Auto 2013-00312/57415 de septiembre 27 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN “B”

Expediente: 57415

Rad.: 850013333002201300312 01

Actora: Liliana Meche Coba y otros

Demandado: Hospital de Yopal E.S.E. y otros

Naturaleza: Recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia

Consejero Ponente:

Dr. Danilo Rojas Betancourth

Bogotá D.C., veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «Consideraciones

10. Antes que nada, el despacho considera necesario pronunciarse respecto a: i) la “ampliación de sustentación” del recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia y ii) las solicitudes de librar mandamiento ejecutivo y de medida cautelar en contra de la entidad condenada.

11. Respecto al primer punto, se resalta que el escrito de ampliación de sustentación del recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia, fue allegado a esta corporación el 24 de mayo de 2016, esto es, por fuera del término legal fijado por la ley(2) para la interposición del mencionado medio impugnatorio. En tal virtud, no le es dable al recurrente ampliar el periodo legalmente establecido para la presentación y sustentación del referido instrumento procesal, aun cuando el primer escrito fue radicado en oportunidad. Por consiguiente, el despacho se abstendrá de tener en cuenta, para efectos del estudio de admisibilidad del recurso, la argumentación contenida en la pieza documental que fue arrimada de forma extemporánea.

12. En lo que tiene que ver con la solicitud de librar mandamiento de pago y la de medida cautelar, el despacho debe resaltar que para efectos del presente trámite no resultan viables tales actuaciones. Si bien en los términos del inciso final del artículo 261 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, salvo circunstancias específicas, “la concesión del recurso [extraordinario de unificación de jurisprudencia] no impide la ejecución de la sentencia”, lo cierto es que, primero, el “proceso ejecutivo” que se pretende adelantar, conforme a lo dispuesto en los artículos 297 y subsiguientes ibídem, detenta una reglas adjetivas y sustanciales especiales que determinan su procedencia, las cuales, verificadas en su integridad para el asunto de la referencia, en tanto no refieren la posibilidad de emisión de una orden de ejecución durante el trámite de un recurso extraordinario, no se acompasan al mismo, lo que equivale a su inviabilidad.

13. Y, segundo, en el mismo sentido de la anterior consideración, la adopción de medidas cautelares en el marco de trámites distintos a los ordinarios, por corresponder a una situación no contemplada en el estatuto contencioso administrativo vigente, particularmente para el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia, se vislumbra como una decisión que no resulta plausible de adoptarse por esta corporación.

14. En consecuencia forzoso es concluir que las peticiones aludidas en precedencia, por carecer de sustento normativo y, por ende, tornarse en improcedentes, no podrán ser despachadas favorablemente en el marco de la presente instancia procesal. Y en este orden de ideas, procederá el despacho a pronunciarse únicamente sobre la admisibilidad del recurso extraordinario promovido.

15. Ahora bien, con la finalidad de garantizar la coherencia entre los fallos judiciales proferidos dentro de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, de modo que no se vea vulnerado el derecho a la igualdad de los usuarios de la administración de justicia(3), el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo estableció, entre varios mecanismos, el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia.

16. Dicho recurso procede contra las sentencias dictadas en segunda o única instancia por los tribunales administrativos, cuando estas son contrarias a una providencia de unificación del Consejo de Estado, siempre que la condena o las pretensiones excedan los montos previstos por el artículo 257 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

17. Así mismo, el escrito que lo contenga deberá interponerse ante el tribunal dentro de los 5 días siguientes a la ejecutoria de la sentencia, con el cumplimiento de los siguientes requisitos: i) que designe a las partes del litigio, ii) que señale la sentencia impugnada, iii) que indique sucintamente los hechos en controversia y iv) indique precisamente la sentencia de unificación jurisprudencial que ha sido contrariada y las razones que fundamentan tal afirmación.

18. El conocimiento de este medio impugnatorio le corresponde, en exclusiva, a las distintas secciones del Consejo de Estado, según su especialidad. En el caso de los recursos interpuestos contra procesos que se tramitaron bajo la acción de reparación directa, son las distintas subsecciones de la sección tercera las llamadas a resolverlos, de conformidad con lo indicado en el artículo 13A del Acuerdo 58 de 1999, modificado por el Acuerdo 148 de 2014.

19. En el caso en concreto, observa el despacho que conforme a lo exige el artículo 257 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el recurso fue presentado en contra de una sentencia expedida en segunda instancia por el Tribunal Administrativo de Casanare, dentro del término legal establecido para el efecto —supra, pie de página 1—, así como también la condena supera la cuantía exigida por la norma en comento(4).

20. Por otro lado, al verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 262 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se encuentran plenamente acreditados los tres primeros, en tanto: i) el escrito de presentación del recurso hizo referencia a Liliana Meche Coba y otros como la demandante-recurrente, y como parte pasiva dentro del presente litigio, se identificó al Hospital de Yopal E.S.E., a Red Salud Casanare E.S.E. y a la E.P.S. Capresoca; ii) se refirió como sentencia impugnada la decisión del 6 de abril de 2016 proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare y iii) fueron relacionados de forma concreta los hechos en litigio, así como su relación con el recurso extraordinario promovido.

21. Por otro lado, en lo relacionado con el requisito iv) “la indicación precisa de la sentencia de unificación jurisprudencial que se estima contrariada y las razones que le sirven de fundamento”, el despacho considera necesario realizar algunas precisiones, comoquiera que en el escrito impugnatorio se hizo referencia a múltiples providencias sobre las cuales fue fundamentada la solicitud impugnatoria.

22. Lo primero que se debe advertir respecto al referido requisito, es que la providencia sobre la cual se realiza el análisis del medio impugnatorio, debe ser —naturalmente— una de unificación de jurisprudencia, conforme a la naturaleza definida en la legislación aplicable —C.P.A.C.A.(5)— y la jurisprudencia de esta corporación en la que se ha hecho alusión a dicha figura.

23. Al respecto, el artículo 270 de la Ley 1437 de 2011 dispone que serán tenidas como sentencias de unificación jurisprudencial aquellas decisiones que: i) hayan sido proferidas por el Consejo de Estado por importancia jurídica, trascendencia económica, social o por la necesidad de unificar o sentar jurisprudencia; ii) fueron emitidas para decidir —de fondo— los recursos extraordinarios [referidos por el C.P.A.C.A.]; y iii) las formuladas en virtud del mecanismo eventual de revisión al que se refiere el artículo 36A de la Ley 270 de 1996. Esta corporación ha señalado sobre el particular que:

Las sentencias de unificación son aquellas proferidas por el Consejo de Estado en los siguientes eventos: i) por importancia jurídica o trascendencia económica o social o necesidad de sentar o unificar jurisprudencia; ii) las que decidan los recursos extraordinarios y iii) las relativas al mecanismo de revisión eventual. Igualmente, la Corte Constitucional las definió: ‘(...) las sentencias de unificación jurisprudencial del Consejo de Estado, de las que por su naturaleza se deriva un alto grado de seguridad y certeza. En efecto, es este órgano el definido por la Constitución como máximo tribunal de lo contencioso-administrativo y órgano de cierre del mismo (CP, 237), y como tal, ostenta el mandato de unificación jurisprudencial en su jurisdicción, condición que le imprime fuerza vinculante a determinadas decisiones que profiere’. En consecuencia, es razonable la exigencia de que la contrariedad de la sentencia recurrida sea respecto de una sentencia de unificación, dado el alto grado de certeza que se deriva de éstas (...)(6).

24. Adicionalmente, resulta fundamental tener de presente los elementos constitutivos y diferenciadores de toda sentencia de unificación jurisprudencial. En efecto, la Corte Constitucional en reciente pronunciamiento ha manifestado que:

(...) [U]no de los principales objetivos del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo se enfocó en la necesidad de fortalecer la función de unificación jurisprudencial del Consejo de Estado, de manera que sus providencias sean tenidas en cuenta por la administración y por los jueces que integran la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en su condición de órgano de cierre y máxima autoridad de la justicia administrativa. Según se observa en los antecedentes legislativos, más allá de responder a un tema de igualdad de trato, se entendió que reforzar la citada función tendría una incidencia directa en la protección de los derechos, con miras a reducir la litigiosidad y fortalecer el principio de seguridad jurídica, tanto en sede administrativa como judicial.

Con el propósito de materializar este objetivo, el legislador consideró oportuno establecer una categoría especial de providencia proferida por el Consejo de Estado, que se denomina sentencia de unificación jurisprudencial, cuya creación se justificó en la necesidad de brindar absoluta claridad a la administración y a los jueces, sobre las líneas jurisprudenciales plenamente vinculantes. Por virtud de esta categorización, se observa que no todas las decisiones que se profieren por el citado tribunal adquieren la condición de sentencias de unificación, pues esa calidad se reservó para aquellas que se identifican como tales expresamente en la ley, buscando con ello brindar seguridad y certeza en relación con la proyección de sus efectos.

(...)

[S]on tres fuentes distintas las que sirven de origen a estas sentencias. En primer lugar, se alude a aquellas que se expidan o se hayan expedido “por importancia jurídica o trascendencia económica o social o por necesidad de unificar o sentar jurisprudencia”. Antes de la entrada en vigencia del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, por regla general, la labor de unificación era efectuada por la Sala plena de lo contencioso administrativo, a la que le correspondía: “resolver los asuntos que le remitían las secciones por su importancia jurídica o trascendencia social” y “conocer los procesos que le remitan las secciones para cambiar o reformar la jurisprudencia de la corporación”.

No obstante, las secciones también cumplían dicha función, especialmente las que estaban dividas en subsecciones, a las cuales el reglamento del Consejo de Estado, les atribuyó expresamente la tarea de unificar la jurisprudencia a su cargo. Esta misma atribución de unificación, con importantes ajustes, los cuales se destacarán más adelante, se consagra en el artículo 271 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Precisamente, en la norma en cita se dispone que (i) la Sala plena de lo contencioso administrativo unificará los asuntos provenientes de las secciones del Consejo de Estado; mientras (ii) estas últimas harán lo mismo respecto de los casos provenientes de sus subsecciones o de los tribunales administrativos.

En segundo lugar, se destacan las sentencias que se expidan o se hayan expedido al decidir recursos extraordinarios. Sobre el particular, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo establece (i) el recurso extraordinario de revisión y (ii) el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia. El primero de ellos tiene por objeto corregir las sentencias que pueden resultar abiertamente injustas, por haberse fundado en pruebas o hechos fraudulentos o erróneos. Su definición le compete tanto a la Sala plena de lo contencioso administrativo, como a las distintas secciones y subsecciones que la integran, según se dispone en el artículo 249 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Por su parte, el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia, como se ha mencionado en esta sentencia, procede contra las decisiones de “única” y “segunda instancia” proferidas por los tribunales administrativos, cuando contraríen o se opongan a una sentencia de unificación del Consejo de Estado. Su resolución le compete de forma exclusiva a las secciones que integran la Sala plena de lo contencioso administrativo. Un aspecto a destacar es que a la vez que este mecanismo ampara lo dispuesto en una sentencia de unificación, la definición acerca del mismo da lugar a una providencia de igual valor jurídico. Como el precepto legal demandado hace parte de la regulación de este último recurso, su examen con mayor detenimiento se hará al momento de proceder al análisis del caso concreto.

Por último, como fuente de las sentencias de unificación también se encuentran aquellas decisiones que se profieran o se hayan proferido, en virtud del “mecanismo eventual de revisión de acciones populares y de grupo”, en los términos consagrados en el artículo 11 de la Ley 1285 de 2009 y en los artículos 272 a 274 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Este mecanismo se activa contra las sentencias o providencias que le pongan fin al proceso expedidas por los tribunales administrativos, siempre que no sean susceptibles del recurso de apelación ante el Consejo de Estado, cuando quiera que existan posiciones divergentes entre los tribunales o cuando se produce un apartamiento de una sentencia de unificación o de jurisprudencia reiterada del Consejo de Estado. De acuerdo con la ley, “las sentencias sobre las providencias seleccionadas para la revisión será proferida, con el carácter de sentencia de unificación por la sección que el reglamento determine según su especialidad, dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha de su selección”.

De esta manera, y como consecuencia de lo expuesto, se observa que si bien las fuentes que disponen el origen de las sentencias de unificación son limitadas y se encuentran sujetas a actuaciones precisas que en general se relacionan con la labor de sentar, unificar o salvaguardar la jurisprudencia que como órgano de cierre produce el Consejo de Estado, su conocimiento se distribuye entre las secciones, subsecciones y la Sala plena que desarrollan la función de lo contencioso administrativo.

Esto significa que, a partir del ejercicio de la potestad de configuración normativa del legislador y teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 236 del texto superior, se entiende que la división orgánica que se produce respecto de la forma como se fijan las sentencias de unificación, parte de una división en la que cada dependencia opera como órgano de cierre y en el que sus decisiones se protegen por la garantía de la cosa juzgada, pues se trata de un sola autoridad u órgano, en el que “no existe una relación jerárquica o de subordinación funcional”, en los asuntos que son objeto de su conocimiento.

(...)

[E]n línea con el papel que el Constituyente les otorgó a los órganos de cierre de las distintas jurisdicciones, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo asume como uno de sus objetivos impulsar el carácter unificador de la jurisprudencia del Consejo de Estado como máximo tribunal de lo contencioso administrativo, para lo cual creó la categoría de las sentencias de unificación jurisprudencial, caracterizadas por su naturaleza ordenadora y vinculante, por lo que resultan exigibles frente a la resolución de casos con identidad de supuestos fácticos y jurídicos, tanto en la vía administrativa como judicial, en aras de garantizar los principios de igualdad y de seguridad jurídica.

Para asegurar su eficacia, el legislador dispuso de mecanismos de exigibilidad en los procesos administrativos, así como en los procesos que se adelantan ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en este último caso a través del amparo del precedente vertical, como ocurre con el mecanismo de revisión eventual de las acciones populares y de grupo y el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia. En todo caso, con miras a eliminar cualquier posibilidad de incoherencia o de tratamiento distinto frente a casos iguales, se consagró un mecanismo de unificación interna, como lo es el previsto en el artículo 271, en el que le compete a la Sala plena de lo contencioso administrativo unificar las diferencias interpretativas que surjan entre las secciones, al tiempo que estas últimas cumplen el mismo rol en lo que atañe a las subsecciones(7).

25. Así las cosas, es claro que las sentencias sobre la que se puede predicar el estudio de unificación de jurisprudencia —en tanto recurso extraordinario—, y con ello, el estudio de admisibilidad, son aquellas providencias que cumplan —exclusivamente—, con alguna de las tipologías referidas arriba. En tal sentido, no será dable a quien ejercite este medio impugnatorio habilitar el conocimiento del operador jurídico sobre cualquier otro tipo de proveído, aun cuando considere y argumente que una decisión en concreto puede y/o debe ser considerada como una sentencia susceptible de tal instrumento procesal.

26. Lo anterior es así, en tanto la tipología en cuestión constituye un criterio objetivo que se ve satisfecho únicamente en la medida en que al realizar el ejercicio de subsunción normativa, la providencia en cuestión se acompase claramente —y sin lugar a dudas— con cualquiera de los supuestos previstos por la ley.

27. Dicho esto, el despacho encuentra que en el escrito de interposición del medio impugnatorio extraordinario promovido, la parte actora hizo referencia a múltiples providencias sobre las cuales pretende que se adelante el trámite del recurso extraordinario de unificación jurisprudencial. No obstante, se resalta que no todas ellas cumplen las exigencias establecidas en los artículos 258 y 270 de la Ley 1437 de 2011.

28. En efecto, las decisiones invocadas por la parte recurrente, relacionadas con los procesos de número interno de radicado: 23508(8), 29847(9), 18101(10), 23508(11), 22163(12), 11842(13), A.G. 2001-229-01(14), 47868(15), 22163(16), son providencias que fueron proferidas por alguna de las subsecciones o en Sala plena de la sección tercera de esta corporación, en sede del recurso ordinario de apelación respecto de proveídos emitidos por tribunales durante el trámite de primera instancia. Por tal razón, ninguna de ellas cumple con los supuestos ii) y iii) del artículo 270 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, es decir, no se tratan de pronunciamientos producidos en el marco de los medios extraordinarios de revisión ni de unificación jurisprudencial, o aquellos relativos al mecanismo de revisión eventual.

29. Ahora bien, frente a la primera tipología señalada por el artículo 271 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, es decir, las decisiones proferidas por importancia jurídica, o trascendencia económica, social, y aquellas que son emitidas por la necesidad de unificar o sentar jurisprudencia, esta corporación ya ha referido que tales providencias son identificables en tanto responden a un procedimiento concreto, y es aquél definido por el artículo 271 de la Ley 1437 de 2011. En efecto se ha señalado que:

Como se explicó, el artículo 102 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo establece que las autoridades deben extender los efectos de las sentencias de unificación dictadas por el Consejo de Estado. A su turno, los artículos 270 y 271 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo determinan cuáles sentencias tienen tal naturaleza, así: (...) De las normas transcritas se puede concluir que, en el asunto objeto de estudio, la sentencia respecto de la cual se solicita la extensión de sus efectos no cumple con los presupuestos legales antes indicados, para que proceda el trámite y estudio de la solicitud. En efecto, si bien la sentencia cuyos efectos se solicita sean extendidos, fue proferida por la sección cuarta del Consejo de Estado, una de las secciones que integran la Sala plena de lo contencioso administrativo, la providencia no tuvo como objeto unificar la jurisprudencia de los tribunales, pues para ello debe adelantarse el procedimiento previsto en el artículo 271 ib., el cual no existía para la época en que se expidió dicha sentencia, y que tiene precisamente como objeto, que la sección se pronuncie con la finalidad expresa de unificar la jurisprudencia o de decidir un asunto de importancia jurídica o de trascendencia social o económica. Las anteriores razones son suficientes para rechazar por improcedente la solicitud presentada por Luis Ángel Castro Carvajal, para adelantar el procedimiento previsto en el artículo 269 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo(17).

30. Por su parte, la Sala plena de lo contencioso administrativo de esta corporación se refirió sobre el particular de la siguiente forma:

Según lo establecido por el artículo 271 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Sala plena de lo contencioso administrativopodrá asumir el conocimiento de un asunto que se encuentre pendiente de fallo, es decir, que haya superado todas las etapas previas: audiencia inicial, audiencia de pruebas —si hay lugar a ella— y la etapa de alegaciones. Esto, con el propósito de dictar una sentencia de unificación jurisprudencial. El caso puede estar tramitándose, bien sea en segunda o en única instancia, en las secciones o subsecciones del Consejo de Estado, o en los tribunales administrativos.

Tal iniciativa puede surgir, en principio, de la propia Sala contenciosa en pleno, pero también de las secciones, subsecciones o tribunales en cuyo seno se esté impartiendo el respectivo trámite al asunto. Igualmente, puede pedirlo el Ministerio Público. Aunque también las partes pueden hacer lo propio; empero, cuando la petición provenga de estas, debe contener “… una exposición sobre las circunstancias que imponen el conocimiento del proceso y las razones que determinan la importancia jurídica o trascendencia económica o social o la necesidad de unificar o sentar jurisprudencia”.

Son, por los menos, cinco eventos en los que el legislador facultó a la corporación para proferir ese tipo de fallos, y están relacionados en el inciso 3º del artículo 271 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, los cuales se traducen en conceptos jurídicos, hasta ahora, indeterminados.

(...)

Bajo esos parámetros, bien puede decirse que el contorno normativo que delinea los conceptos contenidos en el inciso 3º del artículo 271 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, acorde con los principios constitucionales que propenden por la búsqueda de los fines sobre los cuales se erige nuestro Estado Social de Derecho y en especial aquellos que gobiernan la administración de justicia, ofrece alternativas que permiten superar la indeterminación de las categorías que hacen parte de la precitada norma, para llevarlas a un espacio de mayor precisión, identificación y concreción, tal y como se evidencia en los subsecuentes epígrafes del presente proveído.

Así, el primero que se enuncia es la importancia jurídica, que ha de entenderse, al menos, como la alta connotación que tiene un asunto dentro del mundo jurídico, en la medida en que es capaz de incidir en él de forma transversal y determinante, bien sea porque toca bienes o instituciones materiales o inmateriales que figuran dentro de la más elevada escala de protección estatal, demanda la construcción de un parámetro de interpretación que resulta necesario para el orden normativo mismo, propugna por un avance significativo en la tradición jurídica nacional o internacional, el constituyente o legislador le han dado esa connotación, o porque el desarrollo jurisprudencial así lo sugiere. También podría expresarse en términos de “… la necesidad que ve la respectiva Sala de abordar un tema que reviste un interés jurídico superlativo dada su novedad, dificultad teórica y/o práctica o impacto sobre el ordenamiento jurídico…”(18).

A renglón seguido, se habla de la trascendencia económica o social. Estas dos características son asimilables a la descrita en el párrafo anterior, pero la gran diferencia, por evidente que parezca, es la órbita que impacta la decisión concerniente al asunto a examinar, en este caso, la económica —en punto a la magnitud de la afectación que pueda recibir el patrimonio público, o el privado, según el caso— o la social –dado el alcance que pudiera tener en el conglomerado social, tanto en términos cuantitativos como cualitativos.

Sobre este particular, conviene indicar que una de las definiciones que el Diccionario de la Real Academia de España atribuye al vocablo trascendencia es la siguiente: “Resultado, consecuencia de índole grave o muy importante”.

Así las cosas, la trascendencia económica o la social están determinadas por un factor subjetivo, en cuanto se refieren a la importancia del resultado, pero claramente objetivable en la medida en que los criterios de priorización no pueden ser otros que los que desprenden de la vigencia del orden constitucional y, principalmente, todos aquellos que, de alguna forma, obstruyen o promueven la realización de los fines del Estado.

Por otro lado, se menciona la necesidad de sentar o unificar jurisprudencia. La primera hipótesis apareja la novedad del asunto a discutir o, por lo menos, la inexistencia de un pronunciamiento previo por parte del órgano de cierre; mientras que la segunda, en cambio, tiene como presupuesto la existencia de pronunciamientos que encierran posiciones divergentes sobre un mismo tema, que ameritan una decisión que zanje las diferencias existentes en aras de dar coherencia a la jurisprudencia y garantizar la igualdad y la seguridad jurídica en las sucesivas decisiones judiciales(19).

31. Conforme a los referidos lineamientos jurisprudenciales, debe señalar el despacho que ninguna de las sentencias antes referenciadas —invocadas por la parte recurrente para el estudio del recurso extraordinario— fueron producidas en el marco del procedimiento del artículo 271, y en tal medida, no encajan dentro de la tipología de decisiones proferidas por “importancia jurídica o trascendencia económica o social o por necesidad de unificar o sentar jurisprudencia”, requisito sine qua non para ser consideradas como decisiones de unificación de jurisprudencia en virtud del tercer supuesto de la norma 270 ibídem.

32. No obstante, se debe advertir que si bien con la aparición de la Ley 1437 de 2011 fueron establecidas de manera expresa las tipologías de decisiones constitutivas de unificación jurisprudencial —y los mecanismos orientados a garantizar su prevalencia—, ello no quiere decir que providencias de dicha naturaleza y finalidad no existieran con anterioridad a la entrada en vigencia del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

33. Cabe recordar que como resultado del quehacer del Consejo de Estado en tanto órgano de cierre de la jurisdicción contencioso administrativa, se han producido decisiones en las que se modificaron dogmáticas previamente fijadas o discutidas en relación con temas concretos. Es decir, han sido producidos auténticos cambios jurisprudenciales en el marco de los cuales se ha consolidado la unificación de criterios y la fijación de raseros orientadores para este ramo de la judicatura.

34. Ciertamente, la práctica judicial de esta corporación(20) da cuenta de que en diversas oportunidades —previas a la aparición del C.P.A.C.A.— han sido emitidas decisiones que materialmente cumplen con la naturaleza, finalidad y características de las tipologías consagradas en el artículo 270 de la Ley 1437 de 2011. Esto permite advertir que el universo de sentencias de unificación jurisprudencial sobre las cuales recaería el impulso de los recursos y medios especiales consagrados en la norma en comento no estaría limitado a aquellas que fueron proferidas a la luz del procedimiento contenido en el artículo 271 ibídem.

35. En efecto, respecto a las sentencias proferidas en los procesos bajo radicado interno número 19031(21) y 38222(22) se debe resaltar que estas hacen referencia a un cambio jurisprudencial, y con ello, una unificación material de criterios —adoptado en Sala plena de sección tercera— en relación con la consecuencia indemnizatoria aplicable a los perjuicios físicos y psicológicos bajo la figura del daño a la salud, en un expreso abandono de las nociones de daño a la vida de relación y de alteración a las condiciones materiales de existencia.

36. Nótese que sobre la primera tipología a la que se refiere el artículo 271 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, esto es, aquellas decisiones proferidas por “importancia jurídica o trascendencia económica, social o por necesidad de unificar o sentar jurisprudencia”, se trata de sentencias que claramente sientan un nuevo precedente o comportan un cambio jurisprudencial de considerable impacto, más allá de una simple reiteración o recuento de la línea decisional manejada por esta corporación respecto a un tema en concreto.

37. Así, lo que hacen estas dos providencias en comento es precisamente lo primero, es decir, traer a colación, para efectos de adoptar una decisión dentro del caso estudiado, la línea jurisprudencial manejada respecto a las figuras de daño en la vida de relación y afectación a las condiciones materiales de existencia, para considerar que dichas tipologías deben ser abandonadas en tanto carecen de la pertinencia para el establecimiento de la indemnización de perjuicios psicofísicos en el marco del ordenamiento jurídico colombiano. Al tiempo que, retoman la noción del daño a la salud como único criterio aplicable para el resarcimiento de detrimentos inmateriales no susceptibles de reconocimiento por el tipo moral.

38. Por lo anterior, advierte el despacho que decisiones adoptadas en el marco de la Sala plena de sección tercera, pueden comportar —materialmente— auténticas unificaciones jurisprudenciales, en aquellos eventos en los que se consolida un discernimiento que deberá ser seguido por cada una de las subsecciones como resultado de un cambio de postura respecto a un tema en particular.

39. En efecto, la unificación de criterios puede producirse como resultado de las discusiones generadas tanto en relación con un historial de precedentes variable o inestable, o respecto a un antecedente que al ser pacífico, considera la sección tercera que debe ser superado o actualizado, lo que conduce a que esta división de la corporación, concuerde en pleno, un único razonamiento orientador para la adopción de futuros pronunciamientos sobre el tema en cuestión.

40. En tal sentido, se debe concluir que las sentencias proferidas por esta corporación en los procesos 19031 y 38222, constituyen un cambio respecto al precedente manejado sobre la noción de daño a la salud, el perjuicio a la vida de relación y la afectación a condiciones materiales de existencia, lo cual fue producido en sede de la discusión conocida en Sala plena de la sección tercera del Consejo de Estado.

41. Pronunciamientos que, comportan una unificación material de jurisprudencia, cuya tipología se encuentra consagrada en el artículo 270 de la Ley 1437 de 2011, y sobre las cuales, en consecuencia, podrían promoverse los mecanismos procesales correspondientes. Entre ellos, el previsto en el artículo 256 y siguientes de la norma en comento.

42. Pues bien, al revisar la justificación contenida en el escrito elevado por el actor dentro del sub lite, conforme a lo relacionado con las sentencias proferidas en los procesos 19031 y 38222 por esta corporación, se lee:

FUNDAMENTO: 

En la parte considerativa de la decisión impugnada se prueba a lo largo del expediente que la menor afectada ha padecido una lesión corporal y psíquica que la afectará de por vida, ocasionándole diferentes traumas a lo largo de su existencia, porque a pesar de la pérdida de la visión subsiguientemente se procederá a la pérdida material de sus ojos; así mismo, que su reconocimiento sea tasado en lo máximo que permite la jurisprudencia, en razón a la intensidad y gravedad del daño ocasionado y probado en el expediente.

El Consejo de Estado ha reiterado en casos de lesiones corporales y psíquicas conforme a las sentencias precedentes —que son el hito de unificación jurisprudencial— qué es el daño a la salud y los casos en los cuales el tope máximo de indemnización por este perjuicio puede ser hasta los 400 s.m.l.m.v., conforme a lo siguiente (...) (fls. 94-95, c. ppl.).

43. Por otro lado, en relación con la sentencia del 28 de agosto de 2014, proferida dentro del proceso adelantado bajo el número interno 32988, advierte igualmente el despacho que se cumple con la naturaleza de unificación jurisprudencial exigida por la norma. En efecto, se trata de una decisión adoptada en Sala plena de la sección tercera, de la cual se extrae en su parte introductoria lo siguiente:

(...)

Procede la Sala, previa unificación jurisprudencial en relación con i) la excepción a los topes indemnizatorios de los perjuicios morales en casos en los que el daño antijurídico imputable al Estado tiene origen en graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario y ii) en materia de reparación integral de perjuicios inmateriales por vulneraciones o afectaciones relevantes a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados, a resolver el recurso de apelación interpuesto por el actor en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia el 9 de diciembre de 2005 mediante la cual se denegaron las pretensiones de la demanda. La sentencia recurrida será revocada(23).

44. A su vez, conforme a esta providencia consta dentro del escrito impugnatorio la siguiente argumentación presentada por la parte recurrente:

(...)

d. del perjuicio por afectación de otros derechos constitucionales o convencionales en favor del papá, mamá, abuelos, abuelas, tíos, tías de la víctima directa conforme al arbitrio judicis en condiciones de igualdad.

(...)

Consejo de Estado. Sala de lo contencioso administrativo, sección tercera, Sala plena. Sentencia de 28 de agosto de 2014. Rad.: 05001-23-25-000-1999-01063-01 (32988). Consejero ponente: Ramiro de Jesús Pazos Guerrero.

FUNDAMENTO: 

Resulta entonces la sentencia impugnada contraria a los precedentes anotados, en tanto, niega reparación pecuniaria por este tipo de perjuicio, sin tener en cuenta que se encontraba probada por vía indiciaria la vulneración de los derechos constitucionales a la integridad familiar y al libre desarrollo de la personalidad del papá, mamá, abuelos, abuelas, tíos, tías de la menor Danna Valentina Cruz Meche, desconociendo precedentes que conceden este tipo de perjuicio inmaterial a partir del indicio derivado de las probadas relaciones de parentesco, que permiten inferir la grave vulneración de tales derechos a partir de un razonamiento lógica y las reglas de las reglas de la experiencia, así como de ciencias como la estadística.

Finalmente, es de anotar que el mandato constitucional de reparación del daño antijurídico por responsabilidad del Estado, es de naturaleza pecuniaria, eminentemente patrimonial, obsérvese el artículo 90 de la Carta. (...)

Así, no cabe estimar, si no es con reparación patrimonial, -o sea, en perjuicio inmaterial; por lo que no aceptamos el criterio que propugna que indemnice con medidas no pecuniarias el daño causado a los papás, abuelas, tíos, tías de la víctima directa, por considerarlas víctimas indirectas, cuando los supuestos de hecho que permiten la reparación a tipos de vulneración de bienes constitucional y convencionalmente protegidos o de alteración de las condiciones de existencia o daño a la vida de relación, les pertenecen a cada uno de ellos, no a otra víctima, siendo por ello víctimas directas de esas categorías de daño antijurídico, pues ellas son quienes los sufren y por eso, les debe ser reparado. Lo pedido deriva del principio que señala que el daño es personal, o [de] carácter personal del daño, conforme al deber [que] debe repararse a quien demuestra en el proceso que se le lesionó un interés cual es titular (negrilla y resaltado del original) (fls. 91, 94, c. ppl.).

45. Así pues, a pesar de que en virtud de la exigencia del artículo 270 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se entiende satisfecho el requisito de la naturaleza de las providencias atacadas —las dos primeras, en sentido material, y la segunda, en su integridad—, el despacho advierte que no se cumple el requerimiento legal establecido en el inciso 3 del artículo 262, en conexión con el artículo 258 ibídem para la admisión del recurso extraordinario de unificación jurisprudencial promovido.

46. Lo anterior, por cuanto si bien se tiene que la parte actora referenció de manera expresa las providencias en cuestión, y con ello, aportó los argumentos y las razones que consideró daban fundamento el proceso promovido (tal como lo exige de forma literal - el numeral 4 del artículo 262 de la Ley 1437 de 2011), lo cierto es que tal razonamiento no se acompasa con la naturaleza del asunto definido en cada una de las sentencias de unificación jurisprudencial invocadas, lo cual desconoce el requerimiento del artículo 258 ibídem(24), disposición que condiciona a su vez el estudio de admisibilidad referido.

47. Al respecto, conviene advertir que a la luz del numeral 4 del artículo 262 de la Ley 1437 de 2011, el escrito del recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia debe contener no solo la indicación precisa de la providencia que se estima contrariada por la decisión impugnada, sino también las razones —necesariamente plausibles— que le sirven de fundamento, en el marco de un ejercicio de contrastación entre la ratio decidendi utilizada por una y otra sentencia.

48. En efecto, debe indicarse que en el ejercicio de justificar la confrontación entre una providencia de instancia y la decisión de unificación jurisprudencial, tiene que existir una estricta unidad temática en controversia. Así, debe poder constarse que el tema, institución o concepto unificado en la sentencia proferida por esta corporación, sea el mismo que fue utilizado por el tribunal para adoptar la determinación frente a la cual existe inconformidad.

49. Es decir, para que la justificación del medio extraordinario se encamine a la admisión del recurso, debe evidenciarse que la controversia suscitada por la parte actora se fundamenta en una discrepancia entre razonamientos sobre un mismo tema, institución o noción. Tal oposición deberá ser el resultado de una contrastación entre la ratio decidendi —y no sobre argumentos de paso u obiter dicta— contenida en la sentencia de unificación jurisprudencial y aquella establecida en la providencia que profirió el juez de instancia.

50. Pues bien, dentro del sub lite es claro que la inconformidad de la parte actora respecto a la decisión del tribunal tiene que ver con la tipología de daño —pérdida de oportunidad— que fue utilizada para el establecimiento de la responsabilidad extracontractual del Estado, y su natural consecuencia en la determinación de un monto menor de indemnización de perjuicios, en comparación con la posibilidad de haber condenado por falla en el servicio.

51. En tal suerte, las razones que justifican la promoción del recurso extraordinario en relación con la providencia proferida por el a quo se dirigen a cuestionar una decisión que fue contraria a los intereses que motivaron el proceso ordinario de reparación directa, por la utilización de la pérdida de oportunidad, en tanto daño autónomo, para establecer la responsabilidad extracontractual y de ahí condenar a las entidades demandadas al pago de un monto frente al cual la parte actora no se encuentra satisfecha, dado que en su sentir, pudo haberse fijado una indemnización mayor.

52. En contraste, en el caso de la unificación jurisprudencial gestada en el marco de los procesos 19031 y 38222, como fue advertido en precedencia —supra párr. 34—, se concretó un criterio que modificó la línea jurisprudencial manejada por esta corporación respecto a las figuras de daño en la vida de relación y daño a las condiciones materiales de existencia en sede indemnizatoria —y no en la imputación del perjuicio, en sí mismo considerado—. Esto es, se retomó la noción del daño a la salud como único criterio aplicable para el resarcimiento de detrimentos inmateriales del tipo físico y mental no susceptibles de reconocimiento en indemnización moral.

53. A su turno, la providencia de unificación proferida en el caso adelantado bajo el número interno 32988, si bien se ocupa de definir criterios en lo relacionado con la determinación de “los topes indemnizatorios de los perjuicios morales”, tal determinación obedeció a dos escenarios concretos y claramente definidos por la sentencia: la fijación de la forma de resarcir los detrimentos inmateriales en “casos en los que el daño antijurídico imputable al Estado tiene origen en graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario” y “en materia de reparación integral (...) por vulneraciones o afectaciones relevantes a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados” en el mismo contexto.

54. Así, si bien es cierto que entre las providencias de unificación jurisprudencial y la decisión impugnada por el actor existe similitud en cuanto a que todas tienen que ver con una tipología de daño antijurídico, también lo es que las razones, trato y posición —en el esquema de análisis de responsabilidad estatal— otorgado a cada uno de ellos en las sentencias en cuestión, es diferente.

55. En efecto, mientras la sentencia impugnada se valió de la tipología de daño de pérdida de oportunidad —como ratio decidendi— para establecer responsabilidad estatal y las consecuentes condenas monetarias, en las decisiones relacionadas con los procesos 19031 y 38222, se concretó un cambio jurisprudencial en materia indemnizatoria para la reparación de afectaciones de la integridad psicofísica de la víctima, de conformidad con la figura del daño a la salud, esto es, al final del esquema de análisis —resarcimiento de perjuicios—.

56. A su turno, la unificación gestada en el marco del expediente 32988, se limitó a delimitar el tratamiento a los detrimentos imputables al Estado por graves violaciones a los derechos humanos, infracciones al Derecho Internacional Humanitario y vulneraciones a derechos convencional y constitucionalmente amparados, lo cual, evidentemente escapa a la unidad temática esperada en relación con la providencia impugnada mediante el recurso extraordinario.

57. Ante el anterior contraste, es evidente que no existe unidad temática entre las sentencias en cuestión, pues la contradicción invocada por la parte actora no se sustenta en un elemento de indemnización de perjuicios, sino —principalmente— sobre la imputación del daño en sí misma —que aunque tiene incidencia en el elemento resarcitorio, no es el centro de su justificación—. Por lo que, bajo las reglas de la lógica tradicional, es claro que al no existir un elemento conceptual que sea común a todas y cada una de las decisiones advertidas, es imposible que sustancialmente exista discrepancia.

58. En virtud del anterior panorama, para el despacho es claro que el presupuesto contenido en el numeral 4 del artículo 262 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo no se encuentra satisfecho, en la medida en que las razones de inconformidad contenidas en el escrito impugnatorio no responden a lo discutido en las sentencias de unificación invocadas.

59. En este escenario, el despacho debe resaltar que la naturaleza y alcance del recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia, al ser claramente definida por la norma(25), no puede ser inobservado al momento de realizar el estudio de admisibilidad de la causa. Así como tampoco puede convertirse en una plataforma a disposición de las partes para discutir inconformidades propias de la controversia que fue dirimida por los tribunales en sede de la única o segunda instancia.

60. Es decir, el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia no puede convertirse en una tercera instancia, o un mecanismo para acceder ante esta corporación para ventilar las inconformidades propias del proceso ordinario, so pretexto de utilizar de manera marginal las decisiones de la naturaleza establecida por el artículo 270 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo para activar el aparato judicial ante esta corporación cuando a la postre no tendrá vocación de prosperidad.

61. Conforme a lo anterior, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 265 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo(26) se procederá a inadmitir el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia promovido por la parte actora mediante escrito del 18 de abril de 2016 en contra de la sentencia de segunda instancia adoptada el 6 de abril de 2016 por el Tribunal Administrativo del Casanare, en lo relacionado con la totalidad de las providencias aludidas por la parte recurrente.

62. Por otro lado, con relación a la renuncia presentada por el señor Héctor Fernando Vizcaíno Cagüeño —supra párr. 7—, el despacho advierte que de conformidad con el inciso 4 del artículo 76 del Código General del Proceso, al cual se acude por disposición del artículo 306 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la renuncia no pone término al poder sino cinco días después de presentado el memorial de renuncia en el juzgado, acompañado de la comunicación enviada al poderdante en tal sentido.

63. Si bien no se advierte en el plenario la comunicación correspondiente enviada al poderdante, no se ordenará comunicar la aceptación de la renuncia, en consideración al poder otorgado por la Red Salud Casanare E.S.E. a la señora Leguy Yaneth Aguirre Alvarado —supra párr. 9—, frente al cual, toda vez que se cumplen todos los requisitos legales para el efecto, se procederá a reconocer la respectiva personería.

En mérito de lo expuesto, se

RESUELVE:

1. RECHAZAR, por improcedentes, las solicitudes de mandamiento de pago y de medida cautelar presentadas por la parte actora.

2. INADMITIR el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia promovido por la parte recurrente, por las razones expuestas en el presente proveído.

3. ACEPTAR la renuncia del poderpresentada por el abogado Héctor Fernando Vizcaíno Cagüeño.

4. RECONOCER personería adjetiva a la abogada Leguy Yaneth Aguirre Alvarado, identificada con cédula de ciudadanía n.º 52 221 470 de Bogotá y portadora de la tarjeta profesional n.º 88 973 del Consejo Superior de la Judicatura, como apoderada judicial en los términos y para los efectos del poder a ella conferido, obrante a folio 170 del cuaderno principal del expediente.

5. En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al tribunal de origen para lo de su cargo.

Notifíquese y cúmplase».

2 “Interposición. El recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia deberá interponerse por escrito ante el tribunal administrativo que expidió la providencia, a más tardar dentro los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria de esta”.

3 Artículo 256 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo “El recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia tiene como fin asegurar la unidad de la interpretación del derecho, su aplicación uniforme y garantizar los derechos de las partes y de los terceros que resulten perjudicados con la providencia recurrida y, cuando fuere del caso, reparar los agravios inferidos a tales sujetos procesales”.

4 Comoquiera que la cuantía de la condena impuesta por el Tribunal Administrativo del Casanare —la cual asciende a seiscientos cincuenta (650) salarios mínimos legales mensuales vigentes (s.m.l.m.v.)—, resulta superior a los cuatrocientos cincuenta (450) s.m.l.m.v. exigidos por el numeral 5 del artículo 257 ibídem, para el caso de los procesos de reparación directa.

5 “ART. 258.—Causal. Habrá lugar al recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia cuando la sentencia impugnada contraríe o se oponga a una sentencia de unificación del Consejo de Estado”.

6 Consejo de Estado, Sala de lo contencioso administrativo, sección tercera, subsección “C”, Auto de 3 de diciembre de 2014, Exp. 51195, C.P. Enrique Gil Botero.

7 Corte Constitucional, Sala plena, Sentencia C-179 de abril de 2016, Exp. D-10973, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

8 “Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 25 de julio de 2002 por el Tribunal Contencioso Administrativo de Caldas, que negó las pretensiones de la demanda”. Consejo de Estado, Sala de lo contencioso administrativo, sección tercera, subsección “B”, sentencia del 9 de abril de 2012, C.P. Stella Conto Díaz Del Castillo.

9 “Corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de 9 de septiembre de 2004, proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, por medio de la cual se negaron las pretensiones de la demanda. La sentencia será revocada y, en su lugar, se accederá parcialmente a las súplicas de la demanda”. Consejo de Estado, Sala de lo contencioso administrativo, sección tercera, sentencia del 26 de junio de 2014, Exp. 29847, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

10 “Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia que dictó el Tribunal Administrativo de Antioquia el 25 de noviembre de 1999, mediante la cual resolvió: (...)”. Consejo de Estado, Sala de lo contencioso administrativo, sección tercera, 9 de abril de 2012, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

11 “Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 25 de julio de 2002 por el Tribunal Contencioso Administrativo de Caldas, que negó las pretensiones de la demanda (...)”. Consejo de Estado, Sala de lo contencioso administrativo, sección tercera, subsección “B”, sentencia del 9 de abril de 2012, C.P. Stella Conto Díaz Del Castillo.

12 “Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, contra la sentencia del 26 de junio de 2001, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, en la que se decidió lo siguiente: (...)”. Consejo de Estado, Sala de lo contencioso administrativo, sección tercera, subsección “C”, sentencia del 8 de marzo de 2012, C.P. Enrique Gil Botero.

13 “Resuelve la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 31 de enero de 1996, proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, mediante la cual se decidió lo siguiente: (...)”. Consejo de Estado, Sala de lo contencioso administrativo, sección tercera, sentencia del 19 de julio de 2000, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.

14 “Resuelve la Sala el recurso de apelación interpuesto por uno de los demandados, contra la sentencia de 12 de marzo de 2004, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sección cuarta, subsección B, en la que se declaró responsables a los demandados de los daños alegados, se les condenó al pago de perjuicios materiales y morales; y al pago de las costas procesales (...)”. Consejo de Estado, Sala de lo contencioso administrativo, sección tercera, sentencia del 18 de octubre de 2007, C.P. Enrique Gil Botero.

15 “Decide la Sala de subsección los recursos de apelación presentados por la parte actora y por las entidades demandadas contra la sentencia proferida el 22 de noviembre de 2012 por el Tribunal Administrativo de Bolívar, en la que se resolvió: (...)”. Consejo de Estado, Sala de lo contencioso administrativo, sección tercera, subsección “C”, sentencia del 2 de marzo de 2014, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

16 “Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, contra la sentencia del 26 de junio de 2001, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, en la que se decidió lo siguiente: (...)”. Consejo de Estado, Sala de lo contencioso administrativo, sección tercera, subsección “C”, C.P. Enrique Gil Botero.

17 Consejo de Estado, Sala de contencioso administrativo, sección cuarta, Auto del 9 de diciembre de 2016, Exp. 20893, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.

18 [5] Consejo de Estado, Sala de lo contencioso administrativo, sección tercera, subsección “C”, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa, Auto de 26 de marzo de 2015, Rad. 54001-23-31-000-2002-01809-01.

19 Auto del 30 de agosto 2016, Exp. 2014-13000; 2014-12900; 2014-0013300; 2014-0013600 (acumulado), C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.

20 Propiciada por la facultad expresamente asignada a la Sala plena de lo contencioso administrativo del Consejo de Estado en el numeral 6 del artículo 97 que establecía: “(...) la Sala plena de lo Contencioso administrativo tendrá las siguientes funciones especiales: (...) 6. conocer de los procesos que le remitan las secciones para cambiar o reformar la jurisprudencia de la corporación” (se resalta).

21 “En cumplimiento y acatando del criterio mayoritario de la Sala, contenido en el Auto del 13 de junio de 2011, del cual el consejero ponente se apartó —tal y como se puso de presente en salvamento de voto del 11 de julio de 2011 en los procesos 19.031 y 38.222, y la aclaración de voto del 25 de agosto del mismo año en el expediente 17.936— se somete a consideración de la Sala plena de la sección tercera el presente proyecto de sentencia. Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 14 de abril de 2000, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, en la que se resolvió lo siguiente: (...)”. En esta oportunidad, la Sala plena de sección tercera sentó un cambio jurisprudencial respecto a la forma de indemnizar los perjuicios inmateriales en materia física y psicológica, para lo cual se readaptó la noción de daño a la salud en su sentido primigenio, en abandono de las nociones de daño a la vida de relación y afectación a las condiciones de existencia. En efecto, se consideró en la providencia que: “(...) [d]esde esa panorámica, los daños a la vida de relación o a la alteración de las condiciones de existencia, no podrán servir de instrumento para obtener la reparación del daño a la salud, es decir, son improcedentes para reparar las lesiones a la integridad psicofísica. (...) El daño a la salud gana claridad, exactitud y equidad donde los precisados perjuicios la pierden, puesto que siempre está referido a la afectación de la integridad psicofísica del sujeto, y está encaminado a cubrir no sólo la modificación de la unidad corporal sino las consecuencias que las mismas generan, razón por la que, sería comprensivo de otros daños como el estético, el sexual, el psicológico, entre otros, sin que existiera la necesidad de ampliar en demasía la gama o haz de daños indemnizables, con lo que se conseguiría una sistematización del daño no patrimonial. (...) Por lo tanto, cuando el daño tenga origen en una lesión corporal (daño corporal), sólo se podrán reclamar y eventualmente reconocer los siguientes tipos de perjuicios —siempre que estén acreditados en el proceso—”. Consejo de Estado, Sala de lo contencioso administrativo, Sala plena de sección tercera, Sentencia 14 de septiembre de 2011, C.P. Enrique Gil Botero.

22 “Resuelve la Sala con prelación, por improbación del acuerdo conciliatorio, de conformidad con lo dispuesto en el acta Nº 21 del 15 de octubre de 2008, los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la sentencia del 3 de agosto de 2009, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, en la que se decidió lo siguiente: (...)”. En esta providencia, igualmente se incluyó cambio jurisprudencial respecto a retomar el daño a la salud como criterio para la indemnización de afectaciones a las condiciones psicofísicas, en exacta correspondencia con lo establecido en el proceso bajo radicado interno número 19031. Consejo de Estado, Sala de lo contencioso administrativo, Sala plena de sección tercera, Sentencia 14 de septiembre de 2011, C.P. Enrique Gil Botero.

23 Consejo de Estado, Sala de lo contencioso administrativo, Sala plena de sección tercera, sentencia del 28 de agosto de 2014, Exp. 32988, C.P. Ramiro de Jesús Pazos Guerrero.

24 En tanto este exige que, a modo de causal de procedencia —lo cual condiciona la admisibilidad—, para que haya lugar a considerar el recurso extraordinario, debe advertirse que la sentencia impugnada contraríe o se oponga a la providencia de unificación jurisprudencial que le sirve de referencia. Esto exige naturalmente que la temática abordada en la segunda constituya o sea parte directa de la inconformidad que motiva el adelantamiento del proceso extraordinario.

25 Ley 1437 de 2011, artículo 256: “[e]l recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia tiene como fin asegurar la unidad de la interpretación del derecho, su aplicación uniforme y garantizar los derechos de las partes y de los terceros que resulten perjudicados con la providencia recurrida y, cuando fuere del caso, reparar los agravios inferidos a tales sujetos procesales”.

26 “El recurso será inadmitido cuando se presente cualquiera de las siguientes situaciones: 1. cuando, pese haberse concedido por el tribunal, fuere improcedente, por no ser recurrible la providencia o no reúna los requisitos previstos en el artículo 262”.