Auto 2013-00165 de febrero 26 de 2015

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION TERCERA

SUBSECCION A

Consejero ponente:

Dr. Hernán Andrade Rincón

Rad.: 08001-23-33-000-2013-00165-01(52346)

Actor: Sigifredo Arango Bedoya

Demandado: Nación - Ministerio de Transporte y Otros

Referencia: Acción de Reparación Directa (Auto)

Bogotá D.C., veintiséis de febrero de dos mil quince.

Extractos: «II. Consideraciones.

1. Procedencia del recurso de apelación.

Para resolver sobre la procedencia del recurso resulta necesario hacer alusión a las normas consagradas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo para el efecto.

El artículo 125 ibídem señala que es competencia del juez o Magistrado Ponente dictar los autos interlocutorios y de trámite; sin embargo, en el caso de los jueces colegiados, las decisiones a que se refieren los numerales 1, 2, 3 y 4 del artículo 243(12) del mismo Código serán de sala, excepto en los procesos de única instancia.

En el caso de autos se declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa por activa, decisión que resulta apelable de conformidad con lo dispuesto en el numeral 6 del artículo 180 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y el recurso fue concedido en el efecto que correspondía.

Así las cosas, según lo dispuesto en los artículos 125(13), 180 numeral 6(14) y 150(15), la Sala tiene competencia funcional para conocer del presente asunto, por tratarse de un auto interlocutorio proferido en primera instancia por un Tribunal de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo a través del cual se declaró la falta de legitimación en la causa por activa y se dispuso ponerle fin al proceso.

2. El caso concreto.

Pasa a la Sala el asunto de la referencia para resolver sobre la excepción de falta de legitimación en la causa por activa.

En lo atinente a la legitimación en la causa, es pertinente recordar que ésta se refiere a la posibilidad de que la persona formule o controvierta las pretensiones contenidas en la demanda, por ser el sujeto activo o pasivo de la relación jurídica sustancial debatida en el proceso.

Así pues, la legitimación corresponde a la relación sustancial que existe entre las partes del proceso y el interés en litigio o el objeto de la decisión reclamada.

Al respecto, cabe señalar las diferencias entre la legitmatio ad processum y la legitimatio ad causam, frente a lo cual la jurisprudencia ha realizado las siguientes precisiones:

“La legitimación en la causa está directamente relacionada con el objeto de la litis, es decir, se trata de un elemento sustancial relacionado directamente con la pretensión, en ese sentido, no constituye un presupuesto procesal, como sí lo es la legitimación para el proceso, por el contrario, la legitimación en la causa ha sido entendida como un presupuesto para la sentencia de mérito o de fondo, se trata nada más y nada menos que de un requisito para que exista un pronunciamiento de fondo sobre la relación jurídico— sustancial juzgada. Así pues, la ausencia de legitimación en la causa no genera la nulidad del proceso, lo que enerva es la posibilidad de obtener una decisión sobre el fondo del asunto”(16).

La falta de legitimación en la causa, por activa o por pasiva, sólo se predica de quien indebidamente ha acudido al proceso en calidad de demandante o de demandado, sin reunir los requisitos para ello, es decir, para el primer caso —legitimación por activa—, cuando en realidad no se trata de la persona que en virtud de su relación con la cuestión de fondo que se discute, estaría en posición de reclamar ante el demandado.

Una vez precisado cuándo se configura la falta de legitimación en la causa por activa, debe resaltarse que, en principio, le asiste razón al a quo, al señalar que la “forma idónea” de probar la propiedad de un establecimiento de comercio es a través del registro mercantil, según lo establece el Código de Comercio(17), pues el dominio se puede probar con la matrícula de los establecimientos comerciales mediante el certificado que expide la Cámara de Comercio.

No obstante lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia de esta Corporación, cabe afirmar que éste no es el único medio probatorio para determinar la propiedad cuando se reclama por los daños causados a un establecimiento de comercio. Sobre este aspecto, se ha dicho:

“Al respecto, se aclara que la ausencia de la copia auténtica o del original del certificado de Cámara de Comercio sobre la titularidad del establecimiento de comercio, si bien constituye un documento idóneo para acreditar tal circunstancia, el mismo no es el única prueba con la que pueda demostrase dicha propiedad, toda vez que en el sistema probatorio colombiano se acogió el sistema de la libre apreciación de la prueba. En efecto, el artículo 187 del Código de Procedimiento Civil establece que “las pruebas deberán apreciarse en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica”, es decir, que el juez se encuentra facultado para realizar una evaluación del material probatorio de manera amplia para obtener, mediante razonamientos lógicos y de inferencia, la certeza sobre los hechos que se discuten en el proceso. Ahora bien, la vigencia del sistema de la libre apreciación de la prueba, no implica que el ordenamiento jurídico no exija, para efectos de acreditar ciertos hechos, que al proceso se aporten determinadas pruebas, en ausencia de las cuales los mismos no pueden tenerse demostrados, como sucede en el caso de la propiedad inmueble o del estado civil de las personas. Lo anterior significa que por regla general el juez puede acudir a todos los medios de prueba que se hubieren aportado al proceso, para efectos de tener por demostrados los hechos discutidos en el mismo y por excepción, la ley exige una prueba específica para efectos de que se acrediten algunos otros. Por otra parte, el artículo 28 del Código de Comercio, establece la obligación en cabeza de todo comerciante de inscribir en el registro mercantil, entre otros actos, aquellos que tengan que ver con la apertura de establecimientos de comercio y de sucursales y todos los que modifiquen la propiedad o la administración de los mismos y el artículo 37 ibídem, establece que el comerciante que incumpla con este deber estará sujeto a las sanciones que imponga la superintendencia respectiva. Los libros y archivos en que la inscripción es llevada, pueden ser consultados por cualquier persona, primordialmente porque la nota característica del registro mercantil es la publicidad, razón por la cual las Cámaras de Comercio están en el deber de certificar sobre todos los actos y documentos inscritos, con la finalidad, además, de probar el acto de inscripción y de hacer oponibles frente a terceros todos aquellos actos que se encuentran registrados”(18).

En virtud de lo anterior, el Certificado expedido por la Cámara de Comercio no constituye la única prueba para demostrar la propiedad del establecimiento de comercio(19). En este mismo sentido en la citada providencia se dijo:

“lo que las normas del registro mercantil establecen, en cuanto al aspecto probatorio del registro mercantil en relación con el establecimiento de comercio, es una presunción sobre la propiedad del mismo, sin que ello signifique que tal circunstancia no pueda acreditarse, en virtud del principio de la libre apreciación de la prueba, con los demás medios de prueba que al proceso se allegaron y que permitan identificar que una persona ejerce una actividad comercial con un conjunto de bienes organizados para realizar los fines de una empresa”(20).

En consecuencia, la excepción de formulada por la CRA no está llamada a prosperar en este momento procesal, toda vez que el carácter material de la legitimación en la causa por activa deberá establecerse al resolver de fondo el asunto, de conformidad con las reglas probatorias y las pautas jurisprudenciales sobre la materia.

Por todo lo expuesto en la presente providencia, resulta forzoso revocar la decisión proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico en la audiencia inicial celebrada el 13 de agosto de 2014, mediante la cual se declaró probada la falta de legitimación en la causa por activa, por lo que, en consecuencia, se

RESUELVE:

1. REVOCAR la decisión adoptada el 13 de agosto de 2014 por el Tribunal Administrativo del Atlántico y, en su lugar, CONTINÚESE con el trámite del proceso de la referencia.

2. Por Secretaría de la Sección, una vez ejecutoriado este proveído, DEVUELVASE el expediente al Tribunal de origen para lo de su cargo.

Notifíquese y Cúmplase».

12 “1. El que rechace la demanda.
2. El que decrete una medida cautelar y el que resuelva los incidentes de responsabilidad y desacato en ese mismo trámite.
3. El que ponga fin al proceso.
4. El que apruebe conciliaciones extrajudiciales o judiciales, recurso que solo podrá ser interpuesto por el Ministerio Público.
(…)”.

13 “Será competencia del juez o Magistrado Ponente dictar los autos interlocutorios y de trámite; sin embargo, en el caso de los jueces colegiados, las decisiones a que se refieren los numerales 1, 2, 3 y 4 del artículo 243 de este Código serán de la sala, excepto en los procesos de única instancia. Corresponderá a los jueces, las salas, secciones y subsecciones de decisión dictar las sentencias. Los autos que resuelvan los recursos de súplica serán dictados por las salas, secciones y subsecciones de decisión con exclusión del Magistrado que hubiere proferido el auto objeto de la súplica”.

14 “El Juez o Magistrado Ponente, de oficio o a petición de parte, resolverá sobre las excepciones previas y las de cosa juzgada, caducidad, transacción, conciliación, falta de legitimación en la causa y prescripción extintiva.
Si excepcionalmente se requiere la práctica de pruebas, se suspenderá la audiencia, hasta por el término de diez (10) días, con el fin de recaudarlas. Al reanudar la audiencia se decidirá sobre tales excepciones.
Si alguna de ellas prospera, el Juez o Magistrado Ponente dará por terminado el proceso, cuando a ello haya lugar. Igualmente, lo dará por terminado cuando en la misma audiencia advierta el incumplimiento de requisitos de procedibilidad.
El auto que decida sobre las excepciones será susceptible del recurso de apelación o del de súplica, según el caso”.

15 “El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia”.

16 Sentencia del 24 de octubre de 2013 proferido por el Consejo de Estado, Sección Tercera, M.P.: Enrique Gil Botero, Expediente: 25869.

17 “Art. 26.- El registro mercantil tendrá por objeto llevar la matrícula de los comerciantes y de los establecimientos de comercio, así como la inscripción de todos los actos, libros y documentos respecto de los cuales la ley exigiere esa formalidad. El registro mercantil será público. Cualquier persona podrá examinar los libros y archivos en que fuere llevado, tomar anotaciones de sus asientos o actos y obtener copias de los mismos.
“Art. 27.- El registro mercantil se llevará por las cámaras de comercio, pero la Superintendencia de Industria y Comercio determinará los libros necesarios para cumplir esa finalidad, la forma de hacer las inscripciones y dará las instrucciones que tiendan al perfeccionamiento de la institución.
“Art. 28.- Deberán inscribirse en el registro mercantil:
1) Las personas que ejerzan profesionalmente el comercio y sus auxiliares, tales como los comisionistas, corredores, agentes, representantes de formas nacionales o extranjeras, quienes lo harán dentro del mes siguiente a la fecha en que inicien actividades;
(…)”
“Art. 525. La enajenación de un establecimiento de comercio, a cualquier título, se presume hecha en bloque o como unidad económica, sin necesidad de especificar detalladamente los elementos que lo integran.
“Art. 526. La enajenación se hará constar en escritura pública o en documento privado reconocido por los otorgantes ante funcionario competente, para que produzca efectos entre las partes. (…)”.

18 Sentencia del 9 de junio de 2010 proferida por la Sección Tercera de esta Corporación, M.P.: Ruth Stella Correa Palacio, Expediente: 18536. Sobre este tema también ver expedientes 21659. En este mismo sentido se pronunció esta Corporación en Sentencia del 8 de febrero de 2012, M.P.: Mauricio Gómez Fajardo, Expediente: 21659.

19 La situación descrita, no implica que el registro mercantil no cumpla otras finalidades y que no tenga implicaciones en el campo probatorio, toda vez que en varias normas del Código de Comercio se señalan tales efectos, como sucede precisamente en el caso de los establecimientos de comercio, cuando el numeral 2 del artículo 32 del Decreto Ley 410 de 1971, consagra que se presume “como propietario del establecimiento quien así aparezca en el registro.

20 Ibídem.