Auto 2013-00028/20497 de diciembre 10 de 2015

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Radicación: 110010327000201300028-00 (20497)

Consejero Sustanciador:

Dr. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas

Demandante: Payless Shoesource PSS de Colombia SAS

Demandado: La Nación - Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Asunto: Medio de control de nulidad

Bogotá, D.C., diez de diciembre de dos mil quince.

EXTRACTOS: «2. CONSIDERACIONES

A la Sala unitaria le corresponde decidir si se deben suspender provisionalmente los efectos del Decreto 74 del 23 de enero de 2013.

2.1. De las medidas cautelares previstas en la Ley 1437.

El artículo 238 de la Constitución Política dispone que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo puede suspender provisionalmente los efectos de cualquier acto administrativo susceptible de ser impugnado por vía judicial, por los motivos y por los requisitos que establece la ley.

En concordancia con la norma constitucional citada, el artículo 229 de la Ley 1437(6) establece que el juez o magistrado ponente, a petición de parte, debidamente sustentada, puede decretar no solamente la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos sino las medidas cautelares que considere necesarias para proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia.

Entre las medidas cautelares que pueden ser decretadas por el juez o el magistrado ponente, el artículo 230 de la Ley 1437(7) prevé la suspensión provisional de los efectos del acto administrativo demandado.

Por su parte, el artículo 231 de la Ley 1437 señala que la suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo procede por la violación de las normas invocadas como violadas en la demanda o en la solicitud que se presente en escrito separado, cuando tal violación surja del análisis del acto administrativo y de su confrontación con las normas invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud.

Dicho de otra manera, la medida cautelar procede cuando la transgresión de las normas invocadas como violadas surja: i) del análisis del acto demandado y de su confrontación con las normas superiores que se alegan como violadas o ii) del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud.

De modo que la suspensión provisional de los efectos del acto administrativo está atada a un examen de legalidad o de constitucionalidad que el juez debe hacer para anticipar de alguna manera un caso de violación de norma superior por parte del acto acusado.

Dicho lo anterior, la Sala considera que no es procedente decretar la medida cautelar solicitada por la demandante por cuanto pretende la suspensión provisional de los efectos de una norma derogada.

En efecto, el Decreto 74 del 23 de enero de 2013 fue derogado de manera expresa por el artículo 7º del Decreto 456 del 28 de febrero de 2014(8) “por el cual se modifica parcialmente el Arancel de Aduanas”, en los siguientes términos:

ART. 7º—Vigencias y derogatorias. El presente decreto entra en vigencia treinta (30) días calendario, a partir de la publicación en el Diario Oficial; modifica el gravamen arancelario establecido en el artículo 1º del Decreto 4927 de diciembre 26 de 2011 y deroga el Decreto 74 de 2013.

Como se ve, la norma cuya suspensión se pide desapareció del ordenamiento jurídico el 31 de marzo de 2014 y, por tanto, dejó de producir efectos. Luego, la medida cautelar solicitada deviene improcedente.

La derogatoria del Decreto 74 del 23 de enero de 2013 operó 30 días después de la publicación del Decreto 456 del 28 de febrero de 2014, esto es el 31 de marzo de 2014, ya que este último fue publicado en el Diario Oficial 49078 del 28 de febrero de 2014.

Si bien a la fecha en que se presentó la demanda (23 de mayo de 2013) el acto administrativo acusado se encontraba vigente, lo cierto es que en el trámite de este proceso la norma fue derogada expresamente.

La suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo no es procedente cuando la norma acusada ha sido derogada, por cuanto la suspensión de los efectos parte del supuesto de vigencia tanto de la norma violada como de la regla violatoria de esa norma. Si la regla ya no existe, no existe razón para suspenderla.

En esas condiciones, la Sala unitaria decide

RESUELVE:

DENÍEGASE la suspensión del Decreto 74 del 23 de enero de 2013.

Notifíquese y cúmplase».

6 ARTÍCULO 229. PROCEDENCIA DE MEDIDAS CAUTELARES. En todos los procesos declarativos que se adelanten ante esta jurisdicción, antes de ser notificado, el auto admisorio de la demanda o en cualquier estado del proceso, a petición de parte, debidamente sustentada, podrá el Juez o Magistrado Ponente decretar, en providencia motivada, las medidas cautelares que considere necesarias para proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia, de acuerdo con lo regulado en el presente capítulo.

La decisión sobre la medida cautelar no implica prejuzgamiento.

7 ARTÍCULO 230. CONTENIDO Y ALCANCE DE LAS MEDIDAS CAUTELARES. Las medidas cautelares podrán ser preventivas, conservativas, anticipativas o de suspensión, y deberán tener relación directa y necesaria con las pretensiones de la demanda. Para el efecto, el Juez o Magistrado Ponente podrá decretar una o varias de las siguientes medidas:

1. Ordenar que se mantenga la situación, o que se restablezca al estado en que se encontraba antes de la conducta vulnerante o amenazante, cuando fuere posible.

2. Suspender un procedimiento o actuación administrativa, inclusive de carácter contractual. A esta medida solo acudirá el Juez o Magistrado Ponente cuando no exista otra posibilidad de conjurar o superar la situación que dé lugar a su adopción y, en todo caso, en cuanto ello fuere posible el Juez o Magistrado Ponente indicará las condiciones o señalará las pautas que deba observar la parte demandada para que pueda reanudar el procedimiento o actuación sobre la cual recaiga la medida.

3. Suspender provisionalmente los efectos de un acto administrativo.

4. Ordenar la adopción de una decisión administrativa, o la realización o demolición de una obra con el objeto de evitar o prevenir un perjuicio o la agravación de sus efectos.

5. Impartir órdenes o imponerle a cualquiera de las partes del proceso obligaciones de hacer o no hacer.

PARÁGRAFO. Si la medida cautelar implica el ejercicio de una facultad que comporte elementos de índole discrecional, el Juez o Magistrado Ponente no podrá sustituir a la autoridad competente en la adopción de la decisión correspondiente, sino que deberá limitarse a ordenar su adopción dentro del plazo que fije para el efecto en atención a la urgencia o necesidad de la medida y siempre con arreglo a los límites y criterios establecidos para ello en el ordenamiento vigente.

8 Publicado en el Diario Oficial del 28 de febrero de 2014. Año CXLIX. Nº 49078. Pág. 4.