Auto 2013-00122/20807 de noviembre 16 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad.: 25000-23-37-000-2013-00122-01 (20807)

Consejero Ponente:

Dr. Julio Roberto Piza Rodriguez

Demandante: Nova Mar Development S.A.

Demandado: UAE DIAN

Bogotá, D.C., dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete.

Auto decide apelación

La Sala decide el recurso apelación interpuesto por la DIAN contra la decisión de declarar no probada la excepción de falta de competencia, adoptada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, en audiencia inicial celebrada el 30 de enero de 2014.

1. Antecedentes procesales.

1.1. La demanda.

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, Nova Mar Develop formuló las siguientes pretensiones:

A título de nulidad 

Que se declare la nulidad del Auto Declarativo 312382012000004 del 30 de julio de 2012; la Resolución 31238212000003 del 4 de septiembre de 2012; y la Resolución 6112-900003 del 8 de octubre de 2012; actos administrativos mediante los cuales la división de gestión de fiscalización de la dirección seccional de impuestos de grandes contribuyentes de Bogotá tuvo como no presentada la declaración del impuesto al patrimonio correspondiente al año gravable 2011, presentada por la sucursal el día 19 de mayo de 2011, y registrada con el autoadhesivo Nº 7304340022732; y negó los recursos de reposición y apelación interpuestos en contra de dicha decisión el día 9 de agosto de 2012.

A título de restablecimiento del derecho 

Que, como consecuencia de la nulidad reseñada, y a título de restablecimiento del derecho:

a. Se tenga como presentada la declaración del impuesto al patrimonio correspondiente al año gravable 2011, presentada por Nova Mar Development S.A. sucursal Colombia el día 19 de mayo de 2011, y registrada con el autoadhesivo Nº 7304340022732.

b. Se declare que Nova Mar Develepment S.A. sucursal Colombia no es contribuyente del impuesto al patrimonio consagrado en la Ley 1370 de 2009; y

c. Se condene en costas y agencias en derecho a la Nación - Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la demanda, mediante auto del 6 de marzo de 2013.

1.2. De la excepción propuesta.

1.2.1. Falta de competencia por el factor cuantía.

La DIAN se opuso a las pretensiones de la demanda. En lo que interesa, propuso la excepción de falta de competencia, pues, a su juicio, el acto demandado carece de cuantía y, por tanto, la competencia para conocer sobre la demanda de nulidad radica en el Consejo de Estado, con fundamento en lo preceptuado en el artículo 175 del CPACA.

Alegó que Nova Mar Development S.A. presentó la declaración de impuesto al patrimonio del año gravable 2011 en cero (0), es decir, sin declarar valor alguno.

1.3. Oposición.

El apoderado de la parte demandante se opuso a la prosperidad de la excepción y alegó que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 152 del CPACA, los tribunales conocen en primera instancia de las demandas sobre el monto, distribución o asignación de impuestos, contribuciones y tasas nacionales, departamentales, municipales o distritales, cuando la cuantía sea superior a 100 salarios mínimos legales vigentes.

Dijo que, de acuerdo con la norma enunciada, cuando haya lugar a la asignación de la competencia en razón a la cuantía en asuntos tributarios, esa cuantía se establece por el valor de la suma discutida.

Que la demandante sí presentó la declaración del impuesto al patrimonio correspondiente al año gravable 2011, con base gravable e impuesto a pagar en cero, porque Nova Mar no era sujeto pasivo de la obligación.

1.4. De la decisión recurrida.

En audiencia inicial celebrada el 30 de enero de 2014, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A desestimó la excepción propuesta por la DIAN.

Dijo que la parte actora solicitó la nulidad del Acto Declarativo 312382012000004 del 30 de julio de 2012 y de las resoluciones 31238201200003 del 4 de septiembre de 2012 y 6112-900003 del 8 de octubre de 2012, mediante las cuales declaró como no presentada la declaración del impuesto al patrimonio del año gravable 2011.

Indicó que, de acuerdo con el artículo 15 del CPACA, en los asuntos tributarios, los tribunales conocen de los procesos cuya cuantía supere los cien (100) salarios mínimos y el artículo 157 ibídem establece que la cuantía se determinará por el valor de la multa o los perjuicios según la estimación razonada de la cuantía hecha por el actor en la demanda.

Manifestó que, ante una eventual nulidad de los actos demandados, la declaratoria de nulidad tendría una consecuencia cuantificable con repercusiones económicas: si los actos demandados son declarados legales, la demandante deberá pagar el impuesto y la sanción correspondiente y si el tribunal decide que son ilegales, la DIAN no recibiría el valor de la sanción.

Agregó que la demandante realizó la estimación razonada de la cuantía con fundamento en la posible sanción que le podía imponer la administración. Que, por tanto, existe una consecuencia económica directa.

1.5. Recurso de apelación.

El apoderado de la DIAN interpuso recurso de apelación contra la decisión de declarar no probada la excepción.

Manifestó que, en este caso, no se está discutiendo el valor a pagar de una declaración. Que la discusión se contrae a determinar si la declaración tiene o no efectos legales, por tanto, no existe cuantía que se pueda determinar.

Indicó que como no hay cuantía existe falta de competencia del tribunal para tramitar la demanda porque, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 149 del CPACA, la competencia es del Consejo de Estado.

1.6. Oposición.

El Tribunal corrió traslado a la parte demandante del recurso de apelación interpuesto por la DIAN. En lo que interesa, la parte actora se opuso a la prosperidad del recurso y reiteró que sí es posible determinar la cuantía, porque la consecuencia de tener como no presentada la declaración, como sujeto pasivo del impuesto al patrimonio, acarrearía la materialización del hecho sancionable, y esto es determinable económicamente.

3. (sic) Consideraciones.

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la DIAN contra la decisión de declarar no probada la excepción previa de falta de competencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, adoptada en audiencia inicial celebrada el 30 de enero de 2014.

3.1. De la competencia y las excepciones previas.

Corresponde definir si la sala es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto contra el auto de la referencia.

El numeral 6º del artículo 180 del CPACA señala que el recurso de apelación procede contra la decisión que resuelva sobre las excepciones previas, proferida dentro del trámite de la audiencia inicial. Además, esa norma ordena que si llegan a prosperar dichas excepciones, el juez o magistrado ponente dará por terminado el proceso.

El numeral 6º del artículo 180 del CPACA regula el trámite y decisión de las excepciones previas. Esa norma indica lo siguiente:

“Artículo 180. Audiencia inicial. Vencido el término de traslado de la demanda o de la de reconvención según el caso, el juez o magistrado ponente, convocará a una audiencia que se sujetará a las siguientes reglas:

[…].

6. Decisión de excepciones previas. El juez o magistrado ponente, de oficio o a petición de parte, resolverá sobre las excepciones previas y las de cosa juzgada, caducidad, transacción, conciliación, falta de legitimación en la causa y prescripción extintiva.

Si excepcionalmente se requiere la práctica de pruebas, se suspenderá la audiencia, hasta por el término de diez (10) días, con el fin de recaudarlas. Al reanudar la audiencia se decidirá sobre tales excepciones.

Si alguna de ellas prospera, el juez o magistrado ponente dará por terminado el proceso, cuando a ello haya lugar. Igualmente, lo dará por terminado cuando en la misma audiencia advierta el incumplimiento de requisitos de procedibilidad.

El auto que decida sobre las excepciones será susceptible del recurso de apelación o del de súplica, según el caso”.

Si bien se había interpretado que los únicos autos susceptibles de apelación eran los previstos en el artículo 243 del CPACA, lo cierto es que, mediante auto del 3 de julio de 2014, la sala plena de esta corporación aclaró que dicho recurso también procede contra la providencia que decida las excepciones previas(1).

De acuerdo con lo anterior y en atención a que la decisión apelada no pone fin al proceso, corresponde decidir a la sala unitaria(2).

En ese contexto, la sala procederá a decidir si está probada la excepción de falta competencia.

El numeral 2º del artículo 149 de la Ley 1437 de 2011 prevé lo siguiente:

“Artículo 149. Competencia del Consejo de Estado en única instancia.

El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus secciones, subsecciones o salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos:

[…].

2. De los de nulidad y restablecimiento del derecho que carezcan de cuantía, en los cuales se controviertan actos administrativos expedidos por autoridades del orden nacional.

También conocerá de las demandas que en ejercicio de la indicada acción, y sin atención a la cuantía se promuevan en contra de los actos expedidos por el Procurador General de la Nación en ejercicio del poder disciplinario y las demás decisiones que profiera como supremo director del Ministerio Público.

Es decir, el Consejo de Estado conoce en única instancia de las demandas promovidas por el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra actos administrativos que carezcan de cuantía y que sean expedidos por autoridades del orden nacional.

El artículo 157 de la Ley 1437 de 2011, por su parte, señala que en asuntos tributarios la cuantía se determina por el valor de la suma discutida por concepto de impuestos, tasas, contribuciones o sanciones, al tiempo de la demanda, sin incluir los intereses o perjuicios que se causen con posterioridad a la presentación de la misma. El artículo 157 es del siguiente tenor:

“Artículo 157. Competencia por razón de la cuantía. Para efectos de competencia, cuando sea del caso, la cuantía se determinará por el valor de la multa impuesta o de los perjuicios causados, según la estimación razonada hecha por el actor en la demanda, sin que en ello pueda considerarse la estimación de los perjuicios morales, salvo que estos últimos sean los únicos que se reclamen. En asuntos de carácter tributario, la cuantía se establecerá por el valor de la suma discutida por concepto de impuestos, tasas, contribuciones y sanciones (subraya la sala)”.

Ahora bien, hay demandas contra actos administrativos de contenido tributario que, aparentemente, no tienen efectos económicos, pues de una simple lectura no es posible determinar la cuantía del proceso. Sin embargo, puede ocurrir que del análisis de tales actos se advierta que, en realidad, los actos sí tienen efectos económicos determinables. Por consiguiente, tales efectos deberán ser cuantificados por el interesado y serán fundamentales para fijar la cuantía y establecer la competencia para conocer de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho de tipo tributario. En esos casos, la cuantía corresponderá al valor del efecto económico que se derive de los actos administrativos(3).

En la demanda que se estudia si bien los actos administrativos cuestionados, en sí mismos, no tienen cuantía determinada, también lo es que de su análisis se puede advertir que tienen efectos económicos cuantificables y, en consecuencia, serán necesarios para fijar la cuantía y establecer la competencia para conocer del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

Lo anterior se ratifica en que los actos demandados se refieren a la liquidación al impuesto al patrimonio presentado por la sociedad actora. Esa liquidación fue presentada en cero, por tanto, no tiene en sí mismos una cuantía establecida. No obstante, existe un interés económico determinable para la demandante, esto es el valor del impuesto al patrimonio que tendrá que pagar en el evento en que esta jurisdicción determine que está obligado a pagar.

Por consiguiente, las pretensiones de la demanda sí tienen una cuantía que puede ser determinada. Entonces, corresponde a la sociedad demandante determinar el monto discutido, como en efecto lo hizo, razón por la cual esta sala unitaria confirmará el auto cuestionado.

En mérito de lo expuesto, la sala:

RESUELVE:

1. Confirmar la decisión de declarar no probadas las excepción propuesta por la DIAN, adoptada en audiencia inicial del 30 de enero de 2014, celebrada por la Sección Cuarta, Subsección A, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

2. Ejecutoriada esta providencia, por secretaría de la Sección Cuarta, Devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Notifíquese y cúmplase.

Consejero: Julio Roberto Piza Rodríguez.

1 Por auto del 3 de julio de 2014, la sala plena de esta corporación aclaró el tema y precisó que contra la providencia que decida las excepciones si es procedente el recurso de apelación. Magistrado Ponente Enrique Gil Botero, exp. 25000-23-36-000-2012-00395-01(49.299).

2 De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 125 del CPACA. Será competencia del juez o magistrado ponente dictar los autos interlocutorios y de trámite; sin embargo, en el caso de los jueces colegiados, las decisiones a que se refieren los numerales 1º, 2º, 3º y 4º [el que rechace la demanda, el que decrete una medida cautelar, el que ponga fin al proceso y el que apruebe conciliación extrajudicial] del artículo 243 del código serán de sala.

3 Ver auto del 26 de octubre de 2012, exp. 1100103270002012-00037 00 (19580), demandante: Agrícola El Retiro S.A., demandado: DIAN.