Auto 2013-00341/4957-2016 de mayo 18 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Consejera Ponente:

Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez

Bogotá D.C., dieciocho de mayo de dos mil diecisiete

Expediente: 080012333000 2013-00341 01 (4957-2016)

Proceso: Ejecutivo

Ejecutante: Jorge Luis González Cantillo

Ejecutado: Municipio de Soledad - Instituto Municipal de Recreación y Deportes de Soledad - Atlántico

Trámite: Recurso de Apelación contra el auto que se abstuvo de librar mandamiento ejecutivo

Asunto: Ejecutivo derivado de sentencia judicial

La Sala decide(1) el Recurso de Apelación que la parte ejecutante presentó contra el auto de 24 de agosto de 2016 mediante el cual, el Tribunal Administrativo del Atlántico, se abstuvo de librar el mandamiento de pago solicitado.

Antecedentes.

Jorge Luis González Cantillo, a través de apoderado y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó(2) demanda contra el Municipio de Soledad y el Instituto Municipal de Deportes y Recreación, con la finalidad de obtener la nulidad del acto ficto negativo producto de la petición que presentó el 5 de octubre de 2012, y como consecuencia el reconocimiento y pago de vacaciones, prima de navidad, prima de servicio, bonificación por recreación, cesantías definitivas, intereses a las cesantías, bonificación por servicios y auxilio de cesantías, desde el año 2006 al año 2012.

El Tribunal Administrativo del Atlántico, el 25 de abril de 2014, declaró la nulidad del acto ficto, de acuerdo con la petición presentada el 5 de octubre de 2012 y a título de restablecimiento del derecho condenó al Municipio de Soledad y al Instituto Municipal de Deportes y Recreación al pago de los valores correspondientes por prima de navidad, prima de servicios, bonificación por servicios y declaró prescritas las sumas adeudadas por concepto de prima de navidad, prima de servicios y bonificación por los años 2005, 2006, 2007 y 2008.

Igualmente condenó al ente territorial a pagar la sanción moratoria prevista en el artículo 99, numeral 3º, de la Ley 50 de 1990, por no consignar oportunamente las cesantías de los años 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010, esto es, un día de salario por cada día de retardo en su pago. También lo condenó al pago de dicha sanción por la mora en el pago de las cesantías definitivas(3).

El demandante presentó demanda ejecutiva para el cumplimiento de la sentencia y solicitó mandamiento de pago por los siguientes valores:

“1. Por concepto de prestaciones sociales, tales como Primas de Vacaciones, Vacaciones, Bonificación por Recreación, auxilio de Cesantías, Prima de Servicio, Prima de Navidad, un total de $50.002.382.65.

2. Por concepto de sanción moratoria, por No Consignar las Cesantías Anuales un total de $506.571.666, suma debidamente indexada hasta el 30 de Marzo de 2015 y que comprende las sanciones desde el año 2005 hasta el 2012.

3. Por concepto de Sanción Moratoria por No Pago de Cesantías Definitivas, la suma de $86.381.604, liquidados hasta el día 30 de abril de 2015, más un día salario ($2.482.230/30 = 82.741) por cada día de retardo; hasta el día en que se verifique el pago.

4. Ordenar el pago de los Intereses Moratorios, conforme al artículo 195 numeral 4º del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

5. Condenar en costas a la parte demandada, en razón de este proceso ejecutivo”(4).

El auto objeto de la impugnación(5). 

El Tribunal Administrativo del Atlántico el 24 de agosto de 2016, se abstuvo de librar mandamiento de pago, al considerar lo siguiente:

Manifestó que el título ejecutivo reúne los requisitos de forma toda vez que es auténtico, emana de una providencia que impuso una condena; y los requisitos de fondo, esto es, que la obligación está expresada en el título y es clara. En cuanto a la exigibilidad, se pregunta si es actualmente exigible?

Y para responder el interrogante precisa que la sentencia que se ejecuta fue proferida en el proceso iniciado bajo el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, la cual se encuentra ejecutoriada a partir del 27 de mayo de 2014, por tanto, se tiene para su exigibilidad un año a partir de esa fecha, según lo dispuesto por el artículo 298 de la Ley 1437 de 2011, por tanto, dice, las entidades condenadas debían efectuar el pago antes de que transcurriera el término señalado, por tanto, el plazo para su pago venció el 27 de mayo de 2015.

Señaló que conforme al artículo 298 de la Ley 1437 de 2011, se requirió al Municipio de Soledad y al Instituto de Deportes y Recreación de esa localidad, previamente a dar trámite al proceso ejecutivo, con el fin de que informara si se había dado cumplimiento a la sentencia, ante lo cual, el Agente Liquidador del citado instituto dijo lo siguiente:

1) Que mediante Decreto 69 de 4 de marzo de 2015, el Alcalde de Soledad ordenó la supresión y consecuente liquidación del Instituto Municipal de Deporte y Recreación.

2) De conformidad con lo señalado en el parágrafo del artículo 23 del Decreto 254 de 2000, modificado por la Ley 1105 de 2006 y el artículo 9.2.1.1.3 del Decreto 2555 de 2010, dentro de las medidas preventivas, se dio aviso al Tribunal de instancia sobre el proceso de liquidación.

3) El 22 de junio de 2015, el ejecutante presentó reclamación de su crédito para obtener el pago de la sentencia.

4) Mediante la Resolución 6º de 12 de noviembre de 2015, se decidieron las reclamaciones y se reconoció un crédito en favor del actor.

5) La citada resolución se notificó personalmente al demandante sin que hubiese interpuesto recursos oportunamente.

6) Por las condiciones que atraviesa el instituto, el cumplimiento de lo ordenado en la sentencia estará sujeto a las condiciones, pazos y características que regulan los procesos de liquidación.

Indicó que conforme al Decreto 69 de 4 de marzo de 2015, el Alcalde de Soledad ordenó la supresión y liquidación del Instituto, Para lo cual se debe aplicar el Decreto 254 de 2000, modificado por la Ley 1105 de 2006, en cuyo literal d) del artículo 6º, se señalan las funciones del liquidador, entre otras, la de informar a los jueces sobre el inicio de la liquidación, con la finalidad de terminar los procesos ejecutivos en curso, y que para el caso se materializó mediante el Oficio de 22 de junio 2015, a través del cual fue informado el Tribunal.

Señaló que como la sentencia que se ejecuta quedó ejecutoriada el 27 de mayo de 2014, se tiene que la obligación nació con anterioridad al proceso de liquidación, por lo cual no es posible dar trámite al proceso de ejecución, ya que la parte ejecutante debe acudir al proceso liquidatorio, tal como efectivamente se hizo y que a través de la Resolución 6º de 13 de noviembre de 2015, se reconoció.

La impugnación(6). 

La parte ejecutante manifestó que “con la decisión censurada, pareciera que el despacho quisiera evitar el cobro doble de la obligación sustancial, que se pretende reclamar ejecutivamente; Pero desafortunadamente no es así”.

Dijo que se debe tener en cuenta que si bien es cierto que el liquidador del demandado reconoció mediante acto administrativo, el pago de la obligación contenida en la Sentencia de 25 de abril de 2014, es más poderosa la razón de que dicho acto se presume legal, mientras no sea anulado por la jurisdicción, conforme al artículo 88 de la Ley 1437 de 2011, por tal motivo, dice, el Municipio de Soledad debe darle cumplimiento al acto citado, toda vez que así lo dispone el numeral 3º, que dice:

“…Remítase al Despacho del señor alcalde Municipal de Soledad, todas las acreencias reconocidas y admitidas por el liquidador del Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Soledad En Liquidación, en el presente acto administrativo, una vez ejecutoriado, para su eventual incorporación al acuerdo de reestructuración de pasivos de conformidad con lo expuesto en la parte motiva”.

Recordó que el Municipio de Soledad creó, liquidó y extinguió la entidad y que las funciones prestadas fueron en beneficio del municipio, por tanto, se debe responder por el pago de la obligación laboral.

Aludió al artículo 11 del Código General del Proceso para señalar que el objeto del proceso es garantizar los derechos reconocidos en la ley sustancial, y en el presente caso la sentencia ejecutoriada es un componente de compendio normativo que reconoce derechos sustanciales y que a luz del artículo 1757 del Código Civil, es plena prueba de la existencia de la obligación, la cual se debe extinguir por la demandada; además, el artículo 2488 ibídem, otorga el derecho de perseguir los bienes del deudor, por cuenta de la obligación.

Finalmente resaltó que la Sección Segunda del Consejo de Estado ha sostenido(7) que los acuerdos de reestructuración de pasivos laborales deben contar con la aprobación de los trabajadores, sin que se puedan desconocer derechos ciertos e indiscutibles, por ende, tratándose de acuerdos laborales, éstos solo pueden incorporarse al acuerdo con el consentimiento del acreedor, lo cual no ha ocurrido en este caso.

Consideraciones

Competencia.

De conformidad con el artículo 150 de la Ley 1437 de 2011, la corporación es competente para conocer en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de los autos susceptibles de este medio de impugnación. En este caso, el auto que negó el mandamiento ejecutivo es apelable, según lo dispone el artículo 438 del Código General del Proceso.

Procedencia.

En cuanto a establecer la procedencia del recurso de apelación contra el auto que niega el mandamiento ejecutivo, se acude a lo que señala el artículo 438 del Código General del Proceso, que dice:

“ART. 438.—Recursos contra el mandamiento ejecutivo. El mandamiento ejecutivo no es apelable; el auto que lo niegue total o parcialmente y el que por vía de reposición lo revoque, lo será en el suspensivo. Los recurso de reposición contra el mandamiento ejecutivo se tramitarán y resolverán conjuntamente cuando haya sido notificado a todos los ejecutados” (Se resaltó).

La norma contempla los recursos procedentes contra el mandamiento ejecutivo. La primera parte de la norma es perentoria en señalar que “el mandamiento ejecutivo no es apelable”. Es decir, la providencia que profiera el juez librando el mandamiento de pago no tiene recurso de apelación. Dice también la disposición que “el auto que lo niegue total o parcialmente y el que por vía de reposición lo revoque, lo será en el suspensivo”. Significa entonces que el recurso de apelación procede contra el auto que niegue total o parcialmente el mandamiento ejecutivo, el cual se concederá en el efecto suspensivo.

En este caso el a quo, se abstuvo de librar el mandamiento de pago a través del auto de 30 de noviembre de 2015, por tanto, es procedente el recurso de apelación contra la decisión impugnada.

El problema jurídico.

El problema jurídico en el presente caso consiste en determinar si el hecho de haberse ordenado y estar en trámite el proceso de supresión y liquidación del Instituto Municipal de Deporte y Recreación del Municipio de Soledad impide que se libre el mandamiento de pago solicitado para el cobro de la Sentencia de 25 de abril de 2014 proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico.

A efectos de resolver el problema jurídico que se ha planteado, se procederá al estudio de la normatividad que regula el proceso ejecutivo en el Código General del Proceso, de acuerdo con la remisión que hace el artículo 306 de la Ley 1437 de 2011, toda vez que ésta se ocupó solamente de señalar que constituye título ejecutivo y un breve procedimiento para el cumplimiento de las sentencias debidamente ejecutoriadas proferidas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, y al final se estudiará la situación fáctica que presenta el proceso.

La normatividad aplicable.

La Ley 1437 de 2011, al regular el proceso ejecutivo, en el artículo 297, dijo lo siguiente:

“ART. 297.—Título Ejecutivo. Para los efectos de este Código, constituyen título ejecutivo:

1. Las sentencias debidamente ejecutoriadas proferidas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, mediante las cuales se condene a una entidad pública al pago de sumas dinerarias (…)”.

Por su parte, en el artículo 298 de la Ley 1437 de 2011, se estableció un procedimiento, dice la norma:

“ART. 298.—Procedimiento. En los casos a que se refiere el numeral 1º del artículo anterior, si transcurrido un (1) año desde la ejecutoria de la sentencia condenatoria o de la fecha que ella señale, esta no se ha pagado, sin excepción alguna el Juez que la profirió ordenará su cumplimiento inmediato (…)”

Ahora bien, siendo que la Ley 1437 de 2011 no reguló el proceso ejecutivo consagrando un trámite a través del cual se hagan efectivas las condenas se impone la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo a las entidades públicas, se procede a efectuar el estudio de conformidad con lo ordenado por el artículo 306, esto es, a través del procedimiento que se regula de manera expresa en el Código General del Proceso. El artículo 306 citado dice:

“ART. 306.—Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo”.

Uno de los aspectos no contemplados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo es lo relacionado con la forma de ejecutar sumas de dinero, por tanto, se debe acudir al Código General del Proceso que en el artículo 424, dispone:

“ART. 424.—Ejecución por suma de dinero. Si la obligación es de pagar una cantidad líquida de dinero e intereses, la demanda podrá versar sobre aquella y éstos, desde que se hicieron exigibles hasta que el pago se efectúe.

Entiéndase por cantidad líquida la expresada en una cifra numérica precisa o que sea liquidable por una operación aritmética, sin estar sujeta a deducciones indeterminadas. Cuando se pidan intereses, y la tasa legal o convencional sea variable, no será necesario indicar el porcentaje de la misma”.

Y en cuanto al mandamiento ejecutivo, el Código General del Proceso, señaló:

“ART. 430.—Mandamiento ejecutivo. Presentada la demanda acompañada de documento que preste mérito ejecutivo, el juez librará mandamiento ordenando al demandado que cumpla la obligación en la forma pedida, si fuere procedente, o en la que aquél considere legal.

Los requisitos formales del título ejecutivo solo podrán discutirse mediante recurso de reposición contra el mandamiento ejecutivo. No se admitirá ninguna controversia sobre los requisitos del título que no ha sido planteada por dicho recurso. En consecuencia, los defectos formales del título ejecutivo no podrán reconocerse o declararse por el juez en la sentencia o en el auto que orden seguir adelante la ejecución, según fuere el caso (…)”.

El caso concreto.

El 5 de octubre de 2012, el actor solicitó al Instituto Municipal de Deportes y Recreación del Municipio de Soledad el reconocimiento y pago de las primas de navidad, de servicios, la bonificación por recreación, cesantías e intereses a las cesantías, auxilio de cesantías y bonificación por servicios desde el año 2006 hasta el año 2012. Como la entidad guardó silencio, se demandó el acto ficto negativo, el cual fue anulado por el Tribunal Administrativo del Atlántico mediante sentencia que profirió el 25 de abril de 2014, y condenó al Municipio de Soledad y al Instituto Municipal de Deportes y Recreación al pago de los valores correspondientes por las prestaciones reclamadas.

El 14 de agosto de 2014, el demandante radicó(8) ante el Director Ejecutivo del Instituto Municipal de Recreación y Deportes derecho de petición con la finalidad de obtener el pago de la sentencia proferida en su favor, ante lo cual la entidad respondió(9) que de conformidad con el artículo 192 de la Ley 1437 de 2011, las condenas serán cumplidas en el pazo máximo de 10 meses, lo cuales se cuentan a partir de la ejecutoria de la sentencia y que para el efecto debía presentar la solicitud de pago. Además, se le informó que el instituto no contaba con los recursos suficientes para pagar la condena impuesta pero que se estaban haciendo las gestiones pertinentes ante el Municipio de Soledad, para la consecución de los mismos.

El Alcalde del Municipio de Soledad expidió(10) el Decreto 69 de 4 de marzo de 2015, “por el cual se suprimen, el Instituto Municipal de Deporte y Recreación y el Instituto Municipal de Cultura del Municipio de Soledad - Atlántico, se ordenan sus liquidaciones y se dictan otras disposiciones”.

En cumplimiento del Decreto anterior se expide la Resolución 6º de 13 de noviembre de 2015, por el Instituto Municipal de Deportes y Recreación de Soledad, en liquidación y deciden las reclamaciones de los créditos que se presentaron oportunamente, y en cuanto al caso del ejecutante, se observa que fue incluido dentro del proceso de liquidación de la entidad, y en lo que respecta a su crédito contenido en la sentencia, se dijo que con fundamento en el artículo 9.1.3.5.10 del Decreto 2555 de 15 de 2010(11), se daría el trámite consistente en constituir una reserva razonable con las sumas de dinero o bienes que proporcionalmente corresponderían a las obligaciones condicionales o litigiosas cuya reclamación se hubiese presentado oportunamente y teniendo en cuenta criterios de prelación.

De acuerdo con la prueba documental a la que se ha hecho referencia, se observa que el crédito en favor del ejecutante, el cual se derivó de la sentencia de 25 de abril de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, a través de la Resolución 6º de 13 de noviembre de 2015, se tuvo en cuenta por el Liquidador del Instituto Municipal de Deportes y Recreación del Municipio de Soledad, conforme se establece de lo consignado en la parte resolutiva del citado acto(12).

Ahora, en lo relacionado con la terminación de los procesos judiciales a causa de la liquidación de la entidad condenada, es del caso remitirnos al régimen aplicable a los procesos de supresión y liquidación de entidades públicas en la parte que se refiere a la terminación de los procesos judiciales, es decir, al parágrafo 2º del artículo 2º del Decreto 254 de 21 de febrero de 2000(13), modificado por la Ley 1105 de 13 de diciembre de 2006(14) que dispone lo siguiente:

“Los jueces que conozcan de los procesos en los cuales se hayan practicado las medidas a que se refiere el literal d) del presente artículo, a solicitud del liquidador oficiarán a los registradores de instrumentos públicos, autoridades de tránsito y transporte y Cámaras de Comercio, para que estos procedan a cancelar los correspondientes registros”.

Igualmente, se observa que mediante el artículo 6º del Decreto 254 de 2000, el cual, como se dijo, fue modificado por el artículo 6º de la Ley 1105 de 2006, se regulan las funciones del liquidador, entre las cuales se observan las siguientes:

“Son funciones del liquidador las siguientes:

a)…

b)…

c)…

d) Dar a viso a los jueces de la República del inicio del proceso de liquidación, con el fin de que terminen los procesos ejecutivos en curso en contra de la entidad, advirtiendo que deben acumularse al proceso de liquidación y que no “se podrá continuar ninguna otra clase de proceso contra la entidad sin que se notifique personalmente al liquidador”.

En este orden de ideas, se observa que conforme a la normatividad citada en precedencia, en los eventos de liquidación de las entidades públicas, los procesos ejecutivos que cursan en los juzgados en contra de la entidad que se liquida, se deben dar por terminados y levantarse las medidas cautelares que se hubiesen dictado; además, se remitirán a la entidad en liquidación para que la obligación que por vía ejecutiva se cobra entre a formar parte del proceso de liquidación.

Así, pues, como en el numeral d) del artículo 6º de la Ley 254 de 2000, se contempla la terminación de los procesos judiciales que se sigan en contra de la entidad en liquidación, es el caso de declarar que por ministerio de la ley queda terminado el proceso de ejecución de la referencia, sin embargo, en el caso en estudio, ya se incluyó el crédito del actor, por tanto, el proceso no se termina sino que continúa dentro del trámite de liquidación de la entidad.

En caso sub examine, el liquidador del Instituto Municipal de Deportes y Recreación del Municipio de Soledad, ya tiene conocimiento del crédito en favor del ejecutante derivado de la sentencia, el cual se encuentra incluido dentro de las reclamaciones, según se observa de la Resolución 6º de 13 de noviembre de 2015(15), toda vez que la obligación nació antes de entrar en vigencia el proceso liquidatorio de la entidad y se encuentra reconocido, conforme se establece de la consulta del aludido acto.

Por lo anterior, se comparte los argumentos expuestos por el tribunal de instancia para abstenerse de librar el mandamiento de pago solicitado y no ordenar el envío del expediente al liquidador, puesto que la acreencia ya fue aceptada y reconocida por la entidad en el proceso de liquidación, según se establece de la Resolución 6º de 12 de noviembre de 2015.

Ahora bien, la Sala considera oportuno y pertinente en este caso hacer alusión a lo que la doctrina ha dicho frente al caso de los procesos ejecutivos para el cobro de sentencias judiciales, cuando se ha ordenado la liquidación de la entidad pública.

En efecto, el tratadista Mauricio Fernando Rodríguez Tamayo, en su obra “La Acción Ejecutiva ante la Jurisdicción Administrativa”, 5ª edición(16), con fundamento en lo que al respecto ha señalado el Consejo de Estado, dice lo siguiente:

“…No pasa lo mismo con las obligaciones que se hacen exigibles con posterioridad a la orden de liquidación de la entidad pública, pues en estos casos, la ejecución sí procede conforme a lo previsto en el literal d) del numeral 1º del artículo 9.1.1.1.1. del Decreto 2555 de 2010(17). Prestarán mérito ejecutivo ante la jurisdicción administrativa, tanto los títulos ejecutivos derivados de contratos estatales (como podría ser el suministro de papelería a la entidad en liquidación) como de providencias judiciales condenatorias y arbitrales, siempre que se hubiesen hecho exigibles con posterioridad a la fecha en que se dispuso la liquidación del respectivo organismo estatal”.

Conforme a la cita que se ha transcrito, se observa en ella, que para efectos de presentar procesos ejecutivos contra entidades que están en proceso de liquidación, como es el caso de la entidad aquí ejecutada, existen dos momentos bien definidos: uno cuando el proceso ejecutivo se inicia antes de la orden de liquidar la entidad, y otro, cuando la misma ya está en ese proceso. En el primer caso, no es procedente la presentación de la demanda ejecutiva, en tanto que en segundo, sí lo es. Es decir, si la obligación contenida en título que es la sentencia, se hace exigible con posterioridad a la declaratoria de liquidación de la entidad, se puede presentar la demanda para cobrarla, mientras que si ocurre lo contrario, esto es, que la obligación se hizo exigible antes de la fecha de decretar la liquidación del ente estatal, no es procedente la iniciación del proceso ejecutivo.

Lo afirmado por el doctrinante, se sustenta en lo dicho por el Consejo de Estado(18), cuando se trata de la ejecución de una entidad pública, en liquidación, para el cobro de una sentencia judicial condenatoria. Se expresa así:

“…A más de lo anterior, por vía de la remisión que hace el Decreto 254 de 2000 al Decreto 2211(19), expresamente se establece la imposibilidad de admitir nuevos procesos ejecutivos en contra de la entidad objeto de toma de posesión con ocasión de obligaciones anteriores a dicha medida.

De esta manera, es necesario determinar si la obligación que aquí se reclama es anterior al proceso de liquidación, por el cual, la Sala encuentra necesario establecer el momento en que se tomó la medida de liquidación forzosa administrativa de Cajanal S.P.S.S.A.

(…) Una vez determinada la fecha en que se inició el proceso de liquidación de Cajanal E.P.S. S.A., esto es el 30 de diciembre de 2004, se debe establecer si la obligación que aquí se reclama es anterior al proceso de liquidación, para así, dar aplicación al aparte d) del artículo 1º del Decreto 2211 de 2004, que establece la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución en contra de la entidad objeto de toma de posesión con ocasión de obligaciones anteriores a dicha medida. Para el efecto, la Sala examinará los documentos que se presentaron como título de recaudo ejecutivo (…).

De estos documentos, la Sala concluye que si bien es cierto que a sentencia que impuso la condena que se reclama en este proceso fue proferida el 1º de julio de 2004 por el Tribunal Administrativo de Bolívar y se notificó por edicto el 2 de agosto siguiente, no es menos cierto que, la parte actora solo tuvo la oportunidad de reclamar su acreencia, cuando el Consejo de Estado se pronunció sobre el recurso de apelación que contra la mencionada sentencia había interpuesto la parte demandada, esto es, con la providencia de 3 de diciembre de 2004 que negó darle trámite a la segunda instancia, la cual se notificó por estado el 18 de enero de 2005 y quedó ejecutoriada el 21 de enero siguiente (según consta en la certificación expedida por la Secretaría del Tribunal Administrativo de Bolívar, visible a folio 572 del expediente).

Es decir que, a pesar de que la sentencia que constituye el título ejecutivo se profirió el 1º de julio de 2004, y por tanto, podría entenderse que la obligación nación a la vida jurídica con anterioridad a que se dispusiera la disolución y liquidación de Cajanal E.P.S. S.A., debe tenerse en cuenta que la parte actora no pudo comparecer al proceso liquidatorio a reclamar su acreencia, por cuanto, para la fecha en que se inició la liquidación de esta entidad —30 de diciembre de 2004—, el proceso dentro del cual se profirió la sentencia, se encontraba en esta corporación en trámite del recurso de apelación propuesto por el demandado.

En este sentido, toda vez que de conformidad con las normas transcritas, la imposibilidad de admitir nuevos procesos ejecutivos en contra de una entidad objeto de toma de posesión recae sobre aquellas obligaciones que son anteriores a la medida, y como en el sub lite, la acreencia solo pudo reclamarse, cuando el Consejo de Estado resolvió no darle trámite a la segunda instancia, esto es, a partir del 21 de enero de 2005, se concluye que la obligación es posterior a la toma de la medida de liquidación forzosa, y por tanto es procedente admitir el proceso el proceso ejecutivo en contra de Cajanal S.P.S. S.A. en liquidación…”

Entonces, de acuerdo con la cita que trae el doctrinante, se puede observar que existen dos posibilidades de presentar un proceso ejecutivo, en aquellos casos en los cuales la entidad ejecutada ha sido declarada en proceso de liquidación, esto es, antes de darse la orden de liquidación y después de ella, lo cual depende de la exigibilidad del título, vale decir, si el título se hizo exigible antes de la orden de liquidación, no es posible la iniciación del proceso ejecutivo, en tanto que si la exigibilidad de aquél es posterior, a todas luces sí es procedente la presentación y el trámite consiguiente del proceso ejecutivo, de acuerdo con el procedimiento contemplado en la ley.

Vistas así las cosas, la Sala procede a establecer cuándo se hizo exigible la obligación contenida en la sentencia y encuentra que ésta se profirió por el Tribunal Administrativo del Atlántico el 25 de abril de 2014 y quedó ejecutoriada el 20 de mayo del mismo año. Por tanto, el año que dispone el artículo 298 de la Ley 1437 de 2011, para su ejecución, en los casos en que no haya sido pagada, se venció el 20 de mayo de 2015.

Ahora, la decisión de liquidar el Instituto de Deportes y Recreación del Municipio de Soledad, se dispuso a través de la Resolución 6º de 13 de noviembre de 2015, es decir, después de la exigibilidad del título ejecutivo base de recaudo. Lo anterior significa que, de acuerdo con lo señalado por la jurisprudencia de la corporación, el proceso ejecutivo no se podía tramitar toda vez que para el efecto, se debía instaurar antes de la orden de liquidación de la entidad.

En el sub lite, y como se dijo renglones arriba, se observa que a través de la Resolución 6º de 13 de noviembre de 2015(20), el liquidador del ente ejecutado mediante este proceso, ya tiene conocimiento del crédito en favor del ejecutante derivado de la sentencia, el cual está dentro de las reclamaciones, según se observa del acto mencionado. En consecuencia, y por las razones aquí expuestas, se confirmará el auto apelado.

Por lo anteriormente expuesto, el Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Segunda - Subsección “B”,

RESUELVE

1. CONFIRMAR el auto de 24 de agosto de 2016 proferido por el Tribunal Administrativo del Atlántico, en el proceso ejecutivo adelantado por el señor Jorge Luis González Cantillo, mediante el cual se abstuvo de librar el mandamiento ejecutivo solicitado, pero por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2. Por la Secretaría de la Sección Segunda devuélvase el proceso al Tribunal Administrativo del Atlántico. Déjense las constancias de rigor.

Aprobado en las sesión de la fecha

Cópiese, notifíquese y cúmplase

Los Consejeros:

Sandra Lisset Ibarra Vélez—César Palomino Cortés—Carmelo Perdomo Cuéter. 

1. El expediente ingresó al Despacho el 23 de noviembre de 2016 (fl. 139).

2. Folio 309 proceso ordinario.

3. Folio 304 y siguientes del proceso ordinario.

4. Folio 1.

5. Folio 267.

6. Folio 110.

7. No citó referencia alguna al respecto.

8. Folio 7.

9. Folio 8.

10. Folio 5.

11. Por el cual se recogen y reexpiden las normas en materia del sector financiero, asegurador y del mercado de valores y se dictan otras disposiciones.

12. Folio 44.

13. “Por el cual se expide el régimen para la liquidación de las entidades públicas del orden nacional”.

14. por medio de la cual se modifica el Decreto-Ley 254 de 2000, sobre procedimiento de liquidación de entidades públicas de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional y se dictan otras disposiciones.

15. Folio 31 y siguientes.

16. 2016. Página 666.

17. Por el cual se recogen y se expiden las normas en materia del sector financiero, asegurador y del mercado de valores y se dictan otras disposiciones”.

18. Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Tercera. C.P. Dra. Ruth Stella Correa Palacio. Auto de 13 de diciembre de 2007, Expediente 33879.

19. Derogado expresamente por el Decreto 2555 de 2010.

20. Folio 31 y siguientes.