Auto 2013-00105 de junio 1º de 2016

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN “B”

Radicado: 150012333000201300105 01

Consejero Ponente:

Dr. Danilo Rojas Betancourth

Actor: Wilson Alexander Calderón Roa

Demandado: Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público y otro

Naturaleza: Acción popular

Bogotá, D.C., primero de junio de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «Consideraciones

I. Competencia

7. Esta Corporación es competente para conocer del recurso de queja interpuesto contra el auto del 7 de noviembre de 2013, proferido por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión 5, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 245 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 378 del Código de Procedimiento Civil.

8. Por otra parte, la decisión respectiva debe ser adoptada por el magistrado ponente, de acuerdo con lo señalado por el artículo 125 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo(2).

II. Problema jurídico

9. Debe el despacho determinar si dentro del trámite de una acción popular es procedente el recurso de apelación en contra de una providencia que niega una solicitud de llamamiento en garantía.

III. Análisis del despacho

10. El recurso de queja procede contra los autos que niegan la concesión del recurso de apelación o lo conceden en efecto distinto al que corresponde. En cuanto al trámite, el artículo 378 del Código de Procedimiento Civil(3), exige el cumplimiento de varios requisitos: (i) que el interesado interponga recurso de reposición contra el auto que niega la concesión y solicite, en subsidio, la expedición de copias para tramitar el de queja; (ii) que el recurrente suministre lo necesario para la expedición de las copias dentro de los 5 días siguientes a la notificación del auto que niegue la reposición; (iii) que retire las copias a los 3 días de la publicación del aviso de su expedición; y (iv) que interponga el recurso ante el Consejo de Estado dentro de los 5 días siguientes al recibo de las copias.

11. En primer lugar, se advierte que dentro del sub examine no se cumplieron a cabalidad todos y cada uno de los requisitos señalados en artículo 378 del Código de Procedimiento Civil, pues si bien la parte recurrente solicitó dentro del recurso de reposición, de forma subsidiaria, la documentación respectiva para efectos de formular el recurso de queja, lo cierto es que el Tribunal, en el auto que resolvió el primero de los medios impugnatorios aludidos, ordenó la expedición de las copias y las remitió oficiosamente a esta Corporación para efectos de dar trámite al asunto que ahora se conoce.

12. A pesar de que la inobservancia de las ritualidades procesales referidas genera usualmente un obstáculo para tramitar el recurso de queja en esta instancia, a juicio del despacho, en el presente asunto, a la luz del principio de acceso a la administración de la jurisdicción, es procedente el análisis de fondo de la cuestión. Esto en el entendido de que el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 378 del Código de Procedimiento Civil se hizo por la parte recurrente hasta donde le fue permitido por el a quo, pues, como se vio, el Tribunal, sin expedir ni esperar a que la parte quejosa retirara las copias ordenadas para sustentar la impugnación ante esta Corporación, procedió a enviar el plenario directamente, situación que no le es atribuible al apoderado de la parte demandada.

13. Clarificado lo anterior, se tiene que en el presente asunto, según el auto del 7 de noviembre de 2013 (supra párr. 3), el Tribunal a quo rechazó por improcedente el recurso de apelación promovido por la parte recurrente, al encontrar que el auto mediante el cual se negó el llamamiento en garantía era susceptible únicamente del recurso de reposición, no así el de apelación, comoquiera que dicho medio de impugnación no se acompasaba con la naturaleza de la acción popular, en tanto debía tramitarse de forma ágil.

14. En primer lugar, debe el despacho recordar que la acción popular es por naturaleza un proceso con una finalidad preventiva y restitutoria, aunque no reparatoria, al tiempo que, para su procedencia, se exige siempre “que el daño afecte derechos subjetivos de origen constitucional o legal de un número plural de personas que por sus condiciones y por su dimensión deben ser atendidas con prontitud, inmediatez, efectividad y sin mayores requisitos procesales dilatorios”(4).

15. Por otro lado, en cuanto a los recursos procedentes dentro del trámite de las acciones populares, se encuentra que según el artículo 36 de la Ley 472 de 1998, procede el de reposición y, conforme al artículo 37 ibídem, el de apelación contra la sentencia que se dicte en primera instancia, en la forma y oportunidad que señala el Código de Procedimiento Civil.

16. En principio, se podría sostener que el auto aquí controvertido es susceptible del recurso de apelación, puesto que su no inclusión en los artículos 36 y 37 de la Ley 472 de 1998, constituye un vacío que podría eventualmente solventarse atendiendo al artículo 243, numeral 7º, del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el cual establece que es apelable el auto que niega la intervención de terceros, en atención a la remisión que consagra el artículo 44 de la Ley 472 de 1998.

17. No obstante lo anterior, la Corte Constitucional, en sede del estudio de exequibilidad del artículo 36 de la Ley 472 de 1998, señaló que:

Hecha esta precisión, para la Corte es claro que la medida contenida en la norma bajo revisión no se opone a la Carta Política pues consulta la naturaleza expedita de las acciones populares, en la medida en que al imprimirle celeridad a su trámite judicial propende por la efectividad de los derechos e intereses colectivos amparados por dichas acciones, que según se analizó se caracterizan por demandar del Estado una labor anticipada de protección.

Debe recordarse que en el contexto de la Ley 472 de 1998, la celeridad del procedimiento está dada fundamentalmente por el establecimiento de un término breve para proferir la decisión respectiva (art. 34), para lo cual el juez debe impulsar oficiosamente la actuación so pena de ser sancionado disciplinariamente, y sin que ello pueda comportar el desconocimiento de las reglas fundamentales del proceso pues en las acciones populares el juez tiene la obligación de velar “por el respeto al debido proceso, las garantías procesales y el equilibrio entre las partes” (art. 5º).

En criterio de esta Corporación la determinación que se analiza tampoco implica sacrificio alguno del derecho de defensa y del derecho de acceder a la administración de justicia (C.P., arts. 29 y 229), puesto que con la consagración del recurso de reposición el accionante puede ejercer libremente su derecho de controvertir las decisiones adoptadas por el juez durante el trámite de las acciones populares a fin de que éste funcionario revise la validez de su propia determinación revocándola o reformándola(5).

18. Por otro lado, esta Corporación ha dicho, sobre la procedencia del recurso de apelación en las acciones populares, que:

Con fundamento en los artículos 36 y 37 de la Ley 472 de 1998, puede concluirse que, por regla general, contra las decisiones que adopte el juez al interior del trámite de las acciones populares, las partes cuentan, únicamente, con el recurso de reposición cuya interposición supone el cumplimiento de los requisitos que establece el Código de Procedimiento Civil; de igual forma se infiere que contra la sentencia dictada en primera instancia resulta procedente exclusivamente el recurso de apelación.

Con lo atinente al llamamiento en garantía al interior de la acción popular, la jurisprudencia se ha manifestado en los siguientes términos: (…) como no puede pretenderse mediante esta acción la reparación de los perjuicios sufridos por los accionantes, tampoco hay lugar a la aplicación de las figuras procesales propias de las acciones ordinarias reparatorias, como el llamamiento en garantía.

(…).

No obstante, tal y como se consideró anteriormente, según lo establecido en el artículo 36 de la Ley 472 de 1998, las decisiones que se profieren al interior del trámite de las acciones populares, tales como las que resuelven respecto de un llamamiento en garantía, son susceptibles, únicamente, del recurso de reposición, razón por la cual no resulta procedente el recurso de apelación y, por consiguiente, esta Corporación no es competente para conocer de dicho recurso en segunda instancia, lo cual impone rechazar por improcedente el recurso de apelación interpuesto por la Dirección Nacional de Estupefacientes contra el auto de 15 de febrero de 2011, proferido por el Tribunal Administrativo de Córdoba(6).

19. No obstante, el Consejo de Estado también ha establecido excepciones a la regla anteriormente señalada, en el sentido de sostener que en ciertos eventos, aun cuando la Ley 472 de 1998 no lo ha consagrado expresamente, procederá la apelación contra los autos proferidos en el trámite de una acción popular. En efecto, ha dicho la Sección Tercera:

Si bien es cierto que la Ley 472 de 1998 en sus artículos 26 y 37 prevé tan sólo dos providencias susceptibles de ser recurridas mediante apelación: el auto que decreta medidas previas y la sentencia de primera instancia, y ello podría llevar a pensar que estos son los dos únicos eventos en que es posible interponer este tipo de recursos, lo cierto es que esta Corporación, en decisión de Sala Plena, ha dejado determinado —a partir de una interpretación sistemática de la Ley 472 de 1998— que contra el auto que rechaza la demanda sí procede el recurso de apelación, al razonar que: “En las acciones populares el auto de rechazo de la demanda será recurrible en apelación por dos situaciones jurídicas: la primera concerniente a que la ley determinó que los procesos promovidos en ejercicio de las acciones populares tienen dos grados de decisión y la segunda situación, referente a que el Código Contencioso Administrativo prevé que el auto de rechazo de la demanda en asunto de dos instancias es apelable”(7).

20. Resulta entonces una posición constante y reiterada la improcedencia de la apelación en contra de los autos que sean proferidos en el trámite de las acciones populares, salvo en eventos en que se rechace la demanda promovida, situación que no ocurrió dentro del sub júdice. En esas condiciones, resulta forzoso concluir que, tal como lo sostuvo el Tribunal a quo en la providencia ahora revisada, el auto que negó el llamamiento en garantía solicitado no es susceptible de dicho medio de control judicial.

21. Así las cosas, procederá el despacho a estimar bien denegado el recurso de apelación, comoquiera que resulta improcedente en atención a la naturaleza de la acción popular.

Por lo expuesto, se

RESUELVE:

1. ESTIMAR BIEN DENEGADO el recurso de apelación interpuesto por Isagén S.A. ESP contra el auto del 12 de septiembre de 2013, proferido por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión 5, por las razones expuestas en esta providencia.

2. ENVÍESE la actuación surtida al Tribunal de origen para que forme parte del expediente.

Notifíquese y cúmplase.»

2 “Será competencia del juez o Magistrado Ponente dictar los autos interlocutorios y de trámite; sin embargo, en el caso de los jueces colegiados, las decisiones a que se refieren los numerales 1º, 2º, 3º y 4º del artículo 243 de este Código serán de la sala, excepto en los procesos de única instancia. Corresponderá a los jueces, las salas, secciones y subsecciones de decisión dictar las sentencias. Los autos que resuelvan los recursos de súplica serán dictados por las salas, secciones y subsecciones de decisión con exclusión del Magistrado que hubiere proferido el auto objeto de la súplica”.

3 Por remisión expresa del artículo 182 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el cual señala que: “(…) [p]ara su trámite e interposición se aplicará lo establecido en el artículo 378 del Código de Procedimiento Civil”.

4 Corte Constitucional, Sentencia C-215 del 14 de abril de 1999, expediente D-2176, D-2184 y D-2196 (acumulados), M.P. Martha Victoria Sáchica de Moncaleano.

5 Corte Constitucional, Sentencia C-377 del 14 de mayo de 2002, expediente D-3774, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.

6 Consejo de Estado, Sección Tercera, auto 24 de junio 2011, expediente 2010-00376-01(AP), C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

7 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección, auto 21 de octubre de 2009, expediente 2005-01917-01(AP), C.P. Ruth Stella Correa Palacio.