Sentencia 2013-00243 de agosto 28 de 2013

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad.: 110010102000-2013-00243-00

Magistrado Ponente:

Dr. Wilson Ruiz Orejuela

Aprobado en Acta Nº 67 de la fecha

Bogotá, D.C., ventiocho de agosto de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones

De acuerdo con los artículos 256-3(1) de la C.P. y 112-3(2) de la Ley 270 de 1996, la Sala es competente para conocer y decidir en única instancia las indagaciones disciplinarias impulsadas a los magistrados de los consejos seccionales de la Judicatura, entre otros funcionarios.

El caso concreto

Como se señaló en el acápite de los hechos, personas que no se identificaron remitieron un escrito en el cual dan a conocer que la Dra. Martha Isabel Rueda Prada, ejerce presiones contra los empleados, les impone tareas excesivas y asume una actitud que genera un pésimo ambiente laboral.

Pues bien, a pesar de tratarse de denunciante anónimo, la imprecisión de la queja y la ausencia de soportes de la misma, por cuyas características era posible rechazarse(3), se dispuso practicar diligencias de indagación preliminar con el fin de establecer la realidad de lo allí señalado, lo cual no fue posible, puesto que escuchados en declaración los empleados, ninguno de ellos dio fe de las inexactitudes plasmadas en ese enigmático libelo.

En efecto, al expediente se arrimaron los testimonios de los profesionales del derecho Natalia Morales Palomino —Secretaria de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander—, María Eugenia Sanmiguel Romero —empleada del Juzgado Quinto de Familia de Bucaramanga—, Marlon Eduardo Acuña López —empleado de la Sala Seccional—, Fredy Alberto Gómez López —inspector de Tránsito y Transporte de Piedecuesta— y la estudiante de derecho Andrea Tobar Rodríguez, quienes de manera clara y coherente fueron contestes en señalar que si bien en alguna oportunidad han recibido llamados de atención de la magistrada Martha Isabel Rueda Prada, ha sido con ocasión de las baraúndas que se presentan en la secretaría de esa colegiatura, precisamente por el cúmulo de procesos que maneja el corporativo, pero que en manera alguna constituyen acoso laboral para los mismos.

De manera indivisible rescataron el temple santandereano de la funcionaria, al punto que es reconocida por su seriedad y compromiso con la administración de justicia, sin que ello implique la imposición de tareas exageradas, torpes o ineptas que en nada redundan al cargo que ostenta y, por el contrario, lo que en veces generó un ambiente tenso fue precisamente el volumen de trabajo que al interior de esa Seccional se baraja; verbi gratia, la Dra. Sanmiguel Romero, señaló: “… ella nos indicaba lo pertinente al trámite, nos hacía las correcciones y nos daba parámetros para seguir, siempre entre los límites del respeto, de exigencia propia del cago y del cumplimiento que nos asistía a nosotros, ese era el clima laboral y en particular conmigo, el trato siempre fue cortés, cuando era necesario corregirme con firmeza lo hacía, sin embargo, no me sentí en ningún momento agredida, sino por el contrario, lo abordaba como una oportunidad de aprendizaje”(4).

Marlon Eduardo Acuña López, fue enfático en expresar la responsabilidad de la funcionaria, pues se mantiene muy pendiente del impulso de sus procesos y constantemente les da directrices sobre la forma como deben hacerlo, pero jamás ha recibido trato descortés y menos lo ha advertido respecto de sus compañeros(5).

Por su parte, la Secretaria de la Sala, aunque reconoció la diversidad de temperamentos, dados sus arraigos santandereano y bogotano, y, por supuesto, las formas para decir las cosas y enfrentar un llamado de atención, entre ella y la Dra. Martha Isabel, sin que ello implique acoso laboral o maltrato, refirió que la magistrada “… no impone tareas excesivas ni absurdas, las funciones que tenemos cada uno de los empleados de las secretaria de la Sala Disciplinaria son previamente reglamentadas en Sala, las tareas excesivas que tenemos son el producto de la falta de personal que hay en la corporación mas no por funciones autoritarias o unilaterales impuestas por la Dra. Martha”(6).

El actual inspector de transportes y tránsito de Piedecuesta, Dr. Freddy Alberto Gómez López, también se refirió no solo al sentido de pertenencia de la funcionaria, en tanto, se encargaba de dar las instrucciones sobre sus expedientes y la preparación de las audiencias, pero lo hacía de manera normal, sin faltar al respeto, sino igualmente, sobre la rigidez que se presentaba en el trabajo, pero por “… la cantidad de trabajo, teniendo en cuenta que se manejaban muchos expedientes, habían varios atrasos en el tema del archivo y preocupación por la mora en los trámites, normalmente trabajamos contra reloj para prevenir el vencimiento de términos, para pasar oportunamente los procesos al despacho”(7).

Y la estudiante de derecho, Andrea Tobar Rodríguez, indicó que la relación con la Dra. Martha Isabel, tanto personal como laboral “… era muy buena, era persona que se preocupaba mucho por el desempeño y la formación”, y con relación a las instrucciones que daba, indicó: “La doctora tiene una manera de hablar que es fuerte, es precisa y le dice las cosas a uno como son”(8).

Testimonios todos estos que en sentir de la Sala merecen crédito, no solo porque provienen de personas ilustradas, sino porque no se avizora en ellas interés de perjudicar o beneficiar a la funcionaria, pues en la misma forma que señalaron sus cualidades destacaron su recia personalidad, como la forma de expresarse cuando de llamar la atención se trataba, aspecto que jamás puede traducirse en acoso laboral, puesto que para ello se precisa la demostración de una de las conductas descritas en el artículo 7º de la Ley 1010 de 2006(9) y que sea “repetida”.

En esencia, lo que se advierte del anónimo es un interés de dañar el buen nombre de quien de manera dinámica y valiente ha respondido a las expectativas de la función de administrar justicia y, en ese sentido, no puede la Sala reprochar su comportamiento, máxime cuando el material probatorio analizado le dio un cariz de espurio a lo expresado por quienes de manera cobarde se resguardan en un misterioso escrito.

Así las cosas, como no es posible continuar la actuación disciplinaria contra la doctora Martha Isabel Rueda Prada, pues su comportamiento no constituye falta disciplinaria, en aplicación de lo normado en los artículos 73(10) y 210(11), en consonancia con el 164(12), de la Ley 734 de 2002, se dispondrá la terminación de la actuación y el archivo definitivo.

En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales,

RESUELVE:

1. TERMINAR LA ACTUACIÓN disciplinaria seguida contra la doctora Martha Isabel Rueda Prada, en su condición de magistrada de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander, por las razones expuestas.

2. En consecuencia, se dispone el ARCHIVO DEFINITIVO de las diligencias, conforme con los razonamientos antes expuestos.

3. Por la Secretaría de la Sala, notifíquese la presente decisión.

Notifíquese y cúmplase».

(1) ART. 256.—Corresponden al Consejo Superior de la Judicatura o a los consejos seccionales, según el caso y de acuerdo a la ley, las siguientes atribuciones:

3. Examinar la conducta y sancionar las faltas de los funcionarios de la rama judicial, así como las de los abogados en el ejercicio de su profesión, en la instancia que señale la ley.

(2) ART. 112.—“… Corresponde a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura:

3. Conocer, en única instancia, de los procesos disciplinarios que se adelanten contra los magistrados de los tribunales y consejos seccionales de la Judicatura, el Vicefiscal, los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia y los tribunales”.

(3) Según los parámetros del artículo 27 de la Ley 24 de 1992 y el 38 de la Ley 190 de 1995, al indicar: “Lo dispuesto en el artículo 27 numeral 1º de la Ley 24 de 1992 se aplicará en materia penal y disciplinaria, a menos que existan medios probatorios suficientes sobre la comisión de un delito o infracción disciplinaria que permitan adelantar la actuación de oficio”.

(4) Folio 19.

(5) Folio 27.

(6) Folio 39.

(7) Folio 47.

(8) Folio 33.

(9) “a) Los actos de agresión física, independientemente de sus consecuencias;

b) Las expresiones injuriosas o ultrajantes sobre la persona, con utilización de palabras soeces o con alusión a la raza, el género, el origen familiar o nacional, la preferencia política o el estatus social;

c) Los comentarios hostiles y humillantes de descalificación profesional expresados en presencia de los compañeros de trabajo;

d) Las injustificadas amenazas de despido expresadas en presencia de los compañeros de trabajo;

e) Las múltiples denuncias disciplinarias de cualquiera de los sujetos activos del acoso, cuya temeridad quede demostrada por el resultado de los respectivos procesos disciplinarios;

f) La descalificación humillante y en presencia de los compañeros de trabajo de las propuestas u opiniones de trabajo;

g) las burlas sobre la apariencia física o la forma de vestir, formuladas en público;

h) La alusión pública a hechos pertenecientes a la intimidad de la persona;

i) La imposición de deberes ostensiblemente extraños a las obligaciones laborales, las exigencias abiertamente desproporcionadas sobre el cumplimiento de la labor encomendada y el brusco cambio del lugar de trabajo o de la labor contratada sin ningún fundamento objetivo referente a la necesidad técnica de la empresa;

j) La exigencia de laborar en horarios excesivos respecto a la jornada laboral contratada o legalmente establecida, los cambios sorpresivos del turno laboral y la exigencia permanente de laborar en dominicales y días festivos sin ningún fundamento objetivo en las necesidades de la empresa, o en forma discriminatoria respecto a los demás trabajadores o empleados;

k) El trato notoriamente discriminatorio respecto a los demás empleados en cuanto al otorgamiento de derechos y prerrogativas laborales y la imposición de deberes laborales;

l) La negativa a suministrar materiales e información absolutamente indispensables para el cumplimiento de la labor;

m) La negativa claramente injustificada a otorgar permisos, licencias por enfermedad, licencias ordinarias y vacaciones, cuando se dan las condiciones legales, reglamentarias o convencionales para pedirlos;

n) El envío de anónimos, llamadas telefónicas y mensajes virtuales con contenido injurioso, ofensivo o intimidatorio o el sometimiento a una situación de aislamiento social”.

(10) ART. 73.—“Terminación del proceso disciplinario. En cualquier etapa de la actuación disciplinaria en que aparezca plenamente demostrado que el hecho atribuido no existió, que la conducta no está prevista en la ley como falta disciplinaria, que el investigado no la cometió, que existe una causal de exclusión de responsabilidad, o que la actuación no podía iniciarse o proseguirse, el funcionario del conocimiento, mediante decisión motivada, así lo declarará y ordenará el archivo definitivo de las diligencias”.

(11) El archivo definitivo de la actuación disciplinaria procederá en cualquier etapa cuando se establezcan plenamente los presupuestos enunciados en el presente código.

(12) ART. 164.—“En los casos de terminación del proceso disciplinario previsto en el artículo 73 y en el evento consagrado en el inciso 3º del artículo 156 de este código, procederá el archivo definitivo de la investigación. Tal decisión hará tránsito a cosa juzgada.