Auto 2013-00054 de febrero 13 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Radicación 110010328000201300054-00

Consejero Ponente:

Dr. Alberto Yepes Barreiro

Demandante: Andrés Julián Fajardo Cárdenas

Demandado: Luis Fernando Castellanos Nieto (Notario Sesenta y Seis del Círculo de Bogotá)

Acción de nulidad electoral - Auto que revoca rechazo de la demanda

Bogotá, D.C., trece de febrero de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

2.1. Competencia.

En los términos de los artículos 125 y 243 del CPACA corresponde a la Sección decidir la apelación presentada por el demandante contra el auto del dieciséis (16) de enero de 2014 suscrito por la Subsección Primera, Subsección A, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que rechazó la demanda de nulidad electoral de la referencia.

2.2. La indicación de direcciones electrónicas no es un requisito que pueda dar origen a la inadmisión y posterior rechazo de la demanda.

Para la Sala es importante referirse a este punto, en tanto algunos tribunales vienen inadmitiendo demandas por la ausencia de esta formalidad, pese a que no es requsito de las demandas. Veamos:

El artículo 162 del CPACA establece los requisitos que deben contener las demandas que se presentan ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. En el numeral 7º de ese precepto, expresamente se exige indicar:

“El lugar y dirección donde las partes y el apoderado de quien demanda recibirán las notificaciones personales. Para tal efecto, podrán indicar también su dirección electrónica” (resaltado fuera de texto).

Por su parte, el nuevo Código General del Proceso, entre los requisitos que la demanda debe contener la demanda enuncia el siguiente:

“10. El lugar, la dirección física y electrónica que tengan o estén obligados a llevar, donde las partes, sus representantes y el apoderado del demandante recibirán notificaciones personales.

(...).

Parágrafo primero.

Cuando se desconozca el domicilio del demandado o el de su representante legal, o el lugar donde estos recibirán notificaciones, se deberá expresar esa circunstancia” (resaltado fuera de texto).

Esta disposición ni otras del código general modificaron el artículo transcrito del CPACA. En consecuencia, los requisitos de la demanda se siguen rigiendo por la norma especial, es decir, por la Ley 1437 de 2011.

Ahora bien, en relación con la forma de hacer las notificaciones, el artículo 199 del CPACA fue modificado por el artículo 642 del Código General del Proceso, en cuanto ordenó que la notificación personal del auto admisorio se hiciera a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en los mismos términos y efectos previstos en la preceptiva que se decía reformar.

En ese orden, el artículo 642 del Código General del Proceso mantuvo intacta la redacción del 199 del CPACA, pero le introdujo dos nuevos incisos al texto original del siguiente tenor:

“ART. 612.

Modifíquese el artículo 199 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:

“ART. 199.—Notificación personal del auto admisorio y del mandamiento de pago a entidades públicas, al Ministerio Público, a personas privadas que ejerzan funciones públicas y a particulares que deban estar inscritos en el registro mercantil. ...

(...).

“En los procesos que se tramiten ante cualquier jurisdicción en donde sea demandada una entidad pública, deberá notificarse también a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en los mismos términos y para los mismos efectos previstos en este artículo. En este evento se aplicará también lo dispuesto en el inciso anterior.

“La notificación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado se hará en los términos establecidos y con la remisión de los documentos a que se refiere este artículo para la parte demandada” (Los incisos resaltados fueron adicionados por el Código General del Proceso).

Lo expuesto hasta este punto, permite advertir que desde el texto original del CPACA, la notificación al buzón electrónico existía como la forma de notificación a las entidades públicas. En ese sentido, no hubo reforma a los contenidos del escrito con el que se pone en marcha la jurisdicción.

El texto original del 199 del CPACA con la reforma que le introdujo el nuevo Código General del Proceso ha de entenderse, entonces, como un mandato para los funcionarios judiciales y, en especial, para los secretarios de despacho, que son los encargados de notificar las providencias, según el cual cuando una entidad pública sea demandada, la admisión de esta debe ser notificada tanto a la entidad como a la agencia de defensa, mediante mensaje dirigido al buzón electrónico para notificaciones judiciales.

No puede olvidarse que el artículo 197 del CPACA impuso a todas las entidades públicas, a los particulares que ejercen funciones públicas y al Ministerio Público, la obligación de tener o implementar un buzón de correo electrónico exclusivamente para recibir notificaciones judiciales.

Esa misma disposición advirtió que cuando una providencia deba ser notificada personalmente, esta se entenderá realizada cuando se envíe el correspondiente mensaje al buzón creado para el efecto, es decir, la notificación personal en estos casos, se entiende efectuada bajo esta nueva modalidad: mensaje del despacho judicial correspondiente al buzón creado para dicho efecto.

De los textos citados y de lo expuesto, la Sección concluye que:

i) Las entidades públicas y quienes ejerzan función públicas deben tener un buzón o correo electrónico para la notificación de las demandas en su contra.

ii) Si quien demanda conoce la dirección del correo electrónico de la entidad demandada puede citarlo en su escrito, pero este no es un requisito que, de ser omitido, pueda dar origen a la inadmisión y posterior rechazo de la demanda.

iii) Si quien demanda es una entidad pública o particular que ejerce función pública debe proveer la dirección de su buzón electrónico, pues esta es su dirección válida para efectos judiciales. Pero si no lo hiciere, esta omisión no puede generar la inadmisión y posterior rechazo.

iv) La obligación de conocer y notificar electrónicamente es de los secretarios de despacho, quienes deben consultar las páginas oficiales de la entidad demanda o demandadas para obtener la dirección electrónica para efectos de la notificación personal.

v) La notificación personal desde la entrada en vigencia del CPACA se efectúa mediante mensaje enviado al buzón de electrónico, es decir, se modificó la forma de hacer esta. Lo anterior significa que las regulaciones del nuevo Código General del Proceso que indican cómo hacer la notificación personal, quedó reservada para los particulares o personas de derecho privado que no tengan dirección electrónica para notificaciones judiciales, artículos 200 del CPACA y 291 del Nuevo Código General del Proceso.

vi) Toda demanda contra entidades públicas y particulares que ejercen función pública debe ser notificada a la Agencia para la Defensa del Estado(1)(sic).

Las anteriores precisiones llevan a la Sala a no compartir las razones para inadmitir y rechazar una demanda por el hecho de que en la demanda no se identifiquen las direcciones electrónicas de las entidades públicas.

Así las cosas, la Sala de Sección concluye que la indicación de direcciones electrónicas no es un requisito que pueda dar origen a la inadmisión y posterior rechazo de la demanda, pues es obligación de los despachos judiciales conocer estas para efectuar las notificaciones mediante el envió de un mensaje al correo dispuesto con esa finalidad.

2.3. La petición previa es una forma de cumplir el requisito de identificar y anexar el acto acusado.

El artículo 166 del CPACA regula los anexos de la demanda, precepto aplicable al medio de control de nulidad electoral, en el que se indica que con esta se debe anexar copia del acto acusado y, en el evento de no conocerlo o no poderlo allegar, expresarlo así en la demanda bajo la gravedad de juramento.

En el asunto de la referencia, el actor Fajardo Cárdenas expresamente demandó el artículo 3º del Decreto 1856 de 29 de agosto de 2013, por el cual el Presidente de la República nombró en propiedad como Notario Sesenta y Seis del Círculo Notarial de Bogotá a Luís Fernando Castellanos Nieto y el acto de confirmación de este nombramiento expedido por la Superintendencia de Notariado y Registro, con la advertencia expresa que desconocía su identificación.

En consecuencia, en el escrito de demanda hizo una petición específica con fundamento en el artículo 166 del CPACA, consistente en oficiar a la Superintendencia de Notariado y Registro, para que remitiera copia del acto de confirmación acusado.

En atención a esa expresa solicitud y antes de determinar lo referente a la competencia para conocer del presente caso, hecho que se suscitó en el auto de 20 de noviembre pasado, el Consejero Ponente solicitó a la Superintendencia de Notariado y Registro copia del acto de confirmación del nombramiento del señor Luis Fernando Castellanos Nieto, como Notario Sesenta y Seis del Círculo Notarial de Bogotá. Este requerimiento se efectuó por auto de 21 de octubre de 2013.

En respuesta al anterior requerimiento, la Superintendencia de Notariado y Registro remitió con destino al proceso, copia de la Resolución 9436 de 5 de septiembre de 2013, por medio del cual se confirmó el nombramiento del demandado como Notario Sesenta y Seis del Círculo Notarial de Bogotá (fls. 46 a 48, expediente original).

Es decir, el acto de confirmación demandado obraba en el expediente y mal pudo la Subsección Primera, Subsección A, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca exigirle su identificación y aportación al demandante, en la medida que ya hacia parte de las piezas procesales.

En ese orden de ideas, ha de entenderse que el demandante cumplió desde la presentación de la demanda el requisito que la Subsección Primera, Subsección A, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y la ponente, doctora Claudia Elizabeth Lozzi Moreno, echaron de menos para primero inadmitir y luego rechazar la demanda de la referencia.

Por tanto, mal haría la Sección en exigirle al ciudadano que para corregir la demanda en el término dado para el efecto, manifestara que el acto de confirmación obraba de tiempo atrás en el proceso.

En consecuencia, en aras de la prevalencia de los derechos de acceso a la administración de justicia y el debido proceso, la Sala de Sección revocará el auto de 16 de enero de 2014, por medio del cual se rechazó la demanda de la referencia y, en su lugar, se ordenará la devolución del expediente al Tribunal Administrativo de Cundinamarca para que proceda de conformidad.

En mérito de lo expuesto, se

RESUELVE:

1. REVOCAR el auto de 16 de enero de 2014, por medio del cual la Subsección Primera, Subsección A, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca rechazó la demanda de nulidad electoral de la referencia.

2. Por secretaria de la Sección DEVOLVER el expediente al tribunal de origen para lo de su competencia.

Notifíquese y cúmplase».