Auto 2013-00181 de junio 16 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN C

Rad. 11001032600020130018100 (49421)

Consejero Ponente:

Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa

Actor: Constructora San Diego Milenio S.A.

Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano - IDU y Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A.

Asunto: Recurso de anulación de laudo arbitral

Bogotá, D.C., dieciséis de junio de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Los recursos de reposición interpuestos tanto por la parte convocante como por el convocado Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, se concretan en revocar la decisión adoptada en el auto de 10 de diciembre de 2013, mediante la cual se resolvió avocar conocimiento respecto del recurso de anulación en contra del laudo arbitral de 29 de octubre de 2013 proferido por el tribunal de arbitramento designado para el efecto.

1.1. Así las cosas el medio de impugnación ejercido por las partes recurrentes, el recurso de reposición, es un recurso judicial que tiene como finalidad que el mismo funcionario que tomó la decisión inicial, motivo de impugnación, la reconsidere, bien sea para revocarla o modificarla; siendo claro que, al tenor del artículo 242 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, CPACA, este recurso “procede contra los autos que no sean susceptibles de apelación o de súplica”, salvo disposición legal en contrario; lo que quiere decir que por medio de este recurso se garantiza la regla general de que toda decisión judicial puede ser objeto de contradicción por los intervinientes, a excepción de que expresamente la ley señale que i) contra cierta decisión procede otro recurso o ii) la decisión no es impugnable.

1.2. Ahora, en lo que concierne a la oportunidad para su interposición, se encuentra que el artículo 242 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo consagra una remisión expresa a las normas que sobre la materia trae el Código de Procedimiento Civil, esto es, los artículos 348 a 349 de dicha obra legislativa, de donde se extrae que, si la decisión que se objeta no fue proferida en audiencia, el término para la interposición del recurso de reposición es de tres (3) días siguientes a la notificación del auto.

2. Señalado lo anterior, y entrando a considerar la impugnación, el despacho encuentra configurados dos situaciones en cuanto a los recursos de reposición formulados, a saber: i) la oportunidad en la interposición del recurso de reposición por parte del Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, y ii) la petición por parte de la Constructora San Diego Milenio S.A., frente al recurso de anulación de laudo arbitral al radicarse en el lugar equivocado, es decir en la oficina de la secretaria del tribunal arbitral.

2.1. En cuanto a lo primero, el despacho encuentra que el recurso de reposición interpuesto por el Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, ha sido formulado abiertamente extemporáneo en razón a que el auto de 10 de diciembre de 2013 proferido por este despacho, se notificó por estado el 13 de diciembre de 2013 (fl. 458, cdno. 1), por lo cual los tres (3) días de ejecutoria transcurrieron entre el 16 y el 18 de diciembre de la misma anualidad; por su parte el recurso fue interpuesto el 14 de enero de 2014 (fl. 472, cdno. 1), es decir por fuera de término. En este orden de ideas se torna procedente rechazar de plano el recurso de reposición interpuesto por el convocado Instituto de Desarrollo Urbano - IDU.

2.2. De otra parte, revisado el expediente, se encuentra que el recurso de reposición interpuesto por la Constructora San Diego Milenio S.A., en contra del auto de 10 de diciembre de 2013. Dicha providencia fue notificada por anotación en estado que se fijó, como ya quedo dicho, el 13 de diciembre de 2013, y que la apoderada de la parte convocante interpuso el recurso contra el proveído en mención, mediante memorial del 18 de diciembre de 2013, esto es dentro del término previsto en la ley, por lo que se procederá a considerar lo recurrido en el escrito.

3. Ahora bien, frente a la cuestión debatida por la Constructora San Diego Milenio S.A., se tiene que esta fundamenta su disenso en el hecho de que la parte que interpuso el recurso de anulación lo hizo ante la Secretaría del Tribunal de Arbitramento, en el Centro de Conciliación y Arbitraje, desatendiendo lo ordenado en artículo 161 del Decreto 1818 de 1998 que enseña que el recurso debe presentarse ante el Presidente del Tribunal de Arbitramento(1). Como consecuencia, solicita se revoque el auto de 10 de diciembre de 2013 rechazando el recurso formulado por el Instituto de Desarrollo Urbano IDU. En orden a desatar la controversia planteada, el despacho abordará i) la naturaleza de las normas procedimentales, luego, ii) la interpretación de las normas procedimentales en el arbitramento para finalmente, iii) abordar el caso concreto.

3.1. La naturaleza de las normas procedimentales(2). 

3.1.1. Dada la relevancia sustancial que juegan en el Estado social de derecho las reglas procedimentales, debe señalarse que la interpretación judicial de estas disposiciones, a fin de extraer los contenidos normativos debe tener siempre en consideración la teleología objetiva que se persigue, cual es permitir la realización, en la mayor medida fáctica y jurídica posible, del derecho de todo ciudadano de acceder a la administración de justicia, en sentido material. En otras palabras, esto lleva a hacer una lectura desde la perspectiva de los principios en el ordenamiento jurídico.

3.1.2. En efecto, el principio del acceso a la administración de justicia, implica, si se sigue a la doctrina sobre la materia, la concepción de que tal norma adquiere un peso o importancia mayor en el ordenamiento jurídico que las reglas(3), o, visto desde otra perspectiva, se le considera como mandato de optimización, que implica que lo prescrito en ellos debe ser observado en la mayor medida de las circunstancias fácticas y jurídicas posibles(4). En todo caso, se trata de un cierto tipo de normas que no llevan aparejada dentro de su estructura normativa un claro supuesto de hecho, así como tampoco la indicación de una consecuencia jurídica precisa, por lo tanto, se trata de normas jurídicas con un espectro de aplicación fáctico y jurídico ciertamente más amplio que las reglas, siendo esto una cuestión de grado.

3.1.3. Bien sea entendido como norma de mayor peso o importancia o como un mandato de optimización, es claro que el rol que desempeña un principio, como lo es el del acceso a la administración de justicia, consiste en servir de criterio de interpretación adecuadora de las reglas que desarrollan el principio(5), lo que implica que el juez debe tomar partido, en el ejercicio interpretativo, por la norma jurídica(6) que en la mayor medida desarrolle el principio que le sirve de base y, en dado caso, imponer su prescripción sobre las demás, de manera que se deba atender de manera preferente al mandato de acción u omisión que se derive del principio frente a la regla; de esta manera se garantiza la vigencia del principio a través del resto de las normas producidas en el sistema jurídico.

3.1.4. A partir de la consagración constitucional y convencional del acceso a la administración de justicia en los términos del artículo 229 superior, que señala que “Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia. (...)”, y en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos en el que se consagra “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales”, la jurisprudencia constitucional(7) ha planteado el derecho al acceso a la administración de justicia materialmente, lo cual supone una corrección sustancial de los procedimientos judiciales, que deben tender a la efectividad de los derechos y garantías de las personas, de manera que “es necesario que el acceso y el procedimiento que lo desarrolla, sea igualmente interpretado a la luz del ordenamiento superior, “en el sentido que resulte más favorable al logro y realización del derecho sustancial, consultando en todo caso el verdadero espíritu y finalidad de la ley(8)(9).

3.1.5. Y por otra parte, en virtud del control de convencionalidad obligatorio y oficioso que deben ejercer los jueces y los funcionarios administrativos locales(10), debe destacarse que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que la exigencia de garantías judiciales en un proceso se materializa siempre que “se observen todos los requisitos que “sirv[a]n para proteger, asegurar o hacer valer la titularidad o el ejercicio de un derecho”(11), es decir, las “condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial”(12) (destacado fuera de texto); y comentando el artículo 25 de la convención señaló que “La existencia de esta garantía “constituye uno de los pilares básicos, no solo de la Convención Americana, sino del propio Estado de derecho en una sociedad democrática en el sentido de la convención”(13); pues en el marco de todos los procedimientos, jurisdiccionales o no(14), que se adelanten por las autoridades estatales es deber indiscutible la preservación de las garantías procesales, de orden material, que permitan, en la mayor medida de las posibilidades fácticas y jurídicas, la defensa de las posiciones jurídicas particulares de quienes se han involucrado en uno de tales procedimientos(15). Sobre este punto la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha resaltado la observancia de este deber jurídico a lo largo de todo el marco de actuación estatal ““124. Si bien el artículo 8 de la Convención Americana se titula “garantías judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, “sino [al] conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales” a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier tipo de acto del Estado que pueda afectarlos(16). Es decir, cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea administrativo sancionatorio o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal(17)”.

3.2. La interpretación de las normas procedimentales en el arbitramento.

3.2.1. Ahora bien, como consecuencia de considerar al derecho al acceso a la administración de justicia y el debido proceso como normas estructuradas bajo la categoría de los principios y visto el alcance interpretativo que a nivel convencional y constitucional tienen tales derechos (como derecho humano y fundamental), se deriva de allí, inexorablemente, que los árbitros, en el marco de los juicios que adelanten en virtud de su competencia específicamente asignada por la Constitución, la ley y la voluntad de las partes, deben garantizar en todo momento la plena vigencia de los derechos al debido proceso y del acceso efectivo a la administración de justicia (más aún teniendo en cuenta la naturaleza especial del procedimiento arbitral), de manera, entonces, que la interpretación que le asigne a las normas procedimentales debe consultar el efecto útil de las mismas así como la finalidad que objetivamente persiguen, esto es, permitir la resolución jurídica de las controversias planteadas por los ciudadanos.

3.2.2. Y es que no se puede llegar a otra conclusión, pues si bien es cierto que se trata de un mecanismo alternativo de justicia que se activa por la voluntad de las partes, de allí no se puede derivar como conclusión que los juicios arbitrales quedan excluidos de todas las exigencias, deberes y garantías exigibles a la actividad jurisdiccional del Estado. Una afirmación en sentido contrario sería tanto como avalar la existencia de una clase singular de procesos judiciales desarrollados en una zona de penumbra en donde no tiene vigencia y valor alguno los postulados convencionales y constitucionales del Estado social y democrático de derecho.

3.3. Caso concreto.

3.3.1. En el presente caso se tiene que, en armonía con el artículo 132 del Decreto 1818 de 1998 (aplicable para este caso)(18), en el contrato de obra 134 de 2007 suscrito entre las partes de este litigio se convino lo siguiente:

“21.3. Arbitramento

Las divergencias que surjan con ocasión de la celebración, desarrollo, ejecución, terminación y liquidación del contrato, se solucionaran a través de un tribunal de arbitramento integrado para el efecto por 3 árbitros, designados de común acuerdo.

En caso de no haber acuerdo en la selección de árbitros, la designación se hará por medio de un sorteo en presencia del director del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá, de una lista de 10 personas, integrada por cinco propuestos por cada parte. El procedimiento será el que la ley establece para estos efectos y el domicilio será la ciudad de Bogotá.

El laudo arbitral será definitivo y vinculante para las partes, de forma que se podrá impetrar decisión jurisdiccional de cumplimento del laudo en cualquier corte con jurisdicción sobre la Parte que incumpliere” (fl. 128, cdno. 7) (destacado propio).

3.3.2. Por otra parte, en el acta 1 en la cual se consignó la audiencia de instalación del tribunal de arbitramento, se decidió:

“(...) 4. Fijar como lugar de funcionamiento y secretaría, el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, ubicada en la Avenida El Dorado Nº 68D - 35, piso 3º de esta ciudad” (fl. 367, cdno. 5)”.

3.3.3. En efecto se evidencia que la sede de funcionamiento que se consignó en el trámite del proceso arbitral, fue la Cámara de Comercio de la ciudad de Bogotá, significando ello que en el mencionado lugar se surtirían los actos y gestiones concernientes al proceso, comoquiera que en el caso sub examine se pactó el arbitramento legal, es decir que todas las actuaciones como audiencias, práctica de pruebas, trámite de memoriales endilgados por las partes, entre otros, se pueden recibir en el lugar referido.

3.3.4. Igualmente, debe destacarse que esta corporación ha sostenido recientemente, que la entrega de memoriales ante el secretario del tribunal de arbitramento, no se encuentra regulada por la ley, es decir que no hay norma que prohíba dicha actuación, por lo que admitir que las partes realicen esas diligencias no afecta los principios de celeridad y de economía procesal; en otras palabras:

“... concretando la posición de la Sala, que si los árbitros permiten que en la oficina privada del secretario del tribunal se presenten los memoriales del proceso, es válido que la parte lo haga; y con sobradas razones puede entregarlos en la sede formal del tribunal de arbitramento, que por naturaleza está concebida para facilitar esta gestión.

Sin embargo, se hace una precisión a la anterior permisión, definitiva para entenderla: el secretario del tribunal —y concretamente su oficina—, es el único que puede realizar esta gestión, no los árbitros en su domicilio, pues administrativamente hace parte de las funciones secretariales de todo juzgado. En cambio, de ninguna manera esta actividad la pueden o deben cumplir los árbitros, y menos en sus oficinas, pues su labor no comprende esta tarea, así que la parte del proceso solo tendrá contacto con ellos en las audiencias del proceso, no por fuera, pues el régimen disciplinario y en general la probidad de la conducta de este particular que transitoriamente cumple función pública también es exigible de ellos, como sucede con los demás jueces de la república. No obstante, la presentación del recurso de anulación puede hacerse ante el presidente del tribunal, porque el artículo 161 del Decreto 1818 de 1998 lo autoriza.

En las condiciones anotadas, se concluye que, en principio, la designación de una sede de funcionamiento obliga a los árbitros y a las partes a realizar allí todas las actuaciones procesales, exigencia que garantiza al máximo de los principios que la administración de justicia, incluida la arbitral, que también debe garantizarlos”(19).

3.3.5. Por consiguiente, el despacho no participa del argumento expuesto por el recurrente al señalar que es única y exclusivamente ante el presidente del tribunal que se puede radicar el recurso de anulación en contra del laudo arbitral, comoquiera que su posición se ampara en una lectura estrecha y formal de las normas procesales que rigen el procedimiento de interposición del recurso de anulación contra un laudo arbitral (D. 1818/98, art. 161)(20), echando de menos en su exposición argumentativa que una lectura en tal sentido es propia de quien concibe el valor y virtud de las formas procesales como fines en sí mismas, aunque ello implique obstruir de manera protuberante la efectividad del derecho sustancial, interpretación inaceptable por contravenir los postulados del debido proceso y el acceso efectivo a la administración de justicia(21).

3.3.6. En contraste con el criterio del recurrente, el despacho considera que la presentación del memorial de interposición del recurso de anulación ante el secretario del tribunal de arbitramento (y no ante su presidente) no afecta en modo alguno el trámite de dicho medio de impugnación, pues, lo que se destaca en este caso es que su presentación se hizo, también, ante quien está facultada para auxiliar a las partes y los árbitros en el procedimiento arbitral, esto es, la secretaría del tribunal y en el sitio convenido expresamente por las partes como domicilio en donde desarrollaría sus funciones este, es decir, el Centro de Arbitramento y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá (tal como se puede ver a folio 451 del cuaderno principal).

3.3.7. La anterior interpretación, que resulta ajustada al principios del acceso a la administración de justicia, privilegia la celeridad y la economía procesal, lleva a este despacho, entonces, a confirmar el auto de 10 de diciembre de 2013, ya que, se reitera, se encuentran debidamente reunidos los presupuestos formales que establece la ley (D. 1818/98) para avocar conocimiento y tramitar el recurso de anulación contra el laudo arbitral dictado el 29 de octubre de 2013.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

1. RECHAZAR por extemporáneo el recurso de reposición interpuesto por el Instituto de Desarrollo Urbano - IDU.

2. CONFIRMAR el auto del 10 de diciembre de 2013, por las razones expuestas en esta providencia.

Notifíquese y cúmplase».

(1) Decreto 1818 de 1998. Artículo 161 (inc. 1º). Contra el laudo arbitral procede el recurso de anulación. Este deberá interponerse por escrito presentado ante el Presidente del Tribunal de Arbitramento dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación del laudo o de la providencia que lo corrija, aclare o complemente.

(2) En este aparte se recoge la posición establecida por el pleno de la Sección Tercera en el auto de 17 de octubre de 2013 (Exp. 45679).

(3) Dworkin entiende al principio como un “estándar que ha de ser observado, no porque favorezca o asegure una situación económica, política o social que se considere deseable, sino porque es una exigencia de la justicia, la equidad o alguna dimensión de la moralidad”. Pág. 72. La diferencia, para dicho autor entre los principios y las normas jurídicas se centra en el hecho de que estas últimas “son aplicables a la manera de disyuntivas”, esto es, su observancia depende únicamente de si se ha presentado el estado de cosas señalado en la regla, de manera que “la respuestas que da debe ser aceptada, o bien no lo es, y entonces no aporta nada a la decisión.”; mientras que en el caso de los principios la cuestión es tal que “los funcionarios deben tenerlo en cuenta, si viene al caso, como criterio que les determine a inclinarse en uno u otro sentido”. Dworkin, Ronald. Los derechos en serio. Barcelona, Ariel. 1984. Págs. 72, 75, 77.

(4) “El punto decisivo para la distinción entre reglas y principios es que los principios son mandatos de optimización mientras que las reglas tienen el carácter de mandatos definitivos. En tanto mandatos de optimización, los principios son normas que ordenan que algo sea realizado en la mayor medida posible, de acuerdo con las posibilidades jurídicas y fácticas. Esto significa que pueden ser satisfechos en grados diferentes y que la medida ordenada de su satisfacción depende no solo de las posibilidades fácticas sino jurídicas, que están determinadas no solo por reglas sino también, esencialmente, por los principios opuestos. Esto último implica que los principios son susceptibles de ponderación y, además, la necesitan.”. Alexy, Robert. El concepto y la validez del derecho. Barcelona, Gedisa. 2º edición, 2004. Pág. 162.

(5) Guastini señala el rol de los principios en este tipo de interpretación: “Los principios influyen en la interpretación de las restantes disposiciones (las que no son principios) alejando a los jueces de la interpretación literal —la más cierta y previsible— y propiciando una interpretación adecuadora.”. Guastini, Riccardo. Principios de derecho y discrecionalidad judicial. En: Revista jueces para la democracia. Información y debate. Nº 34. Marzo, 1999. Págs. 38-46, especialmente 44. Sobre esto es importante resaltar que la denominada interpretación adecuadora hace referencia a la adecuación de un significado de una disposición conforme a los postulados bien de una norma jerárquicamente superior o de un principio general del derecho. En ambas situaciones esta interpretación se lleva a cabo al entenderse que el legislador respeta la Constitución como los principios generales del derecho. Para esto véase: Guastini, Riccardo. Estudios sobre la interpretación juridical. México, Universidad Nacional Autónoma de México. 1999. Págs. 47-48.

(6) Naturalmente este criterio lleva implícita la distinción entre disposición y norma jurídica, para decir que la primera hace referencia al enunciado consagrado positivamente mientras que la segunda alude a las múltiples lecturas que de esta pueden hacer los operadores jurídicos en ejercicio de la labor interpretativa.

(7) La Corte Constitucional ha efectuado las siguientes respecto del acceso a la administración de justicia, identificando ciertos elementos integrantes del mismo, en los siguientes términos: “De allí que haya sido calificado como un derecho de contenido múltiple o complejo, cuyo marco jurídico de aplicación compromete, en un orden lógico: “(i) el derecho de acción o de promoción de la actividad jurisdiccional, el cual se concreta en la posibilidad que tiene todo sujeto de ser parte en un proceso y de utilizar los instrumentos que allí se proporcionan para plantear sus pretensiones al Estado, sea en defensa del orden jurídico o de sus intereses particulares; (ii) el derecho a que la promoción de la actividad jurisdiccional concluya con una decisión de fondo en torno a las pretensiones que han sido planteadas; (iii) el derecho a que existan procedimientos adecuados, idóneos y efectivos para la definición de las pretensiones y excepciones debatidas; (iv) el derecho a que los procesos se desarrollen en un término razonable, sin dilaciones injustificadas y con observancia de las garantías propias del debido proceso, y, entre otros, (v) el derecho a que subsistan en el orden jurídico una gama amplia y suficiente de mecanismos judiciales —acciones y recursos— para la efectiva resolución de los conflictos.”.[1] (destacado del texto original).” Sentencia C-227/2009, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.

(8) Cfr. Corte Constitucional sentencias C-037 de 1996, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa; C-426 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil; C-1195 de 2001. MM.PP. Manuel José Cepeda Espinosa y Marco Gerardo Monroy Cabra.).

(9) Corte Constitucional, Sentencia C-227 de 2009.

(10) Sobre la observancia de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de aspectos procedimentales esta corporación ha señalado: “Adicional a las normas procedimentales que rigen el trámite de los procedimientos contenciosos administrativos, el despacho precisa que al momento de su interpretación y aplicación el funcionario judicial no solo debe remitirse a ellas sino que en su razonamiento debe acudir a las normas constitucionales y de orden supraconstitucional, donde se enfatiza en la Convención Americana de Derechos Humanos y la doctrina desarrollada a partir de ella por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Lo anterior en razón a que ya es un lugar común sostener que el juez administrativo no es un mero ejecutor formal de las normas legales sino que en razón al rol funcional que desempeña dentro del Estado social de derecho, es su obligación, antes que nada, ser garante de la corrección constitucional en la interpretación y aplicación de las normas legales, al igual que ejercer, ex oficio, el control de convencionalidad que se le impone en razón a la fuerza vinculante de los tratados de derechos humanos y su doctrina10.” Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Auto de 24 de septiembre de 2012, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Exp. 50001-23-31-000-2011-00586-01 (44050).

(11) Corte I.D.H., El hábeas corpus bajo suspensión de garantías (arts. 27.2, 25.1 y 7.6 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-8/87 del 30 de enero de 1987. Serie A Nº 8; párr.25.

(12) Corte I.D.H., Garantías judiciales en Estados de Emergencia (Convención Americana sobre Derechos Humanos, arts. 27.2, 25 y 8). Opinión Consultiva OC-9/87 del 6 de octubre de 1987. Serie A Nº 9; párr. 28 y Corte I.D.H., El Derecho a la información sobre la asistencia consular en el marco de las garantías del debido proceso legal. Opinión Consultiva OC-16/99, supra nota 130, párr. 118.

(13) Cfr. Caso Castillo Páez Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 3 de noviembre de 1997. Serie C Nº 34, párr. 82; Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C Nº 151, párr. 131, y Caso Castañeda Gutman Vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de agosto de 2008. Serie C Nº 183, párr. 78.

(14) Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Reverón vs Venezuela. Sentencia de 30 de junio de 2009.

(15) Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Hilaire, Constantine y Benjamin y otros Vs Trinidad y Tobago. Sentencia de 21 de junio de 2002.

(16) Cfr. Caso del Tribunal Constitucional, supra nota 7, párr. 69; y Garantías judiciales en Estados de Emergencia (arts. 27.2, 25 y 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-9/87 del 6 de octubre de 1987. Serie A Nº 9, párr. 27.

(17) Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sentencia de 2 de febrero de 2001. Caso Baena Ricardo y Otros Vs. Panamá.

(18) Advirtiendo, además, lo ya dicho por el Pleno de la Sección Tercera en anterior oportunidad en donde se ocupó de precisar la vigencia temporal de la Ley 1563 de 2012 frente al Decreto 1818 de 1998, regulatorios, ambos, del arbitramento, sus procedimientos y el recurso de anulación contra los aludos arbitrales. Se trata del auto de 6 de junio de 2013 que sostuvo:

“Una vez que se llega a la anterior conclusión la Sala debe determinar, entonces, la norma procesal que rige para el trámite de los recursos de anulación de laudo arbitral, aspecto en el cual existe norma especial en el artículo 119 de la Ley 1563 de 2012, lo que hace innecesario acudir al artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el artículo 624 del Código General del Proceso[18]; esta disposición especial dispone:

“Ley 1563 de 2012. Artículo 119.Vigencia.Esta ley regula íntegramente la materia de arbitraje, y empezará a regir tres (3) meses después de su promulgación. Esta ley solo se aplicará a los procesos arbitrales que se promuevan después de su entrada en vigencia.

Los procesos arbitrales en curso a la entrada en vigencia de esta ley seguirán rigiéndose hasta su culminación por las normas anteriores.”[18] (destacado propio).

Esto significa, entonces, que los procesos arbitrales iniciados con antelación a 12 de octubre de 2012 seguirán rigiéndose por las normas procesales que sobre la materia prescribe el Decreto Compilatorio 1818 de 1998, lo que incluye, entonces, el régimen de oportunidad, interposición, trámite y causales del recurso de anulación de laudo arbitral, y, en sentido contrario, solo se aplicará la normativa del estatuto arbitraje nacional e internacional (L. 1563/2012) para las demandas arbitrales interpuestas después del 12 de octubre de 2012.”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Pleno de Sección Tercera, auto de 6 de junio de 2013, Exp. 45922.

(19) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 12 de febrero de 2014. Rad. 11001-03-26-000-2013-00048-00 (46779).

(20) ART. 161.—Derogado por el artículo 118, Ley 1563 de 2012. Contra el laudo arbitral procede el recurso de anulación. Este deberá interponerse por escrito presentado ante el presidente del tribunal de arbitramento dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación del laudo o de la providencia que lo corrija, aclare o complemente.

(21) Sobre este punto hay que decir que la Corte Constitucional ha desarrollado, como defecto procedimental el “exceso ritual manifiesto”, el cual se configura cuando “el juez no acata el mandato de dar prevalencia al derecho sustancial, situación que lo lleva a denegar o vulnerar el derecho al acceso a la administración de justicia.” (C. Const., Sent. T-264 de 2009). Postura que ha sido expuesta, entre otras, en las siguientes decisiones: T-1306 de 2001, T-950 de 2011, T-213 de 2012, etc.