Auto 2013-00292 de diciembre 2 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Rad.: 11001 0324 000 2013 00292 00

Demandante: Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C.

Demandados: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

Asunto: suspensión provisional Decreto 75 de 2013

Bogotá, D.C., dos de diciembre de dos mil trece.

EXTRACTOS: «III. Para resolver se considera

3.1. Aspectos generales.

El artículo 238 de la Constitución Política dispone que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo puede suspender provisionalmente los efectos de los actos administrativos susceptibles de ser impugnados por vía judicial, por los motivos y con los requisitos que establece la ley.

El CPACA señala la procedencia de las medidas cautelares (art. 229), su finalidad y alcance (art. 230), lo mismo que los requisitos para solicitarlas (art. 231) y el trámite para decretarlas (art. 233).

En relación con la medida cautelar consistente en la suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo el nuevo ordenamiento contencioso administrativo señala que esta puede ser solicitada en la demanda o en cualquier estado del proceso, por escrito o en audiencia, y que procederá “por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud”.

El artículo 152.2 del CCA (D. 01/84) exigía como condición inexorable para que procediera la medida de suspensión provisional, una “manifiesta infracción —del acto acusado con— una de las disposiciones invocadas como fundamento”.

Como lo destacó esta corporación en un pronunciamiento anterior proferido en el marco de la nueva normatividad establecida en el CPACA (L. 1437/2011), para la suspensión provisional se prescindió de la “manifiesta infracción” hasta allí vigente y se interpretó que, “la nueva normativa presenta una variación significativa en la regulación de esta figura, por cuanto la norma obliga al juez administrativo a realizar el análisis entre el acto y las normas invocadas como transgredidas y a estudiar las pruebas allegadas con la solicitud”(3). Esta es una reforma sustancial, si se tiene en cuenta que ello habilita al juez a realizar un estudio no simplemente superficial de la solicitud de la medida sino que incluye el análisis del acto acusado e incluso la apreciación de las pruebas aportadas al efecto. Todo esto, lógicamente, sin incurrir en una valoración de fondo más propia de la fase de juzgamiento que de este primer momento del proceso; ya que, conforme lo estatuido por el artículo 229 CPACA en su inciso 2º, “[l]a decisión sobre la medida cautelar no implica prejuzgamiento”.

Lo anterior no releva al solicitante de fundamentar, de manera específica y suficiente, los cargos que eleve contra las disposiciones demandadas para obtener la suspensión provisional de las mismas.

3.2. El caso concreto.

En el caso sub examine se solicita la suspensión provisional de los artículos 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 15 y 17 del Decreto 75 de 2013, “Por el cual se reglamentan el cumplimiento de los porcentajes de suelo destinado a programas de vivienda de interés social para predios sujetos a los tratamientos urbanísticos de desarrollo y de renovación urbana y se dictan otras disposiciones”.

A juicio del actor las disposiciones demandadas del Decreto 75 de 2013 atentan y son contrarias a las normas constitucionales que rigen las competencias de las entidades territoriales en materia de reglamentación de los usos del suelo, señalando específicamente que son contrarias a lo dispuesto en los artículos 287, 288, 311 y 313 de la Constitución Política.

Observa el despacho que el actor se limitó a citar normas de carácter constitucional y a afirmar en forma genérica una eventual violación sin poner de presente, de manera específica, las razones por las cuales considera que hay violación de las normas constitucionales reseñadas, lo que impone afirmar que se incumplen los requisitos establecidos en los artículos 229 y 231 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo para la prosperidad de la solicitud de suspensión provisional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,

RESUELVE:

NEGAR la suspensión provisional de los artículos 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 15 y 17 del Decreto 75 de 2013.

Notifíquese y cúmplase».

(3) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, auto del 3 de diciembre de 2012, Radicación 11001-03-24-000-2012-00290-00. C.P. Guillermo Vargas Ayala.