Auto 2013-00025 de febrero 6 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA PLENA

Ref.: Expediente 110010230000201300025600

Aprobado Acta 2

Magistrada Ponente:

Dra. Margarita Cabello Blanco

Bogotá, D.C., seis de febrero de dos mil catorce.

Procede la Corte a resolver la recusación formulada por la doctora Sandra Morelli Rico, Contralora General de la República, contra el doctor Eduardo Montealegre Lynett, Fiscal General de la Nación.

Antecedentes

1. La Contralora General de la República, doctora Sandra Morelli Rico, mediante escrito radicado el 9 de octubre de la pasada anualidad, formuló recusación contra el Fiscal General de la Nación, la cual es motivo de la presente decisión, y contra el vicefiscal, que se tramita en actuación independiente, a fin de que “se declaren impedidos para conocer de las investigaciones en las cuales me encuentro vinculada como denunciante o denunciada”, relacionando al efecto ocho actuaciones que actualmente se hallan en curso a cargo del señor vicefiscal.

2. Otro escrito de recusación, del que da cuenta el memorial asentado el 10 de octubre de 2013 dirigido exclusivamente al doctor Montealegre Lynett, la hace extensiva a “las investigaciones, indagaciones o actuaciones que adelanta la Fiscalía General de la Nación, respecto de otros funcionarios de la contraloría, cuando ellas estén referidas a los mismos hechos por los cuales se me investiga, esto es, actuaciones de la Contraloría General de la República”. Lo anterior, agrega, por cuanto el doctor Eduardo Montealegre, en su condición de Fiscal General de la Nación, “ha actuado directamente en algunos de esos casos, por ejemplo mediante la delegación al señor vicefiscal general para que adelante las actuaciones penales. Así mismo, (...), conserva poderes de dirección y control sobre esas actuaciones penales respecto de las que no se ha declarado impedido”.

3. Argumentó al respecto que las diligencias de carácter penal seguidas por el supuesto delito de interceptación ilegal de comunicaciones “al parecer” han sido utilizadas para “recaudar información relativa a la intervención y proceso de responsabilidad fiscal de Saludcoop adelantado por la Contraloría General de la República”. A partir de allí, la doctora Morelli Rico infiere sobre un posible interés por parte del señor Fiscal General teniendo en cuenta que fue abogado y asesor de dicha entidad, y por la misma razón considera que eventualmente es acreedor de esta última, pues “aparentemente continúa todavía recibiendo de Saludcoop después de ser nombrado Fiscal General de la Nación y que, por ende, podrían suponer que existen otros pagos que debería percibir con fundamento en sus contratos de asesoría, esto es como asesor de Saludcoop”.

Añade que fue denunciada penalmente por el señor Carlos Palacino, cuya investigación adelanta “una fiscalía local de Suba” y frente a la misma el señor fiscal no se ha declarado impedido, no obstante la asesoría que en relación con los hechos allí investigados “presumiblemente” brindó al citado directivo.

Señala también que ante la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes, formuló denuncia penal contra el Fiscal General de la Nación, y por esa circunstancia se configura otra causal impeditiva.

Teniendo en cuenta lo anterior, afirma que la recusación planteada se funda en los numerales 1º, 2º, 4º y 11 del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal.

4. A través de memorial de 5 de diciembre de 2013, la señora contralora amplió su solicitud de recusación, pues advierte que se configura la causal consagrada en el precepto 56, numeral 1º del citado estatuto dado que, la doctora Tania Hernández, esposa del Fiscal General, es apoderada suplente en el proceso que adelanta la Cámara de Representantes luego de la denuncia penal que la doctora Sandra Morelli formulara en contra del señor Fiscal General doctor Eduardo Montealegre.

5. El Fiscal General no aceptó dicha solicitud y luego de referirse a varios precedentes jurisprudenciales relativos a las causales invocadas, manifestó que ninguna de ellas se configura, asegurando sin embargo: “(N)o llevo en mi despacho ninguna investigación contra la contralora ni contra Saludcoop. He presentado impedimentos para conocer los casos relacionados con Saludcoop que han sido declarados improcedentes por la Corte Suprema de Justicia”, pues los procesos en cuestión no se adelantan a instancia del Fiscal General, sino del vicefiscal y otros fiscales de diferente jerarquía.

Informa que si bien antes de tomar posesión como Fiscal General, fue asesor jurídico de la entidad mencionada, no es acreedor ni deudor de la misma, luego las aseveraciones de la contralora, quien tampoco aportó prueba alguna de la cual se pueda inferir lo contrario, son falsas y de una gravedad inusitada. Aclara al respecto, que todos los emolumentos pagados por esa entidad tuvieron origen en los servicios profesionales prestados antes de su posesión como Fiscal General. Para demostrar lo afirmado, el doctor Montealegre Lynett allegó certificado expedido por la directora nacional de contabilidad de Saludcoop EPS en intervención, en la cual se acredita que la entidad registró movimientos contables de pago a su favor hasta el 14 de marzo de 2011, así como también que desde esta última fecha y hasta el 30 de septiembre de 2013, no aparece ninguno a su nombre.

Expresa que de las investigaciones en que la contralora figura como denunciante o denunciada conoce el vicefiscal en virtud de la delegación que le hiciera a este último de conformidad con la Constitución y la ley, en aras de lograr mayor efectividad y eficiencia en las diligencias. Advierte sin embargo, que no existe un direccionamiento de las mismas, al tiempo que no hay pruebas frente a tales afirmaciones, entre otras cosas porque no son ciertas. Según explica, todos y cada uno de los funcionarios que conocen de los asuntos, actúan con absoluta independencia y autonomía, las directrices que el Fiscal General imparte se dan como lineamientos generales y estratégicos, interpretativos de política criminal, y de ninguna manera puede tomarse como una facultad para ejercer presiones indebidas a fin de que aquellos adopten sus decisiones en uno u otro sentido en el marco de un específico proceso penal.

Considera el doctor Montealegre Lynett que la denuncia ante la comisión de acusaciones, e inmediata recusación (con ocasión de la denuncia) del fiscal y del vicefiscal, invitan a “preguntarse si lo que existe de fondo no es el interés de la Contraloría General de la República de formular una suerte de ‘recusación institucional’”, pues con ella lo que se busca es “evitar cualquier tipo de actuación que pueda adelantar la Fiscalía General de la Nación y a privar a esta del ejercicio de su función de investigar los hechos que revistan las características de delitos (C.P., art. 250) en lo que concierne a ese órgano de control”.

Trascribe apartes del escrito de recusación que demuestran la intención de la contralora de sustraer a toda la Fiscalía General de la Nación del conocimiento de cualquier conducta ilícita presuntamente cometida por funcionarios de la contraloría, en cualquier materia o asunto, buscando con ello “un fuero de facto”, no consagrado ni en la Constitución ni en la ley, toda vez que las causales se predican de un funcionario judicial, no de instituciones, en relación con un asunto en particular y no admiten interpretaciones extensivas.

Advierte finalmente que “las actuaciones de la contralora desconocen uno de los más elementales y claros principios del constitucionalismo moderno, por cuenta del cual los poderes públicos colaboran armónicamente en el ejercicio de sus atribuciones, al tiempo que controlan mutuamente sus actuaciones, todo lo cual se expresa bajo la célebre fórmula de los frenos y contrapesos”.

Sobre la ampliación de la recusación explicó que la causal alegada es imprecisa y también improcedente.

Consideraciones

1. De conformidad con el artículo 58 del Código de Procedimiento Penal, es atribución de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia resolver de plano sobre la declaratoria de impedimento del Fiscal General de la Nación o de la recusación no aceptada por dicho funcionario.

2. Reiteradamente ha señalado la jurisprudencia emitida sobre la materia que el propósito de los impedimentos y las recusaciones es el de asegurar la imparcialidad del juez, quien debe por tanto marginarse o separarse del proceso del cual conoce cuando, dentro de una especie específica, concurran en él circunstancias con aptitud suficiente para influir en una decisión imparcial, objetiva y recta, según los motivos taxativamente determinados en la ley.

Ha de recalcarse que esa institución de los impedimentos ha sido concebida como instrumento de carácter preventivo dispuesto legalmente para evitar que en determinada causa, ejercite la autoridad de que está investido un funcionario de quien haya lugar a sospechar, dentro de un marco obligado de prudente ponderación de las particularidades que ofrezca cada caso concreto, que puede no ser imparcial o que le falta serenidad de juicio, en una y otra hipótesis en relación con los sujetos procesales intervinientes o respecto del objeto puntual de la controversia.

Tales motivos o causales expresamente dispuestos no admiten interpretaciones extensivas ni analógicas, dado que por ser preceptos de excepción su debida hermenéutica exige que sea de alcance restrictivo según lo enseña el aforismo excepciones sun strictissimaes interpretationis.

Sin duda, la lectura del artículo 56 y 57 de la Ley 906 de 2004, permite inferir claramente que todos y cada uno de ellos se predican del servidor judicial en relación con los sujetos procesales o con el asunto específico del cual debe conocer, no de sujeto distinto. En efecto, el último inciso del canon 57 referido dispone que “el funcionario que tenga la actuación la enviará a la autoridad que deba resolver lo pertinente” (resaltado fuera de texto), es decir que solo el funcionario instructor es el destinatario de una cualquiera de las causales impeditivas.

2. En la presente causa, dicha condición no se cumple toda vez que el Fiscal General de la Nación no actúa como funcionario instructor respecto de las investigaciones en relación con las cuales se pretende que sea apartado y que identificó el memorial de recusación con los siguientes radicados:

• 110016000102201200268.

• 110016000102201200098.

• 110016000102201200022.

• 110016000102201100197.

• 110016000102201300202.

• 110016000102201200492.

• 11001600010220130052 y,

• 11001600010220100415.

Es evidente, por así expresarlo el Fiscal General que los procesos en cuestión no se adelantan a instancia de él, sino del vicefiscal general y de otros fiscales de diferente jerarquía. Conclusión de ello, entonces, resulta improcedente la recusación propuesta.

Sobre el punto, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, mediante providencia de 10 de mayo de 2012, Expediente 11-001-02-30-000-2012-00072-00, expuso para denegar el impedimento planteado por el señor Fiscal General de la Nación, lo siguiente:

“Es incuestionable entonces, que los motivos de impedimento y recusación, deben entenderse en relación con el funcionario que está a cargo del asunto. Sin embargo, en el sub judice tal condición no se cumple, pues el Fiscal General de la Nación no ostenta dicha calidad respecto de las investigaciones frente a las cuales pretende su dimisión. (Rads. 110016000049201007381, 110016000049201006947, 110016000049201103318 y 110016000049201109798). Sobre el particular informó: ‘en la actualidad el titular de este despacho no adelanta ni adelantará directamente investigación alguna’, y precisó que las mismas están bajo el conocimiento de la fiscalía 212 de la dirección seccional de fiscalías de Bogotá, 96 de la misma dirección seccional y la vicefiscalía general de la Nación” (resaltado fuera de texto).

3. Las consideraciones expuestas anteriormente sirven igualmente para desechar la “recusación institucional” que en relación con la Fiscalía General de la Nación sugiere la señora contralora doctora Sandra Morelli Rico, quien expresamente manifiesta que la hace extensiva a “las investigaciones, indagaciones o actuaciones que adelanta la Fiscalía General de la Nación, respecto de otros funcionarios de la contraloría, cuando ellas estén referidas a los mismos hechos por los cuales se me investiga, esto es, actuaciones de la Contraloría General de la República”. Lo anterior, por cuanto el doctor Montealegre Lynett, en su condición de Fiscal General de la Nación, “ha actuado directamente en algunos de esos casos, por ejemplo mediante la delegación al señor vicefiscal general para que adelante las actuaciones penales. Así mismo, (...), conserva poderes de dirección y control sobre esas actuaciones penales respecto de las que no se ha declarado impedido”.

Sobre el particular, es oportuno reiterar que las facultades de dirección y coordinación atribuidas por la Constitución y la ley al Fiscal General de la Nación, no implican de ninguna manera, por cuenta de la subordinación existente entre los servidores de la entidad y este último, que aquellos actúen fuera de los cauces normativos, pues opera la presunción de rectitud y buena fe, íntimamente ligada a los principios que inspiran la función de los servidores judiciales, específicamente los de autonomía e independencia.

En este sentido, la Corte Constitucional al revisar la demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto-Ley 261 de 2000, “por el cual se modifica la estructura de la Fiscalía General de la Nación”, y algunos artículos de la Ley 600 de 2000, aclaró lo siguiente:

“De allí se deduce que, por virtud de lo dispuesto en los artículos 228[58] y 230[59] de la Constitución, los fiscales, en tanto ejercen funciones judiciales y a su cargo se encuentra la instrucción de procesos penales en un sistema con las características del creado en 1991, son autónomos e independientes en el ejercicio de sus funciones, y deben cumplir con el mandato de imparcialidad para preservar los derechos del investigado al debido proceso y la igualdad; (...). Lo anterior no obsta para que, en ejercicio de sus poderes generales de dirección y orientación de las actividades de investigación penal, el Fiscal General de la Nación trace políticas generales aplicables a las distintas actividades desarrolladas por los funcionarios de la fiscalía; tales políticas pueden estar referidas a aspectos fácticos o técnicos del proceso de investigación, así como a asuntos jurídicos generales de índole interpretativa, y pueden fijar prioridades, parámetros o criterios institucionales para el ejercicio de la actividad investigativa, así como designar unidades especiales para ciertos temas. Esto implica que el Fiscal General sí puede orientar en términos generales el funcionamiento de la fiscalía en tanto institución unitaria, así como llevar a cabo actividades de seguimiento y evaluación sobre el desempeño general de la entidad; pero todo ello debe realizarse en general, sin que se invoquen dichas facultades de orientación y definición de políticas para incidir sobre la investigación o apreciación de casos concretos por parte de los fiscales que tienen a su cargo la instrucción, ni sobre la forma en que se debe interpretar y aplicar la ley penal frente a situaciones particulares que ya son de competencia de dichos fiscales”(1).

4. A más de la competencia que tiene el fiscal para la fijación de tales directrices, si se considerara que el nominado hipoteca su conciencia y decoro de funcionario público en favor del nominador, el esquema de la administración pública se desestabilizaría por completo, por cuanto que en todas las ramas del poder público se presentan situaciones de semejante índole.

En un asunto de similares contornos, donde se analizó la facultad del viceprocuardor para conocer de la recusación al Procurador General de la Nación o su declaratoria de impedimento, señaló la Corte Constitucional que: “Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia eligen a los de los tribunales superiores y estos últimos a la vez a los jueces; los magistrados del Consejo de Estado eligen a los de los tribunales administrativos seccionales; el Consejo Superior de la Judicatura a los integrantes de los consejos seccionales, el contralor al subcontralor y demás servidores de la entidad, etc. En ese orden cabría la sospecha de ausencia de imparcialidad cuando alguna de esas corporaciones debe conocer de las decisiones de sus nominados porque bien puede especularse vínculo de amistad entre los magistrados, compromiso por la designación y por lo tanto poca disposición para revisar imparcialmente lo resuelto por el amigo de la instancia superior o inferior”(2).

De donde, debe manifestarse que, no necesariamente porque exista una dependencia funcional, la que siempre va a estar presente en cargos de libre nombramiento y remoción, habrá comunidad de propósito como para llegar al forzado corolario de que la decisión de estos funcionarios no estarán amparadas por la exigida imparcialidad, seriedad y objetividad propia de quien regenta el sacerdocio de la judicatura.

Ahora bien, no puede olvidarse que la Fiscalía General de la Nación desde un punto de vista orgánico y competencial hace parte de la rama judicial y en esa medida la cobijan los principios de autonomía presupuestal y administrativa. En virtud de ese último, se itera, si bien el Fiscal General tiene potestad para fijar pautas con criterio general que promuevan la responsabilidad institucional y la unidad de actuación en las etapas de investigación y acusación, no por ello los funcionarios y empleados pierden la autonomía e independencia que les otorga la ley en el ejercicio de sus funciones. Sobre el particular, esa misma corporación, en pronunciamiento posterior, precisó lo siguiente:

“Para la Corte, a la luz de la implantación del nuevo sistema procesal penal de tendencia acusatoria es claro que la Fiscalía General de la Nación continúa haciendo parte de la rama judicial y tendrá autonomía administrativa y presupuestal. De igual manera, de lo previsto en el numeral 3º del artículo 251 de la Carta, como lo ha señalado la jurisprudencia constitucional(3), se trata de una competencia preferente del fiscal que implica ‘el ejercicio de valoraciones internas de dirección y control para la toma de decisiones y el establecimiento de directrices’, que armoniza plenamente con el principio de unidad de gestión y jerarquía en virtud del cual ‘el Fiscal General de la Nación puede determinar el criterio y la posición que la entidad debe asumir, sin perjuicio de la autonomía de los fiscales delegados en los términos y condiciones fijados en la ley. Este principio radica en el fiscal poderes de dirección y orientación que, con criterio general, promuevan la responsabilidad institucional y la unidad de actuación en las fases de investigación y acusación(4)’.

Cabe recordar, que el inciso tercero del artículo 249 de la Constitución, dispone que la Fiscalía General de la Nación forma parte de la rama judicial y tendrá autonomía administrativa y presupuestal. Además, consagra el numeral 3º del artículo 251 de la Constitución, modificado por el Acto Legislativo 3 de 2002, como función del Fiscal General de la Nación, entre otras, la siguiente:

‘3. Asumir directamente las investigaciones y procesos, cualquiera que sea el estado en que se encuentren, lo mismo que asignar y desplazar libremente a sus servidores en las investigaciones y procesos. Igualmente, en virtud de los principios de unidad de gestión y de jerarquía, determinar el criterio y la posición que la fiscalía deba asumir, sin perjuicio de la autonomía de los fiscales delegados en los términos y condiciones fijados por la ley’ (resaltado fuera del texto)”(5).

A partir de lo anterior, surge evidente que aun cuando el Fiscal General está facultado para trazar lineamientos y políticas para el funcionamiento de la entidad, las cuales pueden referirse a aspectos técnicos o fácticos del proceso de investigación, así como también a asuntos jurídicos de carácter interpretativo, todos ellos se hacen de manera general para el ejercicio de la actividad investigativa, con la única finalidad de propiciar un desempeño más eficiente de los fiscales en el ejercicio de sus funciones, quienes, sin embargo, en virtud de los principios de imparcialidad e independencia que gobiernan la rama judicial, en la toma de sus decisiones en los casos concretos de los cuales deben conocer, no pueden verse sometidos a presiones, consejos o exigencias de ninguna naturaleza por parte de otros funcionarios o autoridades.

Recuérdese, que la autonomía que se predica de los jueces y fiscales, no solo alude a las otras ramas del poder público para ejercer su función, sino a la interferencia de nominadores y en general de autoridades jerárquica o funcionalmente superiores, cláusula que ha sido comprendida por la jurisprudencia como un límite, que exige que aquellos “no sean condicionados, coaccionados o incididos, al momento de adoptar sus decisiones, por ningún factor distinto a la aplicación del ordenamiento jurídico y al análisis imparcial y objetivos de los hechos materia de debate judicial. Estos condicionamientos, a su vez, conforman el segundo pilar de la administración de justicia, como es el deber de imparcialidad”(6).

5. De otra parte, no está de más precisar que la delegación hecha por el Fiscal General de la Nación en el vicefiscal, de las funciones referidas en el numeral primero del artículo 251 de la Constitución Política, relativas a “investigar y acusar, si hubiere lugar, directamente o por conducto del vicefiscal general de la Nación o de sus delegados de la unidad de fiscalías ante la Corte Suprema de Justicia, a los altos servidores que gocen de fuero constitucional, con las excepciones previstas en la Constitución”, son en esencia judiciales y en esa medida, confiere al delegado como es apenas obvio, absoluta independencia e imparcialidad en su actuación, de manera que, en virtud de la misma, tampoco pueden predicarse las causales de recusación.

Bueno es recordar que, dado que la labor de la fiscalía se realiza a través de sus delegados y demás funcionarios determinados por la ley (C.P., art. 249), cuando se produce una delegación, aquella, como forma de organizar la estructura institucional para el ejercicio de la función pública, genera el traslado de la función. En efecto, constituyen presupuestos estructurales de la aludida manera de organización administrativa: (i) la transferencia de funciones; (ii) que el traspaso de funciones se realice por el órgano titular de la misma; (iii) que cuente con una previa autorización legal; y (iv) que la autoridad que confiera la delegación pueda siempre y en cualquier momento reasumir la competencia(7).

Por tanto, al no haber conocido directamente en momento alguno el Fiscal General algún caso sometido a su jurisdicción, por haberlo delegado, resulta imposible que se configure causal impeditiva.

6. La improcedencia o impertinencia de una recusación ya ha sido así dispuesta, en una situación análoga por la Corte Constitucional a través de Auto 78 de 2003 cuando, tras recusarse al Procurador General de la Nación por haber conceptuado de manera previa respecto de la constitucionalidad de una ley enjuiciada, destacó ese alto tribunal que la solicitud de exclusión se tornaba impertinente porque, “si no se ha emitido ningún concepto, el supuesto fáctico alegado no corresponderá con el supuesto de hecho previsto en la norma, y por lo mismo, la recusación se refleja como impertinente”.

Es decir, que para que la causal se configure debe haber existido un conocimiento tal de la especie debatida, que hubiere implicado a más de su aprehensión jurídica, la resolución definitoria en lo trascendental del caso.

Siendo ello así, tras acreditarse que el señor Fiscal General no ha adelantado las causas objeto de reproche, las causales de recusación invocadas para soportar la solicitud aquí propuesta se tornan improcedentes.

7. Finalmente, en memorial contentivo de una ampliación de la solicitud de recusación, la doctora Sandra Morelli, con fundamento esta vez en el numeral 1º del artículo 56 de la ley de enjuiciamiento penal, solicitó al ente investigador el apartamiento del Fiscal General en varios casos, toda vez que su esposa es su abogada suplente en el juicio que cursa en la Cámara de Representantes luego de la denuncia que formulara la primera contra el fiscal.

Dispone la causal de recusación formulada: “Causales de impedimento. Son causales de impedimento: 1. Que el funcionario judicial, su cónyuge o compañero o compañera permanente, o algún pariente suyo dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, tenga interés en la actuación procesal”.

Pero resulta que el señor fiscal, dentro del juicio que contra él se adelanta en la Cámara de Representantes, ostenta la condición de sujeto procesal, no es funcionario investigador, mucho menos la togada doctora Tania Hernández, su cónyuge, quien funge como abogada sustituta. Igualmente, tampoco conoce de ninguna de las causas que tramita la Fiscalía General de la Nación en los procesos en que la doctora Morelli Rico figura como denunciante o denunciada, como se explicó en líneas anteriores.

Siendo, entonces, que la causal de impedimento y recusación se predica del funcionario que juzga o acusa, se torna igualmente improcedente lo peticionado en el escrito de ampliación visible a folios 11, 12 del cuaderno de la Corte.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala Plena,

RESUELVE:

DECLARAR INFUNDADA la recusación formulada por la doctora Sandra Morelli Rico, Contralora General de la República, contra el doctor Eduardo Montealegre Lynett, Fiscal General de la Nación.

Devuélvase el expediente a la oficina de origen.

Cúmplase.

Magistrados: Luis Gabriel Miranda Buelvas, Presidente—José Luis Barceló Camacho—Jorge Mauricio Burgos Ruiz—José Leonidas Bustos Martínez—Margarita Cabello Blanco—Fernando Alberto Castro Caballero—Elsy del Pilar Cuello Calderón—Ruth Marina Díaz Rueda—Clara Cecilia Dueñas Quevedo—Rigoberto Echeverri Bueno—Eugenio Fernández Carlier—Fernando Giraldo Gutiérrez—María del Rosario González Muñoz—Gustavo Hernando López Algarra—Gustavo Enrique Malo Fernández—Carlos Ernesto Molina Monsalve—Eyder Patiño Cabrera—Luis Guillermo Salazar Otero—Ariel Salazar Ramírez—Luis Armando Tolosa Villabona—Jesús Vall de Rutén Ruiz.

María Cristina Duque Gómez, Secretaria General.

(1) Corte Constitucional. Sentencia C-873 del 30 de septiembre de 2003.

(2) Sentencia Corte Constitucional T-961 de 2004.

(3) C-979 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.

(4) C-979 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.

(5) Corte Constitucional. Sentencia C-1260 de 2005

(6) Sentencia Corte Constitucional. C-288 de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva

(7) Ver Sentencia T-024 de 1996, con criterio reiterado en las sentencias C-496 de 1998, C-561 de 1999 y C-727 de 2000.