Auto 2013-00221 de febrero 12 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Rad.: 20001-23-33-000-2013-00221-01 (AP)

Consejero Ponente:

Dr. Mauricio Fajardo Gómez

Actor: Contraloría Municipal de Valledupar

Demandado: rama judicial

Bogotá, D.C., febrero doce de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. Procedencia del recurso de apelación contra el auto que rechaza la demanda del medio de control de protección de derechos e intereses colectivos.

En primer lugar conviene determinar la procedencia del recurso de apelación contra los autos que rechazan la demanda dentro de las acciones populares, puesto que la Ley 472 de 1998, en principio, previó dicho medio de impugnación contra las siguientes providencias: a) el auto que decreta medidas previas y b) la sentencia.

“ART. 26.—Oposición a las medidas cautelares. El auto que decrete las medidas previas será notificado al demandado simultáneamente con la admisión de la demanda y podrá ser objeto de los recursos de reposición y apelación (...).

ART. 37.—Recurso de apelación. El recurso de apelación procederá contra la sentencia que se dicte en primera instancia, en la forma y oportunidad señalada en el Código de Procedimiento Civil, y deberá ser resuelto dentro de los 20 días siguientes contados a partir de la radicación del expediente en la secretaría del tribunal competente”.

Sin embargo, esta corporación, en su Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, ha considerado:

“Como el contenido integral de la Ley 472 de 1998 no hizo regulación especial respecto del recurso procedente contra el ‘auto de rechazo de la demanda’; como el artículo 36 ibídem, declarado exequible, solo prevé la reposición para los autos dictados dentro del trámite del proceso; y como el auto de rechazo de la demanda es precisamente indicativo de inexistencia de proceso, debe aplicarse el artículo 44 de la Ley 472, que remite a las normas del Código Contencioso Administrativo ‘en los aspectos no regulados en la presente ley, mientras no se opongan a la naturaleza y la finalidad de tales acciones’. Se considera que ese artículo debe aplicarse porque el estudio integral de la Ley 472 de 1998 así lo apunta. Recuérdese que lo previsto por ella en materia de recursos, atañe exclusivamente, con los autos dictados dentro del trámite de la acción referida y, por lo tanto, no puede tener implicación para el auto de rechazo de la demanda porque, por su naturaleza, no es de aquellos que se dictan dentro del trámite del proceso de acción popular, debido precisamente a que frustra el inicio del juicio. Por lo tanto, al no existir regulación expresa en la Ley 472 de 1998 frente al auto de rechazo de la demanda, pues solo regula los recursos respecto de los autos dictados dentro del proceso, se debe aplicar el Código Contencioso Administrativo, por remisión expresa del artículo 44 de la ley en comento toda vez que no se opone a la naturaleza y finalidad de tales acciones. Entonces en las acciones populares el auto de rechazo de la demanda será recurrible en apelación por dos situaciones jurídicas: la primera concerniente a que la ley determinó que los procesos promovidos en ejercicio de las acciones populares tienen dos grados de decisión y la segunda situación, referente a que el Código Contencioso Administrativo prevé que el auto de rechazo de la demanda en asunto de dos instancias es apelable”(1) (se destaca).

El anterior pronunciamiento ha sido reiterado en providencias proferidas por las Secciones Primera y Tercera del Consejo de Estado, en virtud de las cuales se ha sostenido que la apelación del auto que rechaza la demanda del medio de control judicial de protección de derechos e intereses colectivos sí resulta procedente(2).

2. El caso concreto.

En el caso sub examine, la parte actora interpuso recurso de apelación contra el auto de 8 de agosto de 2013 proferido por el Tribunal Administrativo del Cesar, mediante el cual se rechazó de plano la demanda del medio de control judicial de protección de derechos e intereses colectivos, por considerar que el asunto no es susceptible de control judicial.

La Sala confirmará el auto apelado, toda vez que el ejercicio de la acción popular para controvertir o cuestionar providencias judiciales resulta improcedente.

Así ha discurrido la Jurisprudencia de la Sala al considerar que “... a través de la acción popular se hace irrevisable la decisión judicial”(3), aspecto que fue más adelante retomado por la Sección Tercera de la corporación para ratificarlo con mayor profundidad, tal como se consignó en el siguiente sentido:

“Las decisiones proferidas en otras acciones —tutela— se mirarán con el propósito de establecer, si como lo concluyó el a quo, hubo sustracción de materia en cuanto al objetivo de esta acción, pero se insiste, el desacato a tales decisiones, de haber existido, no será objeto de análisis en esta providencia, no solo porque escapa a la competencia que las partes determinaron desde el comienzo del proceso, sino además porque la acción popular no está constituida en el escenario para hacer cumplir órdenes de otras autoridades judiciales o sancionar su incumplimiento; cabe recordar que su finalidad está constituida por la protección de derechos e intereses colectivos, por cuenta de las actuaciones administrativas.

Ya la Sala ha señalado que la acción popular no es el instrumento procesal idóneo para controvertir decisiones judiciales:

“En este caso particular se agotaron las instancias judiciales y so pretexto del ejercicio de la acción popular, no podría revisarse nuevamente la legalidad del contenido obligacional del contrato, proceder a revisarlo por la vía constitucional implicaría desconocer otros derechos fundamentales y principios constitucionales, como si dichos derechos fundamentales fueran de un rango diferente y como si los derechos colectivos fueran per se de mayor jerarquía. Proceder de esta manera y abordar el fondo del asunto, implicaría desconocer el principio de la cosa juzgada y atentaría peligrosamente contra el principio de la seguridad jurídica y la estabilidad en las relaciones jurídicas”(4).

Estas mismas consideraciones impiden que el juez popular se convierta, como se pretende con lo alegado en este proceso, en una instancia nueva de verificación y cumplimiento de lo decidido por otras autoridades judiciales, so pretexto que el incumplimiento de lo ordenado por otros jueces entrañaría vulneración o amenaza de derechos colectivos (v.gr. moralidad administrativa). Admitir semejante postura jurídica implicaría encumbrar al juez popular en una suerte de posición superior respecto del resto de los jueces de la República como árbitro supremo de sus determinaciones, con grave dislocamiento de la estructura de la rama judicial, vulnerando la autonomía e independencia en el ejercicio de su función de administrar justicia (art. 230 superior y LEADJ, art. 5º) sin asidero constitucional o legal alguno.

Además no se olvide que toda decisión judicial goza de fuerza vinculante(5) y su inobservancia acarrea sanciones en el campo penal(6) y disciplinario y por ello todo el sistema jurídico se edifica sobre la premisa conforme a la cual la sentencia ejecutoriada en proceso contencioso tiene fuerza de cosa juzgada (CPC, art. 332)”(7) (se deja destacado en negrillas y en subrayas).

De conformidad con la referida y reiterada jurisprudencia de la Sala, la cual se reafirma en esta oportunidad, se impone confirmar el auto impugnado, habida cuenta de la improcedencia de la acción popular para cuestionar decisiones judiciales, en este caso la providencia que dictó el Juzgado Cuarto Civil del Circuito Adjunto de Valledupar, el día 28 de noviembre de 2011, amén de que, bueno es señalarlo, los procedimientos judiciales, generalmente regulados de manera exhaustiva por la ley, contemplan y determinan la procedencia de diversos recursos, ordinarios y extraordinarios, para cuestionar e impugnar las decisiones judiciales, razón por la cual ese propósito debe perseguirse mediante la observancia de esos cauces procesales y no mediante el ejercicio de acciones o medios de control independientes que tienen finalidades y objetivos muy precisos y bien diferentes a los que son propios de los aludidos recursos.

Ahora bien, la Sala no puede pasar inadvertido que la causal de rechazo de la demanda que aplicó el Tribunal Administrativo a quo fue la prevista en el numeral 3 del artículo 168 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en cuya virtud se rechazará la demanda “[c]cuando el asunto no sea susceptible de control judicial”.

Al respecto conviene señalar que si bien es cierto que la Ley 472 de 1998 no prevé en forma expresa causales de rechazo, in limine, de la demanda, puesto que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20 de dicha normativa, el juez inadmitirá la demanda que no cumpla con los requisitos señalados en la ley, precisando los defectos de que adolezca para que el demandante los subsane en el término de tres (3) días y si no lo hiciere, deberá rechazarla(8), es decir que, en principio, solo procedería el rechazo simple de la demanda de acción popular, no es menos cierto que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la aludida Ley 472 de 1998, “[e]n los procesos por acciones populares se aplicarán las disposiciones del Código de Procedimiento Civil y del Código Contencioso Administrativo dependiendo de la jurisdicción que le corresponda...”, por manera que la causal de rechazo de la demanda prevista en el nuevo estatuto de lo contencioso administrativo bien resulta aplicable al presente caso.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR el auto proferido por el Tribunal Administrativo del Cesar el día 8 de agosto de 2013, por medio del cual se rechazó la demanda.

2. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen para lo de su competencia.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 21 de enero de 2003, Expediente AP-2188.

(2) Providencia de 21 de octubre de 2009. Sala de Sección Tercera del Consejo de Estado. C.P. Ruth Stella Correa Palacio. Radicación 08001-23-31-000-2005-01917-01 (AP). Providencia de 8 de junio de 2012. C.P. Marco Antonio Velilla Moreno. Radicación 25000-23-24-000-2010-00372-01 (AP). Sección Primera Consejo de Estado.

(3) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 31 de marzo de 2005, Expediente 05001-23-31-000-2003-02753-01 (AP); M.P. Ramiro Saavedra Becerra.

(4) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia 31 de marzo del 2005, Expediente 02753, actor: municipio de Rionegro, C.P. Ramiro Saavedra Becerra. En el mismo sentido, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 27 de julio de 2005, radicación 07001233100020030000203, actor: Iván Danilo León Lizcano, demandado: Juez Único Laboral del Circuito de Arauca y Otros, C.P. Ramiro Saavedra Becerra.

(5) De conformidad con el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos es deber de los Estados parte garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso. En el mismo sentido artículo 2º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

(6) Fraude a resolución judicial y prevaricato por omisión.

(7) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 16 de marzo de 2006, Expediente 13001-23-31-000-2003-00239-01 (AP); M.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(8) Auto de veintiuno (21) de octubre de dos mil nueve (2009). Sala de Sección Tercera del Consejo de Estado. C.P. Ruth Stella Correa Palacio. Radicación 08001-23-31-000-2005-01917-01 (AP); providencia de 3 de mayo de 2007. Sala de Sección Primera, Consejo de Estado. C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta. Radicación 25000-23-25-000-2006-00568-01 (AP).