Auto 2013-00036 de octubre 9 de 2013

Consejero Ponente:

Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa

Expediente: 25000232700020130003601

Solicitante: Karem Viviana Mondragón Grisales

Ref.: Acción de hábeas corpus

Bogotá, D.C., nueve de octubre de dos mil trece.

EXTRACTOS: II. Consideraciones

1. En cuanto a la libertad personal y su protección por medio de la acción constitucional del hábeas corpus.

11. En relación con la libertad personal, el artículo 28 de la Constitución Política dispone:

“ART. 28.—Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley.

La persona detenida preventivamente será puesta a disposición del juez competente dentro de las treinta y seis horas siguientes, para que este adopte la decisión correspondiente en el término que establezca la ley.

En ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas, ni penas y medidas de seguridad imprescriptibles”.

11.1. Para garantizar el goce del derecho fundamental a la libertad personal, la Constitución Política previó, en su artículo 30, la acción de hábeas corpus, la cual ha sido normativamente diseñada con términos más cortos para su decisión y puede ser intentada en todo momento y lugar, aún durante los estados de excepción(1), ante cualquier autoridad judicial; dicha norma constitucional consagra:

“ART. 30.—Quien estuviere privado de su libertad, y creyere estarlo ilegalmente, tiene derecho a invocar ante cualquier autoridad judicial, en todo tiempo, por sí o por interpuesta persona, el hábeas corpus, el cual debe resolverse en el término de treinta y seis horas”.

11.2. En desarrollo de la anterior disposición, el Congreso de la República expidió la Ley Estatutaria 1095 del 2º de noviembre de 2006, mediante la cual se definió la acción de hábeas corpus en los siguientes términos:

“ART. 1º—Definición. El hábeas corpus es un derecho fundamental y, a la vez, una acción constitucional que tutela la libertad personal cuando alguien es privado de la libertad con violación de las garantías constitucionales o legales, o esta se prolongue ilegalmente. Esta acción únicamente podrá invocarse o incoarse por una sola vez y para su decisión se aplicará el principio pro homine.

El hábeas corpus no se suspenderá, aun en los estados de excepción”.

11.3. Por su parte, la Corte Constitucional, al llevar a cabo la revisión previa del proyecto de Ley Estatutaria 1095 de 2006, señaló en la Sentencia C-187 de 2006:

“5. El hábeas corpus como instrumento de protección integral de la persona privada de la libertad.

El estudio sistemático de las normas que integran la Constitución Política de 1991, muestra el interés especial del constituyente por amparar a la persona humana ante los abusos que contra ella puedan cometer tanto las autoridades públicas, como también los particulares(2). Así, desde el mismo preámbulo, los delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente expresaron que la Carta sería expedida para asegurar la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo.

(...).

Armonizando con los anteriores postulados, el artículo 30 de la Constitución de 1991 dispone, que quien estuviere privado de su libertad, y creyere estarlo ilegalmente, tiene derecho a invocar ante cualquier autoridad judicial, en todo tiempo, por sí o por interpuesta persona, el hábeas corpus, el cual debe resolverse en el término de treinta y seis (36) horas.

En efecto, el hábeas corpus es la garantía más importante para la protección del derecho a la libertad consagrado en el artículo 28 de la Constitución, que reconoce en forma expresa que toda persona es libre, así como que nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley. Dicha disposición consagra además, que la persona detenida preventivamente debe ser puesta a disposición del juez competente dentro de las treinta y seis horas siguientes, para que este adopte la decisión correspondiente dentro del término que establezca la ley”(3).

11.4. Así pues, la figura constitucional de hábeas corpus se ha edificado sobre la base y con el propósito de conjurar la arbitrariedad de ciertas autoridades que deciden privar de la libertad a algunas personas en contravía de los preceptos constitucionales y legales que regulan la materia, de modo que la intervención de un juez de la República pueda poner fin a ese indebido proceder.

11.5. Se tiene, pues, que el hábeas corpus procede en dos claros y específicos supuestos, a saber:

11.5.1. Cuando la privación de la libertad es arbitraria, es decir cuando se transgreden las garantías constitucionales o legales; esto significa que si a lo largo del procedimiento se han respetado las garantías que establece el ordenamiento jurídico para la respectiva detención, la acción de hábeas corpus se torna improcedente.

11.5.2. Cuando la privación de la libertad se prolonga indebidamente en el tiempo; pueden considerarse diversas hipótesis, como aquella en la cual se detiene en flagrancia a una persona y no se le pone a disposición de la autoridad judicial competente dentro de las 36 horas siguientes; también puede ocurrir cuando la autoridad pública mantiene privada de la libertad a una persona después de que se ha ordenado legalmente, por la autoridad judicial competente, que le sea concedida su libertad. Otra hipótesis puede configurarse en relación con las detenciones legales que pueden tornarse ilegales, como cuando la propia autoridad judicial prolonga la detención por un lapso superior al permitido por la Constitución y la ley u omite resolver dentro de los términos legales la solicitud de libertad provisional presentada por quien tiene derecho a ella.

11.6. En cuanto al ejercicio del derecho de libertad y su alcance desde la perspectiva penal, la reciente jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia sostiene:

“El derecho a la libertad se ubica en la primera generación de derechos —los llamados civiles y políticos—, los cuales corresponden con su positivización y consagración en textos Constitucionales. En ellos se toma en consideración al individuo y se impone una obligación negativa o de abstención por parte del Estado en el sentido de no impedirlos o perturbarlos debiendo ser reclamados por la persona.

En ese orden, el hábeas corpus está contemplado como acción de carácter constitucional y como derecho fundamental de aplicación inmediata, el cual no puede ser objeto de limitación alguna ni aún en los estados de excepción, según se desprende de los artículos 85, 93 y 214.2 de la Constitución Política.

Para efectos de su alcance, la labor hermenéutica ha de atender los tratados de derechos humanos ratificados por Colombia en los cuales también se contempla, como verbigracia, la declaración universal de los derechos humanos (arts. 8º y 9º)(4), el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos (art. 9º)(5), la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 7º)(6), y la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre (art. XXV)(7).

Bajo tal óptica, en clara garantía del derecho fundamental de la libertad(8), constitucionalmente se ha establecido la reserva legal y judicial en materia de su restricción, lo cual implica la cabal observancia de las formas establecidas para proceder a la aprehensión de la persona por parte de funcionarios competentes y conforme con las causas establecidas legalmente, que han de haber afrontado el tamiz de los principios de razonabilidad y proporcionalidad que justifiquen su restricción o aflicción.

De acuerdo con el artículo 152 literal a) de la Constitución, mediante ley estatutaria se debe regular lo relacionado con los derechos y deberes fundamentales, así como los procedimientos y recursos para su protección, por ello fue expedida la Ley 1095 de 2006 para desarrollar la tutela de tal derecho cuando: 1) la persona es privada de libertad con violación de las garantías constitucionales o legales, y 2) la privación de la libertad se prolonga ilegalmente.

Como lo enfatizó la Corte Constitucional en la Sentencia C-187 de 2006 al revisar previamente la constitucionalidad de la citada ley, la finalidad de las hipótesis en las cuales resulta procedente esta acción constitucional de amparo de la libertad es asegurar que todas las decisiones que afectan la libertad personal sean adoptadas mediante orden escrita proferida por la autoridad judicial competente, con la observancia de las formalidades establecidas, dentro de los precisos términos consagrados en la Constitución y en la ley, así mismo, que la persona sea recluida en el lugar oficial de detención y no en otro.

También, conforme con la Sentencia T-260 de 1999 la Corte Constitucional precisó que:

... la garantía de la libertad personal puede ejercerse mediante la acción de hábeas corpus en alguno de los siguientes eventos: (1) siempre que la vulneración de la libertad se produzca por orden arbitraria de autoridad no judicial; (2) mientras la persona se encuentre ilegalmente privada de la libertad por vencimiento de los términos legales respectivos; (3) cuando, pese a existir una providencia judicial que ampara la limitación del derecho a la libertad personal, la solicitud de hábeas corpus se formuló durante el periodo de prolongación ilegal de la libertad, es decir, antes de proferida la decisión judicial; (4) si la providencia que ordena la detención es una auténtica vía de hecho judicial.

Por lo tanto, es claro que la posibilidad de la violación de las garantías constitucionales y legales, tratándose del derecho a la libertad de la persona no solo puede darse al momento de la captura, sino en cualquier situación posterior en que dure tal privación, como cuando, por ejemplo, a quien se le retiene en flagrancia no es puesto a disposición del juez competente oportunamente, se le mantiene la privación pese a la orden de libertad emitida por la autoridad judicial o cuando el funcionario judicial no atiende una petición de excarcelación.

En los casos en que la privación de la libertad está respaldada en providencia judicial, las solicitudes de libertad deben formularse dentro de cauce ordinario respectivo y haciendo uso de los recursos legales existentes. Solamente se justificaría la procedibilidad de la acción de hábeas corpus cuando la decisión judicial constituya una auténtica vía de hecho(9) o cuando contra la misma no proceda algún recurso”(10).

2. El hábeas corpus en el caso concreto.

12. En los términos expuestos en la petición de libertad de la señora Karem Viviana Mondragón Grisales, el despacho encuentra que el fundamento de tal solicitud reside en la supuesta prolongación ilícita de la privación de la libertad, pues, la captura de la señora Mondragón Grisales tuvo lugar el 2 de julio de 2013 y, afirmó el accionante, a la fecha de presentarse el hábeas corpus no le había sido notificada la formalización del pedido de extradición por parte de la Embajada de la República del Perú en Colombia.

13. No obstante, en la impugnación el accionante fundamenta su disenso en el hecho de que el tribunal no valoró a fondo si la Nota Verbal 5-8-M/354 remitida por la Embajada de la República del Perú en Colombia, de fecha 27 de septiembre de 2013, así como la documentación con ella adjuntada, satisfacía requerimientos como la identificación de los hechos, calificación jurídica de la conducta, la existencia de resolución de acusación o su equivalente, etc. En este sentido, en la alzada guardó silencio acerca de la supuesta presentación fuera de término del acto de formalización del pedido de extradición.

14. Fijado el marco fáctico que apoya la petición de libertad y revisada la información suministrada por el Ministerio de Justicia y del Derecho, de Relaciones Exteriores y la Fiscalía General de la Nación, se considera, improcedente el hábeas corpus impetrado por las razones que se pasan a exponer.

14.1. En primer lugar, respecto al argumento inicial en el que se basó la petición de libertad, según el cual a 30 de septiembre de 2013 (fecha de presentación de la solicitud) no se había llevado a cabo la formalización de la solicitud de extradición por parte de la Embajada de la República del Perú en Colombia, es preciso señalar que el referente normativo que debe guiar tal verificación se encuentra en el acuerdo binacional entre los Estados de Colombia y Perú sobre la extradición, denominado “Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República del Perú, modificatorio del Convenio Bolivariano de Extradición firmado el 18 de julio de 1911’, firmado en la ciudad de Lima, Perú, a los veintidós (22) días del mes de octubre de dos mil cuatro (2004).”, normativa incorporada al ordenamiento interno por conducto de la Ley 1278 de 2009, que contó con la revisión oficiosa e integral por parte de la Corte Constitucional en la Sentencia C-011/ de 2010, que declaró dicha ley exequible en su totalidad, con la que se incorpora al ordenamiento jurídico nacional dicho acuerdo. Los incisos segundo y tercero del artículo 9º del acuerdo señalan lo siguiente:

“ART. 9º—Entre la República de Colombia y la República del Perú, el artículo 9º del acuerdo bolivariano de extradición quedará así:

El Estado requirente solicitará en caso de urgencia la detención preventiva de la persona solicitada, así como la aprehensión de los objetos relativos al delito. El pedido deberá indicar que sobre la persona solicitada pende una orden de captura o de mandato de detención o una condena y deberá señalar la fecha y los hechos que motiven el pedido, así como el tiempo y el lugar de la comisión parcial o total de los hechos, además de los datos que permitan la identificación de la persona cuya detención se solicita.

Ejecutada la detención, el Estado requirente deberá formalizar el pedido en el plazo de noventa (90) días calendario. En el caso que no fuere formalizado el pedido en el plazo indicado, la persona objeto de la petición será puesta en libertad y solamente se admitirá un nuevo pedido de detención por el mismo hecho, si son retomadas todas las formalidades exigidas en este acuerdo”.

14.2. De acuerdo con la anterior norma, se consagra la perentoriedad en la presentación del acto de formalización de extradición por parte del Estado requirente cuando la persona solicitada en extradición ha sido capturada previamente para tal fin. Así, si han transcurrido más de noventa (90) días calendario desde la captura de la persona solicitada sin que se haya presentado la formalización, el artículo indica que “la persona objeto de la petición será puesta en libertad y solamente se admitirá un nuevo pedido de detención por el mismo hecho, si son retomadas todas las formalidades exigidas en este acuerdo”.

14.3. Es entonces este el sustento normativo que debe tenerse en cuenta para determinar si obró una prolongación ilícita de la libertad respecto de Karem Viviana Mondragón Grisales.

14.4. Precisado lo anterior, se tiene que el 2 de julio de 2013 un patrullero de la Policía Nacional puso a disposición de la Fiscalía General de la Nación a la señora Karem Viviana Mondragón Grisales, quien fue detenida de acuerdo a una notificación roja de Interpol, al ser requerida por el Estado de la República del Perú.

14.5. El 9 de julio de 2013 el Fiscal General de la Nación expidió orden de captura con fines de extradición, en atención al hecho de ser requerida la señora Mondragón Buitrago por las autoridades judiciales de la República del Perú.

14.6. Mediante Oficio S-2013-155172/GRUIN INTERPOL 38.10, de 9 de julio de 2013, la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional puso a disposición del Fiscal General de la Nación a la señora Karem Viviana Mondragón Grisales, quien fue capturada el 9 de julio de 2013 a las 19.45 en la ciudad de Cali (fl. 35, cdno. 1).

14.7. Así mismo, obra notificación personal de la captura con fines de extradición de 9 de julio de 2013 y acta de derechos del capturado (fl. 36-37, cdno. 1).

14.8. Posteriormente, obra en el expediente copia de Nota 5-8-M/354 de la Embajada de la República del Perú en Colombia, con la cual se hace “llegar en 216 folios el cuaderno de extradición del ciudadana (sic) colombiana Karem Viviana Mondragón Grisales, requerida por la Sala Penal Nacional, en el proceso seguido por el delito contra la salud pública - tráfico ilícito de drogas, en agravio del Estado peruano” (fl. 42, cdno. 1). Dicha información fue remitida por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores al director de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación en Oficio DIAJI/GCE 2141, de 27 de septiembre de 2013, en donde le señaló que mediante la mencionada nota la Embajada de la República del Perú en Colombia “solicitó formalmente la extradición de la señora Karem Viviana Mondragón Grisales”. A su vez, por medio del Oficio DIAJI/GCE 2156, de 30 de septiembre de 2013, el Ministerio de Relaciones Exteriores remitió a la Fiscalía General de la Nación copia de la nota verbal pluricitada. Mismo proceder observó la Cancillería respecto del Ministerio de Justicia y del Derecho, conforme al Oficio DIAJI/GCE 2155, de 30 de septiembre de 2013.

15. Ahora bien, previo a examinar los anteriores elementos, el despacho debe considerar que la captura con fines de extradición, siguiendo a la jurisprudencia constitucional, es un “procedimiento especial que se considera apto para la efectividad de la captura, con miras a satisfacer la solicitud de la autoridad extranjera en el marco de los compromisos de colaboración en la lucha contra el delito, y que, por lo tanto, es diferente del que opera cuando se trata de capturas en casos de procesos ordinarios por delitos cometidos en el país, para los cuales rigen las disposiciones generales”(11). En su momento la Corte Constitucional manifestó que una norma encaminada a la captura con fines de extradición “que tiene el propósito de lograr la inmediata comparecencia de la persona solicitada ante las autoridades del Estado requirente, no es por ello contraria a la Constitución ni puede decirse que, de suyo, disminuya o desconozca las garantías procesales mínimas”(12). Dicha norma “encuentra explicación en el hecho de que los delitos para los cuales se solicita la extradición afectan a la comunidad internacional, y en la circunstancia de que, por su misma naturaleza, tal mecanismo tiende a evitar algo muy frecuente y que es de suponer en la conducta de los reos o condenados por los mismos: que la persona solicitada en extradición escape a la acción de la justicia”(13).

15.1. Lo anterior, teniendo en cuenta la jurisprudencia constitucional, plantea sin lugar a dudas que la captura con fines de extradición es una medida cautelar “para asegurar de esta manera la eficacia de la extradición, poniendo físicamente al extraditado a disposición del Estado requirente para los fines jurídico procesales que correspondan”(14). Sin perjuicio de lo anterior, la misma jurisprudencia constitucional considera que “no sobra recordar que la persona que resulte capturada por la Fiscalía General de la Nación, goza de todos los derechos y garantías constitucionales reconocidas en Colombia mientras se encuentre a disposición de esa entidad, la cual a su vez, deberá garantizar, respetar y proteger los derechos de la persona que se encuentre en esas condiciones”(15).

15.2. Ahora bien, la captura con fines de extradición además de ser una medida cautelar, debe entenderse (como lo hace la jurisprudencia constitucional) como un procedimiento o “trámite administrativo destinado a poner a disposición del Estado requirente a una persona para que adelante un proceso penal en su territorio y bajo su jurisdicción, todo con reconocimiento y respeto por la soberanía del solicitante, teniendo como fundamento los principios de colaboración, solidaridad, como también el de confianza legítima y mutua en las relaciones entre Estados”(16), por lo que “el Estado requerido no podrá llevar a cabo control jurisdiccional sobre la orden de captura con fines de extradición, pues tal comportamiento podría ser entendido como un acto de desconocimiento de las atribuciones propias de la soberanía del Estado requirente, con las consecuencias que el derecho internacional prevé para esta clase de actitud”(17).

16. De todo lo anterior, y analizado el artículo 9º del Acuerdo de extradición suscrito, ratificado e incorporado normativamente entre la República de Colombia y la República del Perú, se encuentra que el concepto de formalización (como trámite o procedimiento administrativo) está circunscrito a la solicitud acompañada de los anexos correspondientes, tal como se ha detallado en el numeral 14 anterior. En todo caso, para los efectos del acuerdo, basta con la mera radicación de la documentación exigida por el tratado, de la solicitud y documentación que le acompaña, para entenderse que existe formalización, y que esta se efectuó oportunamente. De lo que se deduce, que cualquier discusión en relación con el incumplimiento de términos legales de detención de la persona ha quedado desvirtuado.

16.1. La norma del tratado habilita hasta por un término de noventa (90) días para restringir la libertad de la persona, término dentro del cual, de acuerdo con el acervo probatorio, tanto el Estado de la República del Perú, como las autoridades colombianas desarrollaron integralmente las actuaciones administrativas que les correspondían, para dejar en firme la mencionada restricción, de manera que pueda continuar, con el sujeto (Karem Viviana Mondragón Grisales) sometido a la medida cautelar, con las etapas posteriores a que hay lugar dentro del procedimiento de extradición.

16.2. No tiene, entonces, cabida la argumentación del impugnante en relación con los deberes de revisión por parte del juez constitucional del hábeas corpus de los contenidos y formalidades de la denominada formalización de la solicitud de extradicción, ya que como se observa de la lectura del inciso tercero (3º) del artículo noveno (9º) del acuerdo de extradición entre la República del Perú y la República Colombia, aquel trámite administrativo se concreta con una simple solicitud del gobierno requirente, proporcionando la información en relación con la persona solicitada, y apoyado en una documentación sustentatoria, la que según las certificaciones aportadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia (fls.40-42, cdno. 1) existe, lo que permite deducir que para efectos del cualquier análisis de la detención legal o ilegal el despacho considera suficiente tal información, no correspondiéndole al juez constitucional del hábeas corpus (se reitera) entrar a su valoración como lo exige el impugnante, dado que dicha valoración material, en los términos del artículo 502 de la Ley 906 de 2004 (CPP), en etapa posterior está en cabeza de la honorable Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, autoridad llamada a realizar este tipo de valoraciones, estudios y análisis de la solicitud de extradición, a partir de la documentación presentada al momento de la formalización. Luego, no le es dado al juez constitucional del hábeas corpus ni asumir, ni vaciar las competencias conferidas y asignadas a la honorable Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia durante el trámite que debe continuar dentro del procedimiento de extradición que cursa contra Karem Viviana Mondragón Grisales.

17. Con base en lo anterior, el despacho llega a las siguientes conclusiones:

17.1. No queda duda, entonces, que en el presente caso el acto de formalización del pedido de extradición por parte de la Embajada de la República del Perú en Colombia tuvo lugar con antelación al vencimiento de los noventa (90) días calendario que consagra el artículo 9º del acuerdo de extradición suscrito entre las repúblicas de Colombia y Perú, pues la captura se produjo el 2 de julio de 2013, razón por la cual el término perentorio se cumplía el 30 de septiembre de 2013, constatándose que dentro del mismo se cumplió con la formalización de la solicitud, como se desprende de los oficios de 27 y 30 de septiembre de 2013 mediante los cuales el Ministerio de Relaciones Exteriores comunicó la formalización a la Fiscalía General de la Nación y al Ministerio de Justicia y del Derecho, respectivamente, con lo cual queda desvirtuado el argumento inicial de la solicitud de hábeas corpus.

17.2. Por otra parte, en lo que respecta a lo dicho por el impugnante en la alzada, sobre la ausencia de valoración respecto al acto de formalización de la solicitud de extradición, debe decirse que no es procedente acometer dicho estudio en sede del juez constitucional de hábeas corpus, pues, como bien claro lo ha definido la jurisprudencia constitucional arriba citada, el uso de este recurso judicial expedito no da lugar al vaciamiento de las competencias ordinarias que le corresponden a la jurisdicción ordinaria (a la honorable Sala de Casación Penal de la CSJ), menos aún el preciso trámite de extradición que se debe observar por parte de las autoridades jurisdiccionales colombianas, que, dicho sea de paso, está regulado en el artículo 490 y siguientes del Código de Procedimiento Penal (L. 906/2004) en donde instituye a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia como la autoridad competente para valorar los aspectos de procedibilidad de la extradición, como expresamente lo consagra el artículo 502 del Código en los siguiente términos:

“La Corte Suprema de Justicia, fundamentará su concepto en la validez formal de la documentación presentada, en la demostración plena de la identidad del solicitado, en el principio de la doble incriminación, en la equivalencia de la providencia proferida en el extranjero y, cuando fuere el caso, en el cumplimiento de lo previsto en los tratados públicos”.

17.3. En este sentido, no acoge este despacho la invocación del impugnante de desconocer el marco de competencias que corresponde tanto al juez constitucional del hábeas corpus, como a las autoridades encargadas del trámite o procedimiento administrativo de extradición, so pretexto de garantizar el derecho de la libertad personal, pues adentrarse en razonamientos de fondo sobre la denominada “formalización” de la solicitud de extradición sería, sin más, sustituir y desconocer el trámite previsto por el legislador penal para tal fin(18).

Con fundamento en las anteriores consideraciones, el despacho confirmará la decisión de 1º de octubre de 2013, dictada por la Magistrada Sustanciadora de la Subsección B de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se denegó el amparo constitucional de habeas corpus deprecado por la señora Karem Viviana Mondragón Grisales.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la decisión de 1º de octubre de 2013, dictada por la magistrada sustanciadora de la Subsección B de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se denegó el amparo constitucional de hábeas corpus deprecado por la señora Karem Viviana Mondragón Grisales.

2. DEVOLVER el expediente al tribunal de origen una vez en firme esta decisión.

Notifíquese y cúmplase».

(1) El inciso segundo del artículo 1º de la Ley 1095 establece que el hábeas corpus no se podrá suspender, ni siquiera en los estados de excepción. De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional se entiende: “Este mandato resulta acorde con lo dispuesto en el artículo 30 de la Carta Política, pues en él se consagra que el derecho acción podrá ser ejercido en todo tiempo. En esta medida, el legislador estatutario precisa que inclusive en circunstancias especiales, como las derivadas de la declaratoria de alguno de los estados de excepción durante los cuales los derechos, las garantías y las libertades públicas podrían ser razonablemente limitados, el hábeas corpus no encuentra límite temporal para su ejercicio”. Corte Constitucional, Sentencia C-187 de marzo 15 de 2006.

(2) “Acerca de la protección respecto de particulares, el artículo 86 de la Carta Política permite que la acción de tutela, que implica amenaza o vulneración a derechos fundamentales, pueda ser ejercida en determinados casos”.

(3) Corte Constitucional, Sentencia C-187 de marzo 15 de 2006.

(4) ART. 8º—“Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley.”

ART. 9º—“Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.”

(5) ART. 9º—“1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal, nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en esta”.

“4. Toda persona que sea privada de libertad en virtud de detención o prisión tendrá derecho a recurrir ante un tribunal, a fin de que este decida a la brevedad posible sobre la legalidad de su prisión y ordene su libertad si la prisión fuere ilegal”.

(6) ART. 7º—“Derecho a la libertad personal.

1º.Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales

2º. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por constituciones políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas.

3º. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios.

‘6. Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin de que este decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales. En los Estados Partes cuyas leyes prevén que toda persona que se viera amenazada de ser privada de su libertad tiene derecho a recurrir a un juez o tribunal competente a fin de que este decida sobre la legalidad de tal amenaza, dicho recurso no puede ser restringido ni abolido. Los recursos podrán interponerse por sí p o por otra persona’”.

(7) ART. XXV—“Derecho de protección contra la detención arbitraria: Nadie puede ser privado de su libertad sino en los casos y según las formas establecidas por leyes preexistentes.

“Todo individuo que haya sido privado de su libertad tiene derecho a que el juez verifique sin demora le legalidad de la medida y a ser juzgado sin dilación injustificada, o de lo contrario, a ser puesto en libertad. Tiene derecho también a un tratamiento humano durante la privación de su libertad”.

(8) Desde la Carta Magna inglesa de 1215 se consagró el derecho a la libertad como clara limitación al poder soberano, pero fue en 1679 que se garantizó con la ley de hábeas corpus (tráeme el cuerpo) facultando al individuo, por sí o por interpuesta persona para acudir a la High Court of Justice en caso de sentirse privado injustamente de su libertad.

(9) La Corte Constitucional en la Sentencia T-066 de 3 de febrero de 2006 destacó la evolución de la noción de vía de hecho al precisar las causales genéricas de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales cuando se presenta al menos uno de los siguientes vicios o defectos:

“a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[1] o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión”.

(10) Corte Suprema de Justicia. Sentencia de 14 de septiembre de 2011. Exp.37412.

(11) Corte Constitucional, Sentencia C-700 de 14 de junio de 2000. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 566 del Decreto-Ley 2700 de 1991 (CPP).

(12) Corte Constitucional, Sentencia C-700 de 14 de junio de 2000. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 566 del Decreto-Ley 2700 de 1991 (CPP).

(13) Corte Constitucional, Sentencia C-700 de 14 de junio de 2000. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 566 del Decreto Ley 2700 de 1991 (CPP).

(14) Corte Constitucional, Sentencia C-1106 de 24 de agosto de 2000. Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 546, 548, 549, 550, 551, 552, 556, 557, 558, 559, 562, 565, 566 y 567 del Decreto Ley 2700 de 1991 (CPP). “De suerte, que no se encuentra entonces por la Corte vulneración alguna del artículo 28 de la Constitución Política, pues se trata de un acto de cooperación internacional que no podría realizarse de otra manera y, que en todo caso, permitirá a quien resultare extraditado reclamar su libertad ante la autoridad judicial que conozca del proceso en el Estado requirente o receptor, conforme a los principios, usos y reglas del derecho internacional humanitario, así como a los tratados y convenios internacionales que rijan la materia”. Puede verse también: Corte Constitucional, Sentencia C-1216 de 21 de noviembre de 2001; Auto 233 de 8 de julio de 2009.

(15) Corte Constitucional, Sentencia C-1106 de 24 de agosto de 2000. Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 546, 548, 549, 550, 551, 552, 556, 557, 558, 559, 562, 565, 566 y 567 del Decreto Ley 2700 de 1991 (CPP). Puede verse también: Corte Constitucional, Auto 233 de 8 de julio de 2009.

(16) Corte Constitucional, Sentencia C-243 de 1º de abril de 2009. Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 506, 509 y 511 de la Ley 906 de 2004. Puede verse también: Corte Constitucional, auto 233 de 8 de julio de 2009.

(17) Corte Constitucional, Sentencia C-243 de 1º de abril de 2009. Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 506, 509 y 511 de la Ley 906 de 2004.

(18) Debe insistirse, como lo reitera la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, que la acción constitucional del hábeas corpus es una herramienta que no puede constituirse en alternativa, optativa o sustitutiva del cauce ordinario que debe darse al debate jurídico que debe plantearse dentro del proceso penal, como ocurre con aquellos aspectos relativos a la aplicación de la libertad provisional, o al cómputo de términos para su procedencia, puesto que su rasgo característico e indispensable es el de constituirse en un mecanismo excepcionalísimo, limitado a la tutela efectiva de la libertad (y de los principios y derechos constitucionales conexos a esta: dignidad, vida, locomoción e integridad personal), en los términos que la jurisprudencia constitucional lo señala en la Sentencia C-187 de 2006.