Auto 2013-00097 de septiembre 6 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Rad.: 110010326000 2013 00097 00 (47825)

Consejero Ponente:

Dr. Hernán Andrade Rincón

Actor: Ruth Dary Carvajal Rojas y otro

Demandado: Nación-Ministerio de Minas y Energía y otros

Referencia: Ley 1437 Asuntos mineros

Bogotá, D. C., seis de septiembre de dos mil trece.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

Revisado el expediente, se observa que la demanda fue presentada el 22 de marzo de 2013, esto es, con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 1437 de 2011(1), por lo que le resultan aplicables las normas contenidas en el nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, CPACA.

1. Competencia.

Si bien en el artículo 149 del CPACA se establece la competencia del Consejo de Estado en única instancia y en el Acuerdo 55 de 2003 se contempla la distribución de competencias entre las secciones de esta corporación, para los asuntos mineros existe norma especial que regula la materia, pues se encuentran regulados por la Ley 685 de 2001 —actual Código de Minas—, es decir que su aplicación resulta preferente respecto de la normativa que de manera general reglamenta el tema.

Al respecto, dicha normativa establece que previo a la suscripción del contrato de concesión minera, se deben cumplir diversos requisitos, entre otros, los previstos en el artículo 165 ibídem, el cual establece el trámite precontractual denominado “legalización”, el cual consiste en que “Los exploradores de minas de propiedad estatal sin título inscrito en el Registro Minero Nacional, deberán solicitar, en el término improrrogable, de tres (3) años contados a partir del primero (1º) de enero de 2002, que la mina o minas correspondientes les sean otorgadas en concesión llenando para el efecto todos los requisitos de fondo y forma y siempre que el área solicitada se hallare libre para contratar (...)”.

El citado artículo fue reglamentado mediante el Decreto 2390 de 24 de octubre de 2002, el cual señala que las explotaciones de recursos mineros de propiedad del Estado requieren, de conformidad con la ley, estar amparadas en un título minero registrado y vigente.

Además, se tiene que en los términos del artículo 14 del precitado código, para poder adelantar las actividades de exploración y explotación minera se requiere que a los propietarios de un título inscrito en el Registro Minero Nacional, les sea otorgada la concesión respectiva, para lo cual se deberá celebrar el contrato que habilite la labor correspondiente, como a continuación se cita:

“A partir de la vigencia de este código, únicamente se podrá constituir, declarar y probar el derecho a explorar y explotar minas de propiedad estatal, mediante el contrato de concesión minera, debidamente otorgado e inscrito en el Registro Minero Nacional.

“Lo dispuesto en el presente artículo deja a salvo los derechos provenientes de las licencias de exploración, permisos o licencias de explotación, contratos de explotación y contratos celebrados sobre áreas de aporte, vigentes al entrar a regir este código. Igualmente quedan a salvo las situaciones jurídicas individuales, subjetivas y concretas provenientes de títulos de propiedad privada de minas perfeccionadas antes de la vigencia del presente estatuto”.

En esa perspectiva, antes de la suscripción del negocio jurídico, es necesario que la persona hubiese adquirido título de habilitación que se encuentre legalizado en los términos del artículo 165 del Código de Minas y, por consiguiente, se hayan cumplido los requisitos establecidos en el Decreto 2390 de 2002.

Así entonces, las normas referidas muestran que la concesión debe otorgarse mediante la celebración de un contrato que debe cumplir unas solemnidades y que necesita inscribirse en el Registro Minero Nacional para su perfeccionamiento, por lo que no basta con que se profiera un acto administrativo para que pueda otorgarse la concesión, sino que se requiere de un contrato de concesión para la exploración y explotación minera celebrado entre el Estado y un particular.

En ese orden de ideas, el proceso de habilitación minera se encuentra relacionado, de manera directa, con la suscripción de un contrato de concesión para realizar las labores de exploración y explotación, motivo por el cual se trata de un procedimiento de naturaleza precontractual.

Así las cosas, si el trámite administrativo que se adelanta tiene que ver con la obtención del título de legalización minero, a efectos de que se pueda materializar la celebración de un negocio jurídico habilitante, para desarrollar la actividad económica correspondiente, es evidente que el trámite reviste un carácter contractual.

Ahora bien, el artículo 149 del CPACA determina el ámbito de competencia en única instancia de esta Corporación, la cual, según el numeral 2, conoce del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, cuando se controviertan actos administrativos expedidos por autoridades del orden nacional, cuando carezcan de cuantía, así como de las demandas que en ejercicio del indicado medio de control, sin atención a la cuantía, se promuevan en contra de los actos expedidos por el Procurador General de la Nación en ejercicio del poder disciplinario y las demás decisiones que profiera como supremo director del Ministerio Público.

No obstante lo anterior, las normas sobre competencia judicial en materia minera se encuentran contenidas en los artículos 293 y 295 de la Ley 685 de 2001, cuyo texto es el siguiente:

“ART. 293.—Competencia de los tribunales administrativos. De las acciones referentes a los contratos de concesión que tengan por objeto la exploración y explotación de minas, conocerán, en primera instancia, los tribunales administrativos con jurisdicción en el lugar de su celebración.

“ART. 295.—Competencia del Consejo de Estado. De las acciones que se promuevan sobre asuntos mineros, distintas de las contractuales y en los que la Nación o una entidad estatal nacional sea parte, conocerá el Consejo de Estado en única instancia”.

De esta manera, toda vez que los asuntos mineros tienen una normativa especial, son las normas de competencia establecidas en el Código de Minas las que se deben aplicar al sub lite, comoquiera que lo que se pretende con esta demanda es que se declare la nulidad del acto administrativo expedido en un etapa precontractual el 1º de agosto de 2010, por medio del cual se ordenó archivar el expediente LL3-15301, lo cual impidió continuar con el trámite exigido para poder legalizar la actividad minera de hecho que realizaban los demandantes en el municipio de Argelia, Antioquia, a través del correspondiente contrato de concesión.

Así las cosas, dado que el debate gira en torno a la legalidad de un acto relacionado con la actividad contractual del Estado, en virtud de un contrato de concesión minera que legalice el área explotada por los demandantes, la competencia para conocer de este asunto se radica en los tribunales administrativos y no en esta corporación, comoquiera que de conformidad con el artículo 293 de la citada ley son los tribunales competentes para conocer en primera instancia de las acciones referentes a los contratos de concesión que tengan por objeto la exploración y explotación de minas(2).

En ese sentido, el Consejo de Estado carece de competencia para conocer de este proceso en única instancia, por lo que, al tenor de lo consagrado en el inciso 4º del artículo 168 del CPACA(3), se ordenará la remisión del expediente al Tribunal Contencioso Administrativo de Antioquia, a quién le corresponderá pronunciarse sobre los requisitos formales y sustanciales de la demanda.

En mérito de lo expuesto, se

RESUELVE:

REMITIR por competencia la demanda de la referencia al Tribunal Contencioso Administrativo de Antioquia, previa cancelación de su radicación, por intermedio de la oficina judicial para efecto de su reparto.

Notifíquese y cúmplase».

(1) Vigente a partir del 2 de julio de 2012.

(2) Sobre la materia ver providencias del 23 de noviembre de 2007 proferida por esta corporación, Sección Tercera, M. P. Mauricio Fajardo Gómez. Exp. 34523 y del 27 de marzo de 2012, M. P. María Claudia Rojas Lasso, Exp. 38703: “el artículo 295 de la Ley 685 de 2001 dispone que el Consejo de Estado conoce de las acciones referentes a controversias sobre temas mineros, cuando en ellas sea parte la Nación o una entidad del orden nacional, siempre que se trate de causas diferentes a las que se suscitan en los contratos de concesión minera las cuales son competencia de los tribunales administrativos en primera instancia”.

(3) “en caso de falta de jurisdicción o de competencia mediante decisión motivada el juez ordenará remitir el expediente al competente, en caso de que existiere, a la mayor brevedad posible. Para todos los efectos legales se tendrá en cuenta la presentación inicial hecha ante la corporación o juzgado que ordena la remisión”.