Auto 2013-00208 de diciembre 7 de 2015

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad.: 44001-23-33-000-2013-00208-01 [21900]

Actor: Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP

Ref.: Declara la nulidad de lo actuado. Envía por competencia a los juzgados administrativos.

Bogotá, D. C., siete de diciembre de dos mil quince.

Auto

Llega al Despacho Sustanciador el proceso de la referencia para admitir el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 14 de abril de 2015, dictada por el Tribunal Administrativo de la Guajira. No obstante, revisado el expediente se advierte una nulidad insaneable si se tiene en cuenta que el proceso debió conocerse en primera instancia por los jueces administrativos y no por el Tribunal, como se explicará más adelante.

Antecedentes

En ejercicio del medio de control consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P., a través de apoderado, solicitó que se declarara la nulidad de los siguientes actos administrativos por los cuales el municipio de Riohacha le liquidó el impuesto de alumbrado público:

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 Recibo oficial de pagoPeriodo liquidadoMontoResolución Recurso reconsideraciónDecisión
1.000298 de 15/05/2012(1)Abril/2012$ 22.668.0000578 de 27/06/2013(2)Confirma
2.000320 de 13/06/2012(3)Mayo/2012$ 22.668.0000577 de 27/06/2013(4)Confirma
3.00342 de 16/07/2012(5)Junio/2012$ 22.668.0000881 de 20/09/2013(6)Confirma

La demanda se presentó el 29 de noviembre de 2013(7) y fue repartida al Tribunal Administrativo de La Guajira que avocó conocimiento en primera instancia y admitió la demanda en auto del 21 de marzo de 2014(8).

Contestada la demanda, practicadas las audiencias inicial y de pruebas y presentados los alegatos de conclusión, el Tribunal profirió sentencia de 14 de abril de 2015, por la cual se negaron las pretensiones de la demanda(9).

El apoderado de la demandante instauró recurso de apelación contra esa decisión(10). El Tribunal concedió la apelación y remitió el expediente al Consejo de Estado para resolver.

Consideraciones del despacho

En primer lugar, corresponde al superior realizar un examen preliminar del expediente repartido, para verificar, entre otros aspectos, si en la primera instancia se incurrió en causal de nulidad.

Precisado lo anterior, se observa que el asunto de la referencia llega a este Despacho para resolver sobre la admisión del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 14 de abril de 2015. No obstante, como se anunció al inicio de esta providencia, no procede tramitar el referido recurso porque la cuantía del proceso no supera la exigida para que esta Corporación conozca en segunda instancia. Para llegar a esa conclusión se abordarán los siguientes aspectos: i) Competencia en primera instancia de los juzgados y de los Tribunales Administrativos y en segunda instancia del Consejo de Estado. Reglas de competencia aplicables en asuntos tributarios; ii) Competencia del Consejo de Estado; iii) Caso concreto. Falta de competencia funcional- nulidad insaneable, y iv) conclusiones.

i) Competencia en primera instancia de los juzgados y de los Tribunales Administrativos. Reglas de competencia aplicables en asuntos tributarios.

La Ley 1437 de 2011, por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo [en adelante CPACA] introdujo varias modificaciones importantes, entre las que pueden destacarse la reducción -en algunos casos- de las cuantías para que las autoridades judiciales que integran la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo [jueces, magistrados de tribunal y del Consejo de Estado] conozcan de un determinado asunto en única, primera o segunda instancia.

Para los temas tributarios –con cuantía- en los que se controvierta el monto, distribución o asignación de impuestos y contribuciones los competentes para conocer en primera instancia son los juzgados administrativos siempre que el valor que se discuta sea inferior a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes, conforme con lo previsto en el artículo 155 [4] del CPACA(11). Si la cuantía del proceso es superior a 100 salarios mínimos corresponderá conocer a los Tribunales Administrativos, según el artículo 152 [4] ib.(12).

ii) Competencia del Consejo de Estado.

El Consejo de Estado conoce en segunda instancia de los procesos decididos en primer grado por los Tribunales Administrativos, según lo dispuesto en el artículo 150 ib. Esa norma señala textualmente:

“Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación. <artículo modificado por del artículo 615 de la Ley 1564 de 2012. El nuevo texto es el siguiente:> El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia.”

Al interior de esta Corporación, de acuerdo con el artículo 13 del Acuerdo 58 de 1999(13) [Reglamento del Consejo de Estado], la competencia para conocer de los procesos está distribuida entre las Secciones que la integran, según la especialidad de cada una, excepto la Sección Primera a la que se le asignó una competencia residual(14).

Concretamente, a la Sección Cuarta le corresponde conocer, entre otros procesos, de los de nulidad y nulidad y restablecimiento del derecho que versen sobre actos administrativos relacionados con impuestos y contribuciones fiscales y parafiscales, excepto las tasas.

Significa entonces que, teniendo en cuenta la distribución de competencias contenida en el Reglamento de esta Corporación, la Sección Cuarta es la especializada en asuntos tributarios, es decir que conoce de los procesos en los que se demanden actos relacionados con impuestos y contribuciones.

Cuando se trata de demandas de nulidad y restablecimiento del derecho con cuantía, esta Sección conoce en segunda instancia de aquellas que atacan un acto particular de determinación del monto, distribución o asignación de impuestos y contribuciones, siempre que superen los 100 salarios mínimos legales mensuales.

Así que si el valor discutido no es superior a 100 smlmv corresponde a los jueces administrativos tramitar la primera instancia y a los tribunales la segunda.

Explicado lo anterior, deberá analizarse el caso concreto.

iii) Caso concreto. Falta de competencia funcional- nulidad insaneable.

En el sub examine se observa que en la demanda se hace una acumulación de pretensiones, puesto que se pide la nulidad de los actos que determinaron, en forma separada, el pago de alumbrado público por los meses de abril, mayo y junio de 2012.

Para efectos de determinar la competencia es necesario hacer una estimación razonada de la cuantía. En este caso, la demandante la estimó en $ 68.004.000, monto que corresponde a la suma de los valores determinados en los tres periodos facturados. Cada periodo se liquidó por $ 22.668.000.

Para efectos de señalar de manera razonada la cuantía es importante tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 157 del CPACA:

“Artículo 157. Competencia por razón de la cuantía. Para efectos de competencia, cuando sea del caso, la cuantía se determinará por el valor de la multa impuesta o de los perjuicios causados, según la estimación razonada hecha por el actor en la demanda, sin que en ello pueda considerarse la estimación de los perjuicios morales, salvo que estos últimos sean los únicos que se reclamen. En asuntos de carácter tributario, la cuantía se establecerá por el valor de la suma discutida por concepto de impuestos, tasas, contribuciones y sanciones.

Para los efectos aquí contemplados, cuando en la demanda se acumulen varias pretensiones, la cuantía se determinará por el valor de la pretensión mayor.

En las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho no podrá prescindirse de la estimación razonada de la cuantía, so pretexto de renunciar al restablecimiento.

La cuantía se determinará por el valor de las pretensiones al tiempo de la demanda, sin tomar en cuenta los frutos, intereses, multas o perjuicios reclamados como accesorios, que se causen con posterioridad a la presentación de aquella.

Cuando se reclame el pago de prestaciones periódicas de término indefinido, como pensiones, la cuantía se determinará por el valor de lo que se pretenda por tal concepto desde cuando se causaron y hasta la presentación de la demanda, sin pasar de tres (3) años.” (Resaltado fuera de texto).

De acuerdo con la norma transcrita, cuando se acumulan varias pretensiones será la de mayor valor la que determinará la cuantía del asunto. En el sub lite como las tres pretensiones que se acumulan tienen el mismo valor, cualquiera puede tomarse para estimar la cuantía.

En ese orden de ideas se puede concluir que la cuantía de este proceso es de $ 22.668.000 y como lo que se discute es la determinación del impuesto de alumbrado público, la regla de competencia aplicable es la especial de tributos. Significa que es necesario que la cuantía discutida sea mayor a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes para que este alto tribunal conozca en segunda instancia.

La demanda se presentó en el 2013, año en el que 100 salarios equivalían a $ 58.950.000 y como la cuantía de este proceso, como se indicó, es de $ 22.668.000 no correspondía conocer en primera instancia al Tribunal Administrativo de La Guajira, sino a los juzgados administrativos, de conformidad con lo prescrito en el artículo 155, numeral 4° del CPACA, toda vez que la suma discutida no excede los 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

iv) Falta de competencia funcional- nulidad insaneable.

Teniendo en cuenta lo explicado en el capitulo anterior, es claro que el Tribunal Administrativo de La Guajira no tenía competencia para avocar el conocimiento del asunto en primera instancia por tratarse del medio de control de nulidad y restablecimiento con cuantía inferior a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

En este punto es importante indicar que una vez repartida una demanda para su conocimiento, al juez le corresponde verificar si la demanda promovida es la adecuada teniendo en cuenta la naturaleza de los actos acusados. Tratándose de pretensiones de nulidad y restablecimiento del derecho deberá, además, revisar cuál es la cuantía para determinar la competencia funcional.

En este caso se advierte que se configura una causal de nulidad insaneable, según los artículos 140 [2] y 144 [in fine] del CPC(15), aplicables al trámite contencioso administrativo(16), dado que el Tribunal Administrativo de la Guajira no tenía competencia funcional para tramitar la primera instancia, pues como se indicó, son los Juzgados Administrativos los competentes en razón de la cuantía del proceso.

Por lo anterior, el Consejo de Estado no es competente para resolver la apelación interpuesta, pues, según el artículo 150 del CPACA, conoce en segunda instancia de los asuntos tramitados en primera instancia por los Tribunales Administrativos, y como en el sub examine se aplica la regla especial del artículo 152 [4] ib., el proceso debe superar los 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de presentación de la demanda.

En consecuencia, deberá remitirse el expediente a la Oficina Judicial de Riohacha para que sea repartido entre los jueces administrativos de esa ciudad, de forma que alguno asuma el conocimiento de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida por Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP.

Por lo anterior, el Consejo de Estado, en su Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Sala Unitaria,

RESUELVE:

1. Declárase la nulidad de todo lo actuado en el presente proceso a partir del auto del 14 de febrero de 2014 dictado por el Tribunal Administrativo de La Guajira. En consecuencia:

2. Remítase el expediente a la Oficina Judicial de Riohacha para que efectúe el correspondiente reparto entre los juzgados administrativos de esa ciudad.

3. Remítase copia de esta providencia al Tribunal Administrativo de La Guajira.

Notifíquese y cúmplase.

Martha Teresa Briceño de Valencia 

1 Fl. 44

2 Fls 55-63

3 Fl. 65

4 Fls. 76-84

5 Fl. 86

6 Fls. 97-105

7 Fl. 28

8 Fls. 128-129

9 Fls. 270-281

10 Fls. 284-297

11 Artículo 155. Competencia de los jueces administrativos en primera instancia. Los jueces administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos:
(…)
4. De los procesos que se promuevan sobre el monto, distribución o asignación de impuestos, contribuciones y tasas nacionales, departamentales, municipales o distritales, cuando la cuantía no exceda de cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

12 Artículo 152. Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia. Los tribunales administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos:
(…)
4. De los que se promuevan sobre el monto, distribución o asignación de impuestos, contribuciones y tasas nacionales, departamentales, municipales o distritales, cuando la cuantía sea superior a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

13 Modificado por el artículo 1º del Acuerdo 55 de 2003.

14 Conoce de los asuntos que no están expresamente asignados a otras secciones.

15 Vigentes en la fecha en que se generó la falta de competencia.

16 Por remisión expresa del artículo 306 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.