Auto 2013-00058 de abril 10 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: exp. 2013-00058-00

Consejera ponente:

Dra. María Claudia Rojas Lasso

Actor: Eduardo Andrés Gómez Rodríguez

Autoridades nacionales

Bogotá, D.C., diez de abril de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones de la Sala

Conforme a lo previsto en el artículo 231 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, cuando se interpone una demanda en ejercicio del medio de control de nulidad, procede la suspensión provisional de sus efectos: i) por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado; ii) cuando dicha violación surja del análisis del acto demandado y de su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud.

En el presente caso la consejera ponente, Dra. María Elizabeth García González, mediante auto de 6 de septiembre de 2013, decretó la suspensión provisional del inciso 1º del artículo 24 del Acuerdo 62 de 2002, expedido por el consejo superior de la universidad de la Amazonía, por cuanto consideró que violó lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley 30 de 1992, al excluir al gobernador del Caquetá como miembro del consejo superior universitario de dicho ente educativo.

Por su parte, la universidad de la Amazonía considera que debe negarse la solicitud de suspensión provisional del acto acusado, pues a su juicio, no se desprende violación alguna del acto acusado respecto de las disposiciones invocadas como vulneradas por el actor, al excluir al gobernador de su consejo superior.

Asimismo, considera que conforme a la jurisprudencia de la Corte Constitucional y el concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil de esta corporación, los gobernadores no forman parte de los consejos superiores universitarios de las universidades del orden nacional.

Ahora bien, los artículos 67 de la Constitución Política y 64 y 86 de la Ley 30 de 1992, son del siguiente tenor:

Constitución Política de Colombia

“ART. 67.—La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura.

La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente.

El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica.

La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos.

Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo.

La Nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, financiación y administración de los servicios educativos estatales, en los términos que señalen la Constitución y la ley.

LEY 30 DE 1992

(Diciembre 28)

Diario Oficial 40.700 de diciembre 29 de 1992

“Por la cual se organiza el servicio público de la educación superior”.

“ART. 64.—El consejo superior universitario es el máximo órgano de dirección y gobierno de la universidad y estará integrado por:

a) El ministro de Educación Nacional o su delegado, quien lo presidirá en el caso de las instituciones de orden nacional;

b) El gobernador, quien preside en las universidades departamentales;

c) Un miembro asignado por el Presidente de la República, que haya tenido vínculos con el sector universitario;

d) Un representante de las directivas académicas, uno de los docentes, uno de los egresados, uno de los estudiantes, uno del sector productivo y un ex rector universitario, y

e) El rector de la institución con voz y sin voto.

PAR. 1º—En las universidades distritales y municipales tendrán asiento en el consejo superior los respectivos alcaldes quienes ejercerán la presidencia y no el gobernador.

PAR. 2º—Los estatutos orgánicos reglamentarán las calidades, elección y período de permanencia en el consejo superior, de los miembros contemplados en el literal d) del presente artículo.

(...).

“ART. 86.—Los presupuestos de las universidades nacionales, departamentales y municipales estarán constituidos por aportes del presupuesto nacional para funcionamiento e inversión, por los aportes de los entes territoriales, por los recursos y rentas propias de cada institución.

Las universidades estatales u oficiales recibirán anualmente aportes de los presupuestos nacional y de las entidades territoriales, que signifiquen siempre un incremento en pesos constantes, tomando como base los presupuestos de rentas y gastos, vigentes a partir de 1993”.

Del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como infringidas, la Sala observa que acertó la consejera sustanciadora, al conceder la solicitud de suspensión provisional del artículo acusado, pues efectivamente violan lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley 30 de 1992, al excluir al gobernador del Caquetá como miembro del consejo superior universitario de la universidad de la Amazonía.

En efecto, conforme a lo previsto por el artículo 64 de la Ley 30 de 1992, son miembros de los consejos superiores universitarios: 1) el ministro de Educación Nacional o delegado; 2) el gobernador; 3) un miembro designado por el Presidente de la República, que haya tenido vínculos con el sector universitario; 4) un representante de las directivas académicas; 5) uno de los docentes; 6) uno de los egresados; 7) uno de los estudiantes; 8) uno del sector productivo; 9) un ex rector universitario; y, 10) el rector de la institución con voz y sin voto.

Asimismo, dicha norma prevé que cuando la institución universitaria sea del orden nacional el consejo superior universitario será presidido por el ministro de Educación Nacional o su delegado y que cuando sea en el orden departamental será presidido por el gobernador, lo cual no implica que por la naturaleza nacional o departamental de la universidad, el ministro o el gobernador dejen de considerarse miembros del consejo. Situación que es diferente, cuando se trata de universidades del orden municipal y distrital, pues según lo dispuesto en el parágrafo 1º del artículo 64 de la Ley 30 de 1992, son los alcaldes los que forman parte del consejo y no el gobernador.

En cuanto a la participación de los gobernadores en los consejos superiores universitarios de las universidades del orden nacional, la sección quinta de esta corporación en sentencia de 24 de julio de 2008 (M.P. Susana Buitrago Valencia), manifestó:

“(...).

De conformidad con estas disposiciones resulta absolutamente claro que el gobernador sí forma parte del consejo superior de la universidad de Córdoba, tanto por mandato legal de la Ley 30 de 1992 como de los propios estatutos de dicha institución. Según el artículo 64 de la Ley 30, cuando la universidad es del orden departamental, el gobernador del departamento preside el consejo superior universitario. En el caso de las universidades del orden nacional, preside el ministro de Educación o su delegado, pero el gobernador es uno de los integrantes de dicho cuerpo colegiado.

La universidad de Córdoba, creada mediante la Ley 37 de 1966 es un ente estatal universitario del orden nacional, posee autonomía académica, administrativa y financiera, patrimonio independiente y facultad para elaborar y ejecutar su propio presupuesto y, como tal, tiene un consejo superior del cual forma parte el gobernador, consejo que, en razón al carácter nacional de la institución universitaria, es presidido por el ministro de Educación o su delegado.

En el mismo sentido, el artículo 23 de los estatutos de la universidad consagran(sic) que el gobernador forma parte del consejo superior de dicha institución. No prospera el cargo”.

Conforme a lo anterior, se concluye que la universidad de la Amazonía, no podía excluir de su consejo superior universitario al gobernador del Caquetá, por lo cual se confirmará la providencia suplicada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,

RESUELVE:

CONFÍRMASE el auto de 6 de septiembre de 2013.

Cópiese, notifíquese y, en firme esta providencia, devuélvase el expediente al magistrado sustanciador. Cúmplase».