Auto 2013-00328/3409-2014 de enero 31 de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

Exp.: 27001-23-33-000-2013-00328-01 (3409-2014)

Consejero Ponente:

Dr. Carmelo Perdomo Cuéter

Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante: Ailton Vidal Caicedo Mendoza

Demandado: Municipio de Bajo Baudó (Chocó)

Tema: Cesantías y sanción moratoria por pago tardío

Actuación: Decide recurso de apelación contra auto que declara probada la excepción de prescripción del derecho

Bogotá, D.C., treinta y uno de enero de dos mil dieciocho.

I. Asunto por resolver

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto y sustentado por el demandante contra el auto proferido por el Tribunal Administrativo del Chocó, en audiencia inicial celebrada el 14 de julio de 2014 (ff. 136 a 140), que declaró probada la excepción de prescripción del derecho.

II. Antecedentes procesales

El 7 de octubre de 2013, el accionante presentó medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en el que pretende la anulación de la Resolución 482 de 23 de julio de 2013, suscrita por el alcalde encargado del municipio de Bajo Baudó, que negó el reconocimiento y pago de prestaciones sociales (cesantías definitivas y sanción moratoria, entre otras) y la devolución de aportes en salud y pensión.

III. Providencia impugnada

El Tribunal Administrativo del Chocó, con auto de 14 de julio de 2014, proferido en curso de la audiencia inicial, declaró probada la excepción de prescripción propuesta por la entidad demandada, al estimar que el actor laboró al servicio del municipio demandado desde el 4 de junio de 2002 hasta el 14 de agosto de 2004, “Por lo tanto este tenía hasta el 15 de agosto de 2007 para reclamar sus prestaciones sociales, [pues] si bien indica que solicitó el pago [...] el día 8 de septiembre de 2004 [...] se observa que las mismas fueron solicitadas el 7 de mayo de 2013 (según lo dicho en la Resolución 482 del 23 de julio de 2013 folio 13), cuando ya había transcurrido más de 3 años, es decir que la petición formulada a la administración [se realizó] cuando los derechos ya habían prescrito”.

IV. Recurso de apelación

Inconforme con la referida decisión, el demandante interpuso y sustentó recurso de apelación, pero solo en lo que respecta a las cesantías y sanción moratoria por pago tardío, al considerar que la Ley 50 de 1990 señala que la no consignación de las cesantías da lugar al reconocimiento de la referida penalidad. Para el efecto, hizo referencia a la jurisprudencia que sobre el tema ha proferido esta corporación, para significar “que las cesantías son prestaciones de carácter económico, de orden público, irrenunciables e imprescriptibles, pues hacen parte de la seguridad social de los trabajadores”.

Agrega que el a quo ha estimado, en otras oportunidades, que las cesantías constituyen derechos fundamentales mínimos que no prescriben y que el Decreto 3135 de 1968 no alude a ese fenómeno jurídico respecto de estas, por lo que debe ser inaplicado.

V. Consideraciones

5.1. Competencia. Conforme a lo preceptuado en los artículos 125, 150, 180 (numeral 6º, inciso 4º) y 244 (numeral 3º) del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra el auto dictado por Tribunal Administrativo del Chocó, en curso de la audiencia inicial de 14 de julio de 2014, que declaró probada la excepción de prescripción del derecho.

5.2. Problema jurídico. Se contrae a determinar si le asiste razón jurídica o no al a quo al haber declarado probada la excepción de prescripción extintiva del derecho, frente a las cesantías y la sanción moratoria por no pago oportuno de las mismas.

5.3. La excepción de prescripción. El artículo 180 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA) dispone que en la audiencia inicial corresponde al juez o magistrado ponente decidir sobre las excepciones que tengan el carácter de previas, que por remisión expresa del artículo 306 ibídem corresponden a las enunciadas en el artículo 100 del Código General del Proceso (CGP), esto es, aquellas que se encaminen a atacar la forma del proceso, o dicho de otro modo, el ejercicio de la acción como tal por existir alguna inconsistencia de tipo procedimental en la manera como fue presentada la demanda, sin enervar la pretensión, pero con la posibilidad de dar lugar a la terminación o suspensión de aquel, motivo por el cual deben ser decididas en la primera audiencia, bien sea las propuestas por el extremo pasivo o de oficio por el juez.

Asimismo, también podrán resolverse, como lo preceptúa el referido artículo 180, las excepciones de cosa juzgada, caducidad, transacción, conciliación, falta de legitimación en la causa y prescripción extintiva, que son de naturaleza mixta, por lo que a pesar de ser estrictamente perentorias o de fondo, por estar orientadas a atacar la pretensión, se les da el trámite de previas y en caso de prosperar tienen la virtud de terminar el proceso.

Nótese cómo ciertos medios exceptivos, no obstante responder a la naturaleza de las excepciones de mérito o de fondo, en cuanto tienen la potencialidad de atacar la pretensión, por decisión del legislador pueden proponerse también como previos, dado su carácter mixto, tal es el caso de la excepción de prescripción, que de conformidad con la referida norma podrá decidirse como previa en la audiencia inicial.

Cabe anotar que en lo concerniente a la excepción de prescripción el CPACA establece como condición para que pueda ser estudiada en audiencia inicial, que se trate de la extintiva, pues se insiste en que una de las características que reviste esta clasificación de medios exceptivos es que suspendan o terminen el proceso.

Ahora bien, para que opere el fenómeno prescriptivo, en asuntos laborales, se requiere que transcurra el interregno preestablecido por la ley durante el cual no se hayan realizado las correspondientes solicitudes para su interrupción, para lo cual, por un lado, es necesario establecer desde cuándo ha de entenderse que el derecho es exigible, y por otro, tener en cuenta que la prescripción extintiva no es dable aplicarla frente a los aportes para pensión, en atención a la condición periódica del derecho pensional, que los hace imprescriptibles, pues aquellos se causan día a día y en tal sentido se pueden solicitar en cualquier época, mientras que las prestaciones sociales y salariales, al ser pagadas por una sola vez, sí son susceptibles del mencionado fenómeno, por tener el carácter de emolumentos económicos temporales.

5.4. Auxilio de cesantías.

El auxilio de cesantías ha sido concebido como una prestación económica y social a la que está obligado el empleador frente al trabajador, por la prestación del servicio cuando este quede cesante en aras de proveer las necesidades que debe solventar al retirarse de su empleo (definitivas); o durante la vigencia de la relación laboral (parciales), cuando sea menester para destinarlas a educación y compra de vivienda o mantenimiento de esta.

La Ley 6ª de 1945 previó esta prestación para “empleados y obreros nacionales de carácter permanente”, a razón de un mes de sueldo o jornal por cada año de servicio, que fue luego extendida para los trabajadores territoriales a través del parágrafo del artículo 1º de la Ley 65 de 1946.

Posteriormente, el Decreto 1160 de 28 de marzo de 1947 (artículo 1º) señaló:

Los empleados y obreros al servicio de la Nación en cualquiera de las ramas del poder público, hállense o no escalafonados en la carrera administrativa, tienen derecho a un mes de sueldo por cada año de servicios continuos o discontinuos, y proporcionalmente por las fracciones de año, cualquiera que sea la causa de su retiro y a partir del 1º de enero de 1942.

Por su parte, a través del Decreto 3118 de 1968, se creó el Fondo Nacional de Ahorro (FNA) y se eliminó la retroactividad de la cesantía e instituyó su liquidación de manera anualizada (artículo 27) para los trabajadores del orden nacional. En cuanto a los del sector territorial, sus cesantías continuaban con el régimen de retroactividad y solo hasta el año 1990, a través de la Ley 50 (artículo 99), fue modificado el sistema de liquidación, reconocimiento y pago de cesantías en el sector privado, a través de los denominados fondos de cesantías, por el nuevo régimen anualizado.

En lo que atañe al sector público, la Ley 344 de 1996 (artículo 13) amplió la liquidación anual de las cesantías a todas las personas que se vinculen a los órganos y entidades del Estado, sin perjuicio de los derechos convencionales y lo previsto en la Ley 91 de 1989, a partir de su entrada en vigor, esto es, el 31 de diciembre de 1996.

5.5. Prescripción del derecho al pago de las cesantías definitivas y de la sanción moratoria por pago tardío.

En primer lugar, resulta menester precisar que la Ley 1071 de 2006(1), en su artículo 4º, señaló que dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de la petición de liquidación de las cesantías definitivas o parciales, el empleador deberá expedir la resolución correspondiente.

Asimismo, el artículo 5º de la citada ley, reguló la sanción moratoria y estipuló que la entidad pagadora tendrá un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de que quede en firme el acto administrativo que ordena la liquidación de las cesantías definitivas o parciales, para pagar esta prestación social, y en caso de mora reconocerá y cancelará un día de salario por cada día de retardo hasta cuando se haga efectivo el pago de las mismas.

No obstante, si la entidad sobrepasa el término para emitir el acto de reconocimiento, por culpa de esta y no del solicitante, no es procedente inferir que el término de la sanción moratoria empieza a contarse desde la firmeza del acto administrativo expedido tardíamente, sino que debe hacerse a partir de la fecha en la cual el interesado radicó la petición de reconocimiento y pago de las cesantías definitivas.

Sobre el tema esta corporación, en Sentencia de unificación CE-SUJ 004 de 2016(2), lo examinó in extenso y sintetizó lo siguiente:

No obstante, cuando se trata de la consignación de las cesantías definitivas, si la mora no se produce por negligencia del empleador, sino por una causa atribuible al empleado, sí procede el fenómeno prescriptivo, pues en tal caso, la omisión de este último en cumplir los requerimientos que el empleador hace para disponer su pago, no puede constituir un beneficio a su favor.

En los anteriores términos se precisa que las cesantías anualizadas no están sometidas al fenómeno prescriptivo, mientras que las definitivas sí están sujetas a ese fenómeno.

i) Prescripción de los salarios moratorios

Como se señaló en forma previa, los salarios moratorios, que están a cargo del empleador que incumpla su obligación de consignar las cesantías en el término que la ley concede, no son accesorios(3) a la prestación “cesantías”.

Si bien es cierto se causan en torno a ellas, no dependen directamente de su reconocimiento, ni hacen parte de él; pues su causación es excepcional, está sujeta y deviene del incumplimiento u omisión del deber legal consagrado a cargo del empleador, están concebidas a título de sanción, por la inobservancia de la fecha en que se debe efectuar la consignación de esa prestación.

Como hacen parte del derecho sancionador(4) y a pesar de que las disposiciones que introdujeron esa sanción en el ordenamiento jurídico, no consagran un término de prescripción, no puede considerarse un derecho imprescriptible, pues bien es sabido que una de las características del derecho sancionador es que no pueden existir sanciones imprescriptibles.

Siendo así y como quiera que las subsecciones A y B han aplicado la prescripción trienal en asuntos relativos a sanción moratoria, se considera que no hay controversia alguna sobre ese particular; no obstante, sí es del caso precisar que la norma que se ha de invocar para ese efecto, es la consagrada en el Código de Procedimiento Laboral, artículo 151, que es del siguiente tenor literal:

“ART. 151.—Prescripción. Las acciones que emanen de las leyes sociales prescribirán en tres años, que se contarán desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible. El simple reclamo escrito del trabajador, recibido por el patrono, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpirá la prescripción pero solo por un lapso igual”.

La razón de aplicar esta disposición normativa y no el término prescriptivo consagrado en los decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969(5), previamente citados, consiste en que tales decretos en forma expresa señalan que la prescripción allí establecida, se refiere a los derechos de que tratan las referidas normas, entre los cuales no figura la sanción moratoria, pues para la época de su expedición, la sanción aludida no hacía parte del ordenamiento legal, la que solo fue creada a partir de la consagración del régimen anualizado de las cesantías, en virtud de la Ley 50 de 1990.

Asimismo, ya en sentencia de unificación(6) se había analizado el término a partir del cual se hace exigible la sanción moratoria por pago tardío de cesantías definitivas, de la siguiente manera:

La Sala desestimará el argumento del apelante porque el artículo 2º, inciso 1º, de la Ley 244 de 1995 dice que la entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la fecha en la cual quede en firme el acto administrativo que ordenó la liquidación de las cesantías definitivas del servidor público, para pagar esa prestación social.

En suma, es el vencimiento de los cuarenta y cinco (45) días hábiles siguientes a la fecha en la cual queda en firme el acto por el cual se reconocen las cesantías definitivas y no la fecha de reclamación de las mismas o, en este caso, la de la solicitud de reliquidación, el hito que debe servir de punto de partida para contar el número de días a efectos de determinar el monto de la indemnización moratoria.

Como la Resolución Nº UTH-1440, que ordenó incrementar el valor de las cesantías definitivas en $ 1’831.630, fue expedida el 23 de octubre de 1998 y notificada el 5 de noviembre de 1998, oportunidad en que se le hizo saber al actor que tenía cinco (5) días para interponer contra la misma los recursos de reposición y apelación, que no interpuso, la Sala concluye que la administración computó adecuadamente la indemnización moratoria por la falta de pago oportuno de las cesantías cuando señaló, en la motivación de la Resolución UTH 2054 del 28 de octubre de 1999, que la fecha límite que tuvo la entidad para realizar el pago, sin incurrir en mora, fue el 21 de enero de 1999, a partir de la cual debe computarse la indemnización moratoria. Fue lo que hizo la entidad demandada, que tuvo en cuenta para calcular la indemnización moratoria el período comprendido entre el 21 de enero de 1999 y el 22 de junio de 1999, fecha de pago del saldo de las cesantías definitivas.

Por las razones expresadas la Sala considera que la entidad liquidó adecuadamente la indemnización moratoria por la falta de pago oportuno de las cesantías al calcular la misma tomando el período que va del 21 de enero de 1999 al 22 de junio de 1999.

Sobre este aspecto conviene recalcar que la Ley 244 de 1995, artículo 1º, al establecer un término perentorio para la liquidación de las cesantías definitivas buscó que la administración expidiera la resolución en forma oportuna y expedita para evitar su falta de respuesta o sus respuestas evasivas que acarrean perjuicio al peticionario. Carecería de sentido que el legislador mediante norma expresa estableciera un término especial para la liquidación y pago de cesantías si el inicio del mismo quedara al arbitrio de la administración.

Cuando la administración resuelve el requerimiento del servidor público sobre la liquidación de sus cesantías en forma tardía buscando impedir la efectividad conminatoria de la sanción de que trata el artículo 2º de la Ley 244 de 1995, el tiempo a partir del cual comienza a correr el término para que se genere la indemnización moratoria debe contarse desde la fecha en la cual el interesado radicó la petición de reconocimiento y pago de las cesantías definitivas, es decir, quince (15) días hábiles que tiene la entidad para expedir la resolución, más cinco (5) días hábiles que corresponden a la ejecutoria, en el evento de que la resolución de reconocimiento hubiere sido expedida, con la salvedad a que alude el mismo precepto, más cuarenta y cinco (45) días hábiles a partir del día en que quedó en firme la resolución, para un total de 65 días hábiles, transcurridos los cuales se causará la sanción moratoria.

Para la Sala resulta claro que ante la ausencia de pronunciamiento sobre la liquidación de las cesantías definitivas deben contarse los términos en la forma indicada para que la norma tenga efecto útil y hacer efectiva la capacidad conminatoria de la sanción prevista por la Ley 244 de 1995, pues, de no acudirse a este medio, el cometido proteccionista de los derechos del servidor público que animó a la ley, se vería, paradójicamente, burlado por la propia ley dado que la administración simplemente se abstendría de proferir la resolución de reconocimiento de las cesantías definitivas para no poner en marcha el término para contabilizar la sanción, produciéndose un efecto perverso con una medida instituida para proteger al ex servidor público cesante.

Lo anterior permite colegir que el derecho al pago de las cesantías definitivas y la sanción moratoria por pago tardío son susceptibles de prescripción, no obstante resulta menester establecer, en el caso particular, a partir de qué momento empezó a contabilizarse dicho término extintivo.

5.6. Caso concreto. En lo que atañe al asunto sub examine, de las pruebas aportadas se observa que el demandante laboró al servicio del ente territorial demandado desde el 4 de junio de 2002, hasta el 14 de agosto de 2004 (f. 12).

Asimismo, por haber laborado como secretario de gobierno municipal, mediante petición de 8 de septiembre de 2004, solicitó del ente demandado el reconocimiento y pago de prestaciones sociales desde el 4 de junio de 2002 hasta el 31 de agosto de 2004 (f. 16).

Con la anterior petición el demandante, interrumpió el término de prescripción frente al pago de las cesantías, por lo que a partir del 8 de septiembre de 2004, quedó habilitado hasta el 8 de septiembre de 2007 para reclamar el derecho ante esta jurisdicción.

No obstante, como solicitó la audiencia de conciliación extrajudicial el 5 de agosto de 2013 y presentó la demanda hasta el 7 de octubre siguiente, el fenómeno jurídico de la prescripción se encontraba configurado.

Por otra parte, en lo que respecta a la sanción moratoria por pago tardío de cesantías, se observa que no fue solicitada expresamente de la Administración, por lo que no agotó la vía gubernativa y, en consecuencia, no era dable deprecarla a través del presente medio de control.

En otras palabras, de conformidad con la normativa aplicable al sub lite (Ley 244 de 1995, artículo 2º, inciso 1º), se tiene que la petición con la que solicitó el reconocimiento y pago de las cesantíasdefinitivasse presentó el 8 de septiembre de 2004, a partir del día siguiente comenzaron a correr los 15 días hábiles para la expedición del acto administrativo de reconocimiento, los cuales vencieron el 29 de los mismos mes y año. El acto administrativo debió quedar ejecutoriado el 6 de octubre de 2004, toda vez que la petición de reconocimiento se presentó en vigencia del CCA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 (inciso 7º) de esa codificación.

Así las cosas, una vez ejecutoriado el acto, a partir del día siguiente, esto es, el 7 de octubre de 2004 inició el conteo de los 45 días para el pago de las cesantías definitivas, plazo que se configuró el 13 de diciembre siguiente. Es decir, que a partir del 14 de diciembre de 2004 el demandante podía reclamar de la administración la sanción moratoria por el pago tardío de sus cesantías definitivas, sin que ello ocurriera, por lo que no agotó los presupuestos de procedibilidad, motivo por el cual el a quo en la audiencia inicial debió disponer, además, la terminación del proceso en lo que atañe a esta pretensión, tal como lo dispone el artículo 180 (numeral 6º, inciso 3º) del CPACA.

En relación con el agotamiento de la vía gubernativa, esta Corporación señaló(7):

El artículo 135 del CCA condiciona la solicitud de nulidad de un acto administrativo de carácter particular, y por ende el restablecimiento del derecho del actor, al agotamiento de la vía gubernativa ante la misma administración, la cual finaliza mediante acto expreso o presunto por silencio negativo.

Se trata entonces de un requisito de procedibilidad necesario para acudir ante esta jurisdicción el cual, lejos de ser una mera exigencia formal del derecho de acción, es un presupuesto que permite a la administración efectuar un pronunciamiento previo a ser llevada a juicio y que como tal le genera la confianza legítima de que por razones no discutidas no va a ser sorprendida.

A su vez, es concebido en dos sentidos, a) como una garantía y b) como una obligación. Lo primero porque constituye un instrumento del cual goza el administrado para que las decisiones adoptadas por la administración, a través de un acto administrativo particular que perjudique sus intereses, sean reconsideradas por ella misma sin necesidad de acudir a la jurisdicción contenciosa administrativa, es decir, se busca que la administración pueda enmendar los posibles errores subyacentes en sus propios actos administrativos sin necesidad de acudir a la vía judicial. Con ello se busca garantizar los derechos de los administrados en cumplimiento de los principios de economía, celeridad y eficacia, los cuales orientan las actuaciones administrativas tal como lo ordenan los artículos 209 de la Constitución Política y 3º del CCA.

La jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional coinciden en afirmar que la vía gubernativa es una modalidad de “justicia interna” con la que cuenta la administración, pues con ella se busca satisfacer plenamente las pretensiones del interesado sin necesidad de acudir ante un juez.

Por otro lado, la vía gubernativa garantiza el derecho de defensa del administrado frente a la administración, en razón a que lo faculta para interponer los recursos legales, como los de reposición, apelación y queja, contra los actos administrativos.

Ahora bien, el artículo 63 del CCA consagra que se agota la vía gubernativa: i) cuando contra los actos administrativos no proceda ningún recurso, ii) cuando siendo procedentes los recursos ya fueron decididos y iii) cuando los actos administrativos queden en firme por no haberse interpuesto los recursos de reposición o queja.

Es de resaltar que la interposición del recurso de apelación, en contra de los actos administrativos susceptibles de él, es imperativa para el agotamiento de la vía gubernativa tal como lo señala el artículo 51 del Código Contencioso Administrativo. Si bien es cierto, la interposición del recurso de apelación es perentoria, no acontece lo propio con el recurso de reposición en razón a que este es facultativo, pues si proceden los dos recursos, podrá interponerse el de apelación de manera directa o como subsidiario al de reposición.

Sin embargo, no solo el uso de los recursos agota la vía gubernativa, pues la ley ha consagrado algunos modos de impugnar que cumplen el mismo cometido. En todo caso, para que se cumpla este requisito de procedibilidad, resulta necesario que el administrado exprese con claridad el objeto de su reclamación o los motivos de su inconformidad, según el caso, pues lo que se busca con dicha exigencia es que ante los jueces no se inicien conflictos no planteados previamente ante la administración. No quiere ello decir que sea imposible exponer ante la jurisdicción argumentos nuevos para defender la misma pretensión invocada en sede administrativa, siempre que no se cambie el objeto de la petición. Así las cosas la persona que acude ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo para interponer una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, podrá incluir nuevos argumentos y fundamentos de hecho y de derecho a los cuales no hizo mención al interponer los respectivos recursos en la vía gubernativa. Lo que no le es dable al demandante es incluir pretensiones distintas a las que adujo en sede administrativa o variar sustancialmente la reclamación.

Conforme a lo anterior, para esta colegiatura operó el fenómeno de la prescripción, en lo que concierne a las cesantías definitivas, como lo concluyó el a quo, por ello, se confirmará parcialmente la providencia objeto de alzada, en cuanto declaró probada la excepción de prescripción, y se adicionará en el sentido de disponer la terminación del proceso en lo que atañe a la pretensión de la sanción moratoria, al no haberse agotado la vía gubernativa respecto de esta pretensión.

En mérito de lo expuesto, esta Sala

DISPONE:

1º Confirmase parcialmente el auto de 14 de julio de 2014 proferido por el Tribunal Administrativo del Chocó, en lo que concierne a la decisión que declaró probada la excepción de prescripción formulada por la entidad demandada, y adiciónase en el sentido de también dar por terminado el proceso en lo correspondiente a la sanción moratoria por pago tardío de cesantías, conforme a lo dicho en la parte motiva.

2º Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones que fueren menester.

Notifíquese y cúmplase.

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de decisión de la fecha.

Magistrados: Carmelo Perdomo Cuéter—César Palomino Cortés—Sandra Lisset Ibarra Vélez.

1 “[P]or medio de la cual se adiciona y modifica la Ley 244 de 1995, se regula el pago de las cesantías definitivas o parciales a los servidores públicos, se establecen sanciones y se fijan términos para su cancelación”.

2 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Sentencia de Unificación Jurisprudencial CE-SUJ004 de 25 de agosto de 2016, expediente: 08001 23 31 000 2011 00628-01 (0528-14), M.P. Luis Rafael Vergara Quintero.

3 Tal indemnización no tiene el carácter de accesoria a las cesantías, como pasa a precisarse en esta providencia, a pesar de que en diversas providencias, se le haya dado tal connotación; ver, entre otras, el auto de 21 de enero de 2016, radicación número: 27001-23-33-000-2013-00166-01 (0593-14).

4 En Sentencia C-448 de 1996, la Corte Constitucional consideró que esta sanción “busca penalizar económicamente a las entidades que incurran en mora...”.

5 Normas aplicadas para efecto de prescripción, entre otras en sentencias de 21 de noviembre de 2013, consejera ponente Bertha Lucía Ramírez de Páez (E), radicación número: 08001-23-31-000-201100254-01(0800-13) y de 17 de abril de 2013, consejero ponente Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, radicación número: 08001-23-31-000-2007-00210-01(2664-11).

6 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia de 27 de marzo de 2007, expediente 76001-23-31-000-2000-02513-01 (IJ), M.P. Jesús María Lemos Bustamante.

7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 3 de febrero de 2011, expediente 54001233100020050068902 (0880-2010), M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.