Auto 2013-00287 de mayo 29 de 2014

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Expediente: 760012333000201300287-01

Nº Interno: 0070-2014

Consejera Ponente:

Dra. Bertha Lucía Ramírez de Páez

Actor: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP

Demandado: Gerardo León Olaya Vergara

Bogotá, D.C., veintinueve de mayo de dos mil catorce.

Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra el auto de 27 de septiembre de 2013 por medio del cual el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca decretó la suspensión provisional parcial del acto demandado, solo en lo que exceda la doceava parte de la bonificación por servicios incluida en el acto de reliquidación pensional.

Pretensiones y hechos

El apoderado judicial de la Caja Nacional de Previsión Social en liquidación, presentó acción de lesividad para lograr la nulidad de la Resolución 16634 de 10 de noviembre de 2011, por medio de la cual le dio cumplimiento al fallo de tutela proferido por el Juzgado Segundo del Circuito de Buga, que ordenó reliquidar la pensión de vejez del demandado incluyendo el 100% de lo devengado por concepto de bonificación por servicios.

Para sustentar la pretensión informó que el demandado laboró en la Rama Judicial desde el 1º de septiembre de 1969 hasta el 30 de abril de 2005, para un total de 35 años y 7 meses. El último cargo desempeñado fue el de Secretario grado 10.

El señor Olaya Vergara solicitó ante Cajanal el reconocimiento y pago de la pensión de vejez el 16 de noviembre de 2004, en aplicación del Decreto 546 de 1971.

Ante el silencio de la Administración el demandado, a través de apoderado, interpuso acción de tutela que fue decidida el 24 de enero de 2005 por el Juzgado Treinta y Ocho Penal del Circuito de Bogotá, en el sentido de tutelar el derecho de petición y ordenar a Cajanal resolver la solicitud pensional.

A través de la Resolución 8805 de 25 de febrero de 2005, Cajanal reconoció la pensión de vejez a favor del demandado a partir del 1º de diciembre de 2004, condicionada al retiro definitivo del servicio, en cuantía de $ 1.494.896.29.

Mediante Resolución 1 de 28 de marzo de 2005, la Juez Segunda Civil del Circuito de Guadalajara de Buga, aceptó la renuncia presentada por el señor Olaya Vergara a partir del 1º de mayo de 2005.

En cumplimiento del fallo de tutela de 29 de marzo de 2006 expedido por el Juzgado Treinta Penal del Circuito de Bogotá, que tuteló el derecho de petición del demandado, Cajanal reliquidó la pensión a través de la Resolución 22850 de 12 de mayo de 2006, elevando la cuantía a $ 1.586.360.36, a partir del 25 de mayo de 2005.

Inconforme con la decisión anterior, el demandado interpuso nueva acción de tutela para lograr la reliquidación de la pensión de vejez la cual fue decidida a su favor a través de sentencia de 3 de octubre de 2006, expedida por el Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca que tuteló los derechos al debido proceso, seguridad social en conexidad con el mínimo vital, trabajo, y vida digna.

En cumplimiento de lo anterior, Cajanal expidió la Resolución 1140 de 26 de enero de 2007 a través de la cual reliquidó la pensión de vejez del demandado aumentando la cuantía a $ 1.866.676.61, efectiva a partir del 1º de mayo de 2005.

Al desatar la impugnación interpuesta por Cajanal contra la decisión anterior, el Consejo Superior de la Judicatura, a través de sentencia de 7 de febrero de 2007, la modificó en el sentido de conceder el amparo como mecanismo transitorio.

El demandado presentó acción de tutela el 30 de enero de 2009, con el fin de lograr la reliquidación de la pensión incluyendo el 100% de la bonificación por servicios de conformidad con la Ley 4ª de 1992 y los decretos 691 de 1994 y 247 de 1997.

En sentencia de 12 de marzo de 2009, el Juzgado Segundo de Familia de Guadalajara de Buga amparó los derechos al debido proceso, petición e igualdad del demandado y le ordenó a Cajanal reliquidar la pensión incluyendo el 100% de lo devengado por concepto de bonificación por servicios prestados en el último año.

Por Resolución 20683 de 4 de junio de 2009, Cajanal negó la reliquidación de la pensión en los términos solicitados por el demandado, argumentando que los factores salariales incluidos en la asignación más alta devengada en el último año solo corresponde a una doceava parte de los que son pagados anualmente.

Cajanal le dio cumplimiento al último fallo de tutela a través de la Resolución 16634 de 10 de noviembre de 2011 en el sentido de reliquidar la pensión de vejez incluyendo el 100% de lo devengado por concepto de bonificación por servicios.

La solicitud de suspensión provisional del acto administrativo demandado la sustentó en el hecho de que la inclusión del 100% de lo devengado por concepto de bonificación por servicios en el ingreso base de liquidación pensional, contraría lo dispuesto en los decretos 247 de 1997, artículo 1º, y 1042 de 178(sic), artículo 45.

Además, desconoce el precedente jurisprudencial del Consejo de Estado según el cual la bonificación por servicios que se reconoce al servidor público que cumple un año de servicio, debe incluir como factor salarial en el ingreso base de liquidación pensional en una doceava parte y no sobre el 100% en consideración a que se causa en forma anual (sent., ago. 14/2009, exp. 0427-08, M.P. Dr. Víctor Hernando Alvarado Ardila; sentencia de 6 de agosto de 2008, exp. 0640-08, M.P. Dr. Gerardo Arenas Monsalve; sentencia de 8 de febrero de 2007, exp. 1306-06; M.P. Dr. Alberto Arango Mantilla).

Decisión apelada

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por auto de 27 de septiembre de 2013, decretó la suspensión provisional parcial de la Resolución UGM 016634 de 10 de noviembre de 2011, en el sentido de excluir de la pensión mensual de vejez del señor Gerardo León Olaya Vergara sólo en lo que excede la doceava parte de la bonificación por servicios, y no en el 100% como se hizo (fI. 822).

Consideró que la suspensión provisional está sujeta a la contradicción del acto acusado con la norma superior citada o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud, tal como lo autoriza el artículo 231 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que en ese aspecto, constituye un gran cambio frente al Código Contencioso Administrativo derogado por la Ley 1437 de 2011. Así lo expuso el Consejo de Estado en auto de 3 de diciembre de 2012, expediente 2012-00290-00, M.P. Dr. Guillermo Vargas Ayala:

“Al respecto cabe resaltar que la nueva normativa presenta una variación significativa en la regulación de esta figura, por cuanto la norma obliga al juez administrativo para realizar el análisis entre el acto y las normas invocadas como transgredidas, y estudiar las pruebas allegadas con la solicitud.

Finalmente, el despacho considera importante destacar que pese a que la nueva regulación le permite al juez realizar un análisis de la sustentación de la medida y estudiar las pruebas pertinentes, la decisión sobre la medida cautelar no implica prejuzgamiento, lo que obliga al juzgador a ser en extremo cauteloso al momento de resolver la solicitud de suspensión provisional”.

Respecto del caso concreto, el a quo transcribió las normas citadas como violadas en la sustentación de la medida cautelar, a saber, los artículos 1º y 45 de los decretos 247 de 1997 y 1042 de 1978, respectivamente, para concluir que la bonificación por servicios se paga anualmente cuando se cumple el año de servicio y por ello no es dable incluirla en su totalidad para liquidar la mesada pensional que se paga en forma mensual, solo procede la inclusión de la doceava parte.

Recurso de apelación

El apoderado del demandado Gerardo León Olaya Vergara sustentó su inconformidad en el hecho de que la medida cautelar se decretó con la simple confrontación del acto demandado con las normas invocadas en la demanda como son los decretos 247 de 1997 y 1042 de 1978, sin tener en cuenta los argumentos defensivos expuestos al descorrer el traslado de la medida, en especial, lo dispuesto en el artículo 48 de la Constitución Política que prohíbe la reducción de las mesadas pensionales reconocidas conforme a derecho (fl. 829).

En este caso no cabe duda de que la reliquidación de la pensión se ajustó a derecho dado que la inclusión del 100% de la bonificación por servicios en el ingreso base de liquidación pensional se sustentó en una orden de tutela que hizo tránsito a cosa juzgada, además, el acto administrativo por medio del cual Cajanal acató la sentencia no ha sido anulado y por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 del C.C.A. (sic) se presume legal.

La suspensión provisional sólo procede cuando la confrontación directa de la norma y el acto administrativo demandado evidencia de bulto, que existe infracción ostensible del ordenamiento jurídico superior (providencias jun. 10/2004, M.P. Dr. Germán Rodríguez Villamizar y de abr. 14/2009, M.P. Dr. Gerardo Arenas).

No es viable la suspensión provisional del acto demandado por tener la naturaleza de un acto de ejecución dado que su expedición obedece a una orden de tutela y en tal virtud no es susceptible de control judicial por no contener una manifestación autónoma de voluntad que ponga fin a una actuación administrativa.

La Sala para resolver considera

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 243 y 244, numeral 3º, procede la Sala a decidir de plano el recurso de apelación interpuesto contra el auto de 27 septiembre de 2013, por medio del cual el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca decretó la suspensión provisional parcial del acto administrativo por medio del cual se reliquidó la pensión de jubilación del demandado incluyendo el 100% de la bonificación por servicios.

El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en el artículo 229 permite decretar medidas en todos los procesos declarativos que se adelanten ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo por solicitud de parte debidamente sustentada antes de la notificación del auto admisorio o en cualquier estado del proceso, sin que la decisión de la medida implique “prejuzgamiento”.

Dentro del listado de medidas cautelares realizado en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se mantuvo la de suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo siempre que tenga relación directa y necesaria con las pretensiones de la demanda.

En relación con los requisitos de procedencia de medida cautelar de suspensión, el artículo 231 de la Ley 1437 de 2011, establece que procederá cuando de la confrontación del acto con las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud de la medida, surja una violación de tales normas o, cuando la violación se derive del estudio de las pruebas allegadas. Respecto de la modificación de esta figura en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el doctor Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, en el estudio realizado como presidente de esta corporación sobre el régimen de medidas cautelares, señaló lo siguiente:

“Las elaboraciones jurisprudenciales del Consejo de Estado siempre dimensionaron a la figura de la suspensión provisional en forma restrictiva y, por esa razón, su aplicación fue excepcionalísima. Efectivamente, para decretar la citada medida se exigía que hubiese una evidente contradicción entre la decisión administrativa y las disposiciones normativas invocadas por el solicitante, derivada a partir de su confrontación directa o de los documentos públicos aducidos con la petición, sin que se le permitiera al juez entrar a elaborar estudios de fondo, propios de la sentencia que resolviera acerca de la validez del acto acusado.

(…).

Para decretar la suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la respectiva solicitud se exige: (i) Que la violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación directa con las normas superiores invocadas como vulneradas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud y (ii) tratándose de demandas de nulidad con restablecimiento del derecho, deberá probarse, al menos sumariamente, la existencia de los perjuicios cuya indemnización se reclama.

Nótese que el nuevo código no hizo cualificación alguna respecto de la violación de las normas invocadas como vulneradas, como sí lo exigía el numeral 2º del artículo 152 del Decreto 1 de 1984, que sujetaba la procedencia de la medida a “que haya manifiesta infracción de una de las disposiciones invocadas como fundamento de la misma”. Con ello se supera la exigencia reiterada de la jurisprudencia del Consejo de Estado en el sentido que para el decreto de la suspensión provisional el acto acusado debía contrariar de manera clara, ostensible, flagrante o manifiesta lo dispuesto en normas superiores, y se libera al juez de la camisa de fuerza que le impedía realizar análisis más profundos y dispensar una tutela judicial efectiva desde un primer momento procesal”.

Lo anterior evidencia que la suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo en vigencia de la Ley 1437 de 2011, ya no está limitada a una simple “confrontación directa” sino que se habilitó al Juez para realizar un análisis más amplio al cotejar el contenido del acto y las normas citadas como violadas o las pruebas allegadas con la solicitud, es decir, que se pasó de un ejercicio meramente comparativo a uno evidentemente razonado. Lo anterior, “no solo garantiza los derechos subjetivos de los demandantes sino que propende por la defensa del interés general y del patrimonio público, puesto que una decisión cautelar adoptada oportunamente puede contribuir a la protección de las finanzas del Estado en aquellos eventos de sentencias estimatorias de las pretensiones”(1).

Advertido lo anterior, procede la Sala a realizar el análisis de la medida de suspensión provisional teniendo en cuenta los argumentos expuestos por el apelante contra la providencia que la decretó en forma parcial.

La medida cautelar de suspensión fue sustentada por la entidad pública demandante bajo el argumento de que la inclusión del 100% de la bonificación por servicios en la reliquidación de la pensión de jubilación constituye una violación de los artículos 1º y 45 de los decretos 247 de 1997 y 1042 de 1978, respectivamente.

El a quo al realizar el análisis comparativo de las normas citadas como violadas y el contenido del acto administrativo, consideró que se configuró la violación alegada en razón a que la bonificación por servicios se causa en forma anual cuando el servidor público completa el año de servicio y en tal virtud en la mesada pensional sólo procede la inclusión de una doceava parte de ese valor.

Considera el apelante que tal decisión no es acertada porque la pensión de jubilación le fue reconocida y reliquidada conforme a derecho, en cumplimiento de una orden de tutela que hizo tránsito a cosa juzgada por lo que en virtud de lo dispuesto en el artículo 48 de la Constitución Política no es viable la reducción de su mesada pensional dado que el aumento proviene de un acto de ejecución que no es susceptible de control judicial.

Respecto a los argumentos del recurrente es del caso advertir en primer lugar que en esta instancia no se está cuestionando si el acto demandado es de ejecución o no pues tal situación quedó descartada con el auto admisorio de la demanda que evidentemente lo consideró susceptible de control judicial, y contra el cual el demandado no interpuso el recurso pertinente.

Sobre este aspecto, es oportuno reiterar la tesis jurisprudencial que esta Corporación ha fijado en casos como el presente, según la cual en cada caso particular deberá analizarse la naturaleza de la decisión judicial que se ejecuta a través del acto demandado y el derecho que reconoce para establecer si se trata o no de un acto administrativo de ejecución no susceptible de control judicial dado que cuando deriva de una orden de tutela expedida en forma definitiva en la que no se descartó la eficacia del mecanismo de defensa ordinario, es viable su agotamiento ante el juez natural de la causa, pues lo contrario implicaría el desconocimiento de los derechos al debido proceso y de acceso a la administración de justicia que le asisten a las entidades públicas para lograr la declaratoria de nulidad de los actos administrativos que considere contrarios a la ley.

En este orden, el acto administrativo demandado es susceptible de control judicial ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo por lo que es viable la suspensión provisional de sus efectos siempre que se acrediten los requisitos dispuestos en el artículo 231 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

En segundo lugar, no tiene razón el apoderado del demandado al considerar que la suspensión provisional del acto administrativo constituye una violación del artículo 48 de la Constitución Política según el cual “por ningún motivo podrá dejarse de pagar, congelarse o reducirse el valor de la mesada de las pensiones reconocidas conforme a derecho”, pues en este caso la reducción de la mesada obedece a una medida cautelar decretada en el proceso judicial que tiene por objeto precisamente el estudio de legalidad de la reliquidación pensional.

La discusión en este caso gira en torno a determinar si se ajusta o no a derecho la inclusión del 100% de lo devengado por concepto de bonificación por servicios en el ingreso base de liquidación pensional.

En este caso en el que el a quo consideró que el acto administrativo que reliquidó la pensión bajo las directrices ordenadas por un juez de tutela es violatorio de las normas superiores invocadas en la demanda, la reducción de la mesada derivaría de una orden judicial que decreta medidas cautelares de suspensión y por ende se trata de aquellas situaciones que la norma constitucional exceptúa de la regla general por sustentarse en la ley(2).

Así, resulta obvio que al restablecer la norma constitucional la imposibilidad de reducir la mesada pensional, excluye de esa regla general las reducciones que se generen en cumplimiento de una orden judicial como la que decreta la suspensión provisional de los efectos del acto administrativo que ordenó la reliquidación pensional por contrariar las normas invocadas como violadas.

En lo que tiene que ver con la afirmación del apoderado del demandado según la cual al suspensión provisional sólo es viable cuando aparezca “en forma evidente y sin elucubración alguna” la violación de norma superior del solo cotejo con el acto demandado, es del caso reiterar que con la entrada en vigencia de la Ley 1437 de 2011, la medida cautelar de suspensión procede cuando la infracción de la norma surja del análisis que se realice en la confrontación de las dos.

Ya no está limitada al simple cotejo o comparación que arroje un resultado inequívoco, sino que está permitido un estudio más detallado que incluye incluso, el análisis de las pruebas allegadas al con(sic) la solicitud. En este caso, la confrontación del acto demandado se propuso con las siguientes normas:

El Decreto-Ley 1042 de 1978, por medio del cual se fijó el régimen salarial de los empleados del orden nacional (ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y unidades administrativas especiales) creó la bonificación por servicio en los siguientes términos:

ART. 45.—A partir de la expedición de este decreto créase una bonificación por servicios prestados para los funcionarios a que se refiere el artículo 1º.

Esta bonificación se reconocerá y pagará al empleado cada vez que cumpla un año continuo de labor en una misma entidad oficial. Sin embargo, cuando un funcionario pase de un organismo a otro de los enumerados en el artículo 1º de este decreto, el tiempo laborado en el primero se tendrá en cuenta para efectos del reconocimiento y pago de la bonificación, siempre que no haya solución de continuidad en el servicio. Se entenderá que hay solución de continuidad si entre el retiro y la fecha de la nueva posesión no transcurrieren más de quince días hábiles.

La bonificación de que trata el presente artículo es independiente de la asignación básica y no será acumulativa.

ART. 46.De la cuantía de la bonificación por servicios prestados. La bonificación por servicios prestados a que tienen derecho los empleados que trabajan en las entidades a que se refiere el artículo 1º de este decreto, será equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor conjunto de la asignación básica, los incrementos por antigüedad y los gastos de representación que correspondan al funcionario en la fecha en que se cause el derecho a percibirla, siempre que no devengue una remuneración mensual por concepto de asignación básica y gastos de representación superior a cien mil setecientos cincuenta pesos ($ 100.750).

Para los demás empleados la bonificación por servicios prestados será equivalente al treinta y cinco por ciento (35%) del valor conjunto de los tres (3) factores de salario señalados en el inciso anterior.

Tal derecho se causará cada vez que el empleado cumpla un año de servicio(3).

Con posterioridad, el Decreto 247 de 1997, creó la bonificación por servicios específicamente para los funcionarios y empleados de la Rama Judicial remitiéndose a lo dispuesto en el Decreto 1042 de 1978 de la siguiente manera:

“ART. 1º—Créase la bonificación por servicios prestados para los funcionarios y empleados de la Rama Judicial (tribunales, juzgados, Fiscalía General de la Nación, direcciones ejecutivas de la administración judicial, consejos seccionales de la judicatura y empleados de las altas corporaciones) y la justicia penal militar, en los mismos términos establecidos en los artículos 45 y siguientes del Decreto-Ley 1042 de 1978 y las demás normas que lo modifiquen o adicionen, la cual será exigible a partir del 1º de enero de 1997.

La bonificación por servicios prestados constituirá factor salarial para efectos de determinar la prima de servicio, prima de navidad, vacaciones y prima de vacaciones, auxilio de cesantía y pensiones”.

El acto demandado, Resolución UGM 16634 de 10 de noviembre de 2011, expedido por Cajanal en cumplimiento de la orden de tutela dada por el Juzgado Segundo de Familia de Guadalajara de Buga, reliquidó la pensión de jubilación del señor Gerardo León Olaya Vergara aumentando la cuantía a $ 2.559.543, a partir del 1º de mayo de 2005, fecha de retiro del servicio del cargo de secretario grado 10 de la Rama Judicial. En el ingreso base de liquidación se incluyó la asignación básica más alta devengada en el último año, el 100% de la bonificación por servicios prestados, el incremento por antigüedad, y una doceava parte de las primas de servicios, vacaciones, navidad, antigüedad y alimentación, devengados en el último año (fl. 606).

De conformidad con lo dispuesto en la Resolución 1140 de 26 de enero de 2007, la prestación pensional reliquidada a través del acto demandado fue reconocida en los términos del Decreto 546 de 1971(4) que regula el régimen especial pensional aplicable a los empleados de la Rama Judicial, en tal virtud, la pensión se liquidó con el 75% de todos los factores salariales devengados en el último año(5) incluyendo la asignación más alta devengada (fl. 85, cdno. 1).

Así, las cosas, al realizar el análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas se advierte lo siguiente:

— La bonificación por servicios prestados constituye factor salarial para efectos pensionales.

— Se causa cada vez que el servidor cumple un año continuo de labor en la misma entidad oficial.

— El monto de la pensión de jubilación reconocida con el régimen especial de la Rama Judicial equivale al 75% de la asignación más alta devengada en el último año más todas las sumas que constituyen factor salarial, como la bonificación por servicios.

— El régimen especial permite la inclusión de todos los factores salariales devengados en el último año pero ello no quiere decir que su inclusión sea por el valor total dado que el monto de la pensión se calcula en cuotas mensuales o “mesadas”.

— Una vez que determinan los factores salariales devengados en el último año se calcula el valor mensual (doceava) de cada uno para así determinar el valor de la “mesada pensional”.

En ese orden, al ser la bonificación por servicios una prestación que se causa en forma anual, su inclusión en el ingreso base de liquidación pensional corresponde a una doceava parte y no al 100% del valor percibido por ese concepto en consideración a que la pensión se percibe mensualmente y por tal razón debe calcularse con la proporción mensual de “todos los factores salariales devengados en el último año”(6).

Respecto al tema, esta Sección en sentencia de 14 de agosto de 2009, expediente 0427-08, M.P. Dr. Víctor Hernando Alvarado Ardila, consideró lo siguiente:

“Respecto del factor de bonificación por servicios esta Sección ha indicado que la misma se reconoce y paga al empleado cada vez que cumple un año continuo de labor en una misma entidad oficial, es decir que el derecho a su reconocimiento se causa cada vez que aquél cumple un año de servicios y, por lo tanto, el cómputo de este factor para efectos de determinar la cuantía de la pensión debe hacerse en una doceava parte y no sobre el 100%, en consideración a que su pago se hace de manera anual”.

El análisis del acto demandado confrontado con las normas superiores invocadas como violadas y el estudio de las pruebas allegadas, evidencia la violación de las disposiciones invocadas en la solicitud de suspensión provisional como infringidas y en tal virtud la decisión de primera que decretó la medida cautelar será confirmada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B” administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

Confírmase el auto de 27 de septiembre de 2013 por medio del cual el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca decretó la suspensión provisional parcial del acto demandado, sólo en lo que exceda la doceava parte de la bonificación por servicios incluida en el acto de reliquidación pensional.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

Magistrados: Bertha Lucía Ramírez de Páez—Gerardo Arenas Monsalve, en comisión—Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.

1 Doctor Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, escrito sobre el régimen de medidas cautelares.

2 Artículo 48 de la Constitución Política, segundo inciso adicionado por el Acto Legislativo 1 de 2005: “Sin perjuicio de los descuentos, deducciones y embargos a pensiones ordenados de acuerdo a la ley, por ningún motivo podrá dejarse de pagar, congelarse o reducirse el valor de la mesada de las pensiones reconocidas conforme a derecho.

3 Modificado por el Decreto 10 de 1989 en el sentido de suprimir el último inciso para desarrollarlo en un artículo denominado “Del cómputo del tiempo para la bonificación por servicios prestados”.

4 Artículo 6º del Decreto 546 de 1971: “Los funcionarios y empleados a que se refiere este decreto, tendrán derecho, al llegar a los 55 años de edad, si son hombres, y de 50, si son mujeres, y cumplir 20 años de servicio continuos o discontinuos, anteriores o posteriores a la vigencia de este decreto, de los cuales por lo menos 10 lo hayan sido exclusivamente a la Rama Jurisdiccional o al Ministerio Publico o a ambas actividades, a una pensión ordinaria vitalicia de jubilación equivalente al 75% de la asignación mensual más elevada que hubiere devengado en el último año de servicio en las actividades citadas. Esta norma constituye un régimen especial”.

5 Artículo 12 del Decreto 717 de 1978: “Además de la asignación básica mensual fijada por la ley para cada empleo, constituyen factores de salario todas las sumas que habitual y periódicamente reciba el funcionario o empleado como retribución por sus servicios.

Son factores de salario:

a) Los gastos de representación;

b) La prima de antigüedad;

c) El auxilio de transporte,

d) La prima de capacitación;

e) La prima ascensional;

f) La prima semestral;

g) Los viáticos percibidos por los funcionarios y empleados en comisión en desarrollo de comisiones de servicio”.

6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, C.P. Dr. Alberto Arango Mantilla, sentencia de 8 de febrero de 2007, radicación: 25000-23-25-000-2003-06486-01 (1306-06), Actor: Gema Neila Acevedo González. Ver también las sentencias de 6 de agosto de 2008, proferida por la Subsección B de esta Sección, con ponencia del Dr. Gerardo Arenas Monsalve, radicación 25000-23-25-000-2002-12846-01(0640-08), Actor: Emilio Páez Cristancho y de 8 de junio de 2006, expediente 2294-05, M.P. Dr. Tarcisio Cáceres.