como único parámetro, el conservar la orientación, los principios y valores que inspiran la Carta Fundamental”.

(19) El contrato del Estado frente a la justicia arbitral. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Universidad Externado de Colombia.

(20) (sic)

(21) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de junio 8 de 2000, M.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez, Exp. 16973.

(22) La jurisprudencia constitucional ha resaltado el papel determinante, que tiene en este asunto la autonomía de la voluntad de las partes, al ser las únicas con potestad para habilitar el tribunal arbitral por así decidirlo, facultando a los sujetos intervinientes en una relación contractual, de optar por su uso. Corte Constitucional, Sentencia C-294 de 1995, M.P. Jorge Arango Mejía. Corte Constitucional, Sentencia C-242 de 1997, M.P. Hernando Herrera Vergara.

(23) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de junio 27 de 2002, C.P. María Elena Giraldo Gómez, Exp. 21040. Banco de datos en contratación estatal. Universidad Externado de Colombia. “Desde esta perspectiva, la indicación de las materias objeto de arbitramento reviste suma importancia porque esa indicación junto con las pretensiones que en forma específica formulen las partes, al convocar el tribunal de arbitramento, respetando el tema o materia arbitral previamente señalado, son las que en lo particular constituyen la competencia del tribunal, siempre que sean transigibles; y es a partir de tales pretensiones que se deberá determinar o la congruencia del laudo o su eventual nulidad”.

(24) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de noviembre 7 de 2002, C.P. Jesús María Carrillo Ballesteros, Exp. 21943. Banco de datos en contratación estatal. Universidad Externado de Colombia. “Esta misma Sala ha sostenido que la importancia de la justicia arbitral radica en el reconocimiento que el Estado otorga a la autonomía de los particulares en la regulación de sus intereses, sin abdicar de su función esencial, y destaca entonces, la naturaleza contractual de la justicia arbitral y de allí la necesidad de una voluntad expresa de someterse a una vía de excepción sustrayéndose de la regla general, voluntad esta que es distinta de la voluntad contractual y por lo tanto se expresa dentro del mismo instrumento o acto jurídico, o por separado. El reconocimiento de la autonomía privada, no es una renuncia a la soberanía del Estado, ni dimisión de sus funciones, ni la cesión del monopolio de la justicia; el Estado apenas faculta, autoriza, patrocina y homologa la actividad de la justicia arbitral, dentro de la cual debe observarse la Constitución y la ley y todas las garantías procésales, que son expresión de orden público jurídico y protección de los usuarios”.

(25) Corte Constitucional, Sentencia C-330 de 2000, M.P. Carlos Gaviria Díaz “El arbitramento es un verdadero procedimiento judicial —en sentido material— y, como tal, está sometido en todas sus etapas a la estricta aplicación de las normas que regulan este tipo de actuaciones tanto desde el punto de vista formal como material. Se trata de un mecanismo en el que han de aplicarse con rigor las garantías del debido proceso aplicables a toda actuación judicial, pues de nada sirve la inclusión de mecanismos de solución de litigios, adicionales y alternativos al sistema ordinario contemplado en la legislación, si su aplicación se traduce en el desconocimiento de derechos constitucionales fundamentales”.

(26) Corte Constitucional, Sentencia T-058 de 2009, M.P. Jaime Araujo Rentería. “... debido a que de conformidad con la Carta Política y la jurisprudencia constitucional, la jurisdicción contenciosa administrativa es la única autoridad judicial con competencia para pronunciarse sobre la legalidad de los actos administrativos”.

(27) Corte Constitucional, Sentencia C-1436 del 25 de octubre de 2000, M.P. Alfredo Beltrán Sierra. “De la definición que hace el legislador, se infiere que la competencia de los árbitros está limitada no solo por el carácter temporal de su actuación sino por la naturaleza del asunto sometido a su conocimiento, pues solo aquellas materias susceptibles de transacción pueden ser definidas por los árbitros. Significa lo anterior que la competencia de los árbitros es de carácter limitada, tanto por el aspecto temporal como el material, pues como lo ha señalado esta corporación “no todos los asuntos pueden ser sometidos genéricamente a su conocimiento, como por ejemplo, los relacionados con el estado civil de las personas, “... Dentro de este contexto, no es difícil arribar a la conclusión según la cual los particulares investidos de la facultad de administrar justicia no pueden pronunciarse sobre asuntos que involucren el orden público, la soberanía nacional o el orden constitucional, asuntos que en razón de su naturaleza, están reservados al Estado, a través de sus distintos órganos”.

(28) “... La Corte Suprema de Justicia en sentencia de mayo 29 de 1969 que declaró exequibles los artículos 1214 a 1227 de la Ley 105 de 1931 y la Ley 2ª de 1938, expresó que: ‘El arbitramento es una de las instituciones más sólidamente establecidas en el derecho...”.

(29) Corte Constitucional, Sentencia C-242 de 1997, M.P. Hernando Herrera Vergara el arbitramento “es un mecanismo jurídico en virtud del cual las partes en conflicto deciden someter sus diferencias a la decisión de un tercero, aceptando anticipadamente sujetarse a lo que allí se adopte”.

(30) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso administrativo, Sección Tercera, sentencia de agosto 29 de 2002, C.P. Germán Rodríguez Villamizar, Exp. 18673. Banco de datos en contratación estatal. Universidad Externado de Colombia. “Dicho de otra manera, cuando las partes deciden suscribir la cláusula compromisoria, aún no existe el conflicto, por lo que surge para los árbitros la libertad, obviamente dentro de los límites que les fija la ley, para resolver sobre las cuestiones litigiosas que les son puestas a su consideración; al paso que en tratándose del compromiso, entre las partes ya existe el conflicto, y por tanto, estas delimitan de modo preciso el ámbito de competencia de los árbitros”.

(31) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso administrativo, Sección Tercera, sentencia de julio 4 de 2002, C.P. Germán Rodríguez Villamizar, Exp. 19333. Banco de datos en contratación estatal. Universidad Externado de Colombia. “Cuando en la cláusula compromisoria no se delimita el campo o materias de su aplicación, debe entenderse que se extiende a los conflictos derivados del contrato que le sirvió de fuente, pero, con las limitaciones que imponen la Constitución y la ley. De igual manera, cabe precisar que aun cuando en el pacto arbitral, o en las pretensiones de la demanda, o en la correspondiente contestación, se propongan al conocimiento del tribunal de arbitramento asuntos que por disposición legal escapan a su competencia, es igualmente procedente la causal que se estudia, porque, como se indicó, la competencia la delimitan las partes, pero, con sujeción a la Constitución y la ley”.

(32) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso administrativo, Sección Tercera, sentencia de diciembre 4 de 2002, C.P. Germán Rodríguez Villamizar, Exp. 17951. Banco de datos en contratación estatal. Universidad Externado de Colombia.

(33) Artículo 119 del Decreto 1818 de 1998. “... El documento de compromiso, que tiene lugar cuando se han presentado diferencias entre las partes...” Morales Molina, Hernando. Curso de Derecho Procesal Civil. Parte Especial. Bogotá: 8ª Edición, Editorial ABC, 1983, pág. 445; “... Mediante un compromiso, después que el litigio haya surgido...” Devis Echandia, Hernando. Compendio de Derecho Procesal. Tomo III. El Proceso Civil. Volumen Segundo. Parte Especial. Bogotá: 6ª Edición, Editorial Colinther, 1985, pág. 821; “... Las partes, mediante el contrato de compromiso, pueden someter al conocimiento y decisión de árbitros o arbitradores las controversias existentes entre ellas, específicamente determinadas...”. Monroy Cabra, Marco Gerardo. Consideraciones sobre el Arbitraje Comercial en Colombia. En: Alternativas a la Justicia Institucional. Arbitraje. Conciliación. Conferencias. Biblioteca de la Cámara de Comercio de Bogotá, Bogotá, 1986, pág. 43; “... Mediante (...) el compromiso, las partes deciden someter a la consideración de la justicia arbitral las desaveniencias existentes que sean objeto de delimitación convencional...” Jaramillo J, Carlos Ignacio. Solución Alternativa de Conflictos en el Seguro y en el Reaseguro. Santafé de Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de Ciencias Jurídicas, pág. 267.

(34) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de agosto 29 de 2002, C.P. Germán Rodríguez Villamizar, Exp. 18673. Banco de datos en contratación estatal. Universidad Externado de Colombia.

(35) Alexy ilustra con precisión este punto. Para este autor el uso de la dogmática se circunscribe dentro del escenario de la justificación externa dentro del razonamiento jurídico, teniendo por objeto “la fundamentación de las premisas usadas en la justificación interna” (pág. 222). En lo que se refiere a los criterios bajo los cuales puede hacerse uso de los argumentos dogmáticos Alexy sostiene: “Lo específico de los enunciados dogmáticos consiste en que pueden ser comprobados sistemáticamente. Se puede distinguir dos formas de comprobación sistemática. La primera se refiere a las relaciones lógicas entre el enunciado a comprobar y el resto de los enunciados dogmáticos, así como las formulaciones de las normas jurídicas que hay que presuponer como vigentes (comprobación sistemática en sentido estricto); la segunda se refiere a la relación (a valorar según puntos de vista prácticos de tipo general) de los enunciados normativos a fundamentar con ayuda de los enunciados dogmáticos a comprobar, con los enunciados normativos singulares que deben justificarse con ayuda del resto de los enunciados dogmáticos o de las formulaciones de las normas jurídicas (comprobación sistemática en sentido amplio).

El criterio más importante de la comprobación sistemática en sentido estricto consiste en ver si el enunciado en cuestión se ajusta sin contradicciones a la serie de los enunciados dogmáticos ya aceptados, así como a las normas jurídicas vigentes.

(...).

El hecho de que un enunciado dogmático supere la comprobación sistemática en sentido estricto es una condición solo necesaria, pero no suficiente para su aceptabilidad” (resaltado propio). Alexy, Robert. Teoría de la Argumentación Jurídica. (Traducción de Manuel Atienza e Isabel Espejo) 2ª edición, 2008, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Págs. 251-253.

(36) Véase el texto completo de la Ley 60 de 2003 con sus respectivas reformas en la página de internet de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado en el siguiente enlace http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-23646

(37) ART. 40.—Acción de anulación del laudo. Contra un laudo definitivo podrá ejercitarse la acción de anulación en los términos previstos en este título.

(38) Ley Modelo de la CNUDMI sobre arbitraje comercial internacional. Pág. 20. Información obtenida en el enlace web: http://www.uncitral.org/pdf/spanish/texts/arbitration/ml-arb/07-87001_Ebook.pdf [24 abr./2013].

(39) Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. Anuario Volumen XVI: 1985. Naciones Unidas, Nueva York, 1989. Décimo octavo periodo de sesiones. Pág. 35. Información obtenida en el enlace web: http://www.uncitral.org/pdf/spanish/yearbooks/yb-1985-s/yb_1985A_s.pdf [24 abr./2013].

(40) Código General del Proceso. Artículo 624. Modifíquese el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, el cual quedará así: “Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir.

Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones.

(...)”.

(41) Ley 1563 de 12 de julio de 2012. Diario Oficial 48.489

(42) Decreto 1818 de 1998. Artículos 161 a 165.

(43) Ley 1563 de 2012. Artículos 38 a 43.

(44) Al respecto véase: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, auto de 18 de mayo de 2006, C.P. Ramiro Saavedra Becerra, Exp. 32399. “Teniendo en cuenta lo anterior, se observa que el artículo 331 del Código de Procedimiento Civil si bien prevé la posibilidad de otorgar caución, no señala los parámetros que se deben tener en cuenta para su fijación en razón de la cuantía, al igual que el artículo 678 ibídem, razón por la cual, ante la inexistencia de norma especial que regule el tema frente al recurso extraordinario de anulación de laudo arbitral, es necesario acudir, por analogía, al artículo 513 de esa misma codificación, que regula el tema de la caución frente a la medida cautelar de embargo y secuestro en el proceso ejecutivo...”.

(45) Código de Procedimiento Civil. Artículo 678. Las cauciones que ordena prestar este código pueden ser en dinero, reales, bancarias u otorgadas por compañías de seguros o entidades de crédito legalmente autorizadas para esta clase de operaciones. Si el juez considera necesario un dictamen de peritos para fijar la cuantía de la caución, podrá decretarlo y las expensas serán de cargo de quien deba prestarla.

En la providencia que ordene prestar la caución se indicarán su cuantía y el plazo en que debe constituirse, cuando la ley no las señale. Si no se presta oportunamente, el juez resolverá sobre los efectos de la renuencia, de conformidad con lo dispuesto en este código.

Las cauciones en dinero deberán consignarse en la cuenta de depósitos judiciales del respectivo despacho.

Podrá reemplazarse por dinero cualquier caución ya constituida, consignando su importe en la cuenta judicial, o por otra de las indicadas en el inciso primero cuando en concepto del juez ofrezca igual garantía y facilidad para hacerla efectiva.

Código de Procedimiento Civil. Artículo 513. Embargo y secuestro previos.

Desde que se presente la demanda ejecutiva podrá el demandante pedir el embargo y secuestro de bienes del demandado.

(...).

Para que pueda decretarse el embargo o secuestro de bienes antes de la ejecutoria del mandamiento de pago, el ejecutante deberá prestar caución en dinero, bancaria o de compañía de seguros, equivalente al diez por ciento del valor actual de la ejecución, para responder por los perjuicios que se causen con la práctica de dichas medidas cautelares. Esta caución se cancelará una vez el ejecutante pague el valor de los perjuicios liquidados o precluya la oportunidad para liquidarlos, o consigne el valor de la caución a órdenes del juzgado o el de dichos perjuicios, si fuere inferior.

El auto que decrete o niegue las medidas cautelares y el que las revoque por vía de reposición, son apelables en el efecto devolutivo.