Auto 2013-00135 de agosto 22 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Consejera Ponente:

Stella Conto Díaz del Castillo

Bogotá, D.C., veintidós (22) de agosto de dos mil catorce (2014)

Proceso 63001233300020130013501 (51137)

Actor: José David López Jaramillo

Demandado: Municipio de Armenia

Proceso: Acción de reparación directa

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. Competencia.

El despacho decide el recurso de apelación interpuesto contra el auto que negó la vinculación al proceso de la referencia de las Empresas Públicas de Armenia ESP, formulado por el municipio, dado que se trata de un proceso que tiene vocación de doble instancia, en razón de que la cuantía excede los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el 2013, año de presentación de la demanda. Esta corporación es competente para conocer del asunto, a la luz de los artículos 150, 226 y 243.7 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

2. De la vinculación de terceros.

Acorde con lo dispuesto en el artículo 225 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la parte demandada está facultada, durante el término de fijación en lista, para solicitar la vinculación de un tercero, mediante el llamamiento en garantía o la denuncia del pleito, siempre que ello resulte compatible con la naturaleza del proceso de que se trata. Figuras que se sujetan a las reglas del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y del Procedimiento Civil, en los términos de los artículos 227 y 306 del estatuto en mención, con miras, en todo caso, a que por economía procesal se definan de una vez controversias relacionadas con el mismo asunto, las cuales podrían resolverse separadamente.

De ahí la necesidad de establecer si en el sub lite se cumplen los requisitos para que proceda la vinculación, en orden a que el tercero, es decir quien no ostenta inicialmente la calidad de parte, pero que, dada su vinculación con la litis, estaría en la obligación de responder igualmente, conozca del proceso y pueda ejercer su derecho de defensa, sin que, en todo caso, se utilice la figura para dilatar el trámite, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva del actor.

Es necesario advertir que, tanto la denuncia del pleito como el llamamiento en garantía, exigen la prueba al menos sumaria de la relación jurídica preexistente entre el demandado y el tercero, de naturaleza legal, real o personal, aunque ajena a la litis, conexa a la misma. Al respecto, conforme lo determina el artículo 225 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo el escrito de solicitud deberá cumplir los requisitos que lo mismo disposición prevé.

Huelga concluir, entonces, que no procede formular una denuncia para enervar la relación que dio lugar al proceso, es decir que no es dable utilizar la figura en orden a que las pretensiones se dirijan contra un tercero, a quien se considera responsable; pues al respecto se cuenta con excepciones dirigidas a poner de presente la exoneración de responsabilidad debido a que otro causo el daño.

Ahora, además de lo expuesto, procede traer a colación el inciso final del artículo 140 del Código Administrativo de Procedimiento y de lo Contencioso Administrativo, norma que do lugar a lo vinculación de terceros con el propósito de establecer responsabilidades concurrentes en lo ejecución del daño, sin otro requisito.

3. Caso concreto.

Corresponde al despacho resolver el recurso de apelación interpuesto por el Municipio de Armenia, contra el auto proferido por el Tribunal Administrativo del Quindío, el 3 de marzo de 2014, que niega la solicitud de vinculación de las Empresas Públicas de Armenia ESP, al asunto de la referencia, en razón de que el a quo encuentra que la solicitud no responde a la finalidad de la figura, dado que no se vislumbra el vínculo legal o contractual que lo hace procedente.

Ahora, el artículo 225 antes señalado, como ya se dijo, permite al demandado llamar en garantía o denunciar el pleito, para que, en el marco de la controversia, se resuelvan i) si el tercero debe responder por la condena, en el evento de que las pretensiones de la demanda llegaren o prosperar, ii) si alguien en igual nivel de compromiso y por la misma naturaleza de la relación tendría que afrontar la litis, conjuntamente y así obviar, por economía procesal, una nueva acción, en los términos del artículo 1579(1) del Código Civil. Diferencia que emerge del artículo 52(2) del Código de Procedimiento Civil y 90 constitucional(3) si se considera que, el agente estatal no puede ser llamado en repetición mientras no medie condena, mientras que la responsabilidad bien puede comprometer, además a personas naturales o jurídicas de derecho público o privado, los que por la misma razón podrían ser convocadas a la litis.

Es de anotar que en los términos del inciso final del artículo 140 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

“En todos los casos que en los que en la causación del daño estén involucrados particulares y entidades públicas, en la sentencia se determinará la proporción por la cual debe responder cada una de ellas, teniendo en cuenta la influencia causal del hecho o la omisión en la ocurrencia del daño”.  

De donde habría que entender que los particulares y entidades públicas que podrían resultar igualmente responsable deberían ser previamente vinculados; pues no se entendería el deber de determinar en la sentencia la proporción de participación en el daño, con violación del debido proceso.

Ahora, el Municipio de Armenia indica que el deslizamiento pudo ser ocasionado por la ruptura de un tubo, a cargo de las Empresas Públicas de Armenia E.S.P., al tiempo que solicita su vinculación.

Es de advertir que no acompaña prueba sumario de una relación jurídica preexistente; pero allega documentos que podrían dar lugar a la aplicación del artículo 140 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Siendo así, la providencia impugnada habrá de revocarse para, en su lugar, disponer que se acepte la vinculación a la litis de las Empresas Públicas de Armenia ESP, como lo solicita la demandada.

En mérito de lo expuesto, se

RESUELVE

PRIMERO: REVOCAR el uto proferido por el Tribunal Administrativo Del Quindío, el 3 de marzo de 2014.

SEGUNDO: ACEPTAR lo vinculación de los Empresas Públicas de Armenia ESP.

En firme este proveído DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.

Notifíquese y cúmplase».

(1) Subrogación de deudor solidario. El deudor solidario que ha pagado lo deudo o lo ha extinguido por alguno de los medios equivalentes al pago, queda subrogado en lo acción del acreedor con todos sus privilegios y seguridades, pero limitada respecto de cada uno de los codeudores a la parte o cuota que tenga este codeudor en la deuda.

Si el negocio para el cual ha sido contraída la obligación solidaria, concernía solamente a alguno o algunos de los deudores solidarios, serán estos responsables entre sí, según las partes o cuotas que le correspondan en la deuda, y los otros codeudores serán considerados como fiadores.  

La parte o cuota del codeudor insolvente se reparte entre todos los otros a prorrata de las suyas, comprendidos aún aquellos a quienes el acreedor haya exonerado de la solidaridad”.  

(2) “Quien tenga con una de las partes determinada relación sustancial, a la cual no se extiendan los efectos jurídicos de la sentencia, pero que pueda afectarse desfavorablemente si dicha parte es vencida, podrá intervenir en el proceso como coadyuvante, de ella, mientras no se haya dictado sentencia de única o segunda instancia.

El coadyuvante podrá efectuar los actos procesales permitidos a la parte que ayuda, en cuanto no estén en oposición con los de ésta y no impliquen disposición del derecho en litigio.  

Podrán intervenir en un proceso como litis consortes de una parte y con las mismas facultades de ésta, los terceros que sean titulares de una determinada relación sustancial a la cual se extiendan los efectos jurídicos de la sentencia, y que por elfo estaban legitimados para demandar o ser demandados en el proceso.  

La intervención adhesiva y litisconsorcial es procedente en los procesos de conocimiento, mientras no se haya dictado sentencia de única o de segunda instancia, desde la admisión de la demanda. La solicitud de intervención deberá contener los hechos y los fundamentos de derecho en que se apoya, ya ella se acompañarán las pruebas pertinentes.  

Cuando en el acto de su intervención el litisconsorte solicite pruebas, el juez las decretará si fueren procedentes y las considera necesarias.  

Si estuviere vencido el término para practicar/as o lo que restare de éste no fuere suficiente, otorgará uno adicional hasta de diez días.  

Si el juez estima procedente la intervención, la aceptará de plano y considerará las peticiones que hubiere formulado el interviniente.  

La intervención anterior a la notificación del demandado, se resolverá luego de efectuada ésta. El auto que acepte o niegue la intervención es apelable”.  

(3) “El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas.

En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste”.