Auto 2013-00060 de enero 28 de 2016

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN “A”

Consejero Ponente:

William Hernández Gómez

Bogotá, D.C., veintiocho (28) de enero del dos mil dieciséis (2016).

Expediente Nº: 13-001-23-33-000-2013-00060-01

Nº interno: 1935-2013

Actor: Ocelia María Bonfante de García

Demandado: Nación – Rama Judicial- Consejo Superior de la Judicatura – Dirección ejecutiva de administración judicial.

Tema: Caducidad. Demanda ejecutiva. Efectos de la interposición del recurso extraordinario de súplica

Auto Interlocutorio O-xxx-2016

ASUNTO

La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, decide el recurso de apelación formulado por el apoderado de la demandante contra el auto proferido el 18 de marzo de 2013 por el Tribunal Administrativo de Bolívar, que declaró la caducidad en el presente asunto.

ANTECEDENTES

La actora instauró demanda ejecutiva ante el Tribunal Administrativo de Bolívar para que se librara mandamiento de pago contra la Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección ejecutiva de administración judicial, por la suma de $ 49.052.980 junto con los intereses moratorios, derivados de la condena impuesta mediante sentencia emitida a su favor el 23 de marzo de 2000.

Providencia apelada (fls. 122 a 124 vuelto)

Mediante la providencia apelada, el a quo rechazó la demanda ejecutiva por caducidad del medio de control con los siguientes argumentos:

Luego de concluir que a las sentencias emitidas en vigencia del Código Contencioso Administrativo, se les aplica el término de exigibilidad contenido en el artículo 177 ibídem, y no el previsto en el artículo 299 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, determinó que es a partir de dicho momento que se contabiliza el término de 5 años para solicitar la ejecución de títulos derivados de decisiones judiciales proferidas por la jurisdicción contenciosa administrativa, de conformidad con el literal K) del artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Por lo anterior, como las sentencias que sirven de título ejecutivo quedaron debidamente ejecutoriadas el 6 de junio de 2000, los 18 meses de que trata el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo vencieron el 6 de diciembre de 2001 y los 5 años establecidos para su ejecución en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, vencieron el 7 de diciembre de 2006, por lo cual al momento de la interposición de la demanda que ocurrió el 12 de octubre de 2012, el medio de control había caducado

Ello, toda vez que la interposición del recurso extraordinario de súplica y la reclamación ante la entidad demandada para el pago y cumplimiento de la sentencia no interrumpe el término de caducidad por cuanto, además, no se allegó prueba de que hubiera solicitado la suspensión del término de ejecución de la sentencia.

Recurso de apelación (fls. 125 a 128)

El apoderado de la parte demandante interpuso recurso de reposición(1) contra la anterior decisión por considerar que contrario a lo manifestado por el Tribunal Administrativo de Bolívar, el recurso extraordinario de súplica fue interpuesto en vigencia de la Ley 446 de 1998 el cual indicaba que la ejecución de una sentencia condenatoria de contenido económico, está supeditada o condicionada a la decisión del recurso extraordinario de súplica, en la medida en que no es obligatoria la solicitud de la suspensión del cumplimiento de la sentencia condenatoria en dicho trámite, es decir, la suspensión de la ejecución opera de pleno derecho.

Señaló que de conformidad con el artículo 331 del Código de Procedimiento Civil, la sentencia queda ejecutoriada y son firmes tres días después de notificadas, cuando carecen de recurso o han vencido los términos sin haberse interpuesto los recursos que fueran procedentes o cuando queda ejecutoriada la providencia que resuelve los impuestos, por tal razón las condenas impuestas por esta jurisdicción son ejecutables 18 meses después de la ejecutoria del recurso extraordinario de súplica.

De igual manera consideró que de conformidad con el artículo 60 de la Ley 446 de 1998 que adicionó el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo, la sentencia se hizo exigible previo el agotamiento de la vía gubernativa, para lo cual el interesado disponía de 6 meses desde la ejecutoria de la providencia que imponga o liquide una condena, para presentar la solicitud de su cumplimiento, por lo cual, cumplidas las condiciones impuestas por la Ley 446 de 1998 queda expedito el camino para acudir a la jurisdicción.

CONSIDERACIONES DE LA SUBSECCIÓN

Competencia

Con fundamento en los artículos 125 y 243 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, decide la subsección “A” el recurso de apelación concedido contra la providencia de 18 de marzo de 2013 proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, que rechazó la demanda por caducidad del medio de control ejecutivo.

Problemas jurídicos

Corresponde a la subsección determinar si en este caso existe caducidad del medio de control y para tal efecto deberá resolver los siguientes problemas jurídicos:

La interposición del recurso extraordinario de súplica ¿interrumpe o suspende el término para demandar la ejecución de una sentencia judicial?

El previo agotamiento del procedimiento administrativo para el cobro de una sentencia judicial(2), ¿incide en el cómputo del término para su exigibilidad?

Para dar respuesta a lo anterior, la Subsección se pronunciará sobre los siguientes aspectos: (i) De los efectos del recurso extraordinario de súplica (ii) Exigibilidad de la sentencia condenatoria (iii) Caso concreto.

1. De los efectos del recurso extraordinario de súplica.

El inciso 5º del artículo 194 del Código Contencioso Administrativo, derogado por el artículo 2º de la Ley 954 de 2005, vigente para la época, el trámite del recurso de súplica interpuesto en este caso, prescribía que la interposición del recurso extraordinario de súplica no impedía la ejecución de la sentencia recurrida.

Ello, toda vez que no constituye una nueva instancia, por cuanto el objeto de la censura es la legalidad de la emitida por el fallador de instancia de cara a la normatividad sustancial, empero, también prescribía la disposición que cuando se tratara de sentencia condenatoria de contenido económico, el recurrente podía solicitar que se suspendiera su cumplimiento, prestando caución para responder por los perjuicios que dicha suspensión causara a la parte contraria.

Ahora bien, el recurrente señala que pese a que en el trámite de aquel recurso extraordinario no se solicitara la suspensión del cumplimiento del fallo, ésta operaba de pleno derecho porque la parte atinente a la solicitud optativa de suspensión solo tenía efectos de implicar el otorgamiento de una caución so pena de declarase desierto el recurso formulado.

Para la Subsección no puede ser admisible tal interpretación, en la medida en que en los eventos en que no se solicitara la suspensión del cumplimiento de la sentencia, ésta debía cumplirse ya que es claro el inciso en comento en establecer que “La interposición de este recurso no impide la ejecución de la sentencia”, lo que se compagina con el restante texto del artículo al disponer unas consecuencias y órdenes a impartir en el caso de que la sentencia ya se hubiese ejecutado al momento de decidirse el recurso.

Así mismo, es preciso indicar que el mismo artículo prevé la posibilidad de que se suspendan aquellas sentencias de condena de contenido económico, para lo cual debía 1) hacer petición expresa, 2) con otorgamiento de caución previa su fijación por el ponente para lo cual estableció la consecuencia del incumplimiento de esta última carga.

Es por esta razón que no le asiste razón a la parte demandante al señalar que de conformidad al artículo 331 del Código de Procedimiento Civil, las sentencias que imponen condenas son ejecutables 18 meses después de la ejecutoria del recurso extraordinario de súplica, en cuanto ha de entenderse que los recursos a los que se refiere este artículo para definir la ejecutoria de las sentencias son los ordinarios, puesto que los extraordinarios deben interponerse contra las sentencias ejecutoriadas, siendo un contrasentido argumentar que solo adquieren esta calidad luego de que se resuelvan éstos y no aquellos.

En conclusión, la interposición del recurso extraordinario de súplica no suspende el término de caducidad del medio de control ejecutivo, ya que la suspensión del cumplimiento de la sentencia condenatoria debe ser solicitada con el recurso, no opera de oficio, y de conformidad con el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo, las sentencias son ejecutables 18 meses después de la ejecutoria de la sentencia que decidió el recurso de apelación.

2. Exigibilidad de la sentencia.

Consideró la parte demandante que de conformidad con el artículo 60 de la Ley 446 de 1998 que adicionó el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo la sentencia condenatoria proferida por el Consejo de Estado el 23 de abril de 2000, ésta solo se hizo exigible previo el agotamiento del procedimiento de cobro administrativo de la sentencia.

Al respecto, tenemos que el inciso 6º del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo, adicionado por el artículo 60 de la Ley 446 de 1998 señaló: “Cumplidos seis (6) meses desde la ejecutoria de la providencia que imponga o liquide una condena o de la que apruebe una conciliación, sin que los beneficiarios hayan acudido ante la entidad responsable para hacerla efectiva, acompañando la documentación exigida para el efecto, cesará la causación de intereses de todo tipo desde entonces hasta cuando se presentare la solicitud en legal forma”.

Observa la subsección que el mencionado artículo, lejos de imponer un procedimiento administrativo para el cumplimiento y exigibilidad de la condena por parte de la entidad demandada, consagró una obligación a la parte para que dentro de los 6 meses desde la ejecutoria de la providencia acudiera a la entidad responsable de hacerla efectiva, so pena de la cesación de causación de intereses hasta que se presente la solicitud en legal forma, sin que pueda ser aceptado el argumento de la parte demandante en el sentido que la consecuencia de este procedimiento previo es la imposibilidad de exigibilidad de la condena.

Aceptar ello implicaría que la parte pueda disponer libremente del momento a partir del cual debe computarse el término para ejecutar una providencia judicial así como el de caducidad, lo cual conllevaría la inseguridad jurídica que precisamente busca evitar el establecimiento de estos términos en los estatutos de procedimiento judicial.

3. Caso concreto.

En el presente asunto se encuentra establecido que la ejecutoria de la sentencia proferida el 23 de marzo de 2000 por el Consejo de Estado, notificada por edicto de 29 de mayo de 2000 (fl. 42) y desfijado el 31 de mayo de 2000 (fl. 42 vuelto), ocurrió el 6 de junio de 2000 a las 6 de la tarde, por tanto, la imposibilidad de la exigibilidad judicial de la condena se dio entre el 7 de junio de 2000 y el 7 de diciembre de 2001. A partir de ese momento inició el cómputo del término de caducidad o para demandar ejecutivamente la misma.

Ahora bien, a pesar de que el recurso extraordinario de súplica fue interpuesto contra una sentencia condenatoria de contenido económico, de las pruebas obrantes en el expediente no se desprende que la parte demandante hubiera solicitado la suspensión del cumplimiento de la sentencia condenatoria, ni que hubiera prestado caución para garantizar el pago de los perjuicios que pudieron causarse a la otra parte con la suspensión del cumplimiento de la sentencia.

En efecto, observa la Subsección que en la parte resolutiva de la sentencia que decidió el recurso extraordinario de súplica (fls. 44 a 59), no se hace mención al levantamiento de la suspensión de la sentencia condenatoria, ni a la devolución de caución prestada y no puede presumirse que ello fue así, como lo pretende la parte actora, ya que se requiere la prueba a la excepción de la regla general sobre la eficacia de la sentencia condenatoria, como quedó establecido anteriormente.

De otra parte, la demandante solicitó mandamiento de pago el 11 de octubre de 2012, esto es, cuando ya habían transcurrido más de 11 años desde la que se hizo exigible la condena, por lo que le asiste razón al a-quo al rechazar la demanda y/o no librar el mandamiento deprecado, sin que pueda interferir en ello ni la petición en vía administrativa para el pago de la condena, realizada en el año 2007, ni la interposición y decisión del recurso extraordinario de súplica, como se señaló en acápites anteriores, por lo que se confirmará la providencia recurrida.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

1. Confirmar la providencia de 18 de marzo de 2013 proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar que rechazó la demanda ejecutiva interpuesta por la señora Ocelia María Bonfante de García contra la Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial- por caducidad del medio de control, por los motivos aquí expuestos.

2. Háganse las anotaciones correspondientes en el programa “Justicia Siglo XXI” y ejecutoriada esta providencia DEVÚELVASE el expediente al tribunal de origen.

Notifíquese y cúmplase.

Consejeros: William Hernández Gómez—Gabriel Valbuena Hernández—Luis Rafael Vergara Quintero.

1 A pesar de ello, el a-quo, determinó que en aras de la garantía del derecho sustancial, por ser improcedente la reposición, le daría trámite de apelación al recurso formulado (fls. 131-132).

2 De conformidad con el artículo 60 de la Ley 446 de 1998 que adicionó el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo