Sentencia 2013-00314 de marzo 27 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Radicación: 25000-23-37-000-2013-00314-01 [20244]

Consejera Ponente:

Dra. Martha Teresa Briceño de Valencia

Actor: Carlos Enrique Quintero Peña

Ref.: Apelación auto que rechazó la demanda

Bogotá, D.C., veintisiete de marzo de dos mil catorce.

EXTRATOS: «Para resolver se considera

Procede la Sala a resolver si se ajusta a la ley la decisión recurrida. Para el efecto deberá determinarse si el oficio 1-31-201-244-1798 del 4 de diciembre de 2012 es un acto administrativo susceptible de control ante esta jurisdicción.

1. Actos definitivos.

Según el artículo 43 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, CPACA “Son actos definitivos los que decidan directa o indirectamente el fondo del asunto o hagan imposible continuar la actuación”.

En cuanto a los actos dictados en el curso del procedimiento administrativo de cobro coactivo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 101 CPACA y 835 E.T., solo son demandables ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo los que deciden sobre las excepciones, los que ordenan seguir adelante con la ejecución y los que liquidan el crédito.

No obstante, esta Sección(5) ha sostenido que las decisiones que no se refieran a la simple ejecución de la obligación tributaria y que crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas u obligaciones son susceptibles de control jurisdiccional, precisamente porque constituyen un verdadero acto administrativo que afecta los intereses de los contribuyentes o responsables del impuesto(6).

En virtud de lo anterior, los actos definitivos, para el caso, aquellos que decidan una cuestión de fondo —diferente a la ejecución de obligaciones fiscales— pueden ser discutidos ante esta jurisdicción.

2. Caso concreto.

Los hechos que originaron la presentación de la demanda, tal como se extraen del libelo inicial y del expediente, se resumen así:

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, inició cobro coactivo contra el señor Carlos Enrique Quintero Peña, como deudor solidario de las obligaciones tributarias adeudadas por la Sociedad Industria Automotriz Inauto Ltda.; en consecuencia, se libró mandamiento de pago 304-007 de 21 de octubre de 2003.

El deudor formuló excepciones contra el referido mandamiento de pago pero mediante Resolución 312-031 de 23 de diciembre de 2003, la DIAN las declaró no probadas. Esa decisión se confirmó por la Resolución 311-008 de 30 de enero de 2004.

El señor Quintero Peña demandó, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, las anteriores resoluciones. En primera instancia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca —en sentencia de sep. 28/2006— declaró la nulidad de los actos demandados y ordenó que cesara toda ejecución en contra del demandante. En segunda instancia, en fallo de 6 de octubre de 2009, esta Sección revocó la decisión(7).

El demandante sostiene en la demanda que —desde la fecha en que se profirió la sentencia de segunda instancia— la administración de impuestos “no realizó medidas tendientes a proceder con el cobro de las obligaciones fiscales de las cuales era titular”.

Explica que han transcurrido 9 años, 5 meses y 20 días desde la notificación del mandamiento de pago 304-007 de 21 de octubre de 2003; razón por la cual, el 26 de septiembre de 2012, por intermedio de apoderado, solicitó a la DIAN que se declarara la prescripción de la acción de cobro de las obligaciones fiscales contenidas en el referido mandamiento de pago(8).

En oficio 1-31-201-244-1798 del 4 de diciembre de 2012, la DIAN le indicó que no era procedente la solicitud porque “(...) en aplicación de la Ley 116/2006, las obligaciones objeto de cobro se encuentran exigibles, en razón a que no han transcurrido los cinco (5) años de que trata el artículo 817 del estatuto tributario”(9). En ese oficio no se indicó si procedían recursos, razón por la cual se demandó directamente.

Al respecto, la Sala considera que el oficio 1-31-201-244-1798 del 4 de diciembre de 2012 es un acto administrativo susceptible de ser demandado ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, puesto que está resolviendo de fondo una petición, como se explica a continuación.

En el sub examine se advierte que el demandante pidió que se declarara la prescripción de la acción de cobro porque —desde el día siguiente en que se notificó el mandamiento de pago hasta la fecha de la solicitud— había transcurrido el término legal(10) para hacer efectivas las obligaciones a su cargo, contenidas en el mandamiento de pago.

Por su parte la DIAN, en el oficio objeto de demanda, estimó que de conformidad con lo previsto en el artículo 72(11) de la Ley 116 de 2006(12), la acción de cobro se interrumpió desde el 12 de junio de 2008, día en que la Superintendencia de Sociedades ordenó la apertura del proceso de liquidación judicial de la Industria Automotriz Inauto, razón por la cual aún son exigibles porque el término que tiene para cobrarlas no ha expirado.

Ese pronunciamiento de la DIAN no puede tenerse como un simple acto de trámite dentro del procedimiento administrativo de cobro coactivo pues contiene una manifestación clara de la voluntad respecto de una situación concreta que interesa directamente al deudor.

De lo expuesto se concluye que el oficio 1-31-201-244-1798 del 4 de diciembre de 2012 es un acto definitivo y corresponde a esta jurisdicción, a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por el señor Quintero Peña, determinar si en el caso concreto ha operado la prescripción de la acción administrativa de cobro coactivo, es decir, si la administración tributaria perdió la facultad para exigir el pago de las obligaciones fiscales contenidas en el mandamiento de pago 304-007 de 21 de octubre de 2003.

Para fundamentar más lo indicado, es del caso transcribir los apartes de la sentencia de 15 de abril de 2010, dictada por esta Sección, en la que se estudió la legalidad de un acto administrativo que negó la solicitud de prescripción de la acción de cobro coactivo(13). En dicha providencia se consideró:

“En el caso particular, se advierte que el acto demandado no se profirió en el trámite del proceso administrativo coactivo, sino que fue el resultado del derecho de petición en el que la demandante solicitó declarar la prescripción de la acción de cobro de una serie de obligaciones que tenía a su cargo, en calidad de deudora solidaria de la sociedad Papelfa Ltda. Esa petición provocó un pronunciamiento de la administración, en el que se resolvió de fondo la situación particular de la demandante y, sin duda, es un acto administrativo pasible de control judicial.

Es cierto que las prescripciones de la acción de cobro, pedidas en el derecho de petición en cuestión, bien podían presentarse como excepciones en los respectivos procesos de cobro, pero también lo es que al resolver dicha petición, la DIAN debió informarle a la actora que esa no era la vía legal para intervenir y, asimismo, debió abstenerse de emitir un pronunciamiento de fondo. Empero, como se pronunció de fondo, se debe concluir que esa respuesta contiene una decisión de fondo que afecta de manera concreta la situación de la demandante y, por lo tanto, es susceptible de demandarse en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.

En efecto, contrario a lo señalado por la DIAN, el oficio mencionado responde de fondo y de manera definitiva la situación de la señora Gloria Esperanza Rodríguez, en el sentido de negar la solicitud de prescripción de la acción de cobro. Contra esa decisión, se insiste, se podía instaurar directamente la acción de nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción, por tratarse de un acto administrativo de contenido particular, dado que la DIAN no dio la oportunidad de interponer los recursos (CCA, art. 135)” (resaltados fuera de texto).

Por lo indicado, se revocará el auto apelado y, en su lugar, se ordenará al Tribunal Administrativo de Cundinamarca que provea sobre la admisión de la demanda, previa verificación de los demás requisitos de procedibilidad.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado por medio de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo,

RESUELVE:

1. Revócase el auto de 16 de mayo de 2013, objeto de apelación. En su lugar:

2. Ordénase al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta-Subsección A que provea sobre la admisión de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesta por el señor Carlos Enrique Quintero Peña contra la DIAN, previo el cumplimiento de los demás requisitos de procedibilidad.

3. Devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(5) Pueden consultarse, entre otras, las siguientes providencias: sentencia del 25 de junio de 2012, Rad. 05001-23-31-000-2010-02347-01(18860), M.P. William Giraldo Giraldo; sentencia del 15 de abril de 2010, Rad. 25000-23-27-000-2006-01246-01 (17105), M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas; sentencia del 2 de diciembre de 2010, Rad. 25000-23-27-000-008-00036-01 (18148), M.P. Martha Teresa Briceño de Valencia; sentencia del 15 de abril de 2010, Rad. 25000-23-27-000-2006-01246-01 (17105), M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas; sentencia del 26 de noviembre de 2009, Rad. 25000-23-27-000-2007-00184-01 (14426), M.P. Héctor Romero Díaz; sentencia del 29 de noviembre de 2009, Rad. 25000-23-27-000-2004-02243-01 (16970), M.P. Héctor Romero Díaz; sentencia del 24 de noviembre de 2007, Rad. 410001-23-31-000-2006-01128-01 (16669), M.P. María Inés Ortiz Barbosa.

(6) En el mismo sentido ver auto de 24 de octubre de 2013, Rad. 2013-00352-01 (20277), actor: María Nieves Cañón Castiblanco, M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

(7) Rad. 16533.

(8) Folios 37-39.

(9) Folios 33 y 33ª.

(10) Artículo 817 E.T.

(11) “ART. 72.—Interrupción del término de prescripción e inoperancia de la caducidad. Desde el inicio del proceso de reorganización o de liquidación judicial, y durante la ejecución del acuerdo de reorganización o de adjudicación queda interrumpido el término de prescripción y no operará la caducidad de las acciones respecto de los créditos causados contra el deudor antes del inicio del proceso”.

(12) Por la cual se establece el régimen de insolvencia empresarial en la República de Colombia y se dictan otras disposiciones.

(13) Rad. 25000-23-27-000-2006-01246-01 (17105), M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.