Auto 2013-00109/58020 de julio 5 de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera ponente:

Dr. María Adriana Marín

Rad.: 50001-23-33-000-2013-00109-01 (58020)

Actor: Movilgas Ltda. y otros

Demandado: Nación-Fiscalía General de la Nación y Otro

Ref.: Reparación Directa

Tema: Recurso de Súplica - en segunda instancia procede contra autos que serían susceptibles de apelación.

Bogotá, D.C., cinco de julio de dos mil dieciocho.

Decide la Sala el recurso ordinario de súplica formulado por la parte demandante contra el Auto proferido el 10 de julio de 2017 por el magistrado director del proceso, en el cual rechazó el recurso de apelación que interpuso la misma parte.

I. Antecedentes.

1. Demanda.

Mediante escrito presentado el 15 de marzo de 2013 (fls. 74, cdno. 4), los señores Gerardo Antonio Alvarado Parra, Luz Marina Rico Narváez, Lizeth Johanna Alvarado Rico, María Consuelo Morales Caballero, Sergio David Alvarado Morales, Diego Millán Morales y la Sociedad Movilgas Ltda., por conducto de apoderado judicial (fls. 62 a 70, cdno.1 ), interpusieron demanda a través del ejercicio del medio de control de reparación directa contra la Nación —Fiscalía General de la Nación -Dirección Nacional de Estupefacientes y Ministerio de Justicia y del Derecho—, con el fin de que se les declarara patrimonialmente responsables por los perjuicios causados, como consecuencia del error judicial cometido con la incautación e indebida administración de los bienes de propiedad de la Sociedad Movilgas Ltda.

El 13 de marzo de 2013, los demandantes presentaron solicitud de conciliación extrajudicial (fls. 71 - 72, Cdno. 4.) ante la Procuraduría 48 Judicial II de Villavicencio, a la cual se convocó a las entidades demandadas, declarándose la misma fallida, por no existir ánimo conciliatorio.

Mediante providencia de 25 de abril de 2013 (fls. 76 a 78 Cdno. 4), el Tribunal Administrativo del Meta admitió la demanda, por considerar que cumplía con los requisitos legales.

El 27 de mayo de 2014 (fls. 240 a 314, Cdno.4), la parte actora presentó reforma de la demanda, de conformidad con lo establecido en el artículo 173 de la Ley 1437 de 2011.

El 10 de junio de 2016 (fl. 106 Cdno. Ppal.), el Tribunal rechazó la reforma de la demanda, “por la falta de agotamiento del requisito de procedibilidad de la conciliación prejudicial respecto de la totalidad de las pretensiones que en ella se plantean”.

Inconforme con la anterior decisión, el 16 de junio de 2016, la parte demandante interpuso recurso de apelación (fls. 108 a 113, Cdno. Ppal.), el cual fue concedido el 6 de septiembre siguiente (fl. 121, Cdno. Ppal.).

2. Auto suplicado.

Por medio de proveído de 10 de julio de 2017 (fls. 150-151, Cdno. Ppal.), el magistrado director del proceso rechazó por improcedente el recurso de apelación interpuesto contra la providencia de 10 de junio de 2016 proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, porque, a su juicio, el auto que rechaza la reforma de la demanda no es susceptible de apelación, según lo previsto por el artículo 243 del Código de Procedimiento Administrativo de lo Contencioso Administrativo.

3. Recurso de súplica.

El 26 de julio de 2018, la parte demandante interpuso, contra la anterior decisión, recurso de reposición y, en subsidio de queja (fls. 155-156, Cdno. ppal.).

El 23 de noviembre de 2017 (fl. 174, Cdno. Ppal.), el ponente rechazó por improcedente el recurso de reposición, en consideración a que de conformidad con lo dispuesto el artículo 246 de la Ley 1437 de 2011, la decisión que se cuestiona es susceptible del recurso de súplica, razón por la cual se adecuó al trámite correspondiente y se remitió al magistrado que sigue en turno en orden alfabético para que lo decidiera.

II. Consideraciones.

1. Problema Jurídico.

Corresponde a la Subsección decidir si el auto que rechaza la reforma de la demanda es susceptible del recurso de apelación o si, por el contrario, como lo concluyó el magistrado director del proceso, contra este tipo de providencias no procede dicho recurso.

2. Legislación aplicable.

Al presente asunto le resultan aplicables las disposiciones procesales vigentes para la fecha de presentación de la demanda —15 de marzo de 2017— , las cuales por tratarse de un proceso promovido con posterioridad al 2 de julio de 2012, corresponden a las contenidas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo(1), así como las disposiciones del Código General del Proceso (2), en virtud de la integración normativa dispuesta por el artículo 306 del primero de dichos estatutos.

3. Procedencia y oportunidad del recurso de súplica.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 246 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo —Ley 1437 de 2011—, el recurso de súplica procede en contra de los autos que por su naturaleza serían apelables, dictados por el magistrado ponente en el curso de la segunda o de la única instancia, así como en contra de la providencia por medio de la cual se rechaza o se declara desierta la apelación o el recurso extraordinario de revisión.

En el caso bajo estudio, se inadmitió el recurso de apelación presentado por la parte demandante en contra del Auto de 10 de junio de 2016, que había rechazado la reforma de la demanda, proferido por el Tribunal Administrativo del Meta, de ahí que el recurso de súplica resulte procedente.

Asimismo, se advierte que el escrito de impugnación se presentó dentro del término de ejecutoria del Auto de 10 de julio de 2017(3), es decir, en la oportunidad prevista para tal fin.

En las condiciones analizadas, la Sala concluye que se cumple con los presupuestos requeridos para pronunciarse de fondo, por lo que procederá en tal sentido.

4. Caso concreto.

La parte actora presentó escrito de impugnación contra el Auto de 10 de julio de 2017, proferido por el magistrado director del proceso, mediante el cual rechazó el recurso de apelación interpuesto contra el Auto de 10 de junio de 2016, dictado por el Tribunal Administrativo del Meta, providencia que había rechazado la reforma de la demanda por falta de agotamiento del requisito de procedibilidad de la conciliación prejudicial respecto de la totalidad de las pretensiones.

En Auto de 23 de noviembre de 2017, el ponente adecuó el recurso presentado por la parte actora al de súplica, porque de conformidad con el artículo 246(4) de la Ley 1437 de 2011, es este el recurso que procede, en el curso de la segunda instancia, contra la providencia que rechaza el recurso de apelación.

5. La reforma de la demanda.

El recurrente mediante escrito presentado el 26 de julio de 2017 (fls. 155 - 156, Cdno. Ppal.), manifestó que con la expedición de la Ley 1437 de 2011, el legislador previó que aquellos asuntos que no fueron regulados por dicha disposición, dada la integración normativa regulada por el articulo 306 ibídem, se debían tramitar conforme a la regulación contenida en el estatuto procesal vigente, esto es, Código General del Proceso, normativa que en el numeral 1º del articulo 321 preceptúa que es apelable el auto que “rechace la demanda, su reforma o la contestación de cualquiera de ellas”.

Por el contrario la Sala considera que no es necesario acudir a la norma procesal general por las razones que pasan a explicarse:

El artículo 173(5) del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, faculta al demandante para que hasta el último de los diez días siguientes al vencimiento del traslado de la demanda aclare, modifique o adicione la misma; agrega que, la reforma podrá referirse a las partes, a las pretensiones, a los hechos que fueron demandados o a las pruebas, pero advierte que, no podrán sustituirse la totalidad de aquellas, ni las pretensiones y frente a esta última deberán cumplirse los requisitos de procedibilidad. También faculta al demandante para que integre la reforma y la demanda en un solo documento.

Según la doctrina, la reforma de la demanda es un derecho y una potísima garantía procesal que se le confiere al demandante para enmendar los errores o suplir las deficiencias de que adolezca aquella, siendo la misma una autentica garantía procesal que tiene el carácter de orden público; así mismo, se ha precisado que la reforma no puede ser total y que la misma podrá hacerse en escrito separado, o integrarla con el libelo inicial (en un solo documento)(6). También se ha manifestado que la Ley 1437 de 2011, debe estar en consonancia con los principios constitucionales y del derecho procesal, esto es, en armonía con los principios de inmediación y concentración(7).

De acuerdo con lo expuesto, se tiene que el demandante le asiste el derecho a reformar la demanda cuando considere que debe enmendar errores o suplir diferencias de la misma, por lo que sería coherente concluir que la demanda y su adición forman un solo cuerpo, tanto que ambas son notificadas al demandando para que pueda presentar su correspondiente contestación.

En relación con los recursos que proceden contra la providencia que rechace la reforma de la demanda el tratadista Carlos Betancur Jaramillo, es enfático en afirmar que el auto “inadmisorio de la corrección estará sometida a los mismos recursos que proceden contra el que rechaza la demanda inicial”(8).

Por otro lado, la Subsección C de esta Sección se ha pronunciado respecto a la procedencia del recurso de apelación contra el auto que rechaza la reforma de la demanda en los siguientes términos:

El numeral 1º del artículo 243 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo dispone que el auto que rechaza la demanda es susceptible del recurso de apelación y guarda silencio frente al que decide en el mismo sentido frente a su reforma.

Como la demanda y su reforma conforman un solo cuerpo inescindible, dado que con la segunda se busca sustituir, aclarar o corregir mediante la inclusión hechos nuevos, pretensiones, pruebas o sujetos procesales de la primera (L. 1437/2011, art. 173), el rechazo de la demanda reformada es susceptible del recurso de apelación(9).

De lo expuesto se puede concluir que el escrito de demanda y su reforma conforman un solo cuerpo inescindible, por lo que se debe inferir que tanto el auto que rechace la demanda como su reforma, son apelables conforme lo dispone el numeral 1º del artículo 243 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Así las cosas, esta Sala revocará la decisión suplicada mediante la cual se rechazó el recurso de apelación interpuesto contra el auto proferido por el Tribunal Administrativo del Meta, el 10 de junio de 2016, que rechazó la reforma de la demanda por falta de agotamiento del requisito de procedibilidad de la conciliación prejudicial.

En mérito de lo expuesto, se

RESUELVE:

1. Revocar el auto suplicado, esto es, el proferido el 10 de julio de 2017, mediante el cual se rechazó el recurso de apelación interpuesto por la parte actora.

2. En firme esta decisión devolver el expediente al despacho magistrado ponente para continuar con el trámite del proceso.

Notifíquese y cúmplase.

Consejeras: María Adriana Marín Marta—Nubia Velasquez Rico.

1. En virtud de lo dispuesto en su artículo 308, que prevé:
“ART. 308.—Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012.
Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a [su] vigencia (…”).

2. Conviene aclarar que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, mediante Auto del 25 de junio de 2014, radicación 49.299, M.P. Enrique Gil Botero, unificó su jurisprudencia, en relación con la vigencia de la Ley 1564 de 2012, contentiva del Código General del Proceso, para los asuntos de conocimiento de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y para la jurisdicción arbitral.
Al respecto, la Sala Plena, en virtud del principio del efecto útil de las normas, indicó que el Código General del Proceso entró a regir a partir del 1º de enero de 2014, salvo las situaciones que se gobiernen por la norma de transición (…) las cuales se resolverán con la norma vigente al momento en que inició el respectivo trámite (…).
Lo anterior, ante la evidencia de que en esta Jurisdicción, desde la expedición de la Ley 1437 de 2011, se implementó un sistema principalmente oral, razón por la cual, dada la existencia de las condiciones físicas y logísticas requeridas para ello, resultaría carente de fundamento la inaplicación del Código General del Proceso.

3. El Auto de 10 de julio de 2017 fue notificado por estado el 21 de julio de 2017 y cobró ejecutoria el 26 de julio siguiente, en esta última fecha la parte demandante presentó escrito de impugnación.

4. “ART. 246.—Súplica. El recurso de súplica procede contra los autos que por su naturaleza serían apelables, dictados por el Magistrado Ponente en el curso de la segunda o única instancia o durante el trámite de la apelación de un auto. También procede contra el auto que rechaza o declara desierta la apelación o el recurso extraordinario. Este recurso deberá interponerse dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación del auto, en escrito dirigido a la Sala de que forma parte el ponente, con expresión de las razones en que se funda. El escrito se agregará al expediente y se mantendrá en la Secretaría por dos (2) días a disposición de la parte contraria; vencido el traslado, el Secretario pasará el expediente al Despacho del Magistrado que sigue en turno al que dictó la providencia, quien será el ponente para resolverlo ante la Sala, sección o subsección. Contra lo decidido no procederá recurso alguno.

5. “ART. 173.—Reforma de la demanda. El demandante podrá adicionar, aclarar o modificar la demanda, por una sola vez, conforme a las siguientes reglas: 1. La reforma podrá proponerse hasta el vencimiento de los diez (10) días siguientes al traslado de la demanda. De la admisión de la reforma se correrá traslado mediante notificación por estado y por la mitad del término inicial. Sin embargo, si se llama a nuevas personas al proceso, de la admisión de la demanda y de su reforma se les notificará personalmente y se les correrá traslado por el término inicial. 2. La reforma de la demanda podrá referirse a las partes, las pretensiones, los hechos en que estas se fundamentan o a las pruebas. 3. No podrá sustituirse la totalidad de las personas demandantes o demandadas ni todas las pretensiones de la demanda. Frente a nuevas pretensiones deberán cumplirse los requisitos de procedibilidad. La reforma podrá integrarse en un solo documento con la demanda inicial. Igualmente, el juez podrá disponer que el demandante la integre en un solo documento con la demanda inicial.

6. Solano Sierra, Jairo Enrique. Derecho procesal contencioso - administrativo, op. cit. p.735.

7. Garzón Martínez, Juan Carlos. El nuevo proceso contencioso administrativo, op. cit. p.416-417.

8. Betancur Jaramillo, Carlos. Derecho procesal administrativo, cit. p.330.

9. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, Auto del 5 de septiembre de 2017, Exp. 25000-23-36-000-2015-01307-01(57992), M.P. Guillermo Sánchez Luque.