Auto 2013-00016/55879 de octubre 23 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN “B”

Exp.: 55879

Rad.: 17001-23-33-000-2013-00016-01

Actor: Cubacol S.A.

Demandados: Empresa Licorera de Caldas

Naturaleza: Reparación directa

Consejero Ponente:

Dr. Danilo Rojas Betancourth

Bogotá D.C., veintitrés de octubre de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «Consideraciones

I. Problema jurídico.

16. El despacho debe determinar si de acuerdo con la normatividad aplicable, es procedente admitir la intervención ad excludendum de Seguros del Estado, teniendo en cuenta, principalmente, la oportunidad de la misma en consideración de la etapa procesal que transcurre en el asunto y los requisitos previstos en las normas procesales aplicables respecto de la caducidad.

II. Análisis del despacho.

17. Actualmente prevista en el artículo 63 del Código General del Proceso(2), la figura de la intervención ad excludendum se trata de una situación en la cual un tercero pretende excluir a las partes alegando un mejor derecho sobre la cosa materia de controversia, lo cual supone una acumulación de acciones, por cuanto se acumula el derecho de acción del demandante inicial con el derecho de acción del interviniente ad excludendum, pretensiones que deberán decidirse en el mismo proceso.

18. La jurisprudencia de la Sección ha señalado con claridad que es requisito sine qua non para que prospere la intervención ad excludendum que la cosa o el derecho controvertidos coincidan con exactitud, en todo o en parte con aquellos a los que dice tener mejor derecho el tercero excluyente, pues si se trata de derechos o cosas diferentes, deberá acudirse a otro proceso(3).

19. El ejercicio de la intervención se encuentra enmarcado por requisitos de orden procesal que limitan su oportunidad. Así, el citado artículo 63 del Código General del Proceso señala que la intervención puede darse “hasta la audiencia inicial”. Sin embargo, la Ley 1437 del 2011 resulta un poco más estricta en cuanto al momento en que resulta procedente la intervención, al señalar en su artículo 224 que esta puede producirse únicamente “desde la admisión de la demanda y hasta antes de que se profiera el auto que fija fecha para la realización de la audiencia inicial”.

20. Por otra parte, el mismo artículo señala que se debe tomar en consideración en el análisis la caducidad de la acción que se pretende ejercer con ella, al indicar con claridad que “en los litisconsorcios facultativos y en las intervenciones ad excludendum es requisito que no hubiere operado la caducidad”.

21. Debe recordarse que en la providencia impugnada se consideró que en el caso la intervención excluyente que pretende ser ejercida por la aseguradora Seguros del Estado resultaba improcedente, tanto en lo que tiene que ver con el momento del ejercicio como con la caducidad, pues fue presentada luego de que ya se hubiera proferido el auto que fijó fecha y hora para la audiencia inicial, así como cuando se encontraban vencidos los dos años del término de caducidad previstos en el artículo 164 de la Ley 1437 del 2011, iniciando dicho cálculo desde el día siguiente a la firmeza de la Resolución 780 del 27 de agosto del 2012, que confirmó la 588 del 27 de junio de 2012 —6 de septiembre de 2012—.

22. El Despacho encuentra que le asiste razón al a quo respecto de ambas circunstancias.

23. En primer lugar, aunque, como se ha dicho, el Código General del Proceso, norma que define la institución de la intervención ad excludendum en la actualidad, establece que esta se puede producir hasta la audiencia inicial, lo que daría lugar a pensar que en un caso como este en la que la misma no ha concluido podría hacerse uso de la figura, lo cierto es que en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo el legislador fue mucho más estricto, señalando que en los procesos conocidos por esta jurisdicción la oportunidad para el efecto precluye con el auto que fija fecha para la celebración de la audiencia inicial, evento que, evidentemente ya había ocurrido en el caso concreto, ya que, de hecho, la intervención de Seguros del Estado se dio cuando la audiencia inicial se encontraba suspendida para decidir sobre la fórmula conciliatoria alcanzada por la Industria Licorera de Caldas y Cubacol.

24. Téngase en cuenta que, de acuerdo con el artículo 227 de la Ley 1437 del 2011, las normas procesales generales resultan aplicables a los asuntos contenciosos en lo que tiene que ver con la intervención de terceros, pero sólo en aquello que no se encuentre regulado en el CPACA, de lo que se desprende que en tanto lo relativo a la oportunidad para el ejercicio de la facultad de intervención excluyente se encuentra claramente determinado en la ley procesal de lo contencioso administrativo, no hay lugar a remitirse a los términos previstos en el Código General del Proceso.

25. Por otra parte, en lo que tiene que ver con la alegada retrotracción del proceso en virtud de la vinculación de la aseguradora en auto del 31 de julio del 2014, se encuentra que si bien es cierto que Seguros del Estado fue traído de oficio al trámite, ello ocurrió en la calidad de tercero con interés directo, sin especificar el tipo de tercería que se daba en el caso.

26. Sin embargo, la Sección Tercera ha tenido la oportunidad de establecer que la intervención de un tercero puede darse en las categorías de la coadyuvancia, la denuncia del pleito, el llamamiento ex oficio, la intervención ad excludendum, el llamamiento en garantía y el llamamiento de poseedor o tenedor, excluyendo de este grupo al litisconsorcio necesario, en tanto este en sentido estricto no puede ser considerado como un tercero(4).

27. Ahora, la citación al proceso de Seguros del Estado el 31 de julio del 2014 por el Tribunal Administrativo de Caldas, debe tratarse de una coadyuvancia, pues para el efecto se citaron “las repercusiones que se generen por motivo de la eventual aprobación del acuerdo conciliatorio”, lo cual es coincidente con lo previsto en el artículo 71 del Código General del Proceso, que la define de la siguiente forma:

“ART. 71.—Coadyuvancia. Quien tenga con una de las partes determinada relación sustancial a la cual no se extiendan los efectos jurídicos de la sentencia, pero que pueda afectarse si dicha parte es vencida, podrá intervenir en el proceso como coadyuvante de ella, mientras no se haya dictado sentencia de única o de segunda instancia (...).

28. Esta misma norma indica que “...el coadyuvante tomará el proceso en el estado en que se encuentre en el momento de su intervención y podrá efectuar los actos procesales permitidos a la parte que ayuda, en cuanto no estén en oposición con los de esta y no impliquen disposición del derecho en litigio”.

29. Así, se encuentra que la citada vinculación no prevé la alegada retrotracción procesal de la que habla la sociedad, pues la norma es clara en que este tercero interesado entra al proceso en el estado en que este se encuentre.

30. Por otra parte, en lo que tiene que ver con la caducidad de la acción, no puede ser de recibo el argumento de que el término al que se refiere el artículo 224 del CPACA sea relativo a la acción principal, ya que ello privaría de cualquier efecto práctico a la previsión.

31. Sostener que cuando el citado artículo establece que para la intervención ad excludendum debe tenerse en cuenta el término de caducidad este se refiere a la acción principal no resulta razonable, pues de lo que se trata es de castigar la inercia procesal de quien, considerando tener un derecho a una cosa, no pretenda hacerlo efectivo judicialmente teniendo un plazo para hacerlo.

32. En otras palabras, tratándose la intervención ad excludendum del ejercicio de un medio de control de parte de una persona que alega tener un derecho incluso mejor sobre algo que quien inicia un proceso judicial por tal causa, no puede pretender valerse de la diligencia de aquel para dejar sin efecto, en su caso concreto, el plazo que el legislador le ha otorgado para hacer efectivo ese derecho.

33. Así las cosas, a pesar de que se cometió un error en la determinación de la fecha de presentación del escrito —ver supra párr. 8—, la intervención ad excludendum se ejerció cuando se había configurado la caducidad de la acción, según se pasa a explicar.

34. En la demanda de intervención ad excludendum se pretende la nulidad de las resoluciones 588 del 27 de junio del 2012 y 780 del 27 de agosto siguiente, las cuales declararon el incumplimiento de Cubacol S.A. en el marco de un contrato estatal.

35. De acuerdo con el artículo 164, numeral 2, literal j, de la Ley 1437 de 2011, el término de caducidad de las acciones contractuales es de dos años contados a partir del día siguiente de la ocurrencia de los motivos que originan la controversia.

36. Igualmente, el artículo 87 de la misma ley señala que la firmeza de los actos administrativos se produce cuando contra ellos no proceda ningún recurso, desde el día siguiente al de su notificación, comunicación o publicación según el caso. En el asunto concreto, la notificación de la Resolución 780 del 27 de agosto del 2012, que confirmó la 588 del 27 de junio del 2012, se produjo de forma personal el 5 de septiembre del 2012 (fl. 523 c. 1A), por lo que el término de los dos años inició el 6 de septiembre del 2012 y terminaba, en principio, el 6 de septiembre del 2014.

37. Sin embargo, la caducidad se vio interrumpida el 19 de agosto del 2014 con la presentación por parte de Seguros del Estado de la solicitud de conciliación prejudicial ante la Procuraduría General de la Nación, faltando 18 días para que se venciera el término de dos años. Se mantuvo en este estado hasta el 7 de octubre del 2014 cuando se declaró fallido el trámite, con lo que se reinició el trascurso del término el 8 de octubre del 2014.

38. Como restaban 18 días antes de la suspensión para la configuración de la caducidad, estos deben sumarse desde el 8 de octubre del 2014, con lo que el plazo venció definitivamente el sábado 25 de octubre, siendo necesario que se presentara la intervención, a más tardar, el día hábil siguiente, es decir, el lunes 27 de octubre del 2014. Por tanto, la presentación de la intervención ad excludendum de Seguros del Estado el 13 de enero del 2015 es claramente extemporánea, tal como lo consideró el magistrado sustanciador del Tribunal Administrativo de Caldas.

39. Por esta razón, se confirmará el auto del 3 de julio del 2015, en el que el tribunal a quo rechazó la intervención ad excludendum de Seguros del Estado.

40. Otros asuntos decididos en la providencia impugnada no serán objeto de pronunciamiento por parte de este despacho, en tanto no fueron materia del recurso de apelación que aquí se decidió.

En mérito de lo expuesto, se

RESUELVE:

1. CONFIRMAR el auto proferido por el Tribunal Administrativo de Caldas el 3 de julio del 2015.

2. DEVOLVER el expediente al tribunal de origen para la continuación del trámite.

Notifíquese y cúmplase».

2 “ART. 63.—Intervención excluyente. Quien en proceso declarativo pretenda, en todo o en parte, la cosa o el derecho controvertido, podrá intervenir formulando demanda frente a demandante y demandado, hasta la audiencia inicial, para que en el mismo proceso se le reconozca.
La intervención se tramitará conjuntamente con el proceso principal y con ella se formará cuaderno separado”.
En la sentencia se resolverá en primer término sobre la pretensión del interviniente.

3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, providencia del 10 de abril del 2008, Exp. 34657, C.P. Myriam Guerrero de Escobar.

4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, providencia del 23 de enero del 2013, Exp. 37519, C.P. Hernán Andrade Rincón.