AUTO 2013-00041/4226-2017 DE MARZO 8 DE 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Exp.: 150013133000201300041 01 (4226-2017)

Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección, UGPP

Demandada: Myriam Stella Castellanos Velandia

Asunto: Recurso de apelación contra auto que decretó suspensión provisional del acto administrativo que reconoció pensión gracia a la demandada

Consejera Ponente:

Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez

Bogotá D.C., ocho de marzo de dos mil dieciocho.

La Sala conoce el proceso de la referencia con informe de la secretaría(1) para resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la providencia de 8 de agosto de 2017, por la que el Tribunal Administrativo de Boyacá, a través de su Sala de Decisión 1, decretó la suspensión provisional de la resolución que reconoció pensión gracia a la señora Myriam Stella Castellanos Velandia.

La demanda.

Se trata del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por la UGPP en lesividad contra su propio acto, que para el caso en concreto, es la Resolución 12195 de 18 de marzo de 2008, proferida por el “gerente general” de la extinta “Caja Nacional de Previsión Social EICE”, por medio de la cual se reconoce a la señora Myriam Stella Castellanos Velandia, la denominada pensión “gracia” de jubilación. A título de restablecimiento del derecho, la UGPP solicita que se ordene a la referida señora, la devolución, de manera indexada, de todas las sumas que ha percibido en virtud de la pensión gracia que le fue reconocida.

En su demanda, la UGPP señala, que la señora Castellanos Velandia no tiene derecho a la pensión gracia puesto que no reunió los 20 años de servicios como “docente territorial”, ya que la mayor parte de su historia laboral estuvo vinculada como “docente nacional”, desde el 22 de abril de 1976 al 14 de diciembre de 1999.

En ese sentido, para la UGPP, el acto administrativo demandado desconoce de manera directa las leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y 91 de 1989, en las que se establece que para obtener la pensión gracia se requiere reunir 20 años de servicio como docente territorial o nacionalizado.

Para demostrar la veracidad de sus argumentos, y, soportar probatoriamente sus pretensiones, la UGPP aportó con su demanda, la siguiente documental:

(i) Copia simple de una certificación de 10 de septiembre de 1999, suscrita por el “coordinador del grupo de hojas de vida” de la secretaría departamental de Boyacá, en la que, sin mencionar fechas, el referido funcionario hace constar, que la señora Castellano Velandia laboró como domo “docente nacional” en el Colegio Cooperativo Sindicato Acerías Belencito;

(ii) Copia simple de una certificación de 20 de octubre de 1999, suscrita por el “coordinador de la oficina de novedades” de la secretaría departamental de Boyacá, en la consta que durante los años 1998 y 1999, la demandada devengo como “docente nacional” los siguientes factores: asignación básica, prima de alimentación, prima de vacaciones y prima de navidad;

(iii) Copia simple de una certificación de 14 de diciembre de 1999, suscrita por el rector y la secretaria del “Colegio Cooperativo de Trabajadores de Acerías Paz del Río (antes Colegio Cooperativo Sindicato Acerías Belencito)”, en la que se asegura que “Myriam Stella Castellanos Velandia, identificada con la C.C. 32.439369 de Medellín, licenciada en biología y química, grado 13, Resolución 4381 de diciembre de 1993 del escalafón Nacional, labora en este plantel desde el 22 de abril de 1976 como profesora de tiempo completo en secundaria. Nombrada para el programa de jornadas adicionales del Ministerio de Educación Nacional”; y

(iv) Copia simple de un “certificado de tiempos de servicio” de 3 de julio de 2007, suscrita por el “jefe de la unidad de talento humano” de la secretaría de educación y cultura de la alcaldía de Sogamoso, en la que señala, entre otras, que la señora Castellanos Velandia se desempeñó como “docente en el nivel secundaria, vinculación en propiedad nacionalizada” en la institución educativa Los Libertadores, desde el 26 de julio de 2004 al 30 de enero de 2005.

Con fundamento en los argumentos expuestos, así como en el material probatorio reseñado, la UGPP también solicitó en la demanda, como medida cautelar, la suspensión provisional de los efectos de la Resolución 12195 de 18 de marzo de 2008, que como viene dicho, fue la que reconoció la pensión gracia discutida en este proceso a la señora Castellanos Velandia.

Providencia de 17 de agosto de 2016, que negó por primera vez, la solicitud de medida cautelar formulada en la demanda.

A través de “auto de ponente” de 17 de agosto de 2016, el Tribunal Administrativo de Boyacá resolvió negar la solicitud de medida cautelar formulada en la demanda, alegando para el efecto, lo siguiente:

“… si bien la UGPP aportó certificados de salarios y devengados, estos contienen información contradictoria, pues, en algunos de ellos se establece que la vinculación de la demandante fue nacional y en otros nacionalizada.

Además, se echan de menos las pruebas idóneas que acrediten el tipo de vinculación y los tiempos laborados en la docencia como son los actos administrativos de posesión y nombramiento de la demandante, en donde conste la fecha de ingreso al servicio, la entidad que realizó el nombramiento y el origen de los recursos con los cuales canceló su salario.

Considera este operador judicial, que la entidad actora incumplió con la carga de la prueba que le era encomendada, pues, omitió acreditar que la demandante no tuviese derecho al reconocimiento de la pensión gracia, siendo claro, que debió presentar junto con la solicitud de medida cautelar los documentos que probaran de manera inequívoca la vinculación nacional de la demandante para que fuese procedente la suspensión de los actos acusados.

Brota de lo expuesto, que es necesario desplegar actividad probatoria para determinar si Myriam Stella Castellanos Velandia tenía o no derecho al reconocimiento de la pensión gracia, no siendo posible decretar pruebas desde esta etapa procesal”.

Recurso de reposición interpuesto por la demandante, contra el auto de 17 de agosto de 2016, que negó la solicitud de cautela formulada en la demanda.

A través de memorial de 23 de agosto de 2016, la UGPP interpuso recurso de reposición contra el “auto de ponente” de 17 de agosto de 2016, por el que el Tribunal Administrativo de Boyacá resolvió negar la solicitud de medida cautelar formulada en la demanda.

De acuerdo con lo expresado por la UGPP en el recurso de reposición, “la resolución acusada viola de manera flagrante y directa la normatividad citada, al haber concedido, una pensión gracia a favor de la demandada, aun cuando la mayor parte de los tiempos de servicio acreditados por ésta, previo a la adquisición del status pensional corresponden al orden nacional”.

Agrega la entidad, que:

“… si bien obra en el expediente administrativo certificación proferida por la secretaría de educación del municipio de Sogamoso en la que se indica que la accionante prestó sus servicios como docente en el nivel secundaria con vinculación en propiedad nacionalizada, la misma no desvirtúa de manera alguna lo consagrado en el certificado suscrito por el coordinador del grupo de hojas de vida de la secretaría de educación de Boyacá, ya que uno y otro refieren a tiempos de servicio diferentes.

Así las cosas, se advierte que para la fecha en la cual la demandada adquirió el estatus jurídico (esto es, para el día 28 de junio de 1998), no se acreditó que haya servido al magisterio por un término no menor de 20 años en calidad de docente del orden territorial o nacionalizado, requisito “sine qua non” para la procedencia del reconocimiento de la prestación referida, ello en razón a que de conformidad con la certificación expedida por la secretaría de educación de Boyacá, la señora Myriam Stella Castellanos Velandia, mediante Resolución 2130 de 1976, fue nombrada como docente del Colegio Sindicato de Acerías, cargo que desempeñó desde el día 3 de mayo de 1976 hasta el día 2 de marzo de 1986, en calidad de docente nacional, es decir, por un lapso de aproximadamente 10 años, razón por la cual, si en gracia de discusión se aceptara que el tiempo restante prestado con vinculación nacionalizada, este solo hecho no es óbice para aceptar la procedencia del derecho a la pensión gracia, puesto que con ello vulnerarían las normas que regulan la materia”.

Auto de 19 de septiembre de 2016, que niega la reposición interpuesta contra el auto de 17 de agosto de 2016, que negó la solicitud de cautela formulada en la demanda.

En audiencia inicial, celebrada el 19 de septiembre de 2016, únicamente con la presencia del magistrado titular del despacho que sustancia el proceso de la referencia, se resolvió negar el recurso de reposición interpuesto por la UGPP contra el auto de 17 de agosto de 2016, que negó la solicitud de medida cautelar formulada en la demanda.

Sobre el particular, el magistrado ponente señaló:

“Al realizar un análisis de la documental aportada, se advierte que según los certificados de tiempos de servicios expedidos por el municipio de Sogamoso visibles a folios 54 y 216 del cuaderno de pruebas de la parte demandante, la docente accionada laboró con vinculación nacionalizada desde el 5 de agosto de 1974 en forma continua hasta su retiro el 1º de enero de 2005.

Por otra parte, se advierte según constancia expedida por la secretaría de educación del departamento de Boyacá, visible a filio 18 del cuaderno de pruebas de la parte demandante, que Myriam Stella Castellanos Velandia laboró en primaria del 5 de agosto de 1974 al 2 de mayo de 1976 y como docente nacional del 3 de mayo de 1976 a la fecha de certificación (13 de junio de 2000).

Brota de lo expuesto, que contrario a lo afirmado por la recurrente, si existe una contradicción en la documentación aportada, pues, mientras que la secretaría de educación de Sogamoso certificó que la señora Castellanos se vinculó como nacionalizada desde 1974 en forma continua hasta la fecha de retiro definitivo del servicio en el año 2005, la secretaría de educación del departamento de Boyacá expidió el constancia según la cual la citada docente laboró con vinculación nacional desde el 3 de mayo de 1976 hasta el 13 de junio de 2000 (la fecha de certificación).

En virtud de lo expuesto, no es de recibo el argumento presentado por la UGPP, según el cual las certificaciones aportadas se refieren a tiempos distintos, pues, es claro (…) que dichos documentos se contradicen en el tipo de vinculación de la docente.

… sigue siendo necesario en el presente caso analizar la historia laboral de la demandada para determinar si cumple o no con el requisito de tiempo de servicios, (documento que no fue aportado con la reposición), por lo que se reitera, no puede accederse a la suspensión del acto de reconocimiento de la pensión gracia al no encontrarse suficientemente acreditado que no tenía derecho a su reconocimiento, en tal virtud, el acto demandado continúa investido de presunción de legalidad.

Entonces (…), se requiere desplegar actividad probatoria para corroborar si Myriam Stella Castellanos Velandia cumplió el requisito de 20 años de servicio en la docencia nacionalizada o territorial …”.

Segunda solicitud de medida cautelar de suspensión.

El 17 de noviembre de 2016, luego de celebrada la audiencia inicial, la UGPP solicita por segunda ocasión la suspensión provisional de la Resolución 12195 de 18 de marzo de 2008, que reconoció pensión gracia a la señora Myriam Stella Castellanos Velandia.

Alegó la entidad demandante en esta segunda oportunidad, que en cumplimiento del requerimiento que le hizo el despacho sustanciador en la audiencia inicial, la secretaría de educación de Sogamoso aportó al proceso de la referencia, el 28 de septiembre de 2016, certificación en la que consta, que “los recursos con los cuales se cancelaron los salarios de la demanda, provenían del sistema general de participaciones”.

Explica la UGPP, que de acuerdo con reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado, acogida de manera pacífica por el Tribunal Administrativo de Boyacá, los recursos “provenientes del sistema general de participaciones, si bien son administrados por los entes territoriales, no pierden su connotación de recursos de la Nación”, por lo que en criterio de la entidad demandante, la vinculación de la señora Castellanos Velandia como docente oficial, fue de carácter nacional, y en esa medida, no tiene derecho a la pensión gracia.

Por último, la UGPP argumentó, que la Ley 1437 de 2011 permite solicitar medidas cautelar en cualquier estado del proceso, incluso luego de que el juez o magistrado las hubiese negado, pero siempre que se presenten hechos sobrevinientes, en virtud de los cuales se cumplan las condiciones requeridas para ser decretadas, como lo son, según asegura, el descubrimiento o conocimiento de una prueba, como ocurrió en el presente caso.

Providencia apelada.

Mediante auto de 8 de agosto de 2017, el Tribunal Administrativo de Boyacá, a través de su Sala de Decisión 1, accede a:

“Decretar la (…) suspensión provisional del acto administrativo contenido en la Resolución 12195 de 18 de marzo de 2008, “Por medio de la cual se reconoce y se ordena el pago de una pensión mensual vitalicia de jubilación a favor de la señora Myriam Stella Castellanos Velandia” (…)”.

Para sustentar la medida cautelar decretada, el Tribunal explicó, que revisados:

“… los documentos allegados al expediente dentro de la etapa probatoria, se puede advertir “prima facie”, que la vinculación de Myriam Stella Castellanos Velandia es de carácter nacional, situación que fue corroborada con los certificados expedidos por las secretarías de educación de Boyacá y Sogamoso (fls. 243 a 246, cdno. ppal.).

Otro de los elementos que para la Sala es indicativo del carácter nacional de la vinculación de la demandada, es que su nombramiento como docente del Colegio Cooperativo el Sindicato de Acerías Belencito, lo notificó directamente el jefe regional de control del Ministerio de Educación Nacional mediante Telegrama 22211 de 26 de abril de 1976 (fl. 214).

En cuanto a la naturaleza o procedencia de los dineros con los cuales se canceló el salario a la demandada, se advierte que según el certifica do expedido por el secretario de educación del municipio de Sogamoso, estos fueron asumidos con recursos del situado Fiscal hoy sistema general de participaciones, situación que corrobora la naturaleza de nacional del nombramiento de la señora Castellanos Velandia.

Así las cosas, las pruebas aportadas hasta el momento podrían indicar apariencia de un buen derecho de la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP para solicitar la medida cautelar de suspensión, pues, la demandada habría prestado sus servicios como docente nacional, tal como lo corroboran los certificados expedidos por las secretarias de educación de Boyacá y Sogamoso y fue pagada con dineros de la Nación.

Se tiene entonces, que existe mérito para decretar la medida cautelar solicitada, en razón a que el tiempo laborado del 5 de agosto de 1974 hasta el 31 de enero de 2005, no sería acumulable para el reconocimiento de la pensión gracia”.

En este punto, el Tribunal explica, que “el continuar cancelando una prestación con esta apariencia de ilicitud podría generar un detrimento patrimonial para el Estado”, lo que a su juicio, constituye prueba suficiente del perjuicio que exige la Ley 1437 de 2011, para poder decretar la suspensión provisional de los efectos del acto administrativo demandado, en el marco de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, como el que nos ocupa.

Así mismo, el Tribunal acogió la tesis propuesta por la UGPP, según la cual, habiéndose negado la solicitud de medida cautelar formulada con la demanda, el hecho de incorporarse al expediente, en el marco de la etapa probatoria, pruebas adicionales a las presentadas con la demanda, constituye un hecho sobreviniente que da lugar a estudiar una segunda petición de cautela.

Recurso de apelación.

A través de escrito de 18 de agosto de 2017, la señora Castellanos Velandia, mediante apoderado judicial, interpuso recurso de apelación contra el auto de 8 de agosto de 2017, proferido por el Tribunal Administrativo de Boyacá, que decretó la suspensión provisional del acto administrativo demandado.

Alegó la parte demanda en primer lugar, que la segunda petición de medida cautelar presentada por la UGPP es improcedente, puesto que no está basada en hechos sobrevinientes, sino en el material probatorio recaudado durante la fase probatoria que se produjo en desarrollo de la audiencia inicial.

Así mismo, expresó que las pruebas documentales recaudadas en cumplimiento de los requerimientos efectuados por el despacho sustanciador en la audiencia inicial, y que sirvieron de sustento para decretar la medida cautelar apelada, no desvirtúan la veracidad del «certificado de tiempos de servicio” de 3 de julio de 2007, suscrito por el “jefe de la unidad de talento humano” de la secretaría de educación y cultura de la alcaldía de Sogamoso, en la que señala, entre otras, que la señora Castellanos Velandia se desempeñó como “docente en el nivel secundaria, vinculación en propiedad nacionalizada”.

Explicó, que la providencia recurrida se sustentó en una constancia de salarios y un certificado expedido por el “pagador” del Colegio “Sindicato Acerías Belencito”, documentos que a su juicio, no son prueba suficiente para concluir que la demandante se desempeñó como docente nacional.

Finalmente argumentó, que los dineros destinados a los entes territoriales provenientes del sistema general de participaciones, son dineros que dan autonomía a los entes territoriales y por lo tanto, los docentes pagados con esos dineros, son “territoriales nacionalizados”, y en consecuencia, tienen derecho a la pensión gracia.

Consideraciones.

Expuestas las inconformidades formuladas por la parte demandada contra la providencia de 8 de agosto de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, que decretó la suspensión provisional del acto administrativo demandado, la Sala precisa que se estudiará en primer término, por ser un requisito de procedibilidad, la censura encaminada a cuestionar la procedencia de la medida cautelar por la inexistencia de “hechos sobrevinientes”.

Oportunidades para solicitar medidas cautelares en la jurisdicción contenciosa administrativa.

A efectos de adelantar el estudio de la referida inconformidad, la Sala recuerda, que el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contenido en la Ley 1437 de 2011, consagró en aras de materializar la tutela judicial efectiva, un amplio régimen de medidas provisionales con el que se persigue adoptar unas decisiones inmediatas de diversa índole con el fin de responder en debida forma a las necesidades que demande una situación jurídica específica.

La normativa prevista en el capítulo XI del título V de la Ley 1437 de 2011, denominado “demanda y proceso contencioso administrativo”, fijó un régimen plural de medidas cautelares aplicable a los procesos declarativos y a los que tienen por finalidad la defensa y protección de derechos e intereses colectivos de que conoce esta jurisdicción.

El artículo 229, inciso 1º de la Ley 1437 de 2011, establece que:

“En todos los procesos declarativos, que se adelanten ante esta jurisdicción, antes de ser notificado el auto admisorio de la demanda, o en cualquier estado del proceso, a petición de parte debidamente sustentada, podrá el juez o magistrado ponente, decretar en providencia motivada, las medidas cautelares que considere necesarias para proteger y garantizar provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia”.

En el escenario establecido con el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contrario a lo que ocurría en vigencia del Código Contencioso Administrativo, las medidas cautelares pueden ser solicitadas: (i) como cautela de urgencia(2), con la que se procura la adopción de una medida provisional de eficacia inmediata, en donde con ocasión de la situación de inminente riesgo de afectación de los derechos del interesado, se prescinde del trámite de notificación a la contraparte y procede su decreto, incluso, antes de que se notifique el auto admisorio; (ii) con la presentación de la demanda(3), caso en el cual al admitirla, el juez o magistrado ponente deberá correr traslado en auto separado por el término de 5 días y ordenará su notificación personal al demandado. Dentro de los 10 días siguientes al vencimiento del término anterior, se decide la medida cautelar; (iii) durante el curso del proceso(4), en cualquier momento, en donde deberá correrse traslado por el término de 5 días a partir de su recepción de conformidad con el artículo 233 de la Ley 1437 de 2011; (iv) en la audiencia inicial(5), allí el juez o magistrado ponente deberá correr traslado de la petición y una vez evaluado el cumplimiento de los requisitos puede proceder al decreto de la medida provisional; y (v) cuando haya sido negada, podrá solicitarse nuevamente, si ocurrieron hechos sobrevinientes y en virtud de ellos se cumple con los requisitos establecidos para su decreto(6).

Las anteriores consideraciones relacionadas con la oportunidad para solicitar medidas cautelares, se diagraman en el siguiente cuadro:

1. Medida cautelar de urgencia

SINO
Desde la solicitud y sin previa notificación a la otra parte, el juez o magistrado podrá adoptarla (CPACA, art. 234).
2.Solicitada en la demanda

SINO




Para la decisión se aplicará condiciones descritas en el artículo 233 CPACA

Si se solicitó con la demanda, al admitirla corra traslado en auto separado por cinco (5) días art. 233 y notifique personalmente al demandado y Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (L. 1564/2012, art. 612).


Diez (10) días siguientes al vencimiento del término anterior, se decide la medida cautelar y se fija caución si se concede. La medida solo producirá efectos ejecutoriado el auto que acepte la caución.
3.Solicitada en el curso del proceso


SINO


Para la decisión se aplicará condiciones descritas en el artículo 233 CPACA
Si es así, se corre traslado por 5 días al día siguiente de su recepción conforme el artículo 108 Código de Procedimiento Civil sin necesidad de auto por parte de secretaría.


10 días siguientes al vencimiento del término anterior, se decide la medida cautelar y se fija caución si se concede. La medida solo producirá efectos ejecutoriado el auto que acepte la caución.
4. Solicitada en audiencia


SINO

Si se solicita en la audiencia se corre traslado a la otra parte, en la misma. Una vez evaluada por el juez, podrá ser decretada allí mismo artículo 233 CPACA
5. Solicitada nuevamente

SINO
Habiendo sido negada, puede solicitarse nuevamente si se han presentado hechos sobrevinientes que ameriten sea estudiada.

A2013-00041CE (1)
A2013-00041CE (1)
 

A2013-00041CE (2)
A2013-00041CE (2)
 

Recalca la Sala, que de acuerdo con el inciso final del artículo 233 de la Ley 1437 de 2011:

“Cuando la medida haya sido negada, podrá solicitarse nuevamente si se han presentado hechos sobrevinientes y en virtud de ellos se cumplen las condiciones requeridas para su decreto” (resaltado fuera de texto).

Pero ¿cómo determinar que es un hecho sobreviniente en el marco del trámite de las medidas cautelares ante esta jurisdicción? y en esa medida, ¿puede una prueba allegada con posterioridad a la decisión que niega una medida cautelar, constituir hecho sobreviniente, que permita solicitar nuevamente la cautela?

De los “hechos sobrevinientes” que dan lugar a solicitar nuevamente una medida cautelar, en caso de que esta haya sido previamente negada.

La Ley 1437 de 2011 no define cuales serían los “hechos sobrevinientes” que darían lugar a solicitar nuevamente una medida cautelar, en caso de que esta haya sido previamente negada, la norma sólo menciona como criterio de interpretación, la obligación que le asiste al juez de comprobar si en virtud de esos hechos sobrevinientes, “se cumplen las condiciones requeridas para su decreto”.

Es decir, que la ocurrencia de hechos sobrevinientes no posibilita de manera autónoma, independiente y automática, el decreto de la medida cautelar, sino que dichas circunstancias sobrevinientes deben tener la fuerza suficiente para materializar el cumplimiento de los requisitos para decretar las cautelas; requisitos que de acuerdo con el artículo 231 de la referida ley, se refieren:

(i) En el caso de la suspensión provisional, a la “violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud”; y

(ii) Respecto de las demás medidas cautelares, que concurran las siguientes exigencias: 1. Que la demanda este razonablemente fundada en derecho; 2. Que el demandante haya demostrado la titularidad del derecho invocado; 3. Que el demandante haya presentado los documentos, informaciones, argumentos y justificaciones que permitan concluir, mediante un juicio de ponderación de intereses, que resultaría más gravoso para el interés público negar la medida cautelar que concederla; y 4. Que, adicionalmente, se cumpla una de las siguientes condiciones: (a) que al no otorgarse la medida se cause un perjuicio irremediable, o (b) que existan serios motivos para considerar que de no otorgarse la medida los efectos de la sentencia serían nugatorios.

Pese a la claridad de los postulados expuestos, hay que reconocer que la obligación que le asiste al juez de comprobar si en virtud de esos hechos sobrevinientes, “se cumplen las condiciones requeridas para su decreto”, no despeja las dudas en torno a lo que se debe entender por “hechos sobrevinientes”.

Sobre el particular, ni en la Ley 1437 de 2011, ni en las actas de la comisión redactora de la misma, ni en las exposiciones de motivos con las que se presentaban las respectivas ponencias ante el Congreso de la República para discutir el proyecto de ley que dio origen a la norma, se encuentra una definición de lo que se debe entender por “hecho sobreviniente” en el marco del trámite de las medidas cautelares en esta jurisdicción.

Por otra parte, revisada la Ley 1564 de 2012, que contiene el Código General del Proceso, tampoco se encontró referencia alguna que de manera directa permita ensayar una definición de hechos sobrevinientes.

Ahora bien, haciendo un ejercicio de derecho comparado, la Sala encuentra, que la doctrina y la jurisprudencia argentina, a partir de lo normado en el artículo 163, numeral 6º, del “Código Civil y Comercial de la Nación”(7), ha diferenciado los conceptos de hecho sobreviniente o “factum superviens”, hecho nuevo, nueva prueba y nuevo documento.

Es del caso precisar, que el artículo 163, numeral 6º, del “Código Civil y Comercial de la Nación” Argentina, señala que “la sentencia podrá hacer mérito de los hechos constitutivos, modificativos o extintivos, producidos durante la sustanciación del juicio y debidamente probados, aunque no hubiesen sido invocados oportunamente como hechos nuevos”.

Idéntica norma se encuentra consignada en el artículo 281, inciso 4º, del Código General del Proceso Colombiano, según la cual, “en la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del derecho sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido después de haberse propuesto la demanda, siempre que aparezca probado y que haya sido alegado por la parte interesada a más tardar en su alegato de conclusión o que la ley permita considerarlo de oficio”.

Sobre el particular, la doctrina(8) y la jurisprudencia argentina, han precisado, que una de las excepciones a los principios procesales “dispositivo” y de “congruencia”, tiene que ver con la potestad, poder o posibilidad que tiene el juez, eso sí, respetando el debido proceso, y en aras del principio de la “economía procesal”, de pronunciarse sobre hechos constitutivos, modificativos o extintivos producidos durante la sustanciación del juicio, que estén debidamente probados, aunque no hubiesen sido invocados oportunamente por ninguna de las partes, o que fueron producidos o conocidos con posterioridad a que se trabe la litis; diferenciando en ese sentido, las siguientes categorías: (i) hechos nuevos; (ii) hechos sobrevinientes; (iii) nuevos hechos no invocados; (iv) nuevos documentos y (v) nuevas pruebas de hechos ya alegados, en resumen, de la siguiente manera:

(i) Hechos nuevos, son el conjunto de sucesos que se conectan con la demanda o contestación y la integran, sin transformarla(9). Deben llegar a conocimiento de las partes, con posterioridad a la traba de la litis, y además, tener relación con la cuestión que se ventila en el litigio(10). En este sentido, ingresa dentro de este concepto, por ejemplo, la agravación ulterior del daño en un pleito pendiente, pudiendo dar luz verde al requerimiento de un incremento de la indemnización ya tarifada en la demanda(11); o, la modificación de las normas jurídicas que rigen la relación sustancial materia de un litigio, como cuando, en desarrollo de un proceso, se incorpora un nuevo derecho al estatuto del servidor público(12). La invocación de “hechos nuevos”, no entraña la inserción de una nueva pretensión, ni la alteración objetiva de la ya interpuesta, sino el aporte de circunstancias fácticas tendientes a confirmar o completar la causa de su pretensión(13), no siendo posible variar los términos en los que había quedado trabada la relación procesal(14). El “hecho nuevo” no puede alterar el objeto litigioso, aunque obviamente aporta material fáctico vinculado a las pretensiones iniciales. En este sentido, no modificará la estructura básica de la relación procesal. Se trata en verdad de aportes “complementarios” a los invocados antes de la traba de la litis, que pueden ocurrir o aparecer luego. El objetivo del instituto es que la controversia esté lo más actualizada posible al momento de dictarse el fallo, y en ese sentido se complementa con los hechos constitutivos, modificativos o extintivos producidos durante el juicio(15).

(ii) Hechos sobrevinientes, o “factum superviens”, son por excelencia, los “hechos constitutivos, modificativos o extintivos” del derecho sustancial sobre el cual verse el litigio, producidos durante la sustanciación del juicio y debidamente probados, aunque no hubiesen sido invocados oportunamente. A ellos es que se refieren los artículos 163 y 281 del “Código Civil y Comercial de la Nación” Argentina y del Código General del Proceso Colombiano. Sobre ellos, la doctrina y la jurisprudencia argentina han señalado, que su acontecimiento faculta al juez a considerarlo al momento de sentenciar, sin necesidad de que haya sido invocado por las partes como “hecho nuevo”, aunque deben surgir del expediente y encontrarse acreditados, para lo cual, incluso el órgano jurisdiccional, de advertir su existencia, puede echar mano de sus poderes de dirección(16). Además, el “hecho sobreviniente” debe guardar vinculación con la materia en debate. En todos los casos debe procurarse no afectar con su incorporación a la litis el principio de “economía procesal” que constituye el fundamento de la admisión del “factum superviens”. En ese orden de ideas no es admisible que la prueba que lo sustente requiera trámites costosos o prolongados pues de lo contrario podrían favorecerse conductas dilatorias y de mala fe.

(iii) Nuevos hechos o hechos no invocados. Existen “nuevos hechos” o “hechos no invocados en la demanda o reconvención”, cuando el demandado en la litis contestatio, o el actor, al contestar la reconvención, trajeren a colación diversos eventos que no fueron mencionados en los escritos de demanda o reconvención.

(iv) Nuevos documentos, son todos aquellos que tuvieren fecha posterior a la traba de la litis, o que sean conocidos por las partes luego de dicha oportunidad. Los “nuevos documentos” podrán ser utilizados para acreditar tanto lo invocado en la demanda, contestación, reconvención, contestación a la reconvención, como a lo alegado como “hechos nuevos” y como “hechos sobrevinientes”.

(v) Nuevas pruebas de hechos ya alegados, se refiere a la incorporación de nuevos elementos probatorios respecto de “hechos nuevos” o de “hechos sobrevinientes” propiamente dichos o de “nuevos hechos no invocados”(17).

En resumen, de acuerdo con la jurisprudencia y la doctrina argentina, una de las excepciones a los principios procesales “dispositivo” y de “congruencia”, tiene que ver con la potestad, poder o posibilidad que tiene el juez, respetando el debido proceso, y en aras del principio de la “economía procesal”, de pronunciarse sobre hechos constitutivos, modificativos o extintivos producidos durante la sustanciación del juicio, que estén debidamente probados, aunque no hubiesen sido invocados oportunamente por ninguna de las partes, o que fueron producidos o conocidos con posterioridad a que se trabe la litis; tales como: (i) hechos nuevos, (ii) hechos sobrevinientes; (iii) nuevos hechos no invocados, (iv) nuevos documentos y (v) nuevas pruebas de hechos ya alegados, en resumen.

Como viene expuesto, esta conceptualización no es extraña a nuestro ordenamiento jurídico, puesto que el artículo 281, inciso 4º, del Código General del Proceso Colombiano, también señala, que “En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del derecho sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido después de haberse propuesto la demanda, siempre que aparezca probado y que haya sido alegado por la parte interesada a más tardar en su alegato de conclusión o que la ley permita considerarlo de oficio”.

Entonces teniendo en cuenta el marco conceptual que nos ofrece el derecho comparado, así como la literalidad del artículo 281, inciso 4º, del Código General del Proceso Colombiano, esta Sala considera, que la ocurrencia de “hechos sobrevinientes” a que se refiere el legislador, como requisito de procedibilidad que permita solicitar una medida cautelar, luego de que haya sido previamente negada, debe entenderse de manera amplia y no restrictiva, por lo que cobija todas las categorías que con buen ánimo clasificatorio han identificado la doctrina y la jurisprudencia argentina.

En ese sentido, la alusión a «hechos sobrevinientes» contenida en el artículo 233 de la Ley 1437 de 2011, se refiere a hechos nuevos, hechos sobrevinientes propiamente dichos, a nuevos hechos no invocados por las partes, a nuevos documentos y a nuevas pruebas de hechos ya alegados; en virtud de los cuales, para los efectos de la referida norma y respetando el debido proceso, se cumplan los requisitos exigidos en el artículo 231 para decretar la medida cautelar, antes mencionados.

Para la Sala, esta interpretación resulta ser la adecuada, más aun si se tiene en cuenta, que el propósito de las medidas cautelares, en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, de acuerdo con el artículo 229 de la Ley 1437 de 2011, es “proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia”, finalidad que se armoniza con el principio de “economía procesal”, que inspira la figura jurídico procesal del “hecho sobreviniente”, y con el postulado de la “tutela judicial efectiva” que obliga al juez a amparar los derechos de las personas de manera integral y cierta.

Aunado a lo anterior, la conceptualización que acaba de realizar la Sala, únicamente para el caso de las medidas cautelares en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, se ajusta perfectamente a las características y naturaleza del proceso contencioso, el cual encarna una verdadera jurisdicción especial, cuyo ejercicio está encomendado a unos órganos judiciales determinados y especializados por razón de los sujetos sometidos a control, esto es, las autoridades públicas y los particulares cuando cumplan función púbica.

Por lo tanto, en razón de los intereses públicos que se dirimen al interior del proceso contencioso, referidos por ejemplo, al patrimonio público, la vigencia del orden jurídico, el principio de legalidad y los derechos humanos fundamentales, se justifica la atenuación al principio dispositivo, que implica el entendimiento amplio que en esta providencia se efectúa de los “hechos sobrevinientes” que se exigen para que prospere una nueva solicitud de medida cautelar, luego de que esta hubiese sido negada con anterioridad.

Definido lo anterior, procede entonces la Sala a estudiar, si las pruebas documentales incorporadas al proceso en desarrollo de la fase probatoria establecida en el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011, que regula lo relacionado con la audiencia inicial, pueden ser consideradas, sí o no, como “hechos sobrevinientes”, que permitan superar el requisito de procedibilidad exigido para solicitar una medida cautelar, luego de que esta haya sido previamente negada.

Pruebas incorporadas al proceso, en desarrollo de la fase probatoria, pueden ser consideradas como hechos sobrevinientes para efectos de solicitar nuevamente una medida cautelar.

En párrafos precedentes la Sala concluyó, que la alusión a “hechos sobrevinientes” contenida en el artículo 233 de la Ley 1437 de 2011, se refiere a hechos nuevos, hechos sobrevinientes propiamente dichos, a nuevos hechos no invocados por las partes, a nuevos documentos y a nuevas pruebas de hechos ya alegados; en virtud de los cuales, para los efectos de la referida norma y respetando el debido proceso, se cumplan los requisitos exigidos en el artículo 231 para decretar la medida cautelar, antes mencionados.

Así mismo, se precisó que la “nuevas pruebas de hechos ya alegados”, se refiere a la incorporación de nuevos elementos probatorios respecto de “hechos nuevos” o de “hechos sobrevinientes” propiamente dichos o de “nuevos hechos no invocados”.

En ese orden de ideas, para la Sala es claro que las pruebas documentales incorporadas al proceso en desarrollo de la fase probatoria establecida en el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011, que regula lo relacionado con la audiencia inicial, pueden ser consideradas como comprendidas dentro del entendimiento general y amplio que de “hechos sobrevinientes” se tiene en esta providencia, para efectos de agotar o cumplir el requisito de procedibilidad exigido para solicitar una medida cautelar, luego de que esta haya sido previamente negada.

Más aun cuando, en principio, se supone que las pruebas incorporadas al proceso en desarrollo de la fase probatoria establecida en el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011, están revestidas de un grueso manto de legalidad y de legitimidad, que lo brinda el hecho de haber sido decretadas e incorporadas en cumplimiento de las normas que gobiernan cada medio de prueba, y por la circunstancia de haberse respetado el principio de contradicción, el derecho de defensa, y en general, todos los componentes del debido proceso.

En ese orden de ideas, la Sala estima, que no le asiste razón a la parte demandada cuando al recurrir el auto que decreta la medida cautelar peticionada por segunda vez por la UGPP, señala que dicha petición de cautela es improcedente porque no se origina en “hechos sobrevinientes”, ya que, como quedó expuesto, el material probatorio recaudado en desarrollo de la fase probatoria establecida en el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011, que regula lo relacionado con la audiencia inicial, perfectamente puede constituir un “hecho sobreviniente”, para efectos de agotar o cumplir el requisito de procedibilidad exigido para solicitar una medida cautelar, luego de que esta haya sido previamente negada.

Corresponde entonces a la Sala, examinar si el “hecho sobreviniente”, que en este caso son las pruebas documentales incorporadas al proceso en desarrollo de la fase probatoria establecida en el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011, alegadas por la UGPP y aceptadas por el Tribunal Administrativo de Boyacá, para decretar la medida cautelar de suspensión, que ya había sido previamente negada, tienen sí o no la virtualidad de suficiente para materializar el cumplimiento de los requisitos para decretar las cautelas, aspecto que ocupará la atención de la Sala a continuación.

La medida cautelar de suspensión provisional de los efectos del acto administrativo demandado.

Sobre el “contenido y alcance de las medidas cautelares”, dispone el artículo 230 de la referida Ley 1437 de 2011, que éstas:

“… podrán ser preventivas, conservativas, anticipativas o de suspensión, y deberán tener relación directa y necesaria con las pretensiones de la demanda”.

Igualmente el artículo 230 “ibídem”, señala que:

“Para el efecto, el juez o magistrado ponente podrá decretar una o varias de las siguientes medidas:

1. Ordenar que se mantenga la situación, o que se restablezca al estado en que se encontraba antes de la conducta vulnerante o amenazante, cuando fuere posible.

2. Suspender un procedimiento o actuación administrativa, inclusive de carácter contractual. A esta medida solo acudirá el juez o magistrado ponente cuando no exista otra posibilidad de conjurar o superar la situación que dé lugar a su adopción y, en todo caso, en cuanto ello fuere posible el juez o magistrado ponente indicará las condiciones o señalará las pautas que deba observar la parte demandada para que pueda reanudar el procedimiento o actuación sobre la cual recaiga la medida.

3. Suspender provisionalmente los efectos de un acto administrativo.

4. Ordenar la adopción de una decisión administrativa, o la realización o demolición de una obra con el objeto de evitar o prevenir un perjuicio o la agravación de sus efectos.

5. Impartir órdenes o imponerle a cualquiera de las partes del proceso obligaciones de hacer o no hacer.

PAR.—Si la medida cautelar implica el ejercicio de una facultad que comporte elementos de índole discrecional, el juez o magistrado ponente no podrá sustituir a la autoridad competente en la adopción de la decisión correspondiente, sino que deberá limitarse a ordenar su adopción dentro del plazo que fije para el efecto en atención a la urgencia o necesidad de la medida y siempre con arreglo a los límites y criterios establecidos para ello en el ordenamiento vigente” (resalta la ponente).

La norma anteriormente trascrita consagra un listado enunciativo de cautelas, tales como, la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos, la suspensión de un procedimiento o actuación administrativa y ordenar la adopción de una decisión administrativa, entre otras.

En lo que tiene que ver con los requisitos para decretar la medida cautelar de suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo, el artículo 231 ejusdem estipula, que:

“Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensión provisional de sus efectos procederá por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud. Cuando adicionalmente se pretenda el restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios deberá probarse al menos sumariamente la existencia de los mismos” (resalta la ponente).

En varias ocasiones, el Consejo de Estado ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre la manera como la Ley 1437 de 2011 introdujo una reforma sustancial al regular la institución de la suspensión provisional, precisando la Corporación, que en vigencia del Decreto-Ley 1 de 1984 esta cautela sólo procedía cuando se evidenciase una “manifiesta infracción”(18) de normas superiores por parte de la disposición enjuiciada, mientras que bajo el marco regulatorio de la citada Ley 1437 de 2011, la exigencia de verificar la existencia de una infracción normativa como requisito estructurante de la suspensión provisional, al no haber sido calificada por el legislador como tal, no requiere ser manifiesta, es decir, evidente, ostensible, notoria, palmar, a simple vista o prima facie(19).

Entonces, para el caso de la suspensión provisional de los efectos del acto administrativo demandando, la Ley 1437 de 2011, artículo 231, establece la exigencia de acreditarse la violación de las normas superiores, cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud. Este análisis inicial permite abordar el objeto del proceso, la discusión de ilegalidad en la que se enfoca la demanda, pero con base en una aprehensión sumaria, propia de una instancia en la que las partes aún no han ejercido a plenitud su derecho a la defensa, por lo que su resolución parte de un conocimiento sumario y de un estudio que, si bien permite efectuar interpretaciones normativas o valoraciones iniciales, no sujeta la decisión final.

En este escenario, corresponde al operador judicial en cada caso concreto abordar de manera cuidadosa su estudio, analizando inicial o preliminarmente el sometimiento de la decisión administrativa al parámetro normativo invocado, prosperando la medida en aquellos eventos en los que de ese estudio surja el quebrantamiento invocado.

En suma, si bien la regulación de la medida cautelar de suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo, prevista en la Ley 1437 de 2011, le confiere al juez un margen de estudio más amplio del que preveía la legislación anterior sobre la materia, no puede perderse de vista que la contradicción y el análisis entre las normas invocadas y el acto administrativo exige, entonces, que luego de un estudio de legalidad inicial, juicioso y serio, se pueda arribar a la conclusión de que el acto contradice la norma superior invocada, exigiendo, se insiste, la rigurosidad del Juez en su estudio, con fundamento en el análisis del acto o las pruebas allegadas con la solicitud.

Teniendo entonces claridad sobre los requisitos exigidos por la Ley 1437 de 2011 para decretar la medida cautelar de suspensión provisional, procede la Sala a realizar el análisis preliminar y sumario que exige la norma, partiendo de considerar de manera resumida, lo relacionado con la regulación de la pensión gracia.

Contexto normativo de la pensión gracia.

La pensión gracia fue creada por la Ley 114 de 1913(20) para los educadores que cumplan 20 años de servicio en establecimientos educativos oficiales del orden territorial o nacionalizado, y 50 años de edad, siempre y cuando demuestren haber ejercido la docencia con honradez, eficacia, consagración, observando buena conducta. Esta prestación es compatible con la pensión de jubilación.

Así, en sentencia de 29 de agosto de 1997, proferida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación, con ponencia del Consejero Nicolás Pájaro Peñaranda, se fijaron algunos lineamientos sobre la pensión gracia en los siguientes términos(21):

“El numeral 3º del artículo 4º Ib. prescribe que para gozar de la gracia de la pensión es preciso que el interesado, entre otras cosas, compruebe “Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional…”. (En este aparte de la providencia se está haciendo referencia a la Ley 114 de 1913).

Despréndase de la precisión anterior, de manera inequívoca, que la pensión gracia no puede ser reconocida a favor de un docente nacional, pues constituye requisito indispensable para su viabilidad que el maestro no reciba retribución alguna de la nación por servicios que le preste, o que no se encuentre pensionado por cuenta de ella. Por lo tanto, los únicos beneficiarios de tal prerrogativa eran los educadores locales o regionales” (negrillas fuera de texto original).

De conformidad con la normativa que dio origen a la pensión gracia, y la interpretación jurisprudencial efectuada en la materia por parte de la Sala Plena del Consejo de Estado, con el valor coercitivo que ello implica, es posible concluir que esta prestación se causa únicamente para los docentes que cumplan 20 años de servicio en colegios del orden departamental, distrital, municipal o nacionalizados, sin que sea posible acumular tiempos del orden nacional.

En este orden, es preciso tener en cuenta, que la Ley 91 de 1989 (por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio), señaló en su artículo 15 que:

“Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubiere desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al Decreto 81 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aun en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación”.

De lo anterior se infiere, que el derecho a la pensión gracia lo mantienen los docentes nacionalizados y territoriales que se hubieren vinculado hasta el 31 de diciembre de 1980, descartándose así para aquellos que siendo nacionales hubieren sido nombrados dentro de dicho límite temporal.

Es claro entonces, que el tiempo de servicio corresponde a 20 años que deben ser prestados exclusivamente en instituciones educativas territoriales o nacionalizadas.

Lo anterior constituye un referente inequívoco que no cambió al clarificarse la compatibilidad de la pensión gracia con la de jubilación, pues la ley fue diáfana en que los demás requisitos para su reconocimiento debían acreditarse, es decir, la prestación efectiva en la docencia territorial o nacionalizada por espacio de al menos 20 años y 50 años de edad.

El docente, como el profesional dedicado a la enseñanza a cargo del Estado en los diversos niveles de la educación, corresponde a un verdadero empleado público de naturaleza especial, que tiene una relación laboral legal y reglamentaria, que se vincula a través de acto administrativo emitido por la autoridad nominadora competente, y que debe tomar posesión de su cargo, conforme lo disponen los artículos 1º y 4º del Decreto-Ley 2400 de 1968(22), en concordancia con el artículo 3º del Decreto-Ley 2277 de 1979(23).

En cuanto al tiempo de servicio y al tipo de la vinculación requerida para tener derecho a la pensión gracia, la jurisprudencia de esta Corporación ha señalado respecto de su prueba:

“En principio, para efectos de la pensión de jubilación gracia (docente) se deben analizar los tiempos de servicio que acrediten los educadores teniendo en cuenta varios datos trascendentales, año por año (porque es posible que un tiempo le sirva para la prestación y otro no), a saber: el cargo desempeñado (maestro de primaria, profesor de normal, inspector de primaria, etc.) la dedicación (tiempo completo, medio tiempo, hora cátedra, etc.), la clase de plantel donde desempeñó su labor (normal, industrial, bachillerato, etc.), así como el nivel de vinculación del centro educativo a las entidades políticas (nacional, nacionalizado —a partir de cuándo— departamental, distrital, municipal, etc.). La época del trabajo realizado (año, con determinación clara y precisa de la iniciación y terminación de la labor) es fundamental de conformidad con las leyes especiales que rigen esta clase de pensión y la Ley 91 de 1989. La sola mención de la fecha de nombramiento no es prueba de la iniciación —desde ese momento— del servicio y la cita de la fecha de un acto de aceptación de renuncia debe ir acompañado del dato desde cuando produjo efectos, para poder tener en cuenta realmente el tiempo de servicio. Los certificados que se expidan para acreditar estos requisitos deben ser precisos en los datos fundamentales que exigen las leyes especiales que regulan esta clase de pensión(24)”.

Esta línea, ha sido mantenida por la Sala, destacándose las siguientes consideraciones:

“Es necesario precisar respecto de los certificados docentes para la pensión gracia, como ya se ha dicho por esta Subsección, estos pueden ser expedidos por los mismos directivos de los centros educativos donde trabajaron los educadores y en ellos deben establecerse con claridad el cargo desempeñado, la dedicación, la clase de plantel y el nivel de vinculación del centro educativo a las entidades públicas; dichos certificados servirán de base para expedir otros en forma correcta, tal como se verifica que ocurrió en el caso del demandante pues el secretario general de la alcaldía municipal de La Cruz (Nariño) certificó el lapso de trabajo incluyendo el periodo comprendido del 19 de enero de 1981 al 13 de julio de 1983 en el que el docente estuvo vinculado como interino en la Escuela Rural Mita de la Laguna(25)”.

Entonces, lo importante de la prueba del tiempo de servicios y de la vinculación, no es la denominación que se le dé, ni la forma que adopte, sino el contenido de los datos puntuales que ofrezca alrededor del tipo de nombramiento, la autoridad que lo hace, la institución educativa a la que prestará los servicios, su naturaleza, y por supuesto los extremos temporales; a efecto de esclarecer el cumplimiento de los requisitos especiales de que trata la Ley 114 de 1913 en los términos analizados.

De otro lado, resulta muy relevante señalar, que el artículo 6º de la Ley 116 de 1928(26), establece que:

“Los empleados y profesores de las escuelas normales y los inspectores de instrucción pública tienen derecho a la jubilación en los términos que contempla la Ley 114 de 1913 y demás que a ésta complementan. Para el cómputo de los años de servicio se sumarán los prestados en diversas épocas, tanto en el campo de la enseñanza primaria como en el de la normalista, pudiéndose contar en aquélla la que implica la inspección”.

Conforme a la disposición normativa, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, es viable la sumatoria de los años servidos en cualquier época, en la primaria como la de normalista, inclusive las labores de inspección; por lo que es evidente que la voluntad de legislador fue la establecer el referente del tiempo de servicio, y no la naturaleza en que éste sea prestado, ni el título que tenga. Así mismo, cuando se establece la sumatoria en cualquier tiempo, implica interpretar que no se requiere de la continuidad del servicio, como un todo del periodo, sino la totalización de los 20 años en las condiciones de docencia territorial o nacionalizada.

Sobre el particular, esta Sala alrededor de la modalidad de la vinculación válida para el reconocimiento de una pensión gracia, razonó así:

“Respecto de la vinculación del demandante como docente interino, debe reiterarse que las leyes 114 de 1913 y 116 de 1928 concibieron la prestación gracia de jubilación como una dádiva o recompensa a favor de quienes ejercieran la actividad docente en el nivel territorial, razón por la cual, y conforme lo disponen las normas en cita y la jurisprudencia de esta Corporación, la única exigencia válida para efectos de reconocer la prestación pensional en cita es haber acreditado 20 años al servicio de la docencia oficial sin importar la modalidad de la vinculación, siempre que esta responda a cualquiera de las previstas en la ley. En efecto, si bien el ordenamiento jurídico no define expresamente la naturaleza de la interinidad, como una forma de proveer cargos docentes, esta Corporación ha precisado que dicha figura debe entenderse como el mecanismo mediante el cual la administración, ante la imposibilidad de contar con docentes de carrera, designa con carácter transitorio a personas instruidas en el ejercicio de la referida actividad, en atención a la necesidad y urgencia de garantizar la efectiva prestación de los servicios educativos. Lo anterior, en todo caso, constituye una forma de vinculación a la administración, en cumplimiento de las formalidades previstas en la ley, esto es, a través de la toma de posesión de un cargo docente dando lugar, en consecuencia, a la configuración de una relación legal y reglamentaria con carácter autónomo, tal y como ocurrió en el caso del señor (…)”(27) (negrillas fuera de texto original).

Respecto, al tiempo de vinculación, la Sala de Sección Segunda del Consejo de Estado, en sentencia de unificación del 22 de enero de 2015, exp. 0775-2014, con ponencia del Consejero Alfonso Vargas Rincón, definió como regla que:

“En el presente caso, para el 29 de diciembre de 1989, fecha de expedición de la Ley 91 de 1989 la señora Solangel Castro Pérez ya había prestado sus servicios como docente nacionalizado, pues había sido nombrada mediante Decreto 439 de 19 de febrero de 1979, por el periodo comprendido entre el 19 de febrero al 20 de mayo del mismo año.

Lo anterior le permite a la Sala establecer que era posible que la demandada analizara si la actora reunía los requisitos para acceder a la pensión gracia, toda vez que la expresión “docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980”, contemplada objeto de análisis, no exige que en esa fecha el docente deba tener un vínculo laboral vigente, sino que con anterioridad haya estado vinculado, pues lo que cuenta para efectos pensionales es el tiempo servido; por lo tanto, la pérdida de continuidad, no puede constituirse en una causal de pérdida del derecho pensional como lo estimó el Tribunal” (negrillas fuera de texto original).

De esta manera, la línea jurisprudencial actual sobre el reconocimiento de la pensión gracia, es clara y pacífica alrededor de la importancia del tiempo de servicio como su referente, esto sí, dejando claro que debe ser territorial o nacionalizado sin importar si es continuo o discontinuo, ni su modo de vinculación, como también en relación a que no es necesario que al 31 de diciembre de 1980, el docente debe encontrarse en servicio activo, como quiera que el texto normativo, lo que dispone para esa fecha es el límite máximo para que el educador se vincule, siendo viable que haya sido con antelación a la mencionada calenda.

Caso concreto.

El material probatorio recaudado dentro del presente proceso permite a la Sala afirmar, que la señora Myriam Stella Castellanos Velandia se desempeñó como docente oficial por más de 30 años, desde el 5 de agosto de 1974 hasta el 30 de enero de 2005, en las siguientes condiciones:

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ColegioCargoActo adm.PeriodoNaturaleza
DesdeHasta
Escuela Normal Mixta del Municipio de San Mateo (Boyacá)Profesora de tiempo completoDecreto 495 de 5 de agosto de 197405/08/197419/02/1975¿…?
Colegio Departamental José Santos Gutiérrez del Municipio del Cocuy (Boyacá)ProfesoraResolución 83 de 20 de febrero de 197520/02/197608/03/1976¿…?
Colegio Departamental José Acevedo y Gómez del Municipio de Monguí (Boyacá)Profesora de QuímicaResolución 203 de 9 de marzo de 197609/03/197602/05/1976¿…?
Colegio Cooperativo Sindicato Acerías Belencito del Municipio de Sogamoso (Boyacá)DocenteResolución 2130 de 22 de abril de 197603/05/197602/05/2004Nacional
Institución Educativa San Martin de Tour de Sogamoso (Boyacá)Docente en trasladoOficio 324 de 3 de mayo de 200403/05/200425/07/2004Nacional
Institución Educativa Los Libertadores de Sogamoso (Boyacá)Docente en trasladoOficio 471 de 26 de julio de 200426/07/200430/01/2005Nacional

A continuación se estudian en detalle la manera como en el expediente se encuentran acreditados cada uno de los periodos de servicio de la señora Myriam Stella Castellanos Velandia:

Del 5 de agosto de 1974 al 2 de marzo de 1976.

Respecto de los tiempos de servicio desempeñado en: (i) la Escuela Normal Mixta del Municipio de San Mateo (Boyacá), esto es, del 5 de agosto de 1974 al 19 de febrero de 1975; (ii) El Colegio Departamental José Santos Gutiérrez del Municipio del Cocuy, del 20 de febrero de 1975 al 8 de marzo de 1976; y (iii) en el Colegio Departamental José Acevedo y Gómez del Municipio de Monguí (Boyacá), por el tiempo que va del 9 de marzo de 1976 al 2 de marzo de 1976; para esta Sala no existe certeza respecto del tipo de vinculación que mantuvo la demandada como docente oficial, puesto que la documental incorporada al expediente relacionada con este periodo de tiempo, alguna está incompleta y otra es contradictoria.

En efecto, la “historia laboral” certificada por la señora secretaria de educación y cultura municipal de Sogamoso, el 26 de septiembre de 2016, que obra a folios 15 y 16 del cuaderno segundo enviado a esta Corporación, no se especifica la autoridad nominadora que ordenó el nombramiento.

Por otra parte, respecto de este periodo, obra a folio 17, una copia simple de un documento denominado “tarjeta de servicios”, sin fecha, y sin que aparezca en dicho documento el cargo y nombre del funcionario que certifica, y tampoco se especifica la autoridad nominadora que produjo el nombramiento.

Así mismo, reposa a folio 59 del cuaderno segundo enviado a esta Corporación, copia simple de una certificación suscrita por el “coordinador del grupo de hojas de vida” de la secretaría de educación de Boyacá el 13 de junio de 2000, en el que se asegura que durante estos tiempos de servicios la actora laboró como profesora de básica primaria, especificando que su vinculación era de carácter nacional. En idéntico sentido, a folios 31 y 32 se encuentra copia simple del “formato único para la expedición de certificado de historia laboral”, suscrito por la secretaria de educación de Sogamoso, en el que consta que ella desempeñó como docente oficial con vinculación nacional.

Sin embargo, a folio 94 del cuaderno segundo enviado a esta Corporación, se encuentra copia simple de una certificación suscrita por el “jefe de la unidad de talento humano” de la secretaría de educación y cultura de la alcaldía de Sogamoso, fechada el día 2 de mayo de 2005, en la que consta que durante toda su historia laboral la vinculación de la actora fue como docente nacionalizada.

En ese orden de ideas, para esta Sala no existe certeza del tipo de vinculación que como docente oficial tuvo la demandada durante los tiempos de servicio desempeñados así: (i) en la Escuela Normal Mixta del Municipio de San Mateo (Boyacá), del 5 de agosto de 1974 al 19 de febrero de 1975; (ii) en el Colegio Departamental José Santos Gutiérrez del Municipio del Cocuy, del 20 de febrero de 1975 al 8 de marzo de 1976; y (iii) en el Colegio Departamental José Acevedo y Gómez del Municipio de Monguí (Boyacá), del 9 de marzo de 1976 al 2 de marzo de 1976.

Del 3 de mayo de 1976 al 30 de enero de 2005.

Respecto de los tiempos de servicios de la demanda a partir del 3 de mayo de 1976, hasta la fecha de su retiro definitivo el 30 de enero de 2005, encuentra la Sala que de acuerdo con el material probatorio que obra en el expediente, pareciera ser que su vinculación fue nacional, como lo sostuvo el Tribunal Administrativo de Boyacá. Veamos:

Si bien, a folio 94 del cuaderno segundo enviado a esta Corporación, se encuentra copia simple de una certificación suscrita por el “jefe de la unidad de talento humano” de la secretaría de educación y cultura de la alcaldía de Sogamoso, fechada el día 2 de mayo de 2005, en la que consta que durante toda su historia laboral la vinculación de la actora fue como docente nacionalizada.

No puede ignorarse, que a folios 52 y 59 del cuaderno segundo enviado a esta Corporación, se encuentran copias simples de unas certificaciones suscritas por el “coordinador del grupo de hojas de vida” de la secretaría de educación de Boyacá el 10 de septiembre de 1999 y el 13 de junio de 2000, en el que se asegura que durante estos tiempos de servicios la actora laboró como profesora con vinculación de carácter nacional.

De igual modo, a folio 51 del cuaderno segundo enviado a esta Corporación, milita copia simple de una certificación de 14 de diciembre de 1999, suscrita por el rector y la secretaria del “Colegio Cooperativo de Trabajadores de Acerías Paz del Río (antes Colegio Cooperativo Sindicato Acerías Belencito)”, en la que se asegura que “Myriam Stella Castellanos Velandia, identificada con la C.C. 32.439.369 de Medellín, licenciada en biología y química, grado 13, Resolución 4381 de diciembre de 1993 del escalafón nacional, labora en este plantel desde el 22 de abril de 1976 como profesora de tiempo completo en secundaria. Nombrada para el programa de jornadas adicionales del Ministerio de Educación Nacional”.

Así mismo, a folios 31 y 32 se encuentra copia simple del “formato único para la expedición de certificado de historia laboral”, suscrito por la secretaria de educación de Sogamoso, en el que consta que ella desempeñó como docente oficial con vinculación nacional.

Por otra parte, respecto de este periodo, obra a folio 17 del cuaderno segundo, una copia simple de un documento denominado “tarjeta de servicios”, sin fecha, y sin que aparezca en dicho documento el cargo y nombre del funcionario que certifica, pero en el que se asegura que la actora fue designada mediante Resolución 2130 de 22 de abril de 1976, expedida por el Ministerio de Educación Nacional, como profesora de tiempo completo para las jornadas adicionales del Ministerio de Educación, creadas en el departamento de Boyacá, en el Colegio Cooperativo Sindicatos Acerías Belencito de Sogamoso.

Finalmente, resalta la Sala, que a folio 19 del cuaderno segundo enviado a esta Corporación, obra copia simple del telegrama 22211 de 27 de abril de 1976, en virtud del cual, el “jefe de registro y control del Ministerio de Educación”, le informa al “director del Colegio Cooperativo Sindicato Acerías Belencito” y al alcalde de Sogamoso, lo siguiente:

“RESOLUCIÓN 2130 ABRIL VEINTIDÓS DE 1976 NOMBRA PROFESOR JORNADA ADICIONAL MYRIAM STELLA CASTELLANOS VELANDIA SUELDO MENSUAL ACUERDO CATEGORÍA ACREDITE ESCALAFÓN DOCENTE EN COL COOPERATIVO SINDICATO ACERÍAS DE BELENCITO DE SOGAMOSO BOYACÁ DIEZ DÍAZ ACEPTAR O RECHAZAR CARGO DIEZ DÍAZ TOMAR POSESIÓN ALCALDÍA ENVIAR COPIA”.

Así las cosas, encuentra la Sala que de acuerdo con el material probatorio que obra en el expediente, pareciera ser que la vinculación de la señora Myriam Stella Castellanos Velandia a partir del 3 de mayo de 1976, fue de carácter nacional, como lo sostuvo el Tribunal Administrativo de Boyacá.

En ese orden de ideas, y en solo en gracia de discusión, porque no existe prueba que acredite ello, solo entre 5 de agosto de 1974 y 2 de marzo de 1976, al parecer la actora estuvo vinculada como docente territorial, lo que arroja un tiempo de servicios de menos de 2 años, lo que no es suficiente para adquirir el derecho a la pensión gracia.

En orden de desatar la apelación del demandado, es pacífica la jurisprudencia de esta Sección alrededor de la imposibilidad de acumular tiempos de servicio como docente nacional para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, pues, desde que la Sala Plena de Corporación unificó tal postura el 29 de agosto de 1997(28), dicha regla constituye un referente de interpretación y aplicación obligatoria para la Administración y los jueces de lo contencioso administrativo.

En este sentido, tal como fue concluido por el tribunal de instancia, es manifiesta la apariencia ilegalidad del reconocimiento pensional, pues la condición de docente nacional de la demandada durante más de 25 años de servicio, claramente le impedía acceder al derecho a la pensión gracia, que estuvo dirigido de manera exclusiva a los docentes territoriales y nacionalizados.

Al respecto, esta Sala en la sentencia de 17 de noviembre de 2016(29), mantuvo la misma línea expuesta así:

“Sobre los tiempos nacionales.

(…)

La Ley 114 de 1913 que creo la pensión de los docentes, estableció una serie de requisitos para acceder a la misma, entre los cuales dispuso en el numeral 3º del artículo 4º, que el docente debe demostrar que ni recibe ni ha recibido pensión o recompensa nacional.

“ART. 4º—Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el interesado compruebe: (…)

3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas por la Nación o por un departamento” (resalta la Sala).

El artículo 1º de la Ley 91 de 1989(30) clasificó a los docentes para efectos de las prestaciones económicas, como territoriales, nacionales y nacionalizados.

“ART. 1º—Para los efectos de la presente ley, los siguientes términos tendrán el alcance indicado a continuación de cada uno de ellos:

1. Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno Nacional.

2. Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial antes del 1º de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975.

3. Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial, a partir del 1º de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975”.

Por ultimo concluyó:

“Queda claro entonces, que no se ha establecido como requisito para acceder a la pensión gracia, que el docente deba estar vinculado el día 31 de diciembre de 1980, es decir, solo es necesario que haya prestado sus servicios como docente antes del año 1981 en instituciones territoriales o nacionalizadas, sin que se puedan computar tiempos de servicio de carácter nacional, pues la finalidad principal de la pensión gracia, es reconocer a aquellos docentes un beneficio económico para equilibrar los ingresos percibidos entre éstos y los docentes nacionales, ante el déficit fiscal en que se encontraban los entes territoriales para cubrir el pago por la prestación de los servicios al magisterio” (negrillas fuera de texto original).

Así mismo, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en sentencia de 27 de abril de 2016(31) expresó con base en la Sentencia S-699 de 26 de agosto de 1997 de la Sala Plena de la misma Corporación, que no serán computables los tiempos de servicio ejercidos en planteles nacionales ni aquellos que provengan de nombramientos efectuados por el Gobierno Central.

“2.3.2. De la vinculación del personal docente.

En lo que respecta a las modalidades de vinculación del personal docente, la Ley 29 de 1989 consagró la descentralización administrativa en el sector de la educación, y dispuso que:

“ART. 9º—El artículo 54 quedará así: Se asigna al Alcalde Mayor del Distrito Especial de Bogotá, y a los alcaldes municipales, las funciones de nombrar, trasladar, remover, controlar y, en general administrar el personal docente y administrativo de los establecimientos educativos nacionales o nacionalizados, plazas oficiales de colegios cooperativos, privados, jornadas adicionales, teniendo en cuenta las normas del estatuto docente y la carrera administrativa vigentes y que expidan en adelante el Congreso y el Gobierno Nacional, ajustándose a los cargos vacantes de las plantas de personal que apruebe el Gobierno Nacional y las disponibilidades presupuestales correspondientes (…).

PAR. 1º—Los salarios y prestaciones sociales de este personal, continuarán a cargo de la Nación y de las entidades territoriales que las crearon (…).

“ART. 10.—Los gobernadores, intendentes y comisarios, asumirán temporalmente las atribuciones contenidas en el artículo anterior cuando financiera y/o administrativamente un municipio no pudiera asumir tal responsabilidad.

Una vez superadas las limitaciones financieras y/o administrativas previa solicitud del alcalde, el ministerio podrá mediante resolución trasladar tal competencia” (…).

De tal manera y de conformidad con las leyes antes citadas, han tenido derecho al reconocimiento y pago de la pensión gracia, los maestros de enseñanza primaria oficial, empleados y profesores de escuelas normales e inspectores de instrucción pública y maestros que hubieran completado los servicios en establecimientos de enseñanza secundaria, prestación a la que, a partir de las precisiones que se hicieron por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en sentencia de 26 de agosto de 1997, dictada en el proceso No. S-699 de la cual fue ponente el Magistrado Nicolás Pájaro Peñaranda, sólo acceden aquellos docentes que hubieran prestado los servicios en planteles municipales, distritales, departamentales o nacionalizados. No tienen derecho a ella, aquellos que hubieran servido en centros educativos de carácter nacional” (negrillas fuera de texto original).

De lo anterior se concluye, que los beneficiarios de la pensión gracia serán aquellos docentes cuya vinculación sea territorial y/o nacionalizada, descartando de esta forma aquellas del orden nacional, bien sea porque provenga directamente del Gobierno Nacional o se acredite en el plenario que la profesión se ejerció en una institución educativa nacional.

De otra parte, y a propósito del literal b) del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, ya analizado en esta providencia, conviene indicar que tal disposición ya ha sido objeto de estudio de parte de la Corte Constitucional, corporación que alrededor del derecho a la igualdad y al límite temporal allí descrito precisó:

“Así mismo, se observa por la Corte que, antes de la “nacionalización” de la educación primaria y secundaria oficial decretada por la Ley 43 de 1975 para ser cumplida en un período de cinco años, es decir hasta el 31 de diciembre de 1980, existían dos categorías de docentes oficiales, a saber: los nacionales, vinculados laboralmente de manera directa al Ministerio de Educación Nacional; y los territoriales, vinculados laboralmente a los departamentos, en nada se oponía a la Constitución entonces en vigor, que existiera para éstos últimos la denominada “pensión gracia”, de que trata la Ley 114 de 1913, posteriormente extendida a otros docentes por las leyes 116 de 1928 y 37 de 1933, como tampoco se opone la prolongación de sus efectos en el tiempo para quienes actualmente la disfrutan, o reunieron los requisitos sustanciales para tener derecho a ella antes del 31 de diciembre de 1980, pues la diversidad del empleador (nación o departamento), permitía, conforme a la Carta, establecer un trato distinto y una excepción al principio general prohibitivo de devengar dos asignaciones del tesoro público, situación ésta que resulta igualmente acompasada con la Constitución Política de 1991, pues la norma acusada, en nada vulnera el principio de la igualdad consagrado por el artículo 13 de la Carta Magna, el cual prohíbe dispensar trato diferente y discriminado “por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica”, nada de lo cual ocurre en este caso.

La supuesta vulneración al derecho a la igualdad consagrado por el artículo 13 de la Constitución Política por los apartes de la norma acusada, no existe. En efecto, el legislador, conforme a lo establecido por el artículo 150 de la Constitución Nacional, en ejercicio de la función de “hacer las leyes”, que asignaba también al Congreso Nacional el artículo 76 de la Constitución anterior, puede regular lo atinente al régimen prestacional del Magisterio, como efectivamente lo ha hecho.

La circunstancia de que, en ejercicio de esa función el Congreso Nacional haya preceptuado que la pensión de gracia creada por la Ley 114 de 1913 para los maestros oficiales de primaria y extendida luego a otros docentes, sólo se conserve como derecho para quienes estaban vinculados al servicio antes del 1º de enero de 1981 y que no se conceda a los vinculados con posterioridad a esa fecha, no implica desconocimiento de ningún derecho adquirido, es decir, no afecta situaciones jurídicas ya consolidadas, sino que se limita, simplemente, a disponer que quienes ingresaron a partir de esa fecha, no tendrán posibilidad de adquirir ese derecho, que constituía una mera expectativa la que, precisamente por serlo, podía, legítimamente, ser suprimida por el legislador, pues a nadie se afecta en un derecho ya radicado en cabeza suya de manera particular y concreta, por una parte; y, por otra, si las situaciones fácticas de quienes ingresaron al magisterio oficial antes y quienes ingresaron después del 1º de enero de 1981 no son las mismas, es claro, entonces, que por ser disímiles no exigen igualdad de trato, y que, las consideraciones sobre la antigüedad de la vinculación laboral que se tuvieron en cuenta por el Congreso Nacional al expedir la normatividad cuya exequibilidad se cuestiona, son razones que legitiman lo dispuesto por los apartes del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, objeto de la acusación”(32) (negrillas y subrayas fuera de texto original).

En tales condiciones, tal como fue definido con autoridad por parte de la Corte Constitucional, la pensión gracia, por expresa voluntad del legislador tenía vocación de extinguirse, manteniéndose solamente para los docentes territoriales y para los nacionalizados vinculados en los términos de la Ley 43 de 1975 hasta el 31 de diciembre de 1980, pues éstos se vieron en medio del proceso de nacionalización de la educación, y en tal sentido, se mantuvo su expectativa a la pensión graciosa por el cambio en sus condiciones salariales.

Por todo lo anterior, es que se concluye, luego del estudio inicial y sumario realizado, que al parecer la demandada carece del derecho a la pensión gracia que le fue reconocida; por lo que se imponen razones para que la providencia apelada sea confirmada sin consideración adicional.

En armonía con lo dispuesto por el artículo 229 de la Ley 1437 de 2011(33), la decisión que en esta providencia se adopta sobre la medida cautelar de suspensión provisional de los efectos del acto administrativo demandado, no implica prejuzgamiento.

En mérito de lo expuesto se

RESUELVE:

1. NEGAR el recurso de apelación interpuesto por la señora Myriam Stella Castellanos Velandia, a través de su apoderado judicial, contra el auto de 8 de agosto de 2017, por el cual, el Tribunal Administrativo de Boyacá, decretó la suspensión provisional de la Resolución 12195 de 18 de marzo de 2008, que le reconoció una pensión gracia. En consecuencia:

2. CONFIRMAR el auto de 8 de agosto de 2017, por el cual, el Tribunal Administrativo de Boyacá, decretó la suspensión provisional de la resolución que le reconoció una pensión gracia.

Notifíquese, publíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sección Segunda, Subsección B, en sesión de la fecha, por los Consejeros:

Consejeros: Sandra Lisset Ibarra Vélez.—Carmelo Perdomo Cuéter.—César Palomino Cortés. 

(1) De 18 de octubre de 2017, visible a folio 95 del cuaderno de medidas cautelares.

(2) “ART. 234.—Medidas cautelares de urgencia. Desde la presentación de la solicitud y sin previa notificación a la otra parte, el juez o magistrado ponente podrá adoptar una medida cautelar, cuando cumplidos los requisitos para su adopción, se evidencie que por su urgencia, no es posible agotar el trámite previsto en el artículo anterior. Esta decisión será susceptible de los recursos a que haya lugar. La medida así adoptada deberá comunicarse y cumplirse inmediatamente, previa la constitución de la caución señalada en el auto que la decrete”.

(3) “ART. 233.—Procedimiento para la adopción de las medidas cautelares. La medida cautelar podrá ser solicitada desde la presentación de la demanda y en cualquier estado del proceso.
El juez o magistrado ponente al admitir la demanda, en auto separado, ordenará correr traslado de la solicitud de medida cautelar para que el demandado se pronuncie sobre ella en escrito separado dentro del término de cinco (5) días, plazo que correrá en forma independiente al de la contestación de la demanda.
Esta decisión, que se notificará simultáneamente con el auto admisorio de la demanda, no será objeto de recursos. De la solicitud presentada en el curso del proceso, se dará traslado a la otra parte al día siguiente de su recepción en la forma establecida en el artículo 108 del Código de Procedimiento Civil.
El auto que decida las medidas cautelares deberá proferirse dentro de los diez (10) días siguientes al vencimiento del término de que dispone el demandado para pronunciarse sobre ella. En este mismo auto el Juez o Magistrado Ponente deberá fijar la caución. La medida cautelar solo podrá hacerse efectiva a partir de la ejecutoria del auto que acepte la caución prestada.
Con todo, si la medida cautelar se solicita en audiencia se correrá traslado durante la misma a la otra parte para que se pronuncie sobre ella y una vez evaluada por el juez o magistrado ponente podrá ser decretada en la misma audiencia.
Cuando la medida haya sido negada, podrá solicitarse nuevamente si se han presentado hechos sobrevinientes y en virtud de ellos se cumplen las condiciones requeridas para su decreto. Contra el auto que resuelva esta solicitud no procederá ningún recurso”.

(4) “ART. 233.—Inciso final. Cuando la medida haya sido negada, podrá solicitarse nuevamente si se han presentado hechos sobrevinientes y en virtud de ellos se cumplen las condiciones requeridas para su decreto. Contra el auto que resuelva esta solicitud no procederá ningún recurso”.

(5) “ART. 180.—Audiencia inicial. Vencido el término de traslado de la demanda o de la de reconvención según el caso, el juez o magistrado ponente, convocará a una audiencia que se sujetará a las siguientes reglas:
(…) 9. Medidas cautelares. En esta audiencia el juez o magistrado se pronunciará sobre la petición de medidas cautelares en el caso de que esta no hubiere sido decidida”.

(6) “ART. 233.—Procedimiento para la adopción de las medidas cautelares. La medida cautelar podrá ser solicitada desde la presentación de la demanda y en cualquier estado del proceso.
(…) Cuando la medida haya sido negada, podrá solicitarse nuevamente si se han presentado hechos sobrevinientes y en virtud de ellos se cumplen las condiciones requeridas para su decreto. Contra el auto que resuelva esta solicitud no procederá ningún recurso”.

(7) Texto actualizado de la Ley 17.454 de 1981, “http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/16547/texact.htm”.

(8) Sobre el particular, puede consultarse a HITTERS, Juan Manuel. “hechos nuevos, hechos sobrevivientes, nuevos hechos y nuevos documentos”. En “http://www.scba.gov.ar/includes/descarga.asp?id=28916&n=hechos-unificado%5B1%5D.pdf”. También a: DE LOS SANTOS. Mabel Alicia. “Condiciones para la admisibilidad del hecho sobreviniente en el proceso civil”. 2012. En “http://cporesolucionesjudiciales.blogspot.com.co/2012/09/condiciones-para-la-admisibilidad-del.html”. También, se puede consultar: DÍAZ, Clemente A., con cita de MORELLO, A. M., “hechos que consolidan o extinguen los derechos litigiosos durante el desarrollo del proceso: sus efectos en la sentencia”. También: FENOCHIETTO, Carlos E., “Los hechos sobrevinientes y su influencia en la sentencia”, Astrea, 1999. También: RANDICH MONTALDI, Gustavo E. “Cuestiones entorno al principio de congruencia y al objeto del proceso civil mendocino (virtual y actual)”. LL Gran Cuyo 2007 (noviembre), 999.

(9) GOZAÍNI, Osvaldo A., Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires comentado y anotado, editorial La Ley, tomo II año 2003, p. 14. Citado por HITTERS, Juan Manuel. “Hechos nuevos, hechos sobrevivientes, nuevos hechos y nuevos documentos”. En “http://www.scba.gov.ar/includes/descarga.asp?id=28916&n=hechos-unificado%5B1%5D.pdf”.

(10) KIELMANOVICH, Jorge L., Hechos nuevos (a propósito del artículo 365 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación), LL 1987-D, 872. Citado por HITTERS, Juan Manuel. “Hechos nuevos, hechos sobrevivientes, nuevos hechos y nuevos documentos”. En “http://www.scba.gov.ar/includes/descarga.asp?id=28916&n=hechos-unificado%5B1%5D.pdf”.

(11) Cám. Civ. y Com. I, Sala 1ª La Plata, causa 209.766, RSD-213-92, Sent. del 06-10-1992, ‘Batalla c/Municipalidad de La Plata s/ Daños y perjuicios’. Citado por HITTERS, Juan Manuel. “Hechos nuevos, hechos sobrevivientes, nuevos hechos y nuevos documentos”. En “http://www.scba.gov.ar/includes/descarga.asp?id=28916&n=hechos-unificado%5B1%5D.pdf”.

(12) SCBA, causa B 61.184, Sent. del 27-10-2004, ‘Barbosa c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa’. Citado por HITTERS, Juan Manuel. “Hechos nuevos, hechos sobrevivientes, nuevos hechos y nuevos documentos”. En “http://www.scba.gov.ar/includes/descarga.asp?id=28916&n=hechos-unificado%5B1%5D.pdf”.

(13) Cám. Civ. y Com. La Matanza, Sala 2ª, causa 215, RSI-39-2, Interloc. del 30-04-2002, ‘Alonso c/Britos Baltazar s/ Daños y perjuicios. Citado por HITTERS, Juan Manuel. “Hechos nuevos, hechos sobrevivientes, nuevos hechos y nuevos documentos”. En “http://www.scba.gov.ar/includes/descarga.asp?id=28916&n=hechos-unificado%5B1%5D.pdf”.

(14) Cám. Civ. y Com. San Nicolás, Sala 1ª, causa 6300, RSI-186-6, Interloc. del 02-05-2006, ‘Juan Carlos Antonio y otra c/ Rolón s/ Daños y perjuicios’. Citado por HITTERS, Juan Manuel. “Hechos nuevos, hechos sobrevivientes, nuevos hechos y nuevos documentos”. En “http://www.scba.gov.ar/includes/descarga.asp?id=28916&n=hechos-unificado%5B1%5D.pdf”.

(15) Cám. Fed. Civ. y Com., Sala I, Capital Federal, Sent. del 06-06-2000, ‘Lamuraglia c/ Estado nacional y otros’. Citado por HITTERS, Juan Manuel. “Hechos nuevos, hechos sobrevivientes, nuevos hechos y nuevos documentos”. En “http://www.scba.gov.ar/includes/descarga.asp?id=28916&n=hechos-unificado%5B1%5D.pdf”.

(16) Trib. Trab. 2, La Plata, causa 26.056/00, Sent. del 29-12-2005, ‘Ramirez c/ Red Coop s/ Despido’. Citado por HITTERS, Juan Manuel. “Hechos nuevos, hechos sobrevivientes, nuevos hechos y nuevos documentos”. En “http://www.scba.gov.ar/includes/descarga.asp?id=28916&n=hechos-unificado%5B1%5D.pdf”.

(17) MORELLO, Augusto M. - SOSA, Gualberto L. - BERIZONCE, Roberto O., códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación, librería editora Platense y Abeledo-Perrot, tomo V-A segunda edición, año 2001, p. 109. Cám. Civ. y Com. Dolores causa 78.380, RSD-114-3, Sent. del 03-04-2003, ‘Ordas c/ Balneario Alex y otros s/ Daños y perjuicios’. Citado por HITTERS, Juan Manuel. “Hechos nuevos, hechos sobrevivientes, nuevos hechos y nuevos documentos”. En “http://www.scba.gov.ar/includes/descarga.asp?id=28916&n=hechos-unificado%5B1%5D.pdf”.

(18) “ART.152.—El Consejo de Estado y los tribunales administrativos podrán suspender los actos administrativos mediante los siguientes requisitos:
1. Que la medida se solicite y sustente de modo expreso en la demanda o por escrito separado, presentado antes de que sea admitida.
2. Si la acción es de nulidad, basta que haya manifiesta infracción de una de las disposiciones invocadas como fundamento de la misma, por confrontación directa o mediante documentos públicos aducidos con la solicitud.
3. Si la acción es distinta de la de nulidad, además se deberá demostrar, aunque sea sumariamente, el perjuicio que la ejecución del acto demandado causa o podría causar al actor”.

(19) Al respecto pueden consultarse, entre otros, los autos de 28 de agosto de 2014, proferido dentro del expediente 11001-03-27-000-2014-0003-00 (20731), C.P. Jorge Octavio Ramírez; de 30 de abril de 2014, proferido por el consejero Carlos Alberto Zambrano, en el expediente 11001-03-26-000-2013-00090-00 (47694); de 24 de enero de 2014, expedido por el consejero Mauricio Fajardo en el expediente 11001-03-26-000-2013-00090-00 (47694); de 21 de mayo de 2014, emitido por la consejera Carmen Teresa Ortiz en el expediente 11001-03-24-000-2013-0534-00 (20946); 29 de enero de 2014 proferido por el consejero Jorge Octavio Ramírez, emitido en el expediente 11001-03-27-000-2013-00014 (20066); 17 de marzo de 2015 con ponencia de la suscrita, emitido en el expediente 11001-03-15-000-2014-03799-00.

(20) “Que crea pensiones de jubilación a favor de los maestros de escuela”.

(21) Expediente S-699, Actor: Wilberto Therán Mogollón.

(22) Por el cual se modifican las normas que regulan la administración del personal civil y se dictan otras disposiciones.

(23) Por el cual se adoptan normas sobre el ejercicio de la profesión docente.

(24) Sentencia del 19 de enero de 2006, exp. 6024-05, C.P. Tarsicio Cáceres Toro.

(25) Sentencia del 14 de noviembre de 2015, exp. 2636-2014, C.P. Gerardo Arenas Monsalve.

(26) Por la cual se aclaran y reforman varias disposiciones de la Ley 102 de 1927.

(27) Sentencia del 14 de noviembre de 2015, exp. 2636-2014, C.P. Gerardo Arenas Monsalve.

(28) Expediente S-699, con ponencia del consejero Nicolás Pájaro Peñaranda.

(29) Rad. 2114-2016, M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.

(30) “Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio”.

(31) Con ponencia del doctor Gabriel Valbuena Hernández, y rad. 3075-14.

(32) Sentencia C-084 de 1999, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.

(33) Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.