Auto 2013-00125 de enero 26 de 2015

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Radicación: 25000233700020130012501

Número interno: 20811

Consejera Ponente:

Dra. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez

Actor: Inversiones Inmobiliarias de Colombia S.A. contra la DIAN

Bogotá, D.C., veintiséis de enero de dos mil quince.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones

Corresponde al despacho determinar si el acto administrativo demandado en este proceso carece de cuantía o, si es posible determinarla a partir de las consecuencias que podría generar un fallo desfavorable a las pretensiones de la demanda y, a partir de ello, establecer si en este caso está probada la excepción de inepta demanda por falta de competencia funcional del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

En este proceso, la parte demandante solicitó que se anulara el Auto declarativo 3123822012000002 del 30 de julio de 2012 y las resoluciones 312382012000002 del 4 de septiembre de 2012 y la 6112-900004 del 8 de octubre del mismo año, actos administrativos expedidos por la DIAN por medio de los que tuvo por no presentada la declaración de impuesto al patrimonio y resolvió los recursos de reposición y apelación interpuestos contra esa decisión.

Para resolver el asunto bajo estudio es necesario, en primer lugar, reiterar el criterio expuesto por la Sección(6) según el cual para que la DIAN pueda tener como no presentada una determinada declaración tributaria como consecuencia de la ocurrencia de cualquiera de las causales del artículo 580 del estatuto tributario, esta debe expedir un acto administrativo que así lo declare, es decir tal declaratoria no opera "ipso jure". Esta construcción jurisprudencial busca garantizar el derecho de defensa que asiste al contribuyente o responsable para hacer valer los factores y conceptos de su liquidación privada.

Es decir que, aunque el “auto declarativo” no está regulado en la normativa tributaria y mucho menos en la del derecho administrativo, resulta indispensable para extraer de la vida jurídica una declaración tributaria presentada cuando se considere incursa en una de las causales contempladas por el artículo 580 del estatuto tributario.

En este sentido, la Corte Constitucional al estudiar la constitucionalidad del mencionado artículo 580, indicó que tal como se había establecido en la jurisprudencia del Consejo de Estado “…para que la administración tributaria aplique el artículo 580 del estatuto tributario, en cuanto a no tenerse como no presentadas las declaraciones tributarias, se requiere, en todos los casos de la actuación administrativa, un debido proceso que así lo declare, porque el artículo referido, no opera de pleno derecho. La omisión de cualquiera de los literales acusados en el artículo 580, implica el consiguiente incumplimiento de las obligaciones sustanciales, porque la obligación sustancial está encaminada a cumplir con las cargas públicas que implica el financiamiento del Estado, mediante el cumplimiento de las obligaciones fiscales. En consecuencia éstas no pueden realizarse en debida forma sin la verificación de ciertos requisitos formales razonables y proporcionales. En efecto, para la Corte, la ausencia de ciertos requisitos en la declaración tributaria o en el formulario que para el efecto imprima la administración, puede generar una transgresión al principio de eficiencia en el recaudo de los tributos tasas o contribuciones y, naturalmente, traducirse en un mayor costo administrativo, para lograr un resultado, que puede obtenerse, en forma más simple con la colaboración de un contribuyente diligente o cuidadoso”(7).

Por otra parte, en cuanto a la posibilidad de someter a control jurisdiccional el auto declarativo y siguiendo la jurisprudencia de esta Sección, ya citada, la Sala ha aclarado que como el auto declarativo no está consagrado en la ley sino que corresponde a un desarrollo jurisprudencial que busca proteger un derecho fundamental, contra este no proceden los recursos propios del ámbito tributario, esto es, reposición y reconsideración, sino que para tener por agotada la vía administrativa, se deben formular los recursos de reposición, apelación o queja.

Además, dado que el efecto del auto declarativo es sacar de la vida jurídica una declaración tributaria, ha dicho la jurisprudencia que su cuantía debe calcularse a partir de los valores consignados en la misma, pues el valor de los factores consignados en esta se afectan con la decisión de tener por no presentada la declaración y, de allí se desprenderán las demás consecuencias jurídicas, por ejemplo, las sanciones.

En lo relativo a la cuantía del auto declarativo la Sala afirmó: “la Sala precisa que cuando se demandan autos declarativos mediante los cuales se tienen como no presentadas las declaraciones de los contribuyentes existe cuantía determinable por cuanto la consecuencia de la decisión administrativa recae directamente sobre las cifras denunciadas e implica modificación con ocasión de la sanción a que hubiere lugar la cual se concreta en el caso hipotético de no prosperar las pretensiones y si se accediera a ellas, el denuncio produciría todos sus efectos legales, entre otros, los de permitir solicitar la compensación o devolución del saldo a favor, para el contribuyente, y a la vez ser objeto de fiscalización, para la Administración. Ahora bien, el anterior criterio guía la solución, pero deben tenerse en cuenta las características particulares de cada caso para definir el asunto”(8) (se resalta).

Pues bien, en este caso, el auto declarativo 3123822012000002 del 30 de julio de 2012 dejó fuera de la vida jurídica la declaración del impuesto al patrimonio correspondiente al año gravable 2011 presentada por la demandante. Dicha declaración fue presentada en cero(9), lo cual llevó a la administración a proferir el acto administrativo demandado con fundamento en que la mencionada declaración no contenía los factores necesarios para establecer la base gravable (E.T., art. 580, lit. c)).

Así, siguiendo el criterio jurisprudencial citado, la cuantía del auto declarativo, en este caso, corresponde a “cero” pues ese es el valor consignado en la declaración tributaria sobre la que recae.

A partir de lo anterior se puede concluir que, el auto declarativo 3123822012000002 del 30 de julio de 2012 expedido por la DIAN, carece de cuantía, pues tuvo como no presentada la declaración de impuesto al patrimonio presentada en cero. En consecuencia, la excepción formulada por la DIAN sí está llamada a prosperar, pues es el Consejo de Estado el competente para conocer de este asunto en única instancia(10)y, no el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en primera instancia.

Con fundamento en las consideraciones precedentes, es forzoso revocar el auto apelado dictado en la audiencia inicial celebrada en el proceso de la referencia, mediante el cual se negó la prosperidad de la excepción de “inepta demanda por falta de competencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca” formulada por la parte demandada, para en su lugar, declarar la prosperidad de dicha excepción y ordenar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca que, remita el expediente a esta corporación para que sea sometido a reparto en la Sección Cuarta.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta,

RESUELVE:

1. REVÓCASE la decisión tomada por la magistrada ponente en la audiencia inicial celebrada en el proceso de la referencia, según la cual declaró no probada la excepción de falta de competencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y, en su lugar, DECLARA probada esa excepción.

2. REQUIÉRASE al Tribunal Administrativo de Cundinamarca para que remita a la secretaría de la Sección Cuarta del Consejo de Estado el expediente de la referencia para que sea sometido a reparto.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.»

(6) Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencias: 25 de junio de 2012, expediente 17845; 25 de noviembre de 2010, expediente 17944; 10 de septiembre de 2009, expediente 17734; 9 de febrero de 2006, expediente 14807; 14 de agosto de 1998, expediente 8968; 12 de junio de 1998, expediente 8735; 5 de junio de 1996, expediente 7770; 8 de marzo de 1996, expediente 7471.

(7) Corte Constitucional. Sentencia C-844-99.

(8) Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia del 6 de noviembre de 2003, expediente 14033.

(9) Folio 127.

(10) Ley 1437 de 2011. “ART. 149.—El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus secciones, subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos:

(…)

2. De los de nulidad y restablecimiento del derecho que carezcan de cuantía, en los cuales se controviertan los actos administrativos expedidos por autoridades del orden nacional”.