Auto 2013-00352/433-2014 de noviembre 27 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

Exp.: 52001-23-33-000-2013-00352-01

Ref. 0433-2014

Consejero Ponente:

Dr. Gerardo Arenas Monsalve

Actor: Félix María Chalparizan Colimba

Demandado: Nación - Procuraduría General de la Nación - Procuraduría Regional de Nariño - Procuraduría segunda delegada para la vigilancia administrativa y Gobernación de Nariño.

Bogotá D.C., veintisiete de noviembre del año dos mil catorce.

Auto interlocutorio - Apelación

Resuelve la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra el auto del 15 de noviembre de 2013 proferido por el Tribunal Administrativo de Nariño, por medio del cual se rechazó la demanda formulada por el señor Félix María Chalparizan Colimba contra la Nación - Procuraduría General de la Nación - Procuraduría Regional de Nariño - Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa y la Gobernación de Nariño.

I. Antecedentes

En ejercicio del medio de control consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y actuando a través de apoderado, el señor Félix María Chalparizan Colimba solicitó que se declare la nulidad de los actos administrativos que se anotan a continuación:

— Resolución 9 de 15 de agosto de 2012, proferida por la Procuraduría Regional de Nariño, en la cual se sancionó disciplinariamente al actor con destitución e inhabilidad por 10 años.

— Resolución sin número de 22 de febrero de 2013, expedida por la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa, en la que se confirmó el acto antes referido.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se reintegre al señor Chalparizan Colimba a un cargo de igual o superior categoría al que se encontraba desempeñando al momento de la sanción, dentro de la planta de docentes o directivos docentes del Departamento de Nariño.

Pidió que se condene a las demandadas al pago de salarios, factores salariales, primas de navidad, vacaciones, servicios, compensaciones de vacaciones y auxilios de transporte, dejados de percibir y a los cuales tiene derecho el demandante, así como que se computen los valores dejados de cotizar para efectos pensionales, seguridad social y riesgos profesionales desde la fecha de retiro del cargo hasta que se realice su reintegro efectivo a este.

Solicitó además, se cancelen al actor, las indemnizaciones correspondientes por la desafiliación al sistema de compensación pensional, por la imposibilidad de ascender en el escalafón docente y los intereses moratorios a partir de la ejecutoria de la sentencia condenatoria.

Una vez realizado el reparto, la demanda correspondió el Tribunal Administrativo de Nariño, quien mediante auto de 15 de octubre de 2013 decidió inadmitirla y solicitó se subsanara respecto a (fls. 72 a 75 Vto.):

• La copia auténtica de los actos demandados.

• La falta de constancia de notificación y ejecución de los actos administrativos sancionatorios.

• La falta de acreditación del pago de arancel judicial.

• La dirección electrónica para notificaciones judiciales.

II. La providencia recurrida

A través de auto del 15 de noviembre de 2013 el Tribunal Administrativo de Nariño, rechazó la demanda, por considerar que no se subsanaron las falencias advertidas en el auto de inadmisión, conforme los siguientes argumentos (fls. 106 a 112 Vto.):

Señaló que no se corrigió la demanda, puesto que no se allegaron las copias auténticas de los actos demandados, ni tampoco las constancias o copias de los actos de notificación o ejecutoria de los mismos y aclaró que como la petición de copias elevada a la demandada se efectuó con posterioridad a la inadmisión de la demanda, no se puede subsanar el error existente, de acuerdo a lo previsto por el artículo 166 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Sostuvo que circunstancia diferente ocurría en vigencia del Código Contencioso Administrativo, cuyo inciso 5º del artículo 139 consagraba como excepción para este tipo de casos, el hecho de realizar una petición de copias de los actos administrativos demandados, previa a la presentación de la demanda.

Precisó que el requisito de aportar la constancia de notificación o ejecución del acto acusado, es indispensable para determinar la presentación oportuna del medio de control, evitándose un desgaste injustificado a la administración de justicia.

Decidió en relación al arancel judicial que exoneraba al actor de su pago, en razón a que le concedió el amparo de pobreza solicitado.

Indicó también, que el demandante no cumplió con la carga que le corresponde de aportar las direcciones electrónicas de las entidades demandadas, necesarias para realizar las respectivas notificaciones personales.

III. El recurso de apelación

La parte actora interpuso recurso de apelación contra el auto de 15 de noviembre de 2013 proferido por el Tribunal Administrativo de Nariño, como se resume a continuación (fls. 116 a 120):

Sustenta que si bien es cierto la solicitud de copias de los actos acusados y de las actas de notificación y ejecución, se formuló luego del auto de inadmisión de la presente demanda, se tiene que el término para subsanar se estableció con el fin de que el demandante dirija sus esfuerzos para complacer las exigencias de la norma.

Alega que en el momento en que se instauró la demanda se aportaron copias simples de los actos demandados, los cuales llegarían en original en el curso del proceso, antes de proferirse sentencia, teniendo en cuenta que es obligación de la administración allegar al proceso el correspondiente expediente administrativo.

Manifiesta que en el escrito de la demanda se aportaron las direcciones de notificación conocidas por el actor y que conforme al artículo 162 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo es optativa la obligación de otorgar la dirección electrónica de notificación.

Estima que el Tribunal incurrió en un “exceso ritual manifiesto” al darle prevalencia al derecho procesal sobre el sustancial.

IV. Consideraciones

Problema jurídico

El asunto que se discute se contrae a resolver los siguientes problemas jurídicos:

i). Si procede el rechazo de la demanda de la referencia, toda vez que el demandante no allegó las copias auténticas de los actos demandados, ni tampoco las constancias originales o copias del acto de notificación o ejecutoria de los mismos, al momento de presentarla.

ii). Si es causal de rechazo el no aportar las direcciones de notificación electrónica de las entidades demandadas.

Caso en concreto

Mediante auto de 15 de noviembre de 2013 el Tribunal Administrativo de Nariño, rechazó la presente demanda. Consideró que la subsanación requerida en el auto de inadmisión proferido con antelación no se había realizado adecuadamente.

Con el fin de resolver los problemas jurídicos planteados, se hará un análisis de cada causal de inadmisión advertida por el A quo y por las cuales se produjo el rechazo de la demanda.

Respecto a la copia de los actos acusados, con las constancias de su publicación, comunicación, notificación o ejecución, según el caso.

Precisa la Sala, que para determinar la admisión de una demanda, se hace necesario estudiar una serie de requisitos contenidos en ella y que además traiga consigo los anexos que el asunto requiera, contemplados estos en el artículo 166 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en los siguientes términos:

“Anexos de la demanda. A la demanda deberá acompañarse:

1. Copia del acto acusado, con las constancias de su publicación, comunicación, notificación o ejecución, según el caso. Si se alega el silencio administrativo, las pruebas que lo demuestren, y si la pretensión es de repetición, la prueba del pago total de la obligación.

Cuando el acto no ha sido publicado o se deniega la copia o la certificación sobre su publicación, se expresará así en la demanda bajo juramento que se considerará prestado por la presentación de la misma, con la indicación de la oficina donde se encuentre el original o el periódico, gaceta o boletín en que se hubiere publicado de acuerdo con la ley, a fin de que se solicite por el Juez o Magistrado Ponente antes de la admisión de la demanda. Igualmente, se podrá indicar que el acto demandado se encuentra en el sitio web de la respectiva entidad para todos los fines legales (...)”.

En el caso en estudio, el Tribunal, inadmitió la demanda y luego la rechazó, en razón a que el actor no aportó junto con el escrito de la demanda, la copia de los actos acusados con la constancia de su notificación o ejecución.

Afirmó el A quo que aun cuando el actor en el escrito de subsanación allegó la petición presentada a la administración para que esta le expidiera copias auténticas de los actos administrativos demandados y de las constancias o copias de los actos de notificación o ejecución, dicha petición se presentó después del auto de inadmisión, sin que se diera cumplimiento al requisito estipulado por el artículo 166 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Por su parte, el demandante alega que la petición de copias radicada ante la administración con posterioridad al auto de inadmisión no puede tenerse como “inválida” puesto que con el término otorgado para realizar la subsanación de la misma, se pretende que el actor dirija sus esfuerzos para corregirla, tal como se hizo en el presente asunto pero sin lograr obtener respuesta de la Procuraduría, quien al vencerse el plazo de subsanación no allegó las copias solicitadas.

En primer lugar, se encuentra, contrario a lo señalado por el Tribunal, que el artículo 166 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo antes citado, no establece que las copias de los actos acusados con las constancias de su notificación y ejecución deban ser auténticas. De igual modo, el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil(1), aplicable por remisión del artículo 306 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, prevé que las copias simples tienen el mismo valor que las originales cuando no han sido tachadas de falsas, de modo que para admitir la demanda en el presente caso, basta con una copia informal del acto demandado.

Así las cosas, se observa que a folios 17 a 44 y 45 a 59 obran copias simples de los actos acusados, contenidos en las resoluciones 9 de 15 de agosto de 2012 y sin número de 22 de febrero de 2013, las cuales debieron ser tenidas en cuenta al momento de estudiar la admisibilidad de la demanda, puesto que como se explicó, son consideradas como anexos, en cuanto no han sido tachadas de falsas. Asimismo obra a folio 167 del expediente copia de la constancia de notificación de la Resolución sin número de 22 de febrero de 2013.

De otra parte, se resalta, según lo señalado por esta Corporación que el deber de aportar copia de los actos acusados con sus respectivas constancias de notificación es un requisito “que al no ser advertido inicialmente por el Juez puede ser subsanado: i) durante la audiencia inicial, ii) dentro del término de reforma de la demanda, iii) con la contestación de la demanda, teniendo en cuenta que de conformidad con el artículo 175-4 de la Ley 1437 la parte demandada está en la obligación de aportar todas las pruebas que tenga en su poder como ocurre con los antecedentes administrativos o, iv) al resolver de oficio o a petición de parte la excepción de inepta demanda”(2).

Por lo anterior, se concluye que la falta del requisito en mención, no puede constituir causal de rechazo por su incumplimiento, en tanto es subsanable.

En relación a indicar la dirección electrónica para las notificaciones

El numeral 7º del artículo 162 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo(3), prevé como requisito para presentar la demanda, el aportar las direcciones de notificación judicial de las partes.

En el caso en análisis, el Tribunal adujo como una de las causales de inadmisión de la demanda, la falta de dirección electrónica de la parte demandada para notificaciones, puesto que las aportadas por el actor no son las correspondientes al buzón de notificaciones de las entidades.

En el escrito de apelación, el demandante, sustenta que el A quo dio prevalencia al derecho procesal sobre el sustancial, por lo que se evidencia la vulneración de los derechos de defensa y al acceso a la administración de justicia.

Precisa la Sala, en cuanto al referido requisito que el numeral 7º del artículo 162, le otorga la facultad a la parte actora para que allegue las direcciones de notificación de las partes, facultad que no puede considerarse como una obligación, teniendo en cuenta que de acuerdo al artículo en mención es optativa, por lo que no puede ser causal de inadmisión, ni mucho menos de rechazo de la demanda.

En este sentido, manifestó la Corporación, en auto proferido por la Sección Cuarta con fecha de 26 de septiembre de 2013, M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez:

“Igualmente, la norma tampoco debe interpretarse en el sentido de exigir a la parte actora la indicación de la dirección electrónica de la parte accionada, ya que la carga de informar a los despachos judiciales la dirección electrónica para recibir las notificaciones y las comunicaciones procesales recae en la entidad pública demandada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 175.7 de la Ley 1437 que le ordena suministrarla en la contestación de la demanda, en concordancia con el artículo 197 que señala que ‘las entidades públicas de todos los niveles, las privadas que cumplan funciones públicas y el Ministerio Público que actúe ante esta jurisdicción, deben tener un buzón de correo electrónico exclusivamente para recibir notificaciones judiciales’; obligación que se extiende a los particulares que deban estar inscritos en el registro mercantil, acorde con lo señalado del artículo 199 ibídem”.

Conforme a lo expuesto, la indicación de la dirección electrónica de las entidades demandadas no es un requisito de la demanda, en consecuencia no puede ser considerado como causal de inadmisión, ni de rechazo.

La Sala revocará el auto de 15 de noviembre de 2013 mediante el cual el Tribunal Administrativo de Nariño, rechazó de plano la demanda presentada por el señor Félix María Chalparizan Colimba contra la Nación - Procuraduría General de la Nación - Procuraduría Regional de Nariño - Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa y la Gobernación de Nariño, en razón a que la copia de los actos acusados, con las constancias de su publicación, comunicación, notificación o ejecución, según el caso, es un requisito saneable de la demanda, mientras que la indicación de la dirección electrónica de la accionada no es considerado como un requisito de la misma.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,

RESUELVE:

1. REVÓCASE la providencia del 15 de noviembre de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño por medio de la cual se rechazó la demanda presentada por el señor Félix María Chalparizan Colimba contra la Nación - Procuraduría General de la Nación - Procuraduría Regional de Nariño - Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa y la Gobernación de Nariño.

2. DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal Administrativo de Nariño para que decida sobre la admisibilidad de la demanda.

Devuélvase el expediente al Tribunal de origen para que lo de su cargo.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Gerardo Arenas MonsalveSandra Lisset Ibarra VélezAlfonso Vargas Rincón (E).

1 “ART. 252.—Documento auténtico <Artículo modificado por el artículo 26 de la Ley 794 de 2003. El nuevo texto es el siguiente:> Es auténtico un documento cuando existe certeza sobre la persona que lo ha elaborado, manuscrito o firmado. El documento público se presume auténtico, mientras no se compruebe lo contrario mediante tacha de falsedad”.
* Norma aplicable en el caso en concreto, según lo previsto por el artículo 624 del CGP, en razón a que para el momento en el que se interpuso el presente recurso de apelación, es decir el 21 de noviembre de 2013, se encontraba vigente el Código de Procedimiento Civil.

2 Auto de 26 de septiembre de 2013, Radicado 08001-23-333-004-2012-00173-01(20135), Actor: Sociedad Dormimundo Ltda., M.P. Dr. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

3 “ART. 162.—Contenido de la demanda. Toda demanda deberá dirigirse a quien sea competente y contendrá:
(...).
7. El lugar y dirección donde las partes y el apoderado de quien demanda recibirán las notificaciones personales. Para tal efecto, podrán indicar también su dirección electrónica”.