Auto 2013-00145 de septiembre 10 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Radicación: 11001-03-26-000-2013-00145-01 (48940)

Consejero Ponente:

Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa

Actor: Comité de Mineros Mina Cielo de San Martín de Loba

Demandado: Agencia Nacional de Minería, ANM.

Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

Bogotá, D.C., diez de septiembre de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Como cuestión preliminar, se debe precisar la procedencia y oportunidad del recurso de súplica contemplado en el artículo 246 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, a cuyo tenor se lee: “El recurso de súplica procede contra los autos que por su naturaleza serían apelables, dictados por el magistrado ponente en el curso de la segunda o única instancia o durante el trámite de la apelación de un auto”; de lo cual se desprende que el recurso ordinario de súplica únicamente procede contra a los autos interlocutorios dictados por el ponente, en tanto y en cuanto sean naturalmente susceptibles de apelación. Respecto de la oportunidad para impugnar tales decisiones, la norma dispone que el “recurso deberá interponerse dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación del auto, en escrito dirigido a la Sala de que forma parte el ponente, con expresión e las razones en que se funda”.

Así las cosas, la Sala encuentra que la providencia recurrida fue notificada por anotación de estado el día 16 de mayo de 2014, razón por la cual el término con que contaba el demandante para impugnarla corrió entre los días 17 y 21 de mayo de la misma anualidad; siendo deprecada la súplica mediante escrito de 21 de mayo de 2014, el recurso se estima interpuesto en oportunidad.

Precisada la procedencia y oportunidad de la súplica que hoy ocupa la atención de esta corporación, procede la Sala dual a analizar de fondo el asunto.

2. La conciliación es un mecanismo alternativo de resolución de conflictos, mediante el cual las partes que integran los extremos activo y pasivo de un litigio prescinden de la intervención del aparato jurisdiccional del Estado y voluntariamente acceden al arreglo de sus diferencias mediante la intervención de un tercero calificado y neutral, que llevará y dirigirá la celebración de la audiencia por la cual se llegue a la fórmula de arreglo entre las partes.

Así pues, la conciliación judicial o extrajudicial resulta ser, en principio, una facultad discrecional de las partes que deciden arreglar sus diferencias por este mecanismo procesal, siempre que de la naturaleza del asunto o por disposición de la ley, se desprenda que el conflicto presentado entre ellas sea susceptible de un mecanismo que no requiera de la intervención de la administración de justicia que brinda el Estado. La ley dispone que son susceptibles de conciliación aquellos asuntos así mismo susceptibles de transacción y desistimiento, y de igual modo, todos aquellos que de manera expresa determine el ordenamiento jurídico, de conformidad con los artículos 64 y 65 de la Ley 446 de 1998.

No obstante, en ocasiones la ley exige la tramitación obligatoria de la conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad de las acciones judiciales, como sucede en materia contencioso administrativa, que por virtud del artículo 161 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, exige que dicho mecanismo alternativo de solución de conflicto deba ser intentado por las partes que integran los extremos litigiosos en aquellos medios de control en los cuales se pretenda la nulidad de un acto administrativo de carácter particular y su consecuente restablecimiento del derecho, la reparación del daño antijurídico sufrido a consecuencia de la acción u omisión de los agentes del Estado, o la solución de una determinada controversia contractual.

“ART. 161.—La presentación de la demanda se someterá al cumplimiento de requisitos previos en los siguientes casos:

1. Cuando los asuntos sean conciliables, el trámite de la conciliación extrajudicial constituirá requisito de procedibilidad de toda demanda en que se formulen pretensiones relativas a nulidad con restablecimiento del derecho, reparación directa y controversias contractuales. (...)” (resaltado propio).

Nótese que la norma exige la tramitación de la conciliación extrajudicial en todos los casos en los que se ejerzan los medios de control de nulidad y restablecimiento del derecho, reparación directa y controversias contractuales, en los cuales el litigio trabado entre las partes sea de aquellos susceptibles de conciliación. Es decir, la obligatoriedad de adelantar el trámite conciliatorio está condicionado a que, por disposición de la ley o según la naturaleza del asunto, el litigio sea susceptible de ser resuelto por dicho mecanismo alternativo.

Lo anterior, está corroborado por el artículo 35 de la Ley 640 de 2001 modificado por el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009, el cual indica que en los asuntos susceptibles de conciliación, dicho mecanismo alternativo de solución de conflictos constituirá un requisito de procedibilidad para acudir ante la jurisdicción contencioso administrativa, y que tal exigencia, se entenderá agotada cuando se efectúe la audiencia de conciliación sin que se logre el acuerdo, o cuando vencido el término previsto en el inciso 1º del artículo 20 ibídem, la audiencia no se hubiere celebrado por cualquier causa; en este último evento se podrá acudir directamente a la jurisdicción con la sola presentación de la solicitud de conciliación.

ART. 42A.—Conciliación judicial y extrajudicial en materia contencioso-administrativa. A partir de la vigencia de esta ley, cuando los asuntos sean conciliables, siempre constituirá requisito de procedibilidad de las acciones previstas en los artículos 85, 86 y 87 del Código Contencioso Administrativo o en las normas que lo sustituyan, el adelantamiento del trámite de la conciliación extrajudicial” (resaltado propio).

Así las cosas, se impone la necesidad de indagar cuáles son los asuntos susceptibles de ser resueltos por dicho mecanismo de autocomposición, con el fin de determinar respecto de qué conflictos puede exigirse la tramitación de la conciliación extrajudicial como requisito previo a demandar en nulidad y restablecimiento del derecho, reparación directa o controversias contractuales.

El Decreto 1716 de 2009 reglamentó el artículo 13 de la Ley 1289 de 2009 al establecer los parámetros que deben observarse para darle cumplimiento al requisito de conciliación extrajudicial en esta jurisdicción. Así, se dispuso:

ART. 2º—Asuntos susceptibles de conciliación extrajudicial en materia contencioso administrativa. Podrán conciliar, total o parcialmente, las entidades públicas y las personas privadas que desempeñan funciones propias de los distintos órganos del Estado, por conducto de apoderado, sobre los conflictos de carácter particular y contenido económico de los cuales pueda conocer la jurisdicción de lo contencioso administrativo a través de las acciones previstas en los artículos 85, 86 y 87 del Código Contencioso Administrativo o en las normas que los sustituyan.

PAR. 1º—No son susceptibles de conciliación extrajudicial en asuntos de lo contencioso administrativo:

— Los asuntos que versen sobre conflictos de carácter tributario.

— Los asuntos que deban tramitarse mediante el proceso ejecutivo de que trata el artículo 75 de la Ley 80 de 1993.

— Los asuntos en los cuales la correspondiente acción haya caducado.

(…).

PAR. 5º—El agotamiento de la conciliación como requisito de procedibilidad, no será necesario para efectos de acudir ante tribunales de arbitramento encargados de resolver controversias derivadas de contratos estatales, cuyo trámite se regula por lo dispuesto por el artículo 121 de la Ley 446 de 1998” (resaltado propio).

Respecto de la mencionada Ley 1285 de 2009, la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-713 de 2008, efectuó un análisis constitucional del proyecto que dio lugar a la expedición de dicha ley respecto de la conciliación extrajudicial, como requisito de procedibilidad para acudir ante la jurisdicción contencioso administrativa, concluyendo que estaba conforme con la Constitución Política estableció su conformidad con la Carta Política, descartando la vulneración del derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, oportunidad en la que al respecto se señaló:

“De conformidad con la reiterada jurisprudencia de esta corporación, la Sala considera que es conforme a la Carta Política que se mantenga el instituto de la conciliación como requisito de procedibilidad para las acciones consagradas en los artículos 86 y 87 del Código Contencioso Administrativo. Así mismo, es constitucionalmente válido que se haga extensiva su exigencia a la acción de nulidad y de restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo.

En este último evento resulta razonable aceptar la exigencia de conciliación prejudicial, pues lo que se discute son intereses de contenido particular y subjetivo, generalmente de orden patrimonial(1) y no la legalidad o constitucionalidad en abstracto, que se ventila a través de la acción de simple nulidad (CCA, art. 84) o de la acción de nulidad por inconstitucionalidad (C.P., art. 237-2). En consecuencia, la Corte declarará la exequibilidad del inciso primero del artículo 13 del proyecto” (resaltado propio).

Indistintamente, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en el numeral 10 del artículo 161 asigna al demandante como requisito previo para demandar, la obligación de tramitar la conciliación extrajudicial de toda demanda en que se formulen pretensiones relativas a nulidad con restablecimiento del derecho, reparación directa y controversias contractuales.

Finalmente, el Decreto 1716 de 2009 reglamentó el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009, al establecer los parámetros que deben observarse para darle cumplimiento al requisito de conciliación extrajudicial en la jurisdicción contencioso administrativa, así se dispuso:

“ART. 2º—Asuntos susceptibles de conciliación extrajudicial en materia contencioso administrativa. Podrán conciliar, total o parcialmente, las entidades públicas y las personas privadas que desempeñan funciones propias de los distintos órganos del Estado, por conducto de apoderado, sobre los conflictos de carácter particular y contenido económico de los cuales pueda conocer la jurisdicción de lo contencioso administrativo a través de las acciones previstas en los artículos 85, 86 y 87 del Código Contencioso Administrativo o en las normas que los sustituyan.

PAR. 1º—No son susceptibles de conciliación extrajudicial en asuntos de lo contencioso administrativo:

— Los asuntos que versen sobre conflictos de carácter tributario.

— Los asuntos que deban tramitarse mediante el proceso ejecutivo de que trata el artículo 75 de la Ley 80 de 1993.

— Los asuntos en los cuales la correspondiente acción haya caducado.

PAR. 2º—El conciliador velará porque no se menoscaben los derechos ciertos e indiscutibles, así como los derechos mínimos e intransigibles.

PAR. 3º—Cuando la acción que eventualmente se llegare a interponer fuere la de nulidad y restablecimiento de derecho, la conciliación extrajudicial sólo tendrá lugar cuando no procedan recursos en vía gubernativo cuando esta estuviere debidamente agotada, lo cual deberá acreditarse, en legal forma, ante el conciliador.

PAR. 4º—En el agotamiento del requisito de procedibilidad de la acción de que trata el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, se entenderá incluida la acción de repetición consagrada en el inciso segundo de dicho artículo.

PAR. 5º—El agotamiento de la conciliación como requisito de procedibilidad, no será necesario para efectos de acudir ante tribunales de arbitramento encargados de resolver controversias derivadas de contratos estatales, cuyo trámite se regula por lo dispuesto por el artículo 121 de la Ley 446 de 1998”.

De este modo, siguiendo la normatividad precedente, se evidencia que es un requisito obligatorio y necesario para instaurar las acciones de que tratan los artículos 85, 86 y 87 del Código Contencioso Administrativo anteriormente, y respecto de la Ley 1437 de 2011(2) en los artículos 138, 14 y 141 respectivamente, que la parte actora acredite que adelantó el trámite de la conciliación extrajudicial, es decir, que radicó la solicitud ante el Ministerio Público efectivamente.

En consecuencia, es claro, que a partir de la expedición de la Ley 1285 de 2009, para interponer las demandas de reparación directa, contractuales y de nulidad y restablecimiento del derecho, se debe acreditar el inicio del trámite de la conciliación extrajudicial, y de no ser así, la demanda no podrá admitirse y si no se subsana en tiempo habrá de rechazarse.

Como corolario de lo anterior, resulta evidente que debiéndose tramitar la controversia por los medios de control contenidos en los artículos 138, 140 y 141 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y siendo el asunto conciliable por tratarse de conflictos particulares y económicos, cuando el demandante no cumpla con la carga de probar que adelantó el requisito de procedibilidad, previa inadmisión, el rechazo de la demanda habrá de imponerse, conforme a lo dispuesto por el artículo 36 de la Ley 640 de 2001.

3. En el caso sub examine, el Comité de Mineros de la Mina Cielo de San Martín de Loba - Bolívar solicitó la declaratoria de nulidad del acto administrativo contenido en la Resolución 2511 de 29 de abril de 2013 emitida por la Agencia Nacional de Minería, ANM, por cuanto rechazó la solicitud de legalización de minería tradicional LH4-09211 elevada por el actor ante la entidad accionada. Esta corporación, en proveído de 2 de mayo de 2014, resolvió, previa inadmisión, rechazar la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesta contra la resolución antedicha, en consideración a que el asunto que se debatía exigía la celebración de audiencia de conciliación extrajudicial por cuanto el accionante no sólo pretendía la declaratoria de invalidez de la resolución y el consecuente otorgamiento del título habilitante, sino además, el pago de la indemnización de perjuicios causados con ocasión de la expedición del acto; y como así no lo hizo el demandante, a juicio del ponente, se imponía de plano su rechazo.

Contra la decisión así proferida, la parte demandante interpuso recurso ordinario de súplica con el objeto de que esta Sala dual la revocara, y en su lugar, resolviera admitir la demanda instaurada. Como fundamento de su censura, el recurrente adujo que el presente litigio no era de carácter económico, y por tal razón, no susceptible de conciliación judicial, máxime si se consideraba que la parte actora había renunciado a las pretensiones económicas de su demanda en escrito de 14 de marzo de 2014.

Así, el recurso de súplica se contrae a decidir si en el sub lite resulta imperioso intentar el trámite de conciliación extrajudicial como presupuesto necesario para la procedibilidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.

En primer lugar, se observa que al momento de proferirse el pronunciamiento que hoy es objeto de súplica, aparentemente el ponente omitió pronunciarse sobre la renuncia del demandante a las pretensiones económicas invocadas en su escrito de demanda, circunstancia que, a juicio de esta Sala dual, y resulta preciso establecer la diferencia entre el desistimiento de las pretensiones y la reforma a la demanda.

La primera figura consiste en el desistimiento regulada en los artículos 314 a 316 del Código General del Proceso, ya que parte de la idea según la cual si el impulso y ejercicio de los actos procesales es una cuestión que atañe a los involucrados en la controversia, sin intromisión del juez, lo menos que puede deducirse es que son estos mismos los que se encuentran autorizados para manifestar, en posterior momento, su desinterés en la ejecución de tal actuación o lo que es lo mismo la dejación sin efectos jurídicos del acto, por vía del acto del desistimiento(3). En este sentido el artículo 314 señala que “el demandante podrá desistir de las pretensiones mientras no se haya pronunciado sentencia que ponga fin al proceso (...)”; igualmente se indica que el desistimiento implica la renuncia de las pretensiones de la demanda en los casos en que la firmeza de la sentencia absolutoria habría producido efectos de cosa juzgada, y que si este desistimiento no se refiere a la totalidad de las pretensiones, o si sólo proviene de alguno de los demandantes, el proceso continuará respecto de las demás.

Por otro tanto, debe decirse que el memorial de desistimiento no exige mayor formalidad alguna, de manera que se trata de un aspecto sobre el cual no debe recaer mayor atención, y que el artículo 315 ibídem indica que no pueden desistir de las pretensiones los siguientes sujetos: i) los incapaces y sus representantes, a menos que previamente obtengan licencia judicial, ii) los apoderados que no tengan facultad expresa para ello y iii) los curadores ad litem.

De la citada norma se deriva una exigencia de justificación, a partir de la cual se entiende que el desistimiento es un acto unilateral, que implica la renuncia de la pretensión en todos los casos de no haberse proferido sentencia, ya que ésta habría hecho tránsito a cosa juzgada, en el entendido, que de haberse retirado una pretensión la misma no puede volver a iniciarse dentro de otro proceso distinto, así se ha entendido por Hernando Morales Molina al señalar que “el desistimiento sólo puede hacerse después de notificado el demandado del auto admisorio de la demanda, porque debido a sus consecuencias debe proveerse sobre él con su audiencia”(4).

Dicho criterio se justifica, en el hecho de que el desistimiento debe tramitarse una vez surtido el auto admisorio de la demanda, y que tal fin permite enterar a su contraparte de la pretensión sobre la cual se desiste o renuncia(5), toda vez que en el hipotético caso de llegar a tramitarse en un nuevo proceso, el demandado puede alegar la excepción de cosa juzgada, como quiera que ha quedado dicho que las pretensiones a las que se renuncian hacen tránsito de esta figura procesal.

A su turno, la reforma de la demanda se regula en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en su artículo 173 que previno:

“ART. 173.—El demandante podrá adicionar, aclarar, o modificar la demanda, por una sola vez, conforme a las siguientes reglas:

1. La reforma podrá proponerse hasta el vencimiento de los diez (10) días siguientes al traslado de la demanda. De la admisión de la reforma se correrá traslado mediante notificación por estado y por la mitad del término inicial. Sin embargo, si se llama a nuevas personas al proceso, de la admisión de la demanda y de su reforma se les notificará personalmente y se les correrá traslado por el término inicial.

2. La reforma de la demanda podrá referirse a las partes, las pretensiones, los hechos en que éstas se fundamentan, o a las pruebas.

3. No podrá sustituirse la totalidad de las personas demandantes o demandadas ni todas las pretensiones de la demanda. Frente a nuevas pretensiones deberán cumplirse los requisitos de procedibilidad.

La reforma podrá integrarse en un solo documento con la demanda inicial. Igualmente, el juez podrá disponer que el demandante la integre en un solo documento con la demanda inicial”.

De conformidad con la norma referenciada, si el demandante se encontraba facultado para reformar su demanda hasta antes de surtido su traslado a los demandados, es claro que en el término para subsanar sus yerros de una forma clara y adecuada respecto de los errores que consideraba poseía.

En este caso, se observó que en el memorial de 14 de marzo de 2014 en el cual procedió a subsanar la demanda, se denotó una particularidad en este escrito, como quiera que existe una inscripción a mano en la cual se expresa que se renuncia a las pretensiones económicas presentadas en la demanda.

Llama la atención de esta la Sala dual, la circunstancia anteriormente reseñada de que el abogado José Federico Cely Sierra, haya suscrito el memorial completamente en transcripción tecnológica y el único se encuentra escrito a mano es lo referente a la renuncia a la pretensión económica, de igual manera, al revisarse la decisión que adoptó el ponente de rechazar la demanda y no hacer referencia alguna a lo señalado y escrito en lapicero por el apoderado de la parte actora, genera magnos cuestionamientos en lo concerniente a este asunto.

De igual modo, observa esta Sala y a su juicio, que la actitud que asumió el abogado de la parte demandante correspondió a una falta del deber y responsabilidad como apoderado de la parte actora, incumpliendo así con el numeral 1º del artículo 78 del Código General del Proceso, el cual indica que es deber de las partes y de sus apoderados “proceder con lealtad y buena fe en todos sus actos”, al no presentar un debido escrito de desistimiento de las pretensiones como lo indica la norma o de la reforma a la demanda con las nuevas modificaciones y las argumentaciones pertinentes, sino que procedió a añadir un renglón en un segmento del memorial, como se puede comprobar a folio 25 del cuaderno principal.

Así las cosas, en vista de que fue evidente que al señalarse que era requisito de procedibilidad agotar la conciliación extrajudicial en el presente medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, no fue subsanado en observancia de que el mismo no se agotó.

Igualmente es claro que desde el inicio de la demanda se evidenció la búsqueda de pretensión de contenido económico, como se observa dentro del libelo, que no puede hablarse de desistimiento o renuncia de las pretensiones, toda vez que aun la litis no se encuentra trabada, comoquiera que el auto admisorio de la demanda no se ha ejecutado, y que finalmente, no se puede hablar de una reforma a la demanda, como en las consideraciones previas ha quedado dilucidado, esta Sala ostenta que la parte actora no sólo pretende la declaratoria de nulidad del acto atacado y su consecuente restablecimiento en su derecho, sino que además, solicita el resarcimiento de los perjuicios que hubieren podido causarse durante el tiempo en que habría podido surtir efectos la resolución por cuya invalidez la acusa en ejercicio de la presente acción. Esta última pretensión, a juicio de esta Sala, tiene la virtualidad por sí sola de otorgarle al presente litigio un contenido económico apreciable en dinero, y por tal motivo, susceptible de autocomposición mediante el mecanismo alternativo de la conciliación.

En efecto, la solicitud de nulidad de la resolución que rechazó la petición de legalización de minería tradicional LH4-09211 elevada por el actor ante la entidad accionada no puede ser cuantificada en términos económicos, pues con ella se pretende tan solo la declaratoria de invalidez del acto acusado, mas no la imposición de una condena concreta a cargo del juez que deba conocer de la causa. Otro tanto sucede con la solicitud de restablecimiento del derecho del demandante, por cuanto éste la hizo consistir en la legalización de la explotación minera que le fue negada, y no en un rubro concreto que le deba ser dado o pagado mediante la sentencia que con autoridad de cosa juzgada le ponga fin al litigio.

Si bien tales declaraciones persiguen un fin práctico concreto que puede traducirse en beneficios económicos para el demandante, pues lo que se persigue con el ejercicio del medio de control es la obtención en favor de aquél de la legalización de la explotación económica de una actividad del sector minero. Entonces, tal y como emerge con absoluta claridad del escrito de la demanda, la pretensión de contenido económico susceptible de autocomposición que está inmersa en la demanda no tuvo el agotamiento de la conciliación extrajudicial.

Empero de ello al no cumplirse con las exigencias mencionadas en el auto de inadmisión de la demanda, se procedió al rechazó de la misma, como efectivamente ocurrió, es por ello que la providencia impugnada será confirmada, comoquiera que la falta de tal requerimiento es imprescindible en el presente caso, toda vez que se encuentra el elemento del efecto económico derivado del petitum del escrito de demanda, el cual se encuentra directamente relacionado con dicho medio de control.

Así las cosas, la Sala dual confirmará la decisión adoptada en auto del 2 de mayo de 2014, consistente en el rechazo de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho por los motivos anteriormente expuestos.

En mérito de lo expuesto, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, Sección Tercera - Subsección C.

RESUELVE:

CONFIRMAR el auto de 2 de mayo de 2014, proferido por el despacho del consejero Enrique Gil Botero, que rechazó la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesta por José Federico Cely Sierra, contra la Agencia Nacional de Minería “ANM”.

Notifíquese y cúmplase.»

(1) Al respecto la doctrina nacional sostiene: “Y no es descabellado la ocurrencia de la conciliación en los eventos de las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho, pues en este tipo de acciones se ventila, evidentemente, una situación particular de contenido patrimonial, donde el afectado busca el restablecimiento de su situación particular susceptible de evaluación patrimonial. El motivo que lo induce a formular la pretensión es un fin patrimonial, individual y subjetivo. Este interés es el que se negocia y no la legalidad del acto”. Juan Ángel Palacio Hincapié, Derecho Procesal Administrativo. Bogotá, Librería Jurídica, 3ª edición, 2002, pág. 639.

(2) Toda vez que la demanda se interpuso el 15 de julio de 2013, es decir en vigencia del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

(3) Devis Echandía define el acto de desistimiento haciendo énfasis en la eliminación de los efectos procesales ya surtidos: “El desistimiento es una declaración de voluntad y, por tanto, un acto jurídico-procesal, dirigido a eliminar los efectos jurídicos de otro acto procesal ya realizado. En estricta lógica, en el desistimiento existe una renuncia a determinados efectos procesales ya surtidos y no a los actos que los producen”. Devis Echandía, Hernando. Nociones ... Ob. cit., pág. 296.

(4) Morales Molina, Hernando. Curso de derecho procesal civil, Bogotá: Editorial ABC. 1991, pág. 487.

(5) Sobre este punto Morales Molina Hernando señala: “El código dispone, que en los demás casos el desistimiento sólo impide que se ejerciten las mismas pretensiones por igual vía procesal, salvo que el demandante exprese renunciar a ellas. Este inciso carece de sentido, pues el código abolió desde 1970 las dos vías que antes existían para aquellos procesos especiales, cuya sentencia era revisable en juicio ordinario, por lo cual salvo acuerdo de las partes, no podría presentarse la hipótesis en que el desistimiento no fundara la cosa juzgada y permitiera replantear la cuestión en otro proceso”. Morales Molina, Hernando. Curso de derecho procesal civil. Bogotá: Editorial ABC. 1991, pág. 487.