Sentencia 2013-00249 de julio 9 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejera Ponente:

Olga Mélida Valle de De La Hoz

Bogotá, D.C., nueve (9) de julio de dos mil catorce (2014)

Radicación 05001233300020130024901 (50.634)

Actor: Empresa de Energía del Quindío S.A.

Demandado: XM Compañía de Expertos en mercados S.A., y otro.

Referencia: Apelación de Auto. Medio de control de reparación directa.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. Régimen de transición.

El despacho observa que la demanda fue presentada el día trece (13) de febrero de dos mil trece (2013), por lo tanto la norma aplicable al sub lite es el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (L. 1437/2011), normativa que derogó expresamente en su artículo 309, el Decreto 01 de 1984, Código Contencioso Administrativo.

En efecto, el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, establece:

“ART. 308.—Régimen de transición y vigencia. El presente código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012. Este código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia.  

Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior”. 

2. Competencia.

La Subsección es competente para decidir el recurso interpuesto, por tratarse el auto del trece (13) de noviembre de dos mil catorce (2014), de la aceptación del desistimiento de la demanda' de la referencia, según lo dispuesto en los artículos 125(10) y 243 numeral primero(11) del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

3. De la condena en costas en caso de desistimiento de la demanda.

Las costas procesales son aquellas erogaciones económicas causadas con ocasión de un proceso judicial. En donde se encuentran las expensas, que son todos los desembolsos diferentes al pago de honorarios de abogado y las agencias en derecho, estas sí referidas a los gastos con ocasión del pago de honorarios de profesionales del derecho.

La Ley 1437 no reguló lo concerniente al desistimiento expreso de la demanda, sólo en su artículo 178 se refiere al desistimiento tácito y en éste ordena la condena en costas siempre y cuando haya lugar al levantamiento de medidas cautelares.

Ante este vacío, y debido a la remisión expresa del artículo 306 se aplicará lo dispuesto en el Código de General del Proceso - Ley 1564 de 2012- estatuto que derogó el Código de Procedimiento Civil.

Los artículos 314 y siguientes del Código General del Proceso, regulan lo concerniente al desistimiento de las pretensiones de los demás actos procesales. A su vez el artículo 316, establece como consecuencia del desistimiento la condena en costas a la parte que desiste, salvo los siguientes eventos: 1. Cuando las partes así lo convengan. 2. Cuando se trate del desistimiento de un recurso ante el juez que lo haya concedido. 3. Cuando se desista de los efectos de la sentencia favorable ejecutoriada y no estén vigentes medidas cautelares. 4. Cuando el demandado no se oponga al desistimiento de las pretensiones que de forma condicionada presente el demandante respecto de no ser condenado en costas y perjuicios.

En vigencia del Código Contencioso Administrativo, esta Corporación en reiteradas ocasiones ha sostenido(12), según un análisis armónico de los artículos 171 del Código Contencioso Administrativo y del numeral 9º del artículo 392 del Código de Procedimiento Civil que la condena en costas no es una consecuencia automática del desistimiento sino que debe atenderse a una valoración subjetiva de quien desiste.

A pesar de la imposibilidad de hacer en esta ocasión dicha interpretación armónica, pues tales disposiciones se refieren a la condena en costas declarada en la sentencia, no puede ser otra la conclusión que bajo la vigencia de la Ley 1437 de 2011 y para la jurisdicción contenciosa, la condena en costas en caso de desistimiento de la demanda no procede automáticamente sino que tiene que estudiarse en cada caso concreto el comportamiento de la parte que desiste.

Resolviendo bajo la vigencia de la Ley 1437 una apelación de auto en un asunto similar, esta corporación manifestó:

“El criterio de aplicación de las normas sobre condena en costas en desistimiento de la demanda, debe atender al carácter del conflicto suscitado en la jurisdicción de lo contencioso administrativa, pues tal y como lo planteó el recurrente, la filosofía de esta figura en el derecho civil es diferente a la ventilada en asuntos como el de la referencia por el carácter público de una de las parte en conflicto, que entre otras cosas, ha justificado en Colombia la existencia de una jurisdicción especializada e independiente de la ordinaria.

En ese orden, como las costas procesales se orientan al sancionar el ejercicio abusivo de los instrumentos judiciales o el desgaste procesal innecesario de la parte demandada y de la propia administración de justicia(13), su reconocimiento debe atender tal naturaleza y las circunstancias de cada caso.(14) (Negrilla fuera de texto).

En el caso bajo estudio, la parte demandante una vez encontró que las pretensiones de su demanda no tenían fundamento debido al pago de un mil ciento veintitrés millones ochocientos veintidós mil quinientos setenta pesos ($ 1.123.822.570) y por parte de ESSA ESP, el veintisiete (27) de diciembre de dos mil trece (2013), procedió, el trece (13) de enero de dos mil catorce (2014) día en que inició el calendario judicial del presente año, a presentar escrito de desistimiento de la demanda.

No puede entonces imponerse una condena a la parte que obró de buena fe, y con la confianza legítima de que las partes demandadas eran quienes estaban llamadas a responder por el daño antijurídico causado. Además cabe recordar que el tribunal de origen mediante proveído del veinticuatro (24) de enero de dos mil catorce (2014), requirió “prueba sumaria donde conste por parte de X.M. S.A. ESP que la devolución corresponde a la liquidación conforme a la Resolución 133 del 4 de octubre de 2013, con el fin de que no haya lugar a condenar en costas”, situación que fue cumplida a cabalidad por la parte demandante, pues a folio 460 del cuaderno principal allegó certificación de X.M. S.A. ESP, donde consta que dicho valor corresponde a lo percibido por Empresa de Energía del Quindío S.A producto de la liquidación conforme a la Resolución CREG 133 de 2013.

Por lo expuesto la Subsección C,

RESUELVE

1. Confirmar el auto proferido el día trece (13) de febrero de dos mil catorce (2014) por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Oralidad., por las razones aquí expuestas.

2. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Notifíquese y cúmplase».

(10) ART. 125.—De la expedición de providencias. Será competencia del juez o magistrado ponente dictar los autos interlocutorios y de trámite; sin embargo, en el caso de los jueces colegiados, las decisiones a que se refieren los numerales 1º, 2º, 3º y 4º del artículo 243 de este Código serán de la sala, excepto en los procesos de única instancia. Corresponderá a los jueces, las salas, secciones y subsecciones de decisión dictar las sentencias. Los autos que resuelvan los recursos de súplica serán dictados por las salas, secciones y subsecciones de decisión con exclusión del magistrado que hubiere proferido el auto objeto de la súplica.

(11) ART. 243.—Apelación. Son apelables las sentencias de primera instancia de los tribunales y de los jueces. También serán apelables los siguientes autos proferidos en la misma instancia por los jueces administrativos:

1. El que rechace la demanda.

2. El que decrete una medida cautelar y el que resuelva los incidentes de responsabilidad y desacato en ese mismo trámite.

3. El que ponga fin al proceso.

(12) Ver Sección cuarta en Auto del 19 de agosto de 2010. Proceso Nº 05001-23-31-000-1998- 01529-01 (17987). M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas; Sección Tercera proceso Nº 11001-23-26-000-2006-00005-00(32396), Auto del 12 de diciembre de 2007. M.P. Ramiro Saavedra Becerra.

(13) Sentencia T-342 de 2008: “Al respecto cabe señalar; que de acuerdo a la jurisprudencia de esta corporación, se entiende por costas procesales los gastos que se deben sufragar en el proceso; la noción incluye las expensas y las agencias en derecho. Las expensas son las erogaciones distintas al pago de los honorarios del abogado, tales como el valor de las notificaciones, los honorarios de los peritos, los impuestos de timbre, copias, registros, pólizas, etc.13 Las agencias en derecho corresponden a los gastos por concepto de apoderamiento dentro del proceso, que el juez reconoce discrecionalmente a favor de la parte vencedora atendiendo a los criterios sentados en el numeral 3° del artículo 393 del Código de Procedimiento Civil13, y que no necesariamente deben corresponder a los honorarios pagados por dicha parte a su abogado”.

(14) Sección Primera, C.P. Guillermo Vargas Ayala, Bogotá, D.C., diecisiete (17) de octubre de dos mil trece (2013), Radicación Nº 15001-23-33-000-2012-00282-01, Actor: Augusto Vargas Sáenz.