Auto 2013-00327 de mayo 7 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: Expediente 11001 02 03 000 2013-00327 00

Magistrado Ponente

Dr. Margarita Cabello Blanco

Bogotá, D.C., siete de mayo de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Una de las finalidades del recurso de queja, por bien sabido se tiene, es determinar si, como en el caso de esta especie, la negación del extraordinario de casación estuvo ajustada a la normatividad vigente o, contrariamente, trasluce un desatino del juzgador ad quem, que, por lo mismo, amerita los correctivos pertinentes.

2. En esa dirección, a partir del texto del artículo 366 del Código de Procedimiento Civil, surge incontestable que la concesión del recurso extraordinario de casación está condicionada, particularmente cuando de pretensiones patrimoniales se trata, entre otras exigencias, a la acreditación del interés que pueda asistirle a quien recurre, es decir, por la concreción económica de la que fue privado el impugnante en razón del fallo recurrido. Hoy, esa afectación debe ser igual o superior a 425 salarios mínimos mensuales tasados para el momento de adoptarse la decisión reprochada. En esa dirección, si el perjuicio derivado de la decisión del tribunal resulta inferior al citado valor, surge con total contundencia que no puede abrirse camino la impugnación de marras.

3. Deviene, entonces, como una verdad de Perogrullo, que si el recurrente, además de los restantes requisitos, acredita que la sentencia le ha inferido agravio en suma igual o superior al equivalente a los salarios mínimos referidos líneas atrás, tiene la seguridad legal de poder acceder a la censura extraordinaria.

4. El interés, que no es otra cosa que la concreción del impacto dañino, está determinado, de manera concreta, por la privación derivada de la sentencia, al margen de que dicha aspiración haya logrado ser demostrada en las instancias, pues, precisamente, ante una eventual negativa del derecho pretendido, allí, en esa negación, queda patentizado el agravio, luego, este último, no puede ser concebido en la medida en que el ad quem considere que está demostrado o no el derecho disputado, pues en el supuesto de negársele, eso, precisamente, es lo que habilita la impugnación.

5. Sobre el punto, así se ha pronunciado la Sala, “…la cuantía de este interés depende del valor económico de la relación sustancial definida en la sentencia, esto es, del agravio, la lesión o el perjuicio patrimonial que con las resoluciones adoptadas en el fallo sufre el recurrente, sólo la cuantía de la cuestión de mérito en su realidad económica en el día de la sentencia, es lo que realmente cuenta para determinar el monto del comentado interés” (Auto 064, mayo 15/91).

En época posterior agregó:

“Por ende, hase definido por esta corporación, esa labor ha de cumplirse con absoluta independencia de que tales cosas tengan asidero jurídico, pues lo que es objeto de avalúo es la aspiración perdida, con fundamento o sin él, porque distinto es aspirar a tener derecho; o como dijo la Sala en otra ocasión: ‘cuando el sentenciador se da a la tarea de averiguar el perjuicio del recurrente en casación, solamente debe averiguarlo en el entendido de que por lo pronto el gravamen es hipotético o presunto’ (auto, mayo 5/93, reiterado en Auto 004, ene. 20/2000), vale decir, mirando únicamente su pretensión denegada y olvidándose de la juridicidad de sus pedimentos” (auto, jul. 6/2005, exp. 00706).

Y en fecha más reciente sostuvo:

“Sin embargo, el agravio inferido en manera alguna puede estar vinculado a la razón o realidad jurídica del derecho reclamado, por ello, independientemente del respaldo legal que asista el afectado en sus reclamos judiciales, la cuantía de esa aspiración, en el evento de serle negada, es la que, en últimas, determina el monto del daño y a la vez, la que permite cuantificar el interés para invocar la casación” (auto, nov. 4/2009, exp. 2009 00976 00).

6. En el presente asunto, el actor reclamó de la jurisdicción protección a lo que él consideró agravio a sus intereses y, cuando concretó sus pretensiones, luego de la reforma pertinente (fls. 278 a 285, cdno. ppal.), redujo sus reclamos a lo siguiente:

i) “que se declare que los demandados son solidariamente responsables de los perjuicios estimados en la suma de mil doscientos cuarenta y nueve millones ciento noventa y cuatro mil setecientos cincuenta pesos ($ 1249.194.750), causados al demandante a partir del aparente contrato de fiducia (…)”.

ii) Adicionalmente solicitó por daño emergente:

a) $ 153.900.000; b) 5.000.000, c) $ 25.000.000, d) $ 1.025.274.250. Y, por concepto de lucro cesante, la suma que lleguen a tasar los peritos y, por último, a título de daños morales, la suma de $ 20.000.000.

Cumple precisar que los valores referidos precedentemente, representan el porcentaje al que el demandante tiene derecho, atendiendo su participación del 30.78% en la totalidad del proyecto que, en todo caso, resulta suficiente con miras a la concesión del recurso frustrado. Esos dineros fueron objeto de reclamo expreso en el libelo y, por tanto, en esa cuantía, la decisión judicial afecta el patrimonio del accionante ya sea por su concesión o su negativa.

7. Lo anterior significa que si el tribunal hubiese fallado en favor del actor, el reconocimiento de lo pretendido ascendería a una suma muy superior a los 425 salarios mínimos, luego, si no le fue favorable el fallo, lisa y llanamente, la afectación se tradujo en un valor equivalente a lo que la sentencia no le reconoció, es decir, una suma superior a los $ 2.000.000.000, m/cte., lo que, con creces, supera el valor establecido en el artículo 366 del Código de Procedimiento Civil.

8. Por supuesto, como quedó clarificado en precedencia, el interés no es lo que, primigeniamente, logró demostrar el actor, sino todo aquello que pedido en la demanda no le fue concedido. Circunstancia ésta que, precisamente, denota la equivocación del tribunal, pues si el actor, de manera razonable o no, peticionó cierta suma de dinero, al no serle reconocida, el daño que probablemente se le pudo generar está representado en ese quantum.

Sirva lo anterior como soporte para la decisión a adoptar.

RESUELVE:

1. DECLARAR mal denegado el recurso de casación que interpusiera la parte demandante, frente a la sentencia de 29 de abril de 2011, proferida dentro del proceso señalado al inicio de esta providencia. Subsecuentemente, CONCEDER dicho recurso extraordinario.

2. DISPONER que el ad quem, con sujeción a lo previsto en el inciso 3º del artículo 372 del Código de Procedimiento Civil, proceda en la forma regulada por el artículo 371 ídem.

3. La secretaría devolverá las presentes diligencias en su debida oportunidad, dejando, previamente, las constancias del caso.

Notifíquese.»