Auto 2013-00011 de mayo 12 de 2015

CONSEJO DE ESTADO 

SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Radicación: 11001-03-28-000-2013-00011-00 Acumulado 11001-03-28-000-2013-00008-00; 11001-03-28-000-2013-00012-00

Consejera Ponente:

Dra. Stella Conto Díaz del Castillo

Actores: Rodrigo Uprimny Yepes y otros

Asunto: nulidad electoral

Referencia: incidente de recusación

Bogotá, D.C., doce de mayo de dos mil quince.

EXTRACTOS: «Para resolver se considera:

1. Oportunidad y procedencia.

El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo dispone el trámite que debe surtir la recusación, a partir de su formulación(3). En lo atinente a la oportunidad, el artículo 151 del Código de Procedimiento Civil, al que remite el 306 de la Ley 1437, prevé que las recusaciones proceden en cualquier momento del proceso, sin perjuicio de que quien conoce la causal deberá formularla con antelación a cualquier otra gestión que en el mismo deba adelantar.

Señala el inciso segundo de la norma en cita:

“No podrá recusar quien, sin formular la recusación, haya hecho cualquier gestión en el proceso después de que el juez haya asumido su conocimiento, si la causal invocada fuere anterior a dicha gestión, ni quien haya actuado con posterioridad al hecho que motiva la recusación. En estos casos la recusación debe ser rechazada de plano”.

De suerte que, formulada oportunamente, procede que la Sala estudie la recusación para efectos de lo cual reiterará su jurisprudencia acerca del sentido y alcance de los impedimentos y recusaciones y de su diferencia con las faltas disciplinarias que no afectan la imparcialidad del juzgador. Enseguida, examinará el caso concreto.

2. Sentido y alcance de los impedimentos y recusaciones. Diferencia con las faltas disciplinarias que no afectan la imparcialidad del juzgador. Reiteración de jurisprudencia.

Como lo sostuvo esta Sala Plena en providencia reciente(4) “[e]l ordenamiento jurídico somete la administración de justicia a los principios de publicidad e imparcialidad, con claros alcances y distintos efectos”. De suerte que si según la Constitución la publicidad adquiere el estatus de principio rector de la función pública —artículos 209 C.P. y 288 C.P.—, el artículo 154 de Ley Estatutaria de la Administración de Justicia impone a los jueces el deber de “desempeñar con imparcialidad las funciones de su cargo”.

El principio de publicidad tiene especial desarrollo en los artículos 156 y 157 del mencionado estatuto. Sobre el punto esta Sala recordó cómo si bien se someten a “reserva —no oponible a los sujetos procesales—, las actas de las Secciones y Salas de esta Corporación en las que consten actuaciones y decisiones judiciales de carácter individual, de grupo o colectivos(5), nuestro ordenamiento garantiza el “acceso público [a] las decisiones adoptadas para propugnar por la integridad del orden jurídico...”.

Por otro lado, para garantizar la materialización de los principios de independencia e imparcialidad existen en nuestro ordenamiento distintos mecanismos cuyos trámites y efectos son diferentes según los objetivos que se pretende alcanzar. Así lo recordó esta Sala en la providencia antes aludida(6):

“Se trata de la separación del funcionario del conocimiento del proceso y el control disciplinario. Sin desconocer las similitudes que comparten, en cuanto dispuestos para hacer que el ejercicio de la función pública se sujete a la Constitución y a la ley, tienen cada uno características claramente distinguibles, en razón del fin particular, la tipificación de las conductas, el procedimiento para su aplicación, el funcionario competente y la naturaleza de la decisión.

De una parte se encuentran los mecanismos encaminados a separar al juez o magistrado del conocimiento del asunto, con miras a evitar que pueda proyectarse alguna sombra sobre la garantía de imparcialidad en la decisión del caso específico. Su aplicación procede, previa invocación de la causal, por solicitud de parte o por manifestación del juez motu proprio, dentro del proceso judicial a su cargo y se resuelve mediante providencia que no admite recurso.

Por su parte, el control disciplinario se orienta a la investigación de las conductas previamente tipificadas en la ley como faltas al ejercicio de la función pública, con el fin de imponer medidas correctivas a la conducta del funcionario como la amonestación, la suspensión o la desvinculación del cargo. Su aplicación procede, previa denuncia, por fuera del proceso judicial y sin repercusión en este, con sujeción al procedimiento disciplinario, por la autoridad competente en esa materia. Se trata de una decisión sujeta al control de legalidad”.

De lo anterior se concluye que las autoridades judiciales deben verificar, a la luz del caso en concreto, si las circunstancias que pretenden poner en tela de juicio la imparcialidad del funcionario judicial encajan, efectivamente, bajo alguna de las causales expresa y taxativamente consignadas en el ordenamiento jurídico —artículo 150 del Código de Procedimiento Civil a las que remite el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo— o si se trata de una conducta que da lugar al ejercicio del control disciplinario. Como lo recordó la Sala en la oportunidad traída a colación:

“no resulta posible convertir las faltas disciplinarias en impedimentos, mediante interpretaciones extensivas o analógicas”, siendo de todos modos claro que “en aplicación del principio de la prevalencia de la sustancia sobre la forma, la evaluación de las causales de impedimento o recusación deberá propugnar porque la imparcialidad del juez se preserve efectivamente, sin que por ello se permitan abusos y maniobras que tiendan al entorpecimiento de la función pública y se le reste a la exclusión del juez la transparencia que con la institución se persigue”.

En el caso bajo examen de la Sala se plantean dos motivos de recusación: por un lado, el haberse configurado la causal prevista por el numeral 1º del artículo 150 del Código de Procedimiento Civil, esto es, tener el juez … interés directo o indirecto en el proceso”; por otro, la causal contemplada en el numeral 12 del artículo 150 del Código de Procedimiento Civil que reza: “haber dado concepto fuera de actuación judicial sobre las cuestiones materia del proceso”.

Como ya se indicó en otra parte de esta misma providencia, aunque el memorialista invocó la configuración de las dos causales, únicamente aportó las razones por las cuales considera que en el caso del consejero Alberto Yepes Barreiro se estructuró la causal prevista por el numeral 12 del artículo 150 del Código de Procedimiento Civil. En vista de lo anterior, la Sala restringirá su examen a verificar si los supuestos fácticos de los que son contestes los elementos de convicción que constan en el expediente encajan en la aludida causal.

Antes de ello, encuentra la Sala relevante insistir en que si la causal prevista por el numeral 12 del artículo 150 del Código de Procedimiento Civil y la prohibición de que trata el artículo 154 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia de “proporcionar noticias o informes sobre asuntos de la administración de justicia que lleguen a su conocimiento con ocasión del servicio” buscan realizar la correcta administración de justicia, dicha comunidad de fines no autoriza a fijar un sentido amplio a las expresiones concepto y consejo previstas en el numeral 12 del artículo 150 del Código de Procedimiento Civil.

De una parte, por cuanto como esta misma Sala lo ha recordado, siendo claramente diferenciables ratione materia los conceptos de las noticias y los informes, no resulta posible extender el alcance de aquellos a estos dos últimos, no comprendidos en el ordinal 12 bajo estudio”(7). De otra, porque la imparcialidad se afecta cuandoquiera que el funcionario judicial se adelanta en el juicio con una posición tan definida que impide que obre en él la fuerza persuasiva de la controversia tal como la misma se deriva de los hechos, las pruebas y los fundamentos jurídicos.

Claramente diferenciable de la conducta antes descrita se encuentra el hecho de que la autoridad judicial divulgue información reservada que conoce por motivo del ejercicio de su cargo, pues en este último caso no se ve comprometida la imparcialidad del funcionario. En pocas palabras, la divulgación de información reservada que se conoce en razón del cargo “compromete la transparencia en el ejercicio de la función pública, sin que por ese solo hecho se afecte la imparcialidad del juez para decidir objetivamente el asunto”(8).

De ahí que las conductas descritas deban ser estrictamente diferenciadas, pues operan en ámbitos de control distintos. Vale decir que si se configura la previsión contemplada por el numeral 12 del artículo 150 del Código de Procedimiento Civil, ello da lugar a separar al juez del conocimiento del asunto, mientras que las divulgaciones inoportunas se tipifican como faltas disciplinarias —L. 734, arts. 34, num. 2º, 6º y 38; 48, num. 47 y 50—.

Lo anterior obliga a la Sala a precisar el sentido y alcance de estos términos bajo el foco de las disposiciones consignadas en el Código Civil(9). Desde esta óptica, puede concluirse que la expresión concepto denota, por lo general, la exteriorización de un pensamiento o idea mediante el uso de palabras y esa acción comunicativa supone la existencia previa de una opinión fijada y solo exteriorizada luego de un examen a fondo de las circunstancias y toma de posición frente a las mismas. El término noticia o informe, tiene una connotación distinta en cuanto se trata de poner en conocimiento del público hechos, hasta el momento desconocidos, y a los que accede el funcionario judicial en razón del ejercicio de su cargo.

En armonía con esa distinción, sostiene la doctrina refiriéndose a la causal prevista en el numeral 12 del artículo 150 del Código de Procedimiento Civil que contiene las expresiones consejo o concepto:

“Indudablemente, ese consejo o concepto de que habla la disposición forma parte del interés en el desarrollo del pleito, pues es claro que quien emitió opinión o concepto frente al proceso, querrá, por lógica, que aquel resulte tal como él opinó. Por elemental razón de amor propio, el juez que interviene en un proceso respecto del que dio consejo o concepto, puede inclinarse a fallar de acuerdo con este consejo; de ahí que para evitar cualquier suspicacia en su actuación se debe retirar del conocimiento del negocio(10).

Ahora bien, no toda opinión, concepto o noticia tiene el peso suficiente para condicionar al juez o, al menos, sembrar dudas respecto de su capacidad de decidir apegado a los hechos, a las pruebas y acorde con el ordenamiento jurídico. Por ello siempre es preciso efectuar un examen detenido del contenido del concepto o consejo y prevenir, apelando a criterios objetivos, que de los mismos pueda derivarse una carga que afecte la posibilidad de un juicio imparcial.

En pocas palabras: la decisión acerca de si del contenido del concepto o consejo puede derivarse una tacha para la imparcialidad del juez, debe tomarse no en el terreno de la subjetividad, sino a la luz de las circunstancias del asunto particular y buscando criterios que objetivamente permitan dilucidar el grado en que la imparcialidad se afecta o pone en tela de juicio. Como lo recuerda la jurisprudencia de esta Sala(11):

“En esa perspectiva, es claro que los conceptos u opiniones deben tener la posibilidad real de condicionar al juez para emitir la decisión o sembrar, cuando menos, dudas sobre su capacidad de emitir una decisión centrada en la verdad del juicio. De manera que, con miras a que la determinación no quede en el terreno subjetivo, es indispensable escudriñar en el contenido mismo del concepto o consejo dado para, con criterio objetivo, establecer si el funcionario emitió un juicio previo y de hecho. De modo que pueda razonablemente deducirse una inclinación conceptual, intelectual o de ánimo hacia una posición en particular, sobre la decisión o sus elementos esenciales”.

Una vez se constata de manera objetiva que la autoridad judicial emitió concepto o consejo y que uno u otro alcanzan la posibilidad de una decisión imparcial, entonces, lo procedente tiene que ver con separar al funcionario del conocimiento del asunto y, de esta manera, asegurar transparencia e imparcialidad, aspectos que tratándose de la actividad judicial no admiten sombra de dudas.

En consecuencia, claramente distinguibles de la emisión de concepto o consejo aptos para cuestionar la imparcialidad del funcionario judicial son aquellos hechos o sucesos que indebidamente divulgados, “con o sin descripción de las características y circunstancias particulares del asunto, en cuanto ajeno al concepto o consejo” no comportan la necesidad de separar al juez del conocimiento del asunto. Tal es el caso de las conductas previstas por el numeral 4º del artículo 154 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia que prohíbe a los funcionarios judiciales “proporcionar noticias o informes sobre asuntos de la administración de justicia que lleguen a su conocimiento con ocasión del servicio”.

Como se sabe, la jurisprudencia constitucional —Sentencia C-037 de 1996— condicionó la declaratoria de exequibilidad de la citada disposición a que la misma fuera interpretada acorde con los principios de publicidad e información en cuanto criterios rectores de la función de administrar justicia, tal como se desprende de los artículos 20 C.P., 209 C.P. y 228 C.P. De suerte que cualquier restricción en la materia se encuentra sujeta a reserva de ley y siempre deberá privilegiarse la materialización de los aludidos principios.

En aquella ocasión sostuvo la Corte refiriéndose al precepto contemplado en numeral 4º del artículo 154 de la Ley 270 de 1996, que “los alcances de esta prohibición deberán interpretarse de conformidad con las consideraciones expuestas a propósito del artículo 64 del presente proyecto de ley”. Sobre este extremo sostuvo —se resalta—:

De otro lado, en atención a que el principio constitucional general aplicable a las actuaciones que se adelanten por los órganos del Estado es la publicidad, la reserva tiene carácter excepcional y es de interpretación restrictiva. Le corresponde a la ley, dentro del marco de la Constitución, establecer en términos de razonabilidad y proporcionalidad, la extensión de la respectiva reserva. De ahí que la constitucionalidad, en este caso, se condicione, igualmente, a la posibilidad de comunicar las informaciones que de conformidad con la ley, no están sujetas a reserva y, en este evento, deberá también permitirse el acceso público a las mismas.

(...).

En lo que atañe al inciso segundo, debe decirse que guarda estrecha relación con lo dispuesto en el artículo 57, ya analizado. Con todo, es necesario puntualizar que la facultad de informar el contenido y alcance de las providencias por parte de los funcionarios judiciales, no es asimilable al acto procesal de notificación a las partes. En el primer evento, que es realmente el contemplado en la norma, se trata de una declaración pública en la que se explican algunos detalles importantes de la sentencia proferida, bajo el supuesto obvio de que el administrador de justicia no se encuentra obligado a dar a conocer aquellos asuntos que son objeto de reserva legal. Por el contrario, el segundo caso, implica una relación procesal entre el juez y las partes, a través de la cual se brinda la oportunidad a éstas de conocer el contenido íntegro de la providencia y de interponer, dentro de los lineamientos legales, los respectivos recursos.

Por otra parte, estima la Corte necesario declarar la inexequibilidad de la expresión “una vez haya incluido el respectivo proceso mediante decisión ejecutoriada, contenida en ese mismo inciso segundo, pues con ello, en primer lugar, se vulneran la autonomía del juez y el derecho de los asociados de recibir información veraz y oportuna (C.P., art. 20) y, además, se convertiría en excepción el principio general contenido en la Carta de que las actuaciones de la administración de justicia serán públicas (C.P., art. 228). En efecto, resulta constitucionalmente posible el que, por ejemplo, el presidente de una Corporación informe a la opinión pública sobre una decisión que haya sido adoptada, así el texto definitivo de la Sentencia correspondiente no se encuentre aún finiquitado, habida cuenta de las modificaciones, adiciones o supresiones que en el curso de los debates se le haya introducido a la ponencia original. Con ello, en nada se vulnera la reserva de las actuaciones judiciales —siempre y cuando no se trate de asuntos propios de la reserva del sumario o de reserva legal— y, por el contrario, se contribuye a que las decisiones que adoptan los administradores de justicia puedan conocerse en forma oportuna por la sociedad.

De lo anterior se desprende la imposibilidad de considerar como constitutivo de impedimento toda información emitida por la autoridad judicial respecto del asunto que le corresponde examinar y fallar. Temas relacionados con los trámites o preguntas relativas a si el proceso se encuentra o no en el orden del día; si fue considerado, debatido o aplazado o si fue remitido para su conocimiento a otra autoridad; si se expresaron o no impedimentos o se presentaron o no recusaciones; si hubo o no quórum, revisten interés público y no impactan negativamente la imparcialidad del funcionario judicial, en tanto como lo recuerda la jurisprudencia de esta Sala no involucren “conceptos sobre el asunto objeto de decisión”. Esta información es pública y las autoridades judiciales se encuentran en la obligación de suministrarla en caso de ser requerida. Con todo, como lo recuerda la jurisprudencia de esta Sala “si la información que entrega el funcionario judicial está sujeta a reserva, su divulgación no autorizada podría dar lugar a responsabilidad disciplinaria, penal, patrimonial e incluso política. Al margen de los impedimentos, porque tal situación no afecta per se la imparcialidad, de quien se dio a la tarea de divulgar lo acontecido”(12).

En suma, no es suficiente que las sospechas o dudas sobre la imparcialidad del juez se originen en la mente de quien presenta la recusación. Resulta indispensable comprobar que las mismas son de una consistencia tal que autoricen a concluir que se hallan objetiva y legítimamente justificadas.

3. E caso concreto.

En el asunto que debe resolver la Sala, el memorialista consideró probado “el interés y la falta de imparcialidad del magistrado Yepes Barreiro en el presente asunto, lo cual ha generado un posible prejuzgamiento, infidencias de las decisiones a tomar, imprudencia e indiscreción, además de que con su actuar ha vulnerado aparentemente, reglas del ordenamiento jurídico para adoptar una decisión que requiere de toda la serenidad, imparcialidad y ponderación, como principios que rigen el actuar frente a los administrados” —expediente, folio 1175—.

Ahora bien, un examen detenido de los elementos de convicción que obran en el proceso permite sin mayor esfuerzo concluir que en el presente caso el consejero Yepes Barreiro no incurrió en ninguna de las causales alegadas por el recusante.

De ello, da razón el propio escrito de recusación cuando al narrar los hechos sostiene, en el numeral 4º, que “sorpresivamente” en los medios de comunicación hablados y escritos del país se divulgó de manera amplia la existencia de dos ponencias escritas por el consejero Alberto Yepes Barreiro, relativas al proceso de nulidad electoral adelantado contra la elección del Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, en distintos sentidos.

Aunque el memorialista señala que ello apenas tuvo lugar a partir del 11 de julio de 2014 —numeral 4º de la relación fáctica—, fue públicamente notorio, por la importancia de la noticia, que el suceso se dio a conocer inclusive desde el día 8 de julio en medios de amplia circulación nacional(13). De suerte que el sentido de las ponencias se filtró a la opinión pública antes de la realización del programa radial transmitido el 11 de julio de 2014 en el cual se basó el recusante para señalar la falta de imparcialidad del magistrado.

En el audio que se aportó como medio de prueba al expediente, puede constatarse fácilmente que los periodistas se preguntan sobre las razones que tendría el magistrado Yepes Barreiro para elaborar dos ponencias en sentido contrario en un lapso de dos meses, hecho respecto del cual tuvieron noticia un día antes —se resalta—:

— María Isabel Rueda: no pues Julio yo precisamente me estoy preguntando sobre lo que ustedes están comentando, yo le dije ayer que existían dos ponencias absolutamente contrarias: una que sostiene que como la reelección del Procurador no está expresamente prohibida en la Constitución, está permitida. Y la otra que sostiene que como no está expresamente permitida en la Constitución, está prohibida. Ese cambio, pues, digamos, de ponencia se dio en escasos dos meses.

Innegable es asimismo que los periodistas ya conocían el sentido de las ponencias; no solo estaban informados al respecto, sino que tenían en su poder copia de uno de los proyectos —se resalta—:

— Camilla Zuluaga: la primera; pero María Isabel, me dicen a mí también, el Consejo de Estado, sobre la discusión que estábamos teniendo ayer, si debía o no esta ponencia del magistrado Yepes discutirse en Sala Plena o en la Sección Quinta a la que él pertenece. La primera que se llevó —y que se pidió que se llevara a Sala Plena— es la que tiene Carlos en sus manos y ahí la Sala Plena dijo que no. Que no era necesario, que eso tenía que discutirlo la Sección Quinta. Pero frente a esta segunda, que es desfavorable al Procurador, en ésta la Sala Plena sí dijo que quería que todos los magistrados la estudiaran.

Ese hecho noticioso de la existencia de dos ponencias en sentido contrario que los periodistas consideraron inexplicable y acerca del cual discurrió gran parte del programa matinal, les sirvió de sustento incluso para exhortar al Consejero en el sentido de que les informe sobre esa situación que, en opinión de los comunicadores, está dejando “una regular presentación del magistrado Yepes” —se destaca—:

(…).

— Julio Sánchez: bueno, pero Carlos, esto no se puede quedar así porque queda con una regular presentación el magistrado Yepes, que —le repito— merece todo nuestro respeto. Usted está leyendo un papel, pero lo único que vale es lo que quedó radicado. La ponencia radicada es la que vale. No una ponencia que Usted tiene alterna sin firma.

(...).

— Julio Sánchez: Carlitos, Carlitos y por qué no le pedirnos al doctor Yepes que no de una entrevista, porque esto, sino simplemente a lo mejor que haga, que escriba una nota, que escriba una nota aclarando estos interrogantes que me parecen muy válidos en un tema que —como dice María Isabel— va a tener una repercusión y una trascendencia social. Tumbar al Procurador, en medio de estas dudas, pues, me parece que merece una explicación. Y él la debe tener.

En la segunda parte del programa, la periodista María Isabel Rueda da a conocer la explicación del magistrado cuestionado:

— Julio Sánchez: María Isabel ¿qué se pregunta a esta hora?

— María Isabel Rueda: pues Julio uno como periodista tiene el deber de ser muy exacto en lo que contestan a los comentarios que uno hace; hace pocos minutos recibí la llamada del magistrado Yepes quien me comunicó lo siguiente y voy a entregar exactamente su versión. La primera ponencia, que leímos esta mañana en la que se permitía la reelección del Procurador, que fue la suya, evidentemente, fue discutida en una Sala en la que participaron, además del doctor Alberto Yepes, los magistrados Susana Buitrago y Lucy Jeannette Bermúdez. La magistrada Susana Buitrago apoyó al doctor Yepes en su posición, pero la doctora Lucy Jeannette Bermúdez le presentó un documento de 100 hojas que él leyó con mucho cuidado y que, según él insiste, le cambió seriamente su posición. Por eso, preparó la segunda ponencia. Entonces, hay tres razones por las cuales un ponente cambia la ponencia: uno, es porque el ponente sea muy poco estructurado; pues no es el caso, sabemos, del doctor Yepes, porque incluso en el tema del magistrado Ricaurte, cuando la Sala estaba 16 contra 4, él formaba parte de los cuatro en la minoría y, poco a poco, fue convenciendo al resto de sus compañeros hasta que pasó lo que pasó. El segundo caso es que el magistrado esté muy pendiente del termómetro de la opinión, pues él contesta textualmente: “yo no tengo necesidad de estar pendiente de ningún termómetro de la opinión, yo tengo mis posiciones absolutamente transparentes y, además, no me gusta hablar por los medios”; de hecho, no le ha pasado a ningún medio de comunicación. Esto es una conversación que acabamos de tener él y yo, no más. Y el tercer motivo por el que un ponente cambia su ponencia, es por convicción personal de un hombre que no es cuadriculado y acepta los argumentos de los demás. El doctor Yepes me insiste en que él cambió la ponencia porque lo convencieron los argumentos consignados en un documento de 100 hojas de la magistrada Lucy Jeannette Bermúdez y, además, remata diciendo que él hubiera podido guardar ese documento y ese cambio de posición y simplemente sacarlo en el momento de la votación y que por un acto de transparencia se lo entregó a los conjueces para que lo pudieran discutir —y a los demás ponentes— antes de la reunión del lunes. Entonces cumplo con el deber de dar la versión oficial de la persona que está siendo controvertida, porque tuvo dos ponencias en tres meses.

Como puede apreciarse de lo arriba expuesto, las ponencias escritas por el magistrado Alberto Yepes Barreiro en relación con el proceso de nulidad contra la elección del Procurador Alejandro Ordóñez Maldonado fueron conocidas por la opinión pública al menos dos días antes de la emisión del programa en La W Radio y, en todo caso, los periodistas que participaron en el mismo ya estaban al tanto de su contenido así que, el consejero Yepes no divulgó información reservada a la que hubiere accedido por motivo del ejercicio de su cargo y tampoco rindió concepto o consejo “fuera de actuación judicial sobre las cuestiones materia del proceso”.

Arriba se indicó la necesidad de distinguir claramente entre los mecanismos encaminados a “separar al juez o magistrado del conocimiento del asunto, con miras a evitar que se proyecte alguna sombra sobre la garantía de imparcialidad”, esto es, las denominadas causales de impedimento y recusación y, el control disciplinario. En el caso que se examina, los supuestos fácticos respecto de los cuales son contestes los elementos de convicción allegados al expediente no permiten subsumir la conducta del magistrado Yepes bajo ninguno de los mencionados supuestos jurídicos.

Vale decir, en el programa radial que sirvió de sustento al memorialista para invocar la casual(sic) de recusación en el sub lite, el consejero Yepes no dio concepto o consejo, pues se restringió a explicar los motivos por los cuales escribió dos ponencias en un sentido diferente en el lapso de dos meses que era, justamente, lo que querían saber los periodistas, así que su mensaje se circunscribió a ese tema y si su posición se conoció no fue porque el magistrado mismo la hubiere puesto en conocimiento del público mediante concepto o consejo, sino porque lastimosamente las ponencias fueron filtradas de manera contraria al ordenamiento jurídico y por ello llegaron a conocimiento del público en general, de donde se infiere asimismo que el consejero Yepes tampoco divulgó información reservada y a la que hubiere accedido por motivo del ejercicio de su cargo, pues, se itera, dicha información ya había sido filtrada a la prensa y llegó a conocimiento de la opinión pública de manera notoria días antes de la realización del programa.

Finalmente, frente al señalamiento sobre las “aparentes” irregularidades contrarias al reglamento del Consejo de Estado, debe precisar la Sala que las mismas no pueden ser esgrimidas como causal de recusación, pues se sabe y, esta Sala lo ha dejado claro una vez más en la presente providencia, que los motivos para separar al juez del conocimiento están taxativa y expresamente consignados en el ordenamiento jurídico y son de interpretación restrictiva. Ampliar el sentido y alcance de las causales invocadas, como lo pretende el memorialista, quebrantaría normas nucleares del Estado de derecho. Tal ocurre con el principio del juez natural cuya protección se encuentra doblemente reforzada, esto es, en el ordenamiento jurídico interno(14) y en el internacional(15) por la vía del artículo 93 C.P.(16).

Dicho de otra manera, la garantía de independencia e imparcialidad no puede usarse con el fin de separar injustificadamente al juez del asunto puesto a su consideración y decisión. De ahí que el régimen de impedimentos y recusaciones sea de aplicación e interpretación restrictiva y su sentido y alcance no pueda ser fijado de forma que, pretextando salvaguardar la independencia y, la imparcialidad, pretenda cobijar circunstancias que o bien deben tratarse como faltas disciplinarias u obedecen a las sospechas o dudas sobre la imparcialidad del juez originadas únicamente en la mente de quien presenta la recusación, pero no se encuentran objetiva y legítimamente justificadas.

Por los motivos expuestos en precedencia es dable concluir que las causales invocadas no se tipifican y, en consecuencia, el impedimento se declarará infundado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo,

RESUELVE:

Negar la recusación formulada contra el consejero Alberto Yepes Barreiro, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.»

3 “1. La recusación se propondrá por escrito ante el juez o magistrado ponente con expresión de la causal legal y de los hechos en que se fundamente, acompañando las pruebas que se pretendan hacer valer. //2. Cuando el recusado sea un juez administrativo, mediante auto expresará si acepta los hechos y la procedencia de la causal y enviará el expediente al juez que le siga en turno para que resuelva de plano si es o no fundada la recusación; en caso positivo, asumirá el conocimiento del asunto, si lo encuentra infundado, lo devolverá para que aquel continúe el trámite. Si se trata de juez único, remitirá el expediente al correspondiente tribunal para que decida si la recusación es fundada, caso en el cual designará juez ad hoc que lo reemplace; en caso contrario, devolverá el expediente para que el mismo juez continúe el trámite del proceso. Si la recusación comprende a todos los jueces administrativos, el juez recusado pasará el expediente al superior expresando los hechos en que se fundamenta. De aceptarse, el tribunal designará conjuez para el conocimiento del asunto. // 3. Cuando el recusado sea un Magistrado, mediante escrito dirigido al ponente, o a quien le siga en turno si el recusado es este, expresará si acepta o no la procedencia de la causal y los hechos en que se fundamenta, para que la sala, sección o subsección resuelva de plano sobre la recusación. Si la encuentra fundada, la aceptará y sólo cuando se afecte el quórum decisorio se ordenará sorteo de conjuez...”.

4 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Auto de siete de julio de 2014, radicación 11001-03-28-000-2013-00015-00-Importancia Jurídica, Incidente de Recusación, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo.

5 Ibídem.

6 Ibídem.

7 Ibídem.

8 Ibídem.

9 ART. 28.—“Las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas palabras; pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dará en éstas su significado legal”.

10 Cfr., López Blanco, Hernán Fabio, Procedimiento Civil, Tomo I, Dupré Editores, Bogotá, 2009, pág. 249.

11 Ibídem.

12 Ibídem.

13 Cfr. Revista Semana, versión digital: “La 'jugada' política en la demanda contra el Procurador que apreció el día 8 de julio de 2014, disponible en el sitio web: http://www.semana.com/nacion/articulo/la-jugada-politica-en-la-demanda-contra-el-procurador/394915-3; diario El Colombiano, versión digital: “Ordóñez en la cuerda floja por dudas constitucionales” suscrita por Sergio A. Naranjo y publicada el 10 de julio de 2014.

14 ART. 29.—El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. // Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. // En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable”.

15 “Artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”.

16 ART. 93.—Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno. // Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia.