Auto 2013-00187 de mayo 5 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN C

Rad.: 50001-33-33-007-2013-00187-01 (48597)

Consejero Ponente:

Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa

Actor: Nación-Ministerio De Defensa-Ejército Nacional

Demandado: Jhon Jairo Cifuentes Castrillón

Referencia: Conflicto de competencia

Bogotá, D. C., cinco de mayo de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Normativa aplicable. En el presente caso debe observarse la regulación procesal dispuesta en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011, ya que, como lo dispone el artículo 308 de tal codificación, el mismo entrará en vigencia partir del 2 de julio de 2012 y para los procesos judiciales iniciados con posterioridad a tal fecha, requisito que en el sub lite se encuentra satisfecho dado que la demanda se ha instaurado el 7 de mayo de 2013.

2. Competencia. Al respecto es menester tener en cuenta que esta corporación es competente para resolver el presente conflicto de competencia de conformidad con lo dispuesto en el inciso primero del artículo 158 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, al disponer que el Consejo de Estado será el competente para conocer de los conflictos que se presenten entre “los tribunales administrativos y entre estos y los jueces administrativos de diferentes distritos judiciales”; siendo este el supuesto de hecho del sub judice, pues se trata de una controversia entre la Sección Tercera del Juzgado Treinta y Tres (33) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Villavicencio.

3. Asunto a tratar. Vistos los antecedentes del presente asunto, el despacho considera que está en presencia de una discusión sobré la determinación del juzgado competente para conocen el medio de control interpuesto, dado que tanto se generó una controversia entre la normatividad a aplicar en materia de medios de control de repetición (L. 1437/2011, art. 155 num. 8(1)) y lo regulado en la Ley 678 de 2001.

3.1. Es preciso recordar que el atributo de la competencia, en general, debe ser entendido como la posibilidad que tiene una determinada persona, esto es, un órgano público o un particular de proferir o realizar un acto con eficacia normativa reconocida por el ordenamiento jurídico superior, previa sujeción a determinados requerimientos. Así lo ha reflejado Kelsen al decir que “Cuando una norma califica el acto de cierto individuo como supuesto jurídico o consecuencia de derecho, esto significa que solo ese individuo es ‘capaz’ de realizar dicho acto; o sea que solo él es el ‘competente’ para realizarlo (usado el término en un sentido más amplio)”(2). De manera que las consecuencias de contar o no con esta atribución repercutirán en el ejercicio de la actuación desplegada por el órgano, pues “Solo si este individuo capaz y competente realiza o deja de realizar el acto, pueden producirse la acción o la omisión que de acuerdo con la norma constituyen la condición o la consecuencia jurídicas”(3). En esta misma línea, esta corporación ha dicho que la incompetencia es “la falta de poder legal para tomar esas decisiones o proferir providencias necesarias o inherentes a la actividad administrativa o jurisdiccional”(4). En otras palabras, el no contar con el requisito de competencia es un evento de nulidad procesal de lo actuado por la respectiva autoridad judicial(5).

3.2. Ahora bien, teniendo en cuenta que entre eI Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Villavicencio y el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Villavicencio existe una discrepancia en materia de competencia para conocer del medio de control de repetición de la referencia, el despacho estudiará la normatividad aducida por ambos juzgados administrativos.

De una parte, la Ley 678 de 2001 “Por medio de la cual se reglamenta la determinación de responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado a través del ejercicio de la acción de repetición o de llamamiento en garantía con fines de repetición” en su artículo 7º consagra:

“ART. 7º—Jurisdicción y competencia. La jurisdicción de lo contencioso administrativo conocerá de la acción de repetición. Será competente el juez o tribunal ante el que se tramite o se haya tramitado el proceso de responsabilidad patrimonial contra el Estado de acuerdo con las reglas de competencia señaladas en el Código Contencioso Administrativo. (…)

Cuando la reparación patrimonial a cargo del Estado se haya originado en una conciliación o cualquier otra forma permitida por la ley para solucionar un conflicto con el Estado, será competente el juez o tribunal que haya aprobado el acuerdo o que ejerza jurisdicción territorial en el lugar en que se haya resuelto el conflicto.

Por su parte, el numeral 8 del artículo 155 de la Ley 1437 de 2011 indica lo siguiente:

“ART. 155.—Competencia de los jueces administrativos en primera instancia. Los jueces administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos:

(…)

8. De las acciones de repetición que el Estado ejerza contra los servidores o exservidores públicos y personas privadas que cumplan funciones públicas, incluidos los agentes judiciales, cuando la cuantía no exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes y cuya competencia no estuviere asignada al Consejo de Estado en única instancia”.

Evidenciada cada una de las disposiciones normativas, se observa que las normas trascritas son incompatibles, teniendo en cuenta que el criterio de la Ley 678 de 2001 es de carácter especial, comoquiera que determina el factor de competencia por conexidad, al ser el juez que profirió la sentencia o que haya aprobado el acuerdo de conciliación o que ejerza jurisdicción territorial en el lugar en que se haya resuelto el conflicto. Mientras que la Ley 1437 de 2011 es una norma de carácter general, en la cual se establece la competencia atendiendo solo al factor cuantía.

Ahora bien, es de tener en cuenta que según el artículo 2º de la Ley 153 de 1875, la ley posterior prevalece sobre la ley anterior, y de ser el caso en que una ley posterior sea contraria a la anterior, se aplicará la ley posterior.

De esta manera, si bien la Ley 1437 de 2011 es de carácter general, que reguló el tema procesal de la competencia para el medio de control de repetición, no es menos cierto que es posterior a la Ley 678 de 2001. En consecuencia, se debe entender que la competencia prevista en el artículo 7º de la Ley 678 de 2001 fue derogada tácitamente por el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Al respecto, la derogación tácita se concibe cuando la prohibición de aplicar una ley precedente es el resultado de la imposibilidad de compatibilidad de dos normas excluyentes entre sí, es decir, se trata de un caso de discordancia por cuanto hay igualdad de relación de supuestos fácticos, en cuanto a que la norma anterior no se puede aplicar, de manera tal, que al hacerlo se negaría la vigencia de la norma sobreviniente. Es por ende, que entre las dos normas existiría una incompatibilidad y al ser inconciliables debe prevalecer la posterior, es por ello que la exclusión de la norma precedente lleva a prescindir de manera tácita de la misma, procediendo a dar aplicación a la norma posterior.

Con lo anterior, se sobreentiende que la Ley 1437 de 2011 derogó de manera tácita la competencia para el conocimiento del medio de control de repetición que anteriormente había previsto la Ley 678 de 2001.

En este orden de ideas, queda claro que en el presente caso la demanda se presentó el 7 de mayo de 2013, es decir en vigencia de la Ley 1437 de 2011, y que fue repartida inicialmente al Juzgado Treinta y Tres Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá, despacho que se abstuvo de conocer del proceso, argumentando el factor de conexidad y dando aplicación a la norma especial en cuanto al medio de control de repetición, sin embargo como quedó expuesto, la normatividad sobre la competencia del artículo 7º de la Ley 678 de 2001 quedó derogada tácitamente.

Se concluye entonces, que la competencia radica en cabeza del Juzgado Treinta y Tres Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá, comoquiera que el asunto a tratar se estima en un valor menor a los 500 salarios mínimos mensuales legales para el año 2013, año de presentación de la demanda, suma equivalente a $126.175.000, equivalentes a 214 salarios mínimos mensuales para 2013. Cumpliendo así con el requisito de competencia establecido por el numeral 8 del artículo 155 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Visto lo anterior, este despacho declarará que la competencia para el conocimiento de este asunto se encuentra radicada en el Juzgado Treinta y Tres Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Primero: DECLARAR que el Juzgado Treinta y Tres Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá es competente para conocer de la demanda instaurada en ejercicio del medio de control de repetición en contra del señor Jhon Jairo Cifuentes Castrillón.

Segundo: REMÍTASE el expediente al Juzgado Treinta y Tres Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá, para que asuma el conocimiento del presente asunto y resuelva lo de su competencia.

Tercero: COMUNÍQUESE esta providencia al Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Villavicencio.

Notifíquese y cúmplase».

(1) Artículo 155. Competencia de los jueces administrativos en primera instancia. 8. De las acciones de repetición que el Estado ejerza contra los servidores o exservidores públicos y personas privadas que cumplan funciones públicas, incluidos los agentes judiciales, cuando la cuantía no exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

(2) Kelsen, Hans. Teoría general del derecho y del Estado. 2ª edición, 1958. Universidad Nacional Autónoma de México, pág. 106.

(3) Kelsen, Hans. Ibíd., pág. 106.

(4) “Si en estricto sentido la competencia se refiere solo a la aptitud para tomar decisiones, o sea emitir actos jurídicos, se tiene que la incompetencia es la falta de poder legal para tomar esas decisiones o proferir providencias necesarias o inherentes a la actividad administrativa o jurisdiccional”. Consejo de Estado, Sección Segunda, C.P. Samuel Buitrago Hurtado. Auto de 31 de julio de 1980.

(5) Debe decirse que en el marco de la teoría del derecho el concepto de competencia y la naturaleza de las reglas que sobre esta se profieren resultan siempre de interés y amplia discusión. Así, vale la pena traer, por lo menos, dos contribuciones de la teoría jurídica a este tema.

El primero de ellos es la postura de HLA Hart en torno a la determinación de las reglas de competencia (de adjudicación) como reglas secundarias, teniendo corno particularidad distintiva el hecho de que se trata de normas que "facultan a determinar, en forma revestida de autoridad, si en una ocasión particular se ha trasgredido una regla primaria. (…) Además de identificar a los individuos que pueden juzgar, tales reglas definen también el procedimiento a seguir". HLA Hart. El concepto de derecho. 3ª edición, 2ª reimpresión, 2012, Buenos Aires, Abeledo Perrot. Pág. 120. Es de interés resaltar que la trasgresión o desconocimiento de este tipo de reglas es caracterizada por el autor inglés como nulidad, así no se puede asimilar como “un castigo establecido por una regla para que uno se abstenga de las actividades que la regla prohíbe (…) simplemente dichas reglas no le acuerdan reconocimiento jurídico”. HLA Hart. El concepto de derecho. Ob. Cit. Pág. 43.

Po último, Atienza y Manero, califican a las reglas de competencia o aquellas que confieren poderes como de carácter constitutivo que no participan de la categoría de normas deónticas: el “poder” de una regla que confiere poder es el de alcanzar determinados resultados normativos por el hecho de que, dadas ciertas circunstancias, efectuamos una acción que, por otro lado, puede estar permitida, ser obligatoria o está prohibida; lo opuesto a poder, en este segundo caso, es ser incompetente, es decir, no tener capacidad para producir un determinado resultado normativo; y, finalmente, las reglas que confieren poder no pueden tampoco incumplirse, pero no por la razón por la que no pueden incumplirse las permisiones, sino porque ellas no son normas deónticas: lo único que cabe con las reglas que confieren poder es usarlas con éxito o no”. Atienza, Manuel y Ruiz Manero, Juan. Las piezas del derecho. Teoría de los enunciados jurídicos. 2ª edición, 2004. Barcelona, Ariel. Pág. 99.