Auto 2013-00073/47316 de septiembre 22 de 2016

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN C

Rad.: 11001-03-26-000-2013-00073-00 (47316)

Consejero Ponente:

Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa

Actor: Aportes San Isidro S.A.S Demandado: Instituto Colombiano de Desarrollo Rural – Incoder medio de control: Revisión de asuntos agrarios

Bogotá D.C., doce de diciembre de dos mil diecisiete

Procede el Despacho a pronunciarse sobre una cuestión relativa a la medida cautelar decretada en auto de 15 de marzo de 2016.

Antecedentes

En memorial de 29 de junio de 2017 el Defensor Delegado de Asuntos Agrarios y Tierras de la Defensoría del Pueblo informa al Despacho sobre hechos de intimidación cometidos contra la comunidad de las Pavas en el corregimiento Buenos Aires y una nueva ocupación de hecho ocurrida en los predios objeto del contencioso de revisión agraria lo que en su sentir es revelador de un incumplimiento de la medida cautelar innominada de protección de stato quo dictada por este despacho en providencia de 15 de marzo de 2016.

Consideraciones

1. Sabido es que el Estado asume obligaciones erga omnes de respeto y garantía(1) de los derechos humanos de quienes están sometidos a su jurisdicción. El primero de tales deberes tiene como fundamento la primacía de los derechos inherentes a la persona, de ahí que el poder estatal y el ejercicio de las atribuciones de los agentes encuentren en aquellos su razón de ser, base de legitimidad y barrera infranqueable(2). Al estar incardinada la acción estatal de esta manera, resulta patente la violación del deber de respeto en eventos en los cuales directamente, por acción u omisión, el Estado viola o lesiona indebidamente uno de los derechos protegidos(3), cuando establece medidas que conducen a obstruir o impedir el disfrute de los derechos o cuando, en escenarios de contexto, se acredita una aquiescencia o colaboración de agentes estatales con terceros(4).

2. De otro tanto, el deber de garantía dice relación con la obligación de disponer de una estructura estatal bien organizada que asegure el libre ejercicio de los derechos, lo que comprende tanto un escenario normativo, esto es un orden jurídico que cree esas condiciones de aseguramiento, como uno fáctico donde la conducta de los agentes estatales pueda ser apreciada como la obligada traducción al mundo de la realidad y eficacia del compromiso de protección de los derechos(5). Al amparo de este deber se desprenden otros específicos tales como los deberes de prevención, protección, investigación, sanción y reparación de las violaciones.

3. La institución de las medidas cautelares, conforme a la Ley 1437 de 2011, tiene por finalidad proteger de manera provisional e inmediata una posición jurídica en concreto (bien sea particular o general) que es objeto de litigio ante la jurisdicción contencioso administrativa y que encuentra en entredicho su ejercicio a plenitud en razón a la amenaza que supone, en general, la acción de la administración pública, bien sea a partir de una decisión, una acción u omisión, etc.; por citar algunas manifestaciones particulares del accionar de la administración.

4. Bajo esta consideración, el decreto de una medida cautelar por la autoridad judicial puede significar la concreción de una posición jurídica de respeto y garantía para los derechos individuales de los sujetos procesales o, inclusive, para los derechos o intereses colectivos involucrados en la controversia. Por consiguiente, la trasgresión de las órdenes dispuestas en una medida cautelar es revelador de una violación a la buena fe que debe campear en el escenario judicial, como también del desconocimiento al estándar jurídico de protección decantado por la autoridad judicial, en virtud del cual se han adscrito deberes de garantía respecto de ciertos sujetos y/o para determinadas situaciones.

5. En auto de 15 de marzo de 2016 el Despacho decretó medida cautelar innominada conservativa del statu quo existente a la fecha de ese proveído respecto de los predios objeto de la controversia, ordenó una prohibición general a las partes e intervinientes de “realizar cualquier acto perturbador de la posesión y tranquilidad respecto de Aportes San Isidro S.A.S y la Asociación de Campesinos de Buenos Aures - Asocab”, prohibió a cualquier autoridad pública o particular realizar actos que atentes contra el cumplimiento de esa medida cautelar conservativa y ordenó expedir copia de esa decisión a las autoridades departamentales y municipales pertinentes, a la Corte Constitucional, al Fiscal General, Procurador General y Defensor del Pueblo para lo de su competencia. El Despacho apoyó esa determinación, inter alia, en las siguientes consideraciones:

“9.16. En este orden de ideas, comoquiera que los efectos jurídicos ex nunc de la Sentencia C-623 de 2015 de la Corte Constitucional(6) se proyectan sobre este caso dejando sin efectos la antigua situación jurídica de suspensión de efectos ope legis respecto de los actos administrativos que eran enjuiciados por esta Corporación por vía de la acción de revisión de asuntos agrarios, este Despacho encuentra necesario emitir un pronunciamiento dirigido a proteger los derechos de las partes e intervinientes en el conflicto, pues pese a que la apoderada del Incoder manifestó que dicha Entidad se encontraba en proceso de liquidación, nada —en términos estrictamente jurídicos— impiden que los actos que resolvieron la clarificación de la propiedad de los once predios y sus respectivos recursos de reposición sean ejecutados por parte de esa autoridad administrativa u otra diferente.

9.17. De esta manera, son estas dos situaciones precedentes las que motivan el pronunciamiento de medidas cautelares en este caso, razón por la cual este Despacho dispondrá la adopción de una medida innominada conservativa del statu quo, tal como acertadamente fue puesto de presente por el Agente del Ministerio Público, que cobija a quienes son parte en este proceso, es decir a) Aportes San Isidro S.A.S, El Instituto de Desarrollo Rural – Incoder, la Asociación de Campesinos de Buenos Aires – Asocab, b) a todas las Entidades del Estado en general y particularmente a quien sea designado por el legislador o el Gobierno nacional como Entidad encargada de continuar con las competencias en materia agraria y de baldíos y c) cualquier particular sin excepción alguna.

9.18. Con esta medida pretende el despacho proteger la situación anterior existente para el momento en que se dicte esta providencia, esto es, permitiendo que Aportes San Isidro y Asocab continúen ejerciendo sus actos de posesión y explotación tal como hasta la fecha lo han llevado a cabo, sin que esta decisión suponga para alguna de estas partes derecho alguno diferente a aquel que hasta el momento les ha sido reconocido conforme al ordenamiento jurídico. Con otras palabras, lo que se pretende es brindar una protección efectiva de los derechos de ambas partes y el interviniente mediante un amparo conservativo que no puede quedar librado a la dinámica de hechos posteriores, pues estos pueden derivar a futuro en la realización de actuaciones en perjuicio de alguno de estos o de terceros.

9.19. Significa, entonces, que las partes deben respetar estrictamente un deber de abstención que consiste en no ejecutar ningún acto mediante el cual se pretenda alterar, modificar o desfigurar la situación de facto que para este momento actual se presenta respecto de los once predios que hacen parte de esta controversia contenciosa. Se trata, entonces, de una medida de protección que, a la vez, resguarda las situaciones jurídicas de ambas partes pero, para que ello sea así, se les impone estrictos deberes de no hacer y de respeto por la situación de facto del otro. Con otras palabras, se trata de una perentoria prohibición general de realizar cualquier actor perturbador mutuo.

9.20. Así las cosas, más allá de que la demanda esté fundada jurídicamente o que exista una titularidad demostrada de un derecho, lo que resulta decisivo para la adopción de esta medida es que se afectaría en un sentido grave y relevante el interés público en caso de que se guarde entero silencio sobre alguna medida precautelativa en este contencioso, además fundadamente se puede afirmar que de no adoptarse esta medida bien se podrían generar perjuicios irremediables —según el devenir fáctico— bien para la Sociedad Aportes San Isidro S.A o para la Asociación de Campesinos de Buenos Aires - Asocab. Se trata de adoptar la decisión que mejor corresponda en este momento sin generar un desbalance para los derechos de las partes.

9.21. Como se advirtió arriba, la razón esencial por la cual se adopta esta determinación responde a i) elementos de estricta naturaleza convencional y constitucional y que no son otros diferentes a los de proteger la situación en la que se encuentra un grupo poblacional a los que la Corte Constitucional le ha reconocido y ratificado la calidad de desplazados de la violencia siendo, por esta razón, merecedores de protección reforzada. Constituye, entonces, esta decisión un ponderado y adecuado desarrollo del amparo constitucional brindado por la Corte a este grupo poblacional en la Sentencia T-267 de 2011 ya mencionada, ii) se adopta, además, en razón al conocimiento público y notorio de la situación de conflicto social que existe en la zona en la cual se ubican los once predios objeto de esta decisión judicial y iii) se justifica, finalmente, esta decisión, en la necesidad de mantener condiciones idóneas y adecuadas que permitan garantizar la acción de la justicia mediante una decisión judicial definitiva que responda, efectivamente, a la situación problemática que se suscita entre las partes en litigio; de esto modo, lo que se evita es la generación o agravación de las circunstancias de hecho que han ocurrido entre las partes”.

6. Visto el memorial de la Defensoría del Pueblo, que informa sobre el presunto incumplimiento de la medida cautelar dictada, este Despacho considera necesario hacer seguimiento periódico a las órdenes decretadas, a los fines de evaluar el estado de cumplimiento y las acciones emprendidas por los sujetos procesales, intervinientes y las autoridades estatales en general, para garantizar la medida cautelar innominada conservativa del statu quo.

7. Recuerda el despacho a las partes, intervinientes y terceros que la problemática que subyace al litigio de la referencia demanda, necesariamente, la asunción de un enfoque basado en la perspectiva de derechos humanos, dado que se encuentran involucrados los derechos de la población desplazada, en los términos de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, como la conflictividad social propia de las discusiones relativas a la propiedad agraria en Colombia; perspectiva de análisis a la cual no es ajena la instancia de las medidas cautelares, las cuales deben ser asumidas por las autoridades estatales y los particulares, como estándares específicamente decantados por la Autoridad judicial de las obligaciones genéricas de respeto y garantía de los derechos humanos, en los precisos términos desarrollados por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

8. Este juez encuentra imperioso vincular el alcance de las medidas cautelares del sub judice a la luz del estándar convencional de las medidas precautorias recogidas en el sistema interamericano de protección de derechos humanos, régimen respecto del cual esta corporación ha tenido oportunidad de precisar lo siguiente:

“El ordenamiento jurídico convencional de los derecho humanos a través de la CADH y de los diferentes instrumentos que la desarrollan, incorpora en cabeza de sus órganos importantes funciones precautorias, tendientes a brindar protección y garantías previas e inmediatas a cualquier persona que las solicite y se encuentre dentro del ámbito jurisdiccional del sistema. De manera general, las medidas precautorias son el complemento procesal adecuado para lograr los objetivos, propósitos, finalidades y garantías de los derechos humanos, deben ser brindado de manera oportuna por parte de las autoridades instituidas en la CADH, cuando estos se encuentren gravemente amenazados, en peligro o incluso vulnerados, si con la medida se pueden frenar los efectos de la misma o impedir su continuidad. Configuran en esencia un régimen tendiente a hacer mucho más eficaz, pronto y efectivo el disfrute normal de los derechos humanos.

El régimen cautelar convencional, adoptado se caracteriza por estar dotado de una multiplicidad inagotable de medidas precautorias y preventivas vinculadas a los propósitos garantistas de los derechos humanos. Se trata de un régimen abierto de medidas precautorias, esencialmente atípicas, que se fundan en la misma CADH, en cuanto componentes importantes del derecho convencional del acceso a la justicia y por esta vía la garantía a un recurso judicial efectivo, de acuerdo a los artículos 8 y 25 de la CADH y las interpretaciones y alcances establecidos por la CIDH(7)(8).

9. Así, resulta claro para esta corporación que la afirmación, por parte de uno de los actores institucionales en la defensa y promoción de los derechos humanos, como es la Defensoría del Pueblo, de la violación a la medida cautelar conservativa del statu quo es, en sí mismo, asunto que demanda la atención de la más alta autoridad nacional de policía, como lo es el Presidente de la República, conforme a los perentorios términos del artículo 189.3 y 189.4 de la Constitución, a cuyo tenor le corresponde dirigir la fuerza pública y conservar el orden público en el territorio nacional. Por lo tanto, impartirá instrucción para que en cabeza de esa Autoridad se adopten inmediatamente las órdenes, acciones, planes y programas idóneos, necesarios y proporcionales para lograr la protección jurídica de los intereses de las partes e intervinientes involucradas en la controversia agraria del sub judice, sin perjuicio de reiterar esa orden para las autoridades territoriales previamente vinculadas en el auto de 15 de marzo de 2016.

10. En ese orden de ideas, salvaguardando la garantía del debido proceso judicial, impartirá las siguientes decisiones:

i) Reiterar el perentorio cumplimiento la medida cautelar dictada por el despacho en el Auto de 15 de marzo de 2016 por cualquier autoridad pública o particular, en especial,

ii) Ordenar a la Presidencia de la República, como máxima autoridad de Policía a nivel nacional, al Ministerio de Defensa – Policía Nacional, al Gobernador del Departamento de Bolívar, los Alcaldes e Inspectores de Policía de los Municipios de El Peñón y Regidor, a la Fiscal General de la Nación, Procurador General de la Nación y Defensor del Pueblo y a las partes e intervinientes en este litigio dar cumplimiento inmediato al auto de 15 de marzo de 2016 y emitir, con destino a este despacho, informes quincenales, a partir de la notificación de esta providencia, donde se plasme de manera detallada el estado de cumplimiento de la medida cautelar, las acciones planeadas para el cumplimiento de la medida, la ejecución de las mismas, los servidores públicos a cargo de su evaluación y ejecución, las dificultades o falencias presentadas en la ejecución práctica de estas y cuál ha sido la coordinación interinstitucional con las diversas autoridades públicas para asegurar la vigencia de las obligaciones concretas de respeto y garantía a los derechos humanos incorporados en la providencia que decretó la medida cautelar.

iii) Publicar inmediatamente y en lugar visible al público en general por un término no menor a diez (10) días el contenido de esta decisión judicial, para el conocimiento de la comunidad en general en la página web del Consejo de Estado.

iv) Expedir copia de esta decisión con destino al Despacho del Magistrado de la Corte Constitucional Dr. Alejandro Linares Cantillo para su conocimiento y fines pertinentes.

v) Prevenir a las partes, intervinientes y las autoridades estatales referidas en el acápite precedente, que el incumplimiento de las medidas cautelares dictadas en el expediente de la referencia trasgrede el estándar de protección de los derechos humanos de quienes están involucradas en la controversia y, por consiguiente, el Despacho remitirá a los entes de control esas omisiones o incumplimientos para lo de su competencia.

7. Finalmente, una vez recibida la información reportada por los sujetos procesales y terceros indicados precedentemente, el Despacho se pronunciará sobre lo pertinente en relación al estado de cumplimiento de la medida cautelar ordenada.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

1. REITERAR el perentorio cumplimiento la medida cautelar dictada por el despacho en el auto de 15 de marzo de 2016 por cualquier autoridad pública o particular, en especial,

2. ORDENAR a la Presidencia de la República, como máxima autoridad de Policía a nivel nacional, al Ministerio de Defensa – Policía Nacional, al gobernador del departamento de Bolívar, los alcaldes e inspectores de policía de los municipios de El Peñón y Regidor, a la Fiscal General de la Nación, Procurador General de la Nación y Defensor del Pueblo y a las partes e intervinientes en este litigio dar cumplimiento inmediato al auto de 15 de marzo de 2016 y emitir, con destino a este despacho, informes quincenales, a partir de la notificación de esta providencia, donde se plasme de manera detallada el estado de cumplimiento de la medida cautelar, las acciones planeadas para el cumplimiento de la medida, la ejecución de las mismas, los servidores públicos a cargo de su evaluación y ejecución, las dificultades o falencias presentadas en la ejecución práctica de estas y cuál ha sido la coordinación interinstitucional con las diversas autoridades públicas para asegurar la vigencia de las obligaciones concretas de respeto y garantía a los derechos humanos incorporados en la providencia que decretó la medida cautelar.

3. Publicar inmediatamente y en lugar visible al público en general por un término no menor a diez (10) días el contenido de esta decisión judicial, para el conocimiento de la comunidad en general en la página web del Consejo de Estado.

4. EXPEDIR copia de esta decisión con destino al despacho del magistrado de la Corte Constitucional Doctor Alejandro Linares Cantillo para su conocimiento y fines pertinentes.

5. PREVENIR a las partes, intervinientes y las autoridades estatales referidas en el acápite precedente, que el incumplimiento de las medidas cautelares dictadas trasgrede el estándar de protección de los derechos humanos de quienes están involucradas en la controversia y, por consiguiente, el despacho remitirá a los entes de control esas omisiones o incumplimientos para lo de su competencia.

(sic) 4. EXPEDIR por Secretaría de la Sección Tercera las comunicaciones de rigor.

Notifíquese y cúmplase.

Consejero: Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

1 Cfr. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. ART. 2.1—“Cada uno de los Estados Partes en el presente pacto se compromete a respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente Pacto (…) (Resaltado propio).
Convención americana sobre derechos humanos. ART. 1º—Obligación de Respetar los derechos. 1. Los Estados partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción (…) (Resaltado propio).
Constitución Política. ART. 1º—Colombia es un Estado social de derecho (…) fundado en el respeto de la dignidad humana (…)”. ART. 2º—Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución. ART. 5º—El Estado reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables de la persona (…) (resaltado propio).

2 “Conforme al artículo 1.1 es ilícita toda forma de ejercicio del poder público que viole los derechos reconocidos por la Convención. En tal sentido, en toda circunstancia en la cual un órgano o funcionario del Estado o de una institución de carácter público lesione indebidamente uno de tales derechos, se está ante un supuesto de inobservancia del deber de respeto consagrado en ese artículo”. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Velásquez Rodríguez Vs Honduras. Sentencia de 29 de julio de 1988, párr. 169.

3 “172. Es, pues, claro que, en principio, es imputable al Estado toda violación a los derechos reconocidos por la convención cumplida por un acto del poder público o de personas que actúan prevalidas de los poderes que ostentan por su carácter oficial.” Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Velásquez Rodríguez Vs Honduras. Sentencia de 29 de julio de 1988, párr. 172.

4 “180 (…) para fincar responsabilidad estatal por transgresión al deber de respeto en relación con el actuar de terceros, no basta con una situación general de contexto, sino que es necesario que en el caso concreto se desprenda la aquiescencia o colaboración estatal en las circunstancias propias del mismo”. (Resaltado propio) Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Yarce y Otras Vs Colombia, Sentencia de 22 de noviembre de 2016, párr. 180. En sentido similar Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Trabajadores de la Hacienda Brasil Verde Vs Brasil, Sentencia de 20 de octubre de 2016, párr. 336.
Esta subsección ha sostenido similar consideración en casos en los que ha evidenciado que la omisión de las autoridades estatales y la acción de terceros particulares ha obedecido a contextos de connivencia de unos y otros. Sobre el particular: “9.38. En este orden de ideas no cabe duda para la Sala que el hecho que es objeto de pronunciamiento judicial —las muertes colectivas en frías— tuvieron lugar en un contexto de macro criminalidad adelantada por miembros de las llamadas “autodefensas” o “paramilitares” que, en lo que respecto a la zona del Norte del Tolima, contaron con el apoyo y promoción de diversos miembros de entidades públicas encargadas de ejercer las competencias de seguridad, protección, mantenimiento del orden público e investigación de los delitos. (…) 9.40.- Así las cosas, y como ya lo adelantó, la Sala considera que la responsabilidad que se atribuye a la entidad demandada, a título de falla del servicio, se debe al ostensible, grosero y nefasto incumplimiento de deberes normativos positivos a su cargo, debiéndose ello no a una simple omisión o negligencia desinteresada sino obedeciendo a la situación de connivencia, cooperación y ayuda presente entre los miembros del Ejército Nacional y la Policía Nacional con los integrantes del ya pluricitado Frente”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia de 3 de diciembre de 2014, Exp. 35413.

5 “166. La segunda obligación de los Estados Partes es la de "garantizar" el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos en la Convención a toda persona sujeta a su jurisdicción. Esta obligación implica el deber de los Estados Partes de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Como consecuencia de esta obligación los Estados deben prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos por la Convención y procurar, además, el restablecimiento, si es posible, del derecho conculcado y, en su caso, la reparación de los daños producidos por la violación de los derechos humanos.
167. La obligación de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos no se agota con la existencia de un orden normativo dirigido a hacer posible el cumplimiento de esta obligación, sino que comparta la necesidad de una conducta gubernamental que asegure la existencia, en la realidad, de una eficaz garantía del libre y pleno ejercicio de los derechos humanos.” Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Velásquez Rodríguez Vs Honduras. Sentencia de 29 de julio de 1988. párr. 166-167.
Sobre este particular la jurisprudencia constitucional ha considerado que “no basta con la mera consagración de los derechos humanos en normas internas para cumplir con la obligación de garantía sino que se requiere del cumplimiento efectivo de las leyes y la imposición de consecuencias adversas respectiva por su desacato” Corte Constitucional Sentencia T-786 de 2003.

6 “6.4. Finalmente, la Corte declarará que los efectos de este pronunciamiento judicial operarán a partir de la promulgación de la Ley 160 de 1994. Así las cosas, en los procesos que se estén adelantando ante el Consejo de Estado, podrá solicitarse la suspensión de los actos administrativos que culminen los procedimientos agrarios de clarificación de la propiedad, deslinde, recuperación de baldíos y extinción del dominio, dentro de los quince (15) días siguientes a partir de la comunicación por parte del Consejo de Estado de la presente sentencia.” Corte Constitucional, Sentencia C-623 de 2015.

7 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Resolución de 22 de septiembre de 2006. Solicitud de medidas cautelares por parte de la Comisión IDH respecto de la República de Colombia a favor de Mery Naranjo y otros. “4. […] el propósito de las medidas provisionales, en los sistemas jurídicos nacionales (derecho procesal interno) en general, es preservar los derechos de las partes en controversia, asegurando que la ejecución de la sentencia de fondo no se vea obstaculizada o impedida por las acciones de aquéllas, pendente lite. 5. […] en el Derecho Internacional de los derechos humanos las medidas provisionales tienen un carácter no sólo cautelar, en el sentido de que preservan una situación jurídica, sino fundamentalmente tutelar, por cuanto protegen derechos humanos, en la medida en que buscan evitar daños irreparables a las personas. Siempre y cuando se reúnan los requisitos básicos de la extrema gravedad y urgencia y de la prevención de daños irreparables a las personas, las medidas provisionales se transforman en una verdadera garantía jurisdiccional de carácter preventivo”. En el mismo sentido véase: Corte interamericana de derechos humanos. Caso Del Centro Penitenciario Región Capital Yare I y Yare II (Cárcel De Yare). Medidas Provisionales. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 30 Marzo de 2006, considerando cuarto; Caso Del Internado Judicial De Monagas (“La Pica”). Medidas Provisionales. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 13 de enero de 2006, considerando cuarto.

8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia de 1º de abril de 2015, Exp. 55079.